nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°128-2025.- La Serena, cinco de marzo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Martínez Zúñiga, abogado, en favor de don nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, señalando como acto ilegal y arbitrario efectuar una falsa aplicación del artículo 2 inciso 2° de la Ley N°20.585 e imponer sanciones sin que el acto se encuentre debidamente fundamentado, lo que representa una vulneración los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente, médico cirujano de profesión, atiende y trata diariamente a pacientes que sufren variadas y graves patologías de la salud. En ese contexto, acota que el buen ejercicio de su profesión exige diagnosticar y tratarlos adecuadamente, realizarles diversos tratamientos farmacológicos, exámenes físicos y, en muchos casos, como parte indispensable del tratamiento, otorgarles reposo laboral mediante la emisión de una licencia médica.

Manifiesta que fue fiscalizado por la recurrida, quien le solicitó información relativa a informes, fichas clínicas y boletas o bonos de atención de pacientes, dado el proceso de fiscalización N°240441332001, de 12 de diciembre de 2024, en curso, detallando el contenido de cada uno de los informes que debía allegar.

Refiere que, a pesar de dar cumplimiento a lo solicitado, mediante resolución N°240441332002, de 20 de diciembre de 2024, fue notificado de la suspensión de emisión de licencias médicas por 15 días y de la aplicación de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, añadiendo que el pasado 7 de enero le fue comunicado el acto que puso término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de la facultad de emitirlas, mas no de la multa recién referida.

Expone que se verifica una la falsa aplicación del artículo 2 inciso 2° de la Ley N°20.585, referente a las sanciones aplicadas. Ello, debido a que aquellas son de última ratio, por lo que deben aplicarse como una última medida ante un incumplimiento o negativa reiterada a la entrega de la información, lo que en los hechos no ha ocurrido. Sobre el asunto, expresa que una interpretación gramatical de la disposición permite inferir que la suspensión de emisión de licencias médicas sólo es procedente para aquellos casos en que exista un caso calificado. Asimismo, señala que si la suspensión de emisión de licencias médicas se trata de una sanción accesoria a la multa, y por otra parte, si la sanción principal no es procedente por no estar frente a una negativa reiterada a la entrega de información –sanción que la propia recurrida ha dejado sin efecto justamente por haber dado cumplimiento a la entrega de los antecedentes– no tiene sentido mantener vigente la sanción principal y solamente dejar sin efecto la sanción de suspensión de emisión de licencias médicas.

Argumenta, además, que el acto que impone las sanciones no cumple con el deber de fundamentación, lo que permite sostener la improcedencia de la sanción principal de multa, acusando infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Añade que el actuar de la recurrida transgrede lo dispuesto en el artículo 17 letra f) de la Ley N°19.880, que reconoce el derecho de los administrados de ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, por cuanto pese a que el actor cumplió con la entrega de toda la documentación solicitada, le fueron impuestas sanciones debido únicamente a una discrepancia menor en algunos antecedentes.

Explica, en relación a la arbitrariedad, que al aplicar una sanción gravosa, se vulneran los principios de proporcionalidad, non bis in idem y a un racional y justo procedimiento.

Culmina solicitando se deje sin efecto la sanción de multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, así como cualquier acto que haya aplicado sanciones; debiendo adoptarse las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho; con costas.

Acompaña al recurso: 1. Resolución Exenta N°240441332003, de 7 de enero de 2025; y 2. Correos electrónicos de 2, 3 y 7 de enero de 2025.

SEGUNDO: Que a folio 9, comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, evacuando el informe requerido, solicitando el rechazo del arbitrio intentado.

En primer lugar, refiere que la Ley N°20.585 en su artículo 2 otorgó facultades a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez para fiscalizar a los prestadores que emiten licencias médicas, señalando que se han establecido criterios considerados riesgosos para iniciar procesos de fiscalización, encontrándose dentro de ellos el recurrente, dado que el profesional médico, conforme con el software TABLEAU, desde el 30 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, emitió 313 licencias médicas.

Señala que únicamente se fiscalizó la cantidad de 18 licencias médicas, reduciendo de forma sustancial el total que habitualmente requiere a este respecto.

Destaca que la fiscalización se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, así como en el plan de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios del Fondo Nacional de Salud frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico.

Puntualiza, respecto al proceso de fiscalización, que al no existir respuesta por parte del recurrente, en los plazos establecidos por la ley, en lo que se refiere a los requerimientos realizados por la autoridad administrativa, procedió a emitir la Resolución Exenta N°240441332002, de 20 de diciembre de 2024. Respecto a este punto, añade que el actor presentó la información requerida el 31 de diciembre de 2024 y luego el pasado 3 de enero, es decir, después de haber transcurrido aproximadamente una semana de haber sido emitida la multa recurrida, lo que deja de manifiesto la existencia de una reticencia injustificada a realizar la entrega de los antecedentes solicitados, teniendo en consideración que el procedimiento administrativo se inició el 4 de diciembre de 2024 y que los plazos son de orden legal y de naturaleza perentoria.

Luego, esgrime que aun existiendo un cumplimiento tardío de la obligación de entregar la información requerida, procedió al análisis de la misma, concluyendo dicho procedimiento el pasado 7 de enero, oportunidad en que se pronunció la Resolución Exenta N°240441332003, que mantuvo la multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, pero dejó sin efecto las restantes sanciones.

Acompaña a su informe: 1. Ordinario Nº2404413320, de 4 de diciembre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 2. Copia orden de transporte Nº6000252817856 de Correos de Chile; 3. Ordinario Nº240441332001, de 12 de diciembre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 4. Resolución Exenta Nº240441332002, de 20 de diciembre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 5. Copia orden de transporte Nº6000251048091 de Correos de Chile; 6. Resolución Exenta Nº240441332003, de 7 de enero de 2025, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 7. Copia orden de transporte Nº6000252849857 de Correos de Chile; 8. Reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU; y 9. Circular Superintendencia de Seguridad Social Nº3523, de 21 de julio de 2020.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, según el mérito de autos, el recurso se erige discutiendo la legalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta, emanada de la autoridad recurrida, número 240441332003, de 7 de enero pasado, que mantuvo la sanción de multa al actor.

Al efecto es posible dar por establecidos los siguientes hechos y, conforme a ellos, resolver:

1.- Que el actor es profesional de la salud y, en tal contexto, emite licencias médicas, quedando sujeto a la fiscalización de la entidad recurrida.

2.- Que, en ejercicio de sus facultades, la autoridad reclamada inició procedimiento de fiscalización y requirió al actor acompañar informe de un número de licencias (18 en total), con sus respectivos antecedentes de respaldo. Dicho proceso se inició el 4 de diciembre pasado. Lo anterior, conforme a documentación anexada por la recurrida (en particular folio 9 numeral 1), debidamente notificada.

3.- Luego la autoridad, ante la omisión del cumplimiento de la obligación cursada al actor, el 12 de diciembre de ese año, la entidad reiteró su petición.

En este punto nos detendremos unos segundos, ya que el actor alude en su recurso a que el procedimiento se inició el 12 de diciembre y no el 4, lo que no puede resultar efectivo por 2 razones. A saber, primero, porque en el texto de la resolución del día 12 se alude al concepto “se reitera” y, en segundo término, la autoridad notificó el reitérese al mismo domicilio que consta en autos y en la documental anexada, de manera que no podía sino comprender que se trataba de una petición de cuenta de una diligencia aun no cumplida.

4.- Luego, que el 20 de diciembre, mediante Resolución Exenta N°240441332002, la autoridad impuso sanciones al actor, consistente en multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales y suspensión de venta de talonarios y emisión de licencias, sanción esta última que fue dejada sin efecto el 7 de enero en curso, mediante Resolución Exenta N°240441332003, siendo éste el acto recurrido.

SEXTO: Que, al no discutirse falta de notificación de las decisiones de la autoridad, corresponde referirse al proceso de fiscalización y a la sanción que se mantiene vigente.

Al respecto, según lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.585, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.

SÉPTIMO: Que, analizados los antecedentes fundantes del arbitrio deducido en esta sede, fluye que todo el sustento del recurso intentado descansa en el cumplimiento del requerimiento de información hecho por la entidad administrativa.

Sin embargo, no se acompañó antecedente alguno que acredite que se haya verificado la entrega de información requerida, ni menos en una fecha anterior a la señalada por la entidad, esto es, 31 de diciembre de 2024, es decir, a 11 días de sancionado el profesional.

A ese respecto, dicho cumplimiento permitió a la autoridad aplicar la parte final del artículo previamente señalado, en torno a dejar sin efecto la sanción relativa a la venta de talonarios y emisión de licencias, sin que pueda compartirse la opinión del recurrente, en torno a ser una accesoria en relación con la multa o viceversa, pues se trata de medidas alternativas y perfectamente copulativas, desde que el artículo 2 dice “además”.

Así, constando la efectividad del incumplimiento reiterado, resulta imposible para esta Corte entender que el actuar de la recurrida resulta arbitrario o ilegal, al no haberse acreditado el supuesto fáctico del recurso, motivo por el que peste deberá ser desechado.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°128-2025 Protección.-