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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1278-202026 abr 2021

Protección contra mi representada y del personal que en ella labora

Fecha
26 de abril de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1278-2020, sentencia de 26 de abril de 2021

Resumen

Se acoge la protección de Veterinaria Suiza SpA y se ordena retirar publicaciones de redes sociales y abstenerse de conductas similares, por afectar su honra con imputaciones no establecidas administrativa ni judicialmente.

Texto íntegro

Veterinaria Suiza SpA con Carcía, nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Proteccion Rol N° 1278-2020.- La Serena, veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

Rol ROsies de oteccion rado Lanas o Fernnadez Ramirezras de Oavll)oede.ha rriagada Dtussa, por haber cesado en su cometido.rse hVISTOS:

PRIMERO: Comparece don nombre reservado, de nacionalidad peruana, cédula nacional de identidad RUT reservado, en representación legal de VETERINIARIA SUIZA SpA, persona jurídica del giro de su denominación, RUT RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Centro Comercial Sonora, La Serena, señalando que interpone recurso de protección por vulneración de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4, de la Constitución Política de la República de Chile, en razón de las acciones ilegales y arbitrarias que en contra de mi representada y del personal que en ella labora, ha desplegado doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado.

Refiere que el día viernes 3 de Julio de 2020, aproximadamente a las 11:00 horas, se recibió en las instalaciones de la veterinaria, al paciente felino de nombre Mateo, el cual estaba siendo tratado en esas dependencias desde el mes de enero de este año, por patología oncológica, siendo llevado por parte de un trabajador de la recurrida, en razón de encontrarse con vómitos.

Señala que el paciente fue ingresado a la clínica, y en atención a que se trata de un gato sumamente agresivo, los procedimientos deben necesariamente efectuarse bajo sedación; procedimientos que además, como se señaló, se efectúan en el animal desde hace casi 6 meses, periódicamente.

Añade que la atención de Mateo, se llevó a cabo, aproximadamente a las 16,00 horas del día viernes 3 de Julio, motivado por el ingreso de otros pacientes con urgencias clínicas, más críticos en su condición que Mateo, quien presentaba un cuadro gastrointestinal, siendo evaluado y se le sacó muestras de sangre para exámenes y se le suministró, además, medicamentos para su cuadro gastrointestinal.

Indica que aproximadamente a las 18:00 horas se apersonó la señora nombre reservado, otra trabajadora, por instrucción de la recurrida, a retirar a Mateo, sin haber efectuado una llamada de coordinación preliminar, y se le indicó que debían esperar ya que Mateo aún estaba bajo los efectos de la sedación, indicando que por ser ella trabajadora y no la dueña, no podían pasar más tarde o en otra hora, ya que estaban terminando su horario laboral.

Afirma que se le explicó, a la señora nombre reservado, que a diferencia de las 6 veces anteriores, en las cuales también hubo que sedar a Mateo para los procedimientos clínicos, esta vez, por haber sido más tarde el procedimiento, su recuperación iba a tardar un poco más y para cualquier situación relacionada a su recuperación, debía llamar a la clínica.

Agrega que es importante mencionar que el gato Mateo, a pesar de estar aún bajo efectos del sedante, ya tenía reflejos y respondía a estímulos como gruñidos, maullidos, bufidos, atención a llamados y que siendo las 18:57 horas, la Sra. nombre reservado, quien se encarga de traer a Mateo, y a los otros pacientes de propiedad de doña nombre reservado, y a quien nosotros tenemos registrada en la ficha de atención de pacientes, ya que éstos siempre son transportados por terceros y no por sus dueños, les indica por WhatsApp que el animal está muy dormido y no se mueve e inmediatamente llamó, por lo que le volvió a explicar que dado el corto tiempo post sedación y sumado a que es un paciente oncológico y obeso, la recuperación demoraba y no era igual que en gatos de condiciones normales. La Sra. nombre reservado envió, vía electrónica, un video de Mateo muy dormido donde una voz masculina cuestionando el estado del gato y al final del video se alcanza a escuchar una voz femenina indicando que “voy a funar”.

Sostiene que cabe resaltar que a la Sra. nombre reservado se le indicó que si Mateo seguía igual que los llamara de inmediato, lo cual no sucedió por lo que decidieron contactarla a las 21.10 hrs. vía WhatsApp, sin éxito alguno, procediendo a llamarla a las 21.30 horas (horario extra laboral) donde sí respondió indicando que ella no estaba con el gato y que iba a preguntar, por lo que le habrían insistido que llamara a la hora que fuera para poder asistir a Mateo en caso de que lo requiriese., que nunca hubo llamada de retorno., que al día siguiente, Sábado 04 de Julio a las 8:40 hras, los contacta la Sra. nombre reservado vía WhatsApp literalmente diciendo: "Buenos días le cuento que Mateo pasó una pésima noche, no reaccionaba. Ahora está un poco más despierto, pero sigue lento" y envió video de Mateo comiendo.

Señala que alrededor de las 10:30 hrs. de este mismo sábado se inició lo que se conoce como “FUNA” a la Veterinaria a través de redes sociales (Instagram), cumpliendo la amenaza que se alcanza a escuchar en el primer video (viernes a las 18:57 hrs.), mostrando claramente una intención de dañar la imagen y reputación sin preocuparse por la salud de su gato; que consultada la Sra. nombre reservado el por qué de la “funa” innecesaria, respondió vía WhatsApp que ella no podía hacer nada, que la que está haciendo toda esta campaña de desprestigio es la hija de su empleador, don nombre reservado, haciendo referencia entonces a quien se ha individualizado ya como doña nombre reservado.

Afirma que el accionar de doña nombre reservado, no sólo hace referencia a opiniones despectivas en contra de la Clínica veterinaria y al personal que en ella trabaja, sino que también, mediante su plataforma de redes sociales, hace un vivo llamado a dañar a las personas y las instalaciones de la clínica, que las publicaciones son las que se acompañan a estos antecedentes, en las que en contexto general se aprecian referencias despectivas, en cuanto a la calificación técnica y profesional de los trabajadores, vocabulario soez y vulgar dirigido a las mismas personas y la institución, referencias xenófobas en cuanto al origen de nacimiento de algunos de los trabajadores, y amenazas de atentar contra las personas y propiedades, en un abierto llamado a accionar en contra de las instalaciones y personal.

Refiere que acto seguido, se detecta en el portal www.funas.cl, un inserto de la misma fecha en el que se observa el titular “Coquimbo: Veterinaria Suiza ASESINOS DE ANIMALES”.

Hace presente que, dado el alto nivel de seguidores que presenta la recurrida en sus redes sociales, se ha alcanzado más de 200 operaciones de difusión de los contenidos, y conforme el número de capturas que se ha acompañado a estos hechos, es fácil dimensionar el alto número de personas que se ha alcanzado con los dichos difamatorios proferidos; que además publicó el número telefónico de urgencias, que queda a cargo de un funcionario a fin de que se puedan recibir las llamadas de esta condición respecto de los pacientes, haciendo un abierto llamado a hostilizar, claramente utilizando un lenguaje vulgar, como se puede apreciar en las mismas capturas de pantalla; que durante toda la noche se recepcionaron llamadas con insultos, groserías, amenazas y un cuanto hay, todas esas acciones incentivadas por la recurrida, mediante el uso de sus plataformas virtuales.

Añade que dichas publicaciones atacan derechamente la honra e imagen de la Veterinaria y su personal, al difundir una información injuriosa, cuya acción penal se ventilará en los tribunales respectivos, pero que ha provocado una seguidilla de consecuencias, claramente afectativas de los derechos fundamentales de Veterinaria Suiza, como institución, como también de los trabajadores que en ella se desempeñan, y que del mérito de los dichos vertidos por la recurrida, se advierte claramente que las palabras empleadas van más allá de un simple reproche derivado del malestar por un pretendido incumplimiento y se constituyen en un verdadero acto de difamación pública que se difunde a través de un medio de comunicación de libre acceso, que se constituye en un acto aún más grave, incluso exhibiendo la imagen de funcionarios de nuestra veterinaria, sin su consentimiento.

En cuanto al derecho, indica que la Constitución Política de la República de 1980 en su artículo 19° N° 4, consagra el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. La honra como objeto de protección constitucional puede dar lugar a varias posiciones jurídicas del ciudadano. En primer lugar, a un derecho a la no afectación del bien honra, entendiendo por “bien” una propiedad o situación de un individuo – en el mismo sentido que se utilizan estos términos cuando se dice que a una persona le corresponde la propiedad de ser un ser viviente, o que se encuentra en una situación de inviolabilidad del domicilio. En otras palabras, se trata de un derecho de defensa, según el cual los obligados por el derecho deben abstenerse de realizar acciones que afecten la honra, o deben eliminar una intervención ya en curso.

Añade que el paso que sigue, para delimitar este derecho constitucional, es abordar la cuestión de cuál es el bien que es tutelado mediante la introducción del derecho al “respeto y protección de la honra” en el catálogo de derechos de la Constitución. En otras palabras, ¿qué debe entenderse por “honra”? Debe advertirse que se trata de un principio moral abstracto que suele ser reconocido por su difícil aprehensión teórica. Ya en la segunda mitad del siglo XVIII Cesare Beccaria afirmaba que “Esta palabra honor es una de aquellas que ha servido de basa [sic] a dilatados y brillantes razonamientos sin fijarle alguna significación estable y permanente”.

Sostiene que una forma bastante extendida de entender la honra, consiste en asimilarla, en palabras de la Corte de Apelaciones de Santiago, a la “reputación o buena fama que los terceros tienen de uno”. Comúnmente, como lo hizo la corte, se habla en esos casos de honor “externo” u “objetivo”. Una especie de esa comprensión de la honra, fija su atención en el hecho de que “desde antiguo, la pérdida de consideración social ha tenido perjudiciales efectos en la riqueza, prosperidad, y empleo”. Desde esta perspectiva, la honra que corresponde proteger jurídicamente es la reputación en tanto “forma de propiedad intangible”. Su valor económico debe ser amparado, impidiendo o reparando las expresiones que afectan la percepción positiva que otros tienen sobre un individuo acarreando perjuicios de ese tipo.

Agrega que la justificación de la protección de la reputación como propiedad se encuentra en el esfuerzo individual. Mediante el talento y la constancia en el trabajo un individuo logra el reconocimiento por parte de otros. Este carácter individual es una forma de capital, desde que sirve para obtener apoyo y clientela. En los mercados la reputación es un bien perseguido por los individuos, y que muchas veces determina si será posible cerrar intercambios económicos en el futuro. El derecho, cuando ampara la reputación como propiedad, reconoce la capacidad individual para forjar esa buena reputación.

Refiere que en el último tiempo la noción de dignidad humana se ha considerado como un elemento inseparable de la protección jurídica de la honra u honor. En términos generales, esto parece responder a dos exigencias. Por un lado, a la necesidad de un principio que justifique y provea de contenido a la protección jurídica del honor excluyendo la posibilidad de equiparar ésta con la concepción de honor propia de sociedades altamente jerarquizadas –esto es, concepciones basadas en el poder estatal o en diferencias de clases sociales. Por otro, a la demanda de una protección que se extienda más allá de los casos en que se presenta un daño económico –es decir, que no se agote en la reputación como propiedad.

Señala que la Excma. Corte Suprema a fines del año 2015, sostiene que pese a contar igualmente con las acciones penales correspondientes en caso de que alguna de las conductas del usuario de Redes Sociales sean constitutivas de delitos, las personas (incluyendo a las personas jurídicas) pueden recurrir de protección de sus derechos directamente a los tribunales superiores de justicia, y obtener una sentencia a su favor. La sentencia, además de restablecer el imperio del derecho - ordenando la completa y definitiva eliminación de la publicación en la mencionada red social- ordena al recurrido el deber de abstenerse de, en lo sucesivo, volver a incurrir en conductas semejantes respecto al recurrente.

Afirma que en concreto, nuestro máximo tribunal en el fallo de fecha 10 de noviembre de 2015, Rol 9973-2015, señaló que: ”acreditadas en los términos expuestos las condiciones de procedencia de la acción de amparo deducida en autos, en lo que dice relación con el derecho a la honra del recurrente por el derecho a su propia imagen, corresponde que ésta sea acogida, disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida al afectado, sin perjuicios de las restantes acciones que a éste le puedan asistir”.

Añade que resulta interesante señalar que la misma sentencia resuelve que, a pesar de que se haya borrado la publicación del muro de Facebook – y en este caso se debe interpretar extensivamente a cualquier red social - al momento de la interposición del recurso, la acción constitucional de protección no pierde oportunidad, puesto que ésta ya importó la perturbación del derecho a la honra contenido en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual asegura a todas las personas el respeto y protección de la vida privada y la honra de la persona y su familia.

Indica que tras esta sentencia, han venido otras varias, sobre todo de las Cortes de Apelaciones, entre ellas podemos mencionar las de la Corte de Apelaciones de Iquique (143-2016), Corte de Apelaciones de Antofagasta (5188-2015) y Corte de Apelaciones de Valdivia (1624-2015); que sin perjuicio de lo anterior, sobresale el fallo de la Excma. Corte Suprema (12.873-2015), el que no sólo reconoce la posibilidad de que una publicación de terceros en su muro de Facebook (y cualquier red social) pueda privar, perturbar o amenazar el derecho a la honra de una persona natural, sino que además extiende la protección a las personas jurídicas aludidas en una publicación; en este caso a una tienda comercial.

Concluye solicitando se acoja el recurso, y se ordene a la recurrida la eliminación de todo el contenido publicado en el descrédito de los recurrentes, y que se abstenga en lo sucesivo de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía.

Acompaña a su recurso documental consistente en Fotografías capturadas de la red social, donde constan las publicaciones de la reseña atentatoria de la honra de la recurrente y del personal de la misma, así como también el perfil del cual se efectuaron estas publicaciones.

SEGUNDO: Que, habiendo sido legalmente notificada, la recurrida no evacuó el informe solicitado, razón por la cual, mediante resolución de fecha 22 de marzo de 2021, se dispuso prescindir del mismo, previo apercibimiento.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que los hechos que motivan el recurso de protección deducido en estos antecedentes, dicen relación con las publicaciones efectuadas por la recurrida en la red social Instagram, a contar del día sábado 04 de julio de 2020, acompañando al efecto una serie de imágenes aobtenidas de capturas de pantalla de las publicaciones aludidas, comenzando con un primer comentario en la cual se puede apreciar, como usuario que comenta, a quien se individualiza como @camigarciaam, bajo el epígrafe “funaaaaaaa @vetsuiza”, y luego el siguiente comentario: “Ayer llegó mi gatito mateo dopadísimo algo ya no normal obviamente me asuste hablé con un amigo experto en esto también veterinario de los buenos si, y me lo entregaron casi muerto! Vomitado para la caga.. a las 1 (sic) de la mañana mi papá despertó y mi gatito estaba muerto!!! Tuvo que hacerle un tipo de reanimación por favor no lleven a sus gatos a esta mierda que no cachan nada incompetentes de mierda me los voy a hacer cagar hasta aburrirme imbéciles”, comentario que es seguido de una serie de respuestas de otros usuarios de la red social indicada, en la cual relatan sus propias experiencias, replicando varios de los epítetos y calificativos proferidos tanto respecto de la clínica veterinaria como de las personas que allí laboran.

SEXTO: Que el tenor y calibre de las expresiones proferidas por la recurrida replicadas, como se ha señalado, por los comentarios de otros usuarios que compartieron su publicación, lo han sido fuera de todo ámbito de legalidad, pretendiendo la recurrida con su conducta afectar la imagen y el prestigio de la clínica veterinaria recurrente, afectando asimismo la honra de quienes trabajan en ella, con expresiones insultantes, publicadas a través de una red social que puede ser vista por un sinnúmero de usuarios de dicha red, lo que evidentemente puede afectar la imagen que la sociedad pueda tener respecto de la calidad de los servicios que se prestan en dicha clínica.

SÉPTIMO: Que el artículo 19 número 4º de la Carta Política asegura a todas las personas, en lo que aquí interesa, el derecho a la honra de la persona y de su familia, así como también la protección de los datos personales. En cuanto al significado del derecho fundamental a la honra, el Tribunal Constitucional ha sostenido que “el derecho a la honra, cuyo respeto y protección la Constitución asegura a todas las personas, alude a la 'reputación', al 'prestigio' o el 'buen nombre' de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio valor o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que emana directamente de la dignidad humana; un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, y que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana” (STC Rol Nº2860-15-INA). Asimismo, conviene tener presente que dentro del derecho aludido se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando -como en el caso de autos-, se publican en redes sociales afirmaciones deshonrosas, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa. Octavo: Que aunque la libertad de expresión ha sido fundamental en el ámbito de la comunicación en el ciber espacio, la experiencia ha demostrado que en los entornos de comunicación virtual ella puede entrar en conflicto con otras libertades individuales, por ejemplo, el derecho al buen nombre, cuando este es vulnerado con una afirmación deshonrosa publicada en un grupo, frente a la cual el afectado tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 171.536-2019).

OCTAVO: Que conforme a lo anteriormente razonado, si bien es cierto nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas la libertad de expresión, ésta no tiene un carácter absoluto y, por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a quien van dirigidas las expresiones ignominiosas que se han vertido en la red social pública.

NOVENO: Que, además, cabe consignar que los hechos en que se funda el recurso deducido en autos no ha sido discutidos por la recurrida, atendida su rebeldía en orden a evacuar el informe que le fuere requerido en su oportunidad, lo que, unido a los antecedentes acompañados por la recurrente, lleva a concluir que la conducta desplegada es ilegal y arbitraria, puesto que la atribución de expresiones denostadoras en redes sociales en torno al servicio otorgado por la clínica veterinaria, fue el camino escogido por la recurrida, quien optó por dicha vía en lugar de plantear sus reclamos a través de los mecanismos que le franquea nuestro ordenamiento jurídico, en procesos debidamente sustanciados, con apego irrestricto a las garantías que para ello se prevén, sin que pueda pretenderse coaccionar u obtener una reprimenda mediante los medios sociales, como es el caso que se analiza, y es precisamente la conducta desplegada por doña nombre reservado demuestra que se ha optado por recurrir a la autotutela, lo que constituye una actuación desprovista de toda legitimidad.

DÉCIMO: Que las consideraciones precedentes resultan aplicables a la realidad de las personas jurídicas, también titulares de la acción constitucional de protección, pues respecto de ellas el concepto de honra integra el honor, el buen nombre, la imagen y el prestigio comercial. Sobre esta materia el Tribunal Constitucional español señaló en la sentencia 139/1995 que "La Constitución española no contiene ningún pronunciamiento general acerca de la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas, a diferencia, por ejemplo, de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, en la que expresamente su art. 19.3 reconoce que los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas nacionales en tanto y en cuanto, por su naturaleza, sean aplicables a las mismas. De todos modos, si bien lo anterior es cierto, también lo es que ninguna norma, ni constitucional ni de rango legal, impide que las personas puedan ser sujetos de los derechos fundamentales". Tal es lo que acontece en el caso que se revisa, pues es precisamente la clínica recurrente y sus funcionarios, a quienes se ataca con expresiones deshonrosas en la prestación de los servicios que ofrecen a la comunidad.

DUODÉCIMO: Que como corolario de lo que se viene diciendo, el acto recurrido constituye un atentado al derecho a la honra de aquellos en cuyo favor se recurre, puesto que afecta su reputación y prestigio, por la vía de imputarles hechos que, por lo demás, no han sido establecidos en sede administrativa o judicial, estimándose como medida idónea para el restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección de los afectados, la orden de retirar las publicaciones cuestionadas y abstenerse de realizar otras nuevas concernientes a los actores, según se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Veterinaria Suiza SpA y, en consecuencia, se dispone que la recurrido, nombre reservado, deberá retirar de sus redes sociales las publicaciones cuestionadas así como abstenerse de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación social en contra de la recurrente, con costas.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Regístrese y comuníquese.

Rol Rol N° 1278-2020.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Iván Corona Albornoz y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

En La Serena, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.