nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

nombre reservado

Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol Nº1275-2026 La Serena, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Sebastián Dueñas Godoy, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, ciudadano venezolano, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, realizada el 08 de mayo de 2025, omisión que vulnera su derecho fundamental a la igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, establecidos en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 08 de mayo de 2025 el recurrente presentó, al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, una solicitud de regularización extraordinaria.

Señala que el Servicio Nacional de Migraciones remitió formalmente los antecedentes a la Subsecretaría del Interior mediante Oficio N°41.775, de 26 de agosto de 2025; sin embargo, a la fecha del recurso no se habría dictado ni notificado resolución alguna.

Sostiene que la demora excede ampliamente el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 y vulnera los principios de inexcusabilidad, celeridad y conclusivo.

Añade que la inactividad afecta concretamente su situación migratoria y laboral, pues cuenta con un contrato de trabajo vigente cuyo inicio se encuentra condicionado a la obtención de la autorización migratoria correspondiente, lo que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad sobre su derecho procedimental a obtener una decisión administrativa.

Culmina solicitando que se acoja el recurso y ordenar a la recurrida emitir, dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles, una resolución expresa sobre la solicitud de regularización extraordinaria.

SEGUNDO: Que, a folio 6 y 9 se evacuó informe por la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la regularización migratoria se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sin embargo, precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

En cuanto al estado de la solicitud de otorgamiento excepcional de la parte recurrente, señala que se recibieron los antecedentes desde el Servicio de Migraciones el 13 de mayo de 2025, y que aquella se encuentra en tramitación.

Por otro lado, señala la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad. Asimismo, sostiene que al acogerse recursos como el de autos, se produce una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, al colocar en una situación favorable a la parte recurrente, sin que exista una razón aparente que lo justifique.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización, cuya presentación fue realizada el 08 de mayo de 2025, habiéndose remitido los antecedentes a la Subsecretaría del Interior el 13 de mayo del mismo año, excediendo de tal forma el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación de la Subsecretaría del Interior en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de don nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior y, en consecuencia, se dispone que esta última deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización presentada por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos desde ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1275-2026 (Protección).-