nombre reservado con DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE COQUIMBO

nombre reservado

Dirección del Trabajo de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1275-2025.- La Serena, once de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece nombre reservado, licenciado en ciencias jurídicas, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo, por la omisión arbitraria e ilegal cometida con ocasión de la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin N°953, con infracción a las garantías constitucionales de los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 22 de julio de 2014, ingresó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, cumpliendo funciones como encargada de compensación y beneficios, dependiente del departamento de planificación y desarrollo institucional. El 02 de octubre de 2024, durante su jornada laboral fue increpada por un trabajador, propinándole insultos y posteriores amenazas a sus familiares. Debido a lo ocurrido realizó la denuncia respectiva a su empleador, quien no envío toda la documentación a la Inspección del Trabajo, por ende, archivaron los antecedentes.

Menciona que el 10 de febrero de 2025, asistió presencialmente a la inspección realizando una nueva denuncia. Sostiene que el plazo máximo de investigación se cumplió el 24 de marzo pasado y consultada la Dirección del Trabajo no obtuvo respuesta, resultando ilegal por contravenir el artículo 211-C del Código del Trabajo y arbitraria por carecer de fundamento racional que la respalde, conculcando sus garantías constitucionales.

Solicita que se acoja el recurso, declarando que la recurrida incurrió en una omisión arbitraria e ilegal en la tramitación del procedimiento administrativo y se ordene a los recurridos concluir la investigación en un plazo de 20 días hábiles o lo que S.S estime pertinente, con costas.

SEGUNDO: A folio 4 informa la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso.

Enuncia, que doña nombre reservado concurrió a las oficinas de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena e interpuso una denuncia por acoso laboral en contra de don nombre reservado, quien se desempeña en el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, en el marco de la Ley 21.643 (ley Karin).

Refiere, que analizado el detalle de la denuncia se dispuso y se ordenó al empleador adoptar las siguientes medidas de resguardo: “1. Cese de comunicaciones entre la denunciante doña nombre reservado y don nombre reservado, mientras dure la investigación, debiendo disponer cualquier tipo de mecanismo alternativo para que el trabajador reciba instrucciones y reporte su cumplimiento. 2. Ingreso al organismo administrador de la Ley N.º 16.744 para evaluación física y psicológica temprana de la denunciante doña nombre reservado, considerando que la denunciante señala sufrir colapso nervioso, cuadro angustioso ansioso.”

A continuación, explica que con la entrada en vigencia de la Ley N°21.643, aumentó la cantidad de materias que pueden denunciarse, lo que incrementó en forma exponencial las denuncias interpuestas por trabajadores, sin que la legislación contemplara mayores recursos para su implementación.

Describe que los plazos contemplados para las actuaciones de la administración no son fatales y su incumplimiento genera responsabilidades administrativas para el funcionario que lo incumple, no siendo procedente el silencio positivo respecto de funciones fiscalizadoras.

En conclusión, se sostiene que, en el presente caso, la Dirección del Trabajo no ha cometido un acto ilegal o arbitrario, toda vez que, se han desplegado esfuerzos para optimizar los tiempos de respuesta, sin embargo, las limitaciones operativas han impedido dar cumplimiento al plazo legal establecido en el artículo 211-C del Código del Trabajo.

En razón de lo expuesto, y descartando la existencia de un actuar ilegal y arbitrario, pide el rechazo de la acción por improcedente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: : Que, los hechos que motivaron el presente recurso de protección dicen relación con la demora en la investigación por parte de la Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo respecto de la petición formulada por la actora, en un procedimiento amparado bajo la Ley N 21.643, en la que según señala la propia recurrente en una primera denuncia de 3 de diciembre de 2024 no cumplió los requisitos exigidos para su presentación, por lo que se tuvo la misma por no presentada, el 13 de enero de 2025 y luego el 10 de febrero del presente se realiza nueva denuncia, tomando la recurrida las medidas de resguardo de la denunciante el 12 de febrero recién pasado.

QUINTO: Que, informando la recurrida, no controvirtió los supuestos de hecho descritos en el libelo, sin poder desconocer el retraso, sin embargo señala que se tomaron las medidas de resguardo respecto de la denunciada y se dispuso brindarle la atención psicológica necesaria, encontrándose generada la comisión respectiva, afirmando en estrados que la investigación se ha visto retardada pero no en forma ilegal o arbitraria sino que obedece a limitaciones operativas dado que el Servicio no cuenta con un sistema que permita absorber la cantidad de consultas y denuncias planteadas a partir de la vigencia de la ley, por lo que no se le ha dado ningún trato discriminatorio, o desigual a la recurrente comparada con la situación de los demás administrados en las mismas condiciones planteadas por la actora y cuya omisión se reclama, afirmando que en atención a que la denuncia desde la vigencia de la ley aumento en un 400%, y a pesar de haberse tomados variadas medidas de gestión para absorber a la carga de trabajo esta es superior a lo que la oficina recurrida puede soportar, teniendo además presente la renuncia de los abogados, pese a lo cual se están haciendo todas las investigaciones por Ley Karin, incluso por las denuncias de privados.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: : Que, señalado lo anterior debemos tener presente que los plazos para concluir la investigación no son plazos fatales conforme lo señalado por Contraloría General de la República, en reiterada jurisprudencia administrativa, contenida en los dictámenes N° 96.251, de 2015, Nº 3.860, de 2018 y Nº 19.288, de 2019, ha precisado que, en general, los plazos contemplados para las actuaciones de la Administración no son fatales, puesto que ellos tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos.

Sin perjuicio de aquello, si bien en la ley 21643 se contempló en forma expresa, en su artículo 211-C, que la investigación deberá tener una duración máxima de 30 días, lo que encuentra su fundamento en la gravedad de las conductas denunciadas por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, no resulta posible soslayar que las medidas de implementación de la ley Karin, han exigido de una adecuación que conforme al aumento de carga de trabajo, que es de público conocimiento, a la fecha no permite establecer la ilegalidad o arbitrariedad denunciada, y que tal como se informó, la recurrida ante la denuncia interpuesta tomo las medidas de seguridad correspondientes con fecha 12 de febrero de 2025, resguardando los derechos de la denunciante, encontrándose la denuncia en tramitación.

Acorde a lo razonado, no se advierte una dilación que, por ahora, pueda calificarse como ilegal o arbitraria y que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende, por lo que no cabe sino rechazar el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de Dirección Regional del Trabajo de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1275-2025 Protección.