Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social y otro Recurso de Protección Rol N° 1275-2018.- La Serena, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y la Superintendencia de Seguridad Social, en base a los siguientes antecedentes.

Indica que en junio del 2017 se enfermó. La diagnosticaron con depresión severa por problemas familiares y trabaja desde entonces. Estuvo con licencia médica, donde se vio en la obligación de solicitar el alta médica y renunciar a su trabajo, ya que le estaban rechazando las licencias médicas.

Agrega que la recurrida COMPIN comenzó a rechazar sus licencias, por lo que recurrió a la Superintendencia de Seguridad Social, donde luego de unos meses le responden que rechazaron las últimas cuatro licencias médicas, las cuales son las siguientes:

1.- 36850695, del 04 de mayo de 2018.

2.- 36850692, del 06 de abril de 2018.

3.- 37972508, del 24 de mayo de 2018.

4.- 38196955, del 14 de junio de 2018.

Destaca que no tiene más licencias pendientes, ni en COMPIN ni en SUCESO.

Finaliza su presentación solicitando la autorización de las licencias médicas precedentemente individualizadas.

Acompaña Resolución Exenta N° 37526, de 06 de noviembre de 2018, que confirma el rechazo de sus licencias médicas.

SEGUNDO: Que, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho evacuó informe la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Región de Coquimbo (nombre reservado), quien, en primer lugar, alega la supuesta extemporaneidad de la acción cautelar de autos, por cuanto la recurrente tomó conocimiento del rechazo de la última de sus licencias medias por parte de la COMPIN el día 07 de junio de 2018, habiéndose interpuesto el recurso de marras con fecha 13 de noviembre del mismo año, esto es, fuera del plazo de 30 días establecido en el auto acordado que rige la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la argumentación de la actora carece de todo sustento legal, al no señalar expresamente la vulneración de derechos constitucionales afectados, lo cual los sitúa en un estado de indefensión, al no existir los datos necesarios para emitir sus descargos.

Por estas consideraciones solicita se niegue lugar al nombre reservado, y se condene en costas a la recurrente.

TERCERO: Que, con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social, quien, en primer término, hace presente la supuesta extemporaneidad del recurso impetrado, al haberse ejercido la acción constitucional de marras con fecha 13 de noviembre de 2018, en circunstancias que la actora tuvo conocimiento del rechazo de las licencias médicas, a lo menos, con fecha 07 de julio de 2018, oportunidad de presentación del reclamo contra la resolución de la COMPIN, que rechazó el pago de las licencias médicas.

En este sentido, indica que la recurrente pretende utilizar el presente arbitrio constitucional como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de las licencias médicas, lo cual no resulta procedente, al no ser el nombre reservado una vía de impugnación subsidiaria, de tal suerte que el hecho de haber reclamado ante dicha Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno. Lo anterior deriva de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al señalar que esta acción se debe ejercer “sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción de marras, haciendo presente que dicho organismo, requeridos los antecedentes del caso y previo estudio de los mismos, mediante Resolución Exenta I.B.S. Nº 37526, de 06 de noviembre de 2018, resolvió confirmar lo obrado por la COMPIN de la Región de Coquimbo, respecto del rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias Nºs 36850692, 36850695, 37972508, 38196955, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 285 días por la misma patología”.

En efecto, sostiene que de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo extendido por las cuatro licencias médicas extendidas por dos médicos distintos (Dr. Prieto y Dra. Parvex), no está justificado. Lo anterior, por cuanto por una parte el reposo previamente autorizado de 285 días por el mismo diagnostico se consideró suficiente, en atención a que el último informe del médico tratante de junio de 2018 es idéntico a uno anterior de abril de 2018, de tal forma que no justifica la prolongación del reposo. Además, de acuerdo con la Cartola Médica de Servicio de Salud, la Sra. nombre reservado fue peritada el 31 de mayo de 2018, por inter consultor siquiatra Dra. Frindt, quien luego de practicada anamnesis y el examen mental concluyó que no se justifica ya a esa data el reposo prescrito.

Agrega que los elementos que deben contener las licencias médicas, según el tipo de patología y duración del reposo laboral, se encuentran contenidos en el Decreto Supremo N° 7/2013 del Ministerio de Salud, que “Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a Los Exámenes, Informes y Antecedentes que Deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas”, encontrándose justificado el rechazo de las licencias ya individualizadas, debido a que no se cumplen con los criterios allí establecidos, lo cual se ve corroborado en los antecedentes médicos adjuntados por la recurrente.

De esta forma, sostiene que el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió dicha Superintendencia.

Por estas consideraciones solicita el rechazo íntegro del nombre reservado impetrado, con costas.

Acompaña a su informe copia de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

CUARTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional entablada, formulada tanto por la SUCESO como por la COMPIN, en relación al rechazo de las licencias N°56906457 y N° 579127551, preciso es consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el nombre reservado se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, además conveniente tener presente que el inciso 2° del artículo 54 de la ley 19.980, dispone que una vez interpuesta una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del nombre reservado, puesto que es a partir desde ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente.

OCTAVO: Que, en la especie, si bien del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, efectivamente, la recurrida COMPIN desestimó los recursos de reposición deducidos en contra de la decisión, el recurrente reclamó además, ante la SUSESO en contra de la resolución de la COMPIN que rechazó la autorización de las dos licencias aludidas, resueltas mediante resolución exenta IBS N° 37526 del 06 de noviembre del 2018, circunstancia que conducen a concluir necesariamente que en relación a dichas licencias la acción constitucional -deducida con fecha 13 de noviembre último- ha sido entablada dentro de plazo que contempla el precitado Auto Acordado. En consecuencia, atendido lo expuesto precedentemente, sólo cabe desechar la alegación de extemporaneidad promovida por la COMPIN y SUCESO.

NOVENO: Que, por otra parte, y en cuanto a la alegación de falta de fundamentación del nombre reservado incoado, si bien el texto del recurso es escueto, el nombre reservado y los documentos acompañados, permiten determinar lo alegado, tanto es así que las recurridas informaron al respecto, sin generarse indefensión de las partes, a mayor abundamiento esta acción constitucional se caracteriza por no ser formalista, y estar a disposición de toda persona, letrada o no, correspondiendo al tribunal determinar la existencia de la acción u omisión que se tilda de ilegal u arbitraria y, en consecuencia, adoptar las medidas pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho, por lo que establecer cualquier exigencia formal superior a las requeridas por la Constitución y el Auto Acordado que la rige, significa un impedimento al acceso a la justicia.

DÉCIMO: Que, el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es una resolución (Artículo 3 Ley 19.880).

DÉCIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dice “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el deber de fundamentación que exige el artículo precitado se contiene también en el artículo 16 del Decreto supremo n° 3/1984, al ordenar, en lo pertinente, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, el COMPIN, en este caso particular, debe dejar “constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

DÉCIMO TERCERO: Que, como se ve es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo.

DÉCIMO CUARTO: Que, fundamentar, según el Diccionario de la Lengua Española, es “Establecer la razón o el fundamento de una cosa” y es aquello precisamente de lo que adolece la Resolución Exenta impugnada pues el acto terminal de la Administración debe ser suficiente para entenderse por sí sólo, de tal manera que no sea necesaria su complementación posterior y menos por una vía que no sea de la misma naturaleza que del acto que se trata de perfeccionar.

DÉCIMO QUINTO: Que, en este caso, cabe entender que no se ha cumplido con el deber de fundamentación del acto administrativo arriba desarrollado, pues aquello consignado en el segundo párrafo de la parte considerativa de la Resolución impugnada, es insuficiente para una cabal comprensión de lo obrado por la Administración e impide un adecuado control de su proceder, toda vez que se sustenta el rechazo de la reconsideración de las cuatro licencias médicas en una referencia genérica a un antecedente del cual no se da ningún detalle o especificación, pues no se señala cual es el informe médico al que se hace referencia, como tampoco el médico que lo emite, lo que hace que dicho acto administrativo aparezca como ininteligible.

DÉCIMO SEXTO: Que, a partir de lo expuesto en los motivos precedentes es dable colegir que la recurrida ha actuado en forma ilegal al no respetar en su obrar una norma general y obligatoria de su ámbito de acción como lo son las normas legales y reglamentarias citadas en los motivos que anteceden, puesto que la resolución exenta cuestionada, carece de fundamentos, o sea, no es fundada.

A su vez, dicho actuar de la recurrida, esto es, dictar la Resolución Exenta impugnada en los términos en que lo hizo, resulta arbitrario, al carecer dicha decisión de fundamentos que la sustenten.

Igualmente, no es posible entender cumplido el requisito de fundamentación exigido por el legislador para todo acto administrativo con lo explicitado por la recurrida a través de su informe, pues este no tiene la misma calidad jurídica que el acto impugnado, de tal manera que no puede pasar a formar parte de este, pues la única forma legal en que ello puede ocurrir, es aquella a la que se refiere el inciso final del artículo 41 de la Ley 19.880.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la conducta del organismo recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad del reclamante, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por ende, habiéndose acreditado que por la institución recurrida se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales del recurrente, corresponde acoger el nombre reservado intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la república y Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección, SE ACOGE el nombre reservado deducido por nombre reservado y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la decisión de la Superintendencia de Seguridad Social, materializada en la Resolución Exenta IBS N°37526/06/11/2018, de rechazar las licencias médicas N°s 36850695, 36850692, 37972508 y 38196955, extendida a la recurrente, y por ende, se dispone que dicho organismo gubernamental deberá autorizar dichas licencias médicas disponiendo, si correspondiere, su pago y demás efectos legales, sin costas.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1275-2018 Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

La Serena, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.