nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO

nombre reservado

Fiscalía Regional de nombre reservado

Recurso de protección Rol Nº1274-2024.- La Serena, veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesor de Estado en educación general básica, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la FISCALÍA REGIONAL DE nombre reservado, representada por el señor Fiscal Regional de la Cuarta nombre reservado, Patricio Cooper Monti, con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la decisión de no iniciar investigación adoptada en causa RUC 2400275057-7, actuar que vulneraría su derecho fundamental a tener un procedimiento racional y justo, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política.

Señala que el Ministerio Público comunicó la decisión de no perseverar en la investigación (sic) en la causa RUC 2400275057-7, iniciada con motivo de una denuncia presentada por el recurrente por delito de estafa.

Indica que dicha decisión se habría adoptado por la Fiscalía sin efectuar ninguna diligencia útil, basando la decisión en una opinión sin fundamento jurídico, arguyendo que el hecho no era constitutivo de delito y que correspondía a un asunto civil por incumplimiento de contrato.

Alega que de haberse estudiado los medios de prueba y demás antecedentes que aportó su parte a la carpeta, se habría llegado a la conclusión de que fue objeto de una estafa, delito contemplado en el artículo 467 del Código Penal.

Añade, que tampoco siquiera se interrogó al imputado, como tampoco se le emplazó en su calidad de víctima ni se le dio a conocer al resultado.

Además, indica que tampoco se dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 248 del Código Procesal Penal en su inciso primero, ya que para proceder de la forma que lo hizo el Ministerio Público era obligatorio la práctica de las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible.

Agrega, que se hace referencia a que la única manera de continuar con la investigación es que interponga querella, lo que implica tácitamente que debe contar con recursos económicos para ello para pagar un abogado.

Señala que agrava todo lo anterior, la circunstancia que con antelación se sobreseyó definitivamente otra denuncia por efectuada por su persona, seguida en la causa RIT 2-2019 de Juzgado de Garantía de Combarbalá (RUC 1910001033-2) previo a un acuerdo entre el mismo fiscal, Sr. Cristian Arcos Rojas, con el imputado nombre reservado, no obstante que, Contraloría General de la República en sendos informes especiales determinó el desvío de fondos públicos destinados a la educación.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que se vulnera su derecho a tener un racional y justo procedimiento garantizado en el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política, en particular, el derecho a la acción penal de la víctima, cuando ejerce la facultad de no perseverar en la investigación (sic) sin formalización previa, sin haber practicado diligencia alguna en orden al esclarecimiento de los hechos denunciados, al no emplazar a la víctima de la decisión adoptada, pese a tener además la calidad de interviniente, lo que hace la actuación de la recurrida absolutamente arbitraria.

Por lo señalado, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida actuar conforme a derecho, ordenando reabrir la carpeta de investigación y se investigue como corresponde su denuncia.

SEGUNDO: Que, a folio 4 se evacuó informe por don Patricio Cooper Monti, Fiscal Regional de nombre reservado.

Informa que la Fiscalía Local de Combarbalá tomó conocimiento de los hechos invocados por el recurrente a través de denuncia directa interpuesta por el Sr. nombre reservado en dependencias de la Fiscalía Local de Combarbalá con fecha 08 de marzo de 2024, la cual dio origen a la causa RUC 2400275057-7 en la cual se expone lo siguiente: “vengo a denunciar que el 20 de septiembre del año 2022, yo andaba buscando un soldador y mi padre me recomendó mediante un número telefónico que dieron en la radio informativa, a nombre reservado, para que me realizara dos basureros, de los cuales solo realizó uno y yo le pagué por adelantado el 19 de enero del 2023 el segundo basurero por el monto de $150.000 de un total de $300.000, e inició los trabajos en septiembre del 2023, luego cerca de las fechas del 18 de septiembre, don nombre reservado me solicitó más dinero, en donde yo me molesté porqué todavía no comenzaba el trabajo que yo le había pagado, en donde me dijo que me haría la devolución de los $150.000 que le había transferido a su cuenta rut del banco estado N°[cuenta reservada], fue ahí donde no me devolvió el dinero y me bloqueo de su número de whatsapp teléfono reservado.

Hago presente que ya realicé la denuncia pertinente en el servicio de puestos (SIC) internos, toda vez que, don nombre reservado no me generó ninguna boleta aun cuando yo se lo solicité en reiteradas ocasiones.”

Indica que conforme la revisión y análisis de lo denunciado, se decidió someter a aprobación del Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá la decisión de no iniciar investigación, facultad prevista en el artículo 168 del Código Procesal Penal, la cual se fundó en estimar que los hechos no son constitutivos de delito, sino que más bien se trataría de un incumplimiento contractual que se debe resolver en sede civil, decisión que fue aprobada por el tribunal con fecha 20 de marzo de 2024.

Señala que la decisión adoptada se basa en los propios antecedentes que aportó el denunciante al momento de interponer la denuncia, en el que se acompañan diez comprobantes de transferencias efectuadas por el señor nombre reservado al denunciado Sr. nombre reservado, los que reflejan en el “asunto” diversos trabajos encargados por el recurrente al denunciado y que dan cuenta de una relación contractual verbal de larga data, ya que en ellos figuran comprobantes desde el mes de septiembre de 2022 hasta marzo de 2023, dando cuenta que existió una prestación de servicios.

Agrega, que los mismos antecedentes permiten descartar la existencia de un delito de estafa, toda vez que no existen los elementos mínimos que la doctrina establece como necesarios para configurar el ilícito, esto es: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio; antecedentes todos que, como se ha referido, fueron expuestos al Tribunal competente, el cual compartió la decisión adoptada por la Fiscalía, aprobando la facultad de no iniciar la investigación por ser los hechos no constitutivos de delito, en conformidad a lo establecido en el artículo 168 del Código Procesal Penal, por lo que mal podría haber realizado diligencias investigativas el Ministerio Público como las que refiere el recurrente en su libelo, quien, confunde la decisión de término indicada (decisión no perseverar en el procedimiento), con la facultad ya referida de abstenerse de toda investigación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, a saber: los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º.

QUINTO: Que, acorde a lo apuntado en forma precedente, es necesario precisar que el recurrente señala estimar afectado su derecho fundamental a un procedimiento y una investigación racionales y justos, contenido en el inciso sexto del numeral 3 del artículo 19 ya citado, en particular, en lo referente a su derecho a la acción.

Sin embargo, tal como queda de manifiesto de lo expresado en el motivo anterior, el derecho fundamental invocado por el actor no es de aquellos protegidos por la acción de protección que establece el artículo 20 de la Constitución Política, pues la garantía del artículo 19 N°3 que se protege mediante la referida herramienta constitucional corresponde únicamente a aquella consagrada en su inciso sexto, cual es, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, la que no ha sido esgrimida como fundamento de su reclamo, motivo suficiente para desestimar el recurso de protección.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo ya señalado, también resulta atingente señalar que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa, se desprende que lo resuelto por la autoridad recurrida se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones legales y en conformidad a la legislación vigente.

En efecto, es oportuno tener presente que el artículo 168 del Código Procesal Penal señala: “Facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieren establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía”.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, de la disposición legal precitada aparece que por mandato legal el Ministerio Público tiene la facultad de no iniciar investigación, cuando de los antecedentes se desprenda que los hechos denunciados no son constitutivos de delitos, tal como se consideró en la especie, decisión que, además, resultó sometida a la aprobación del Juzgado de Garantía de Combarbalá.

Por consiguiente, advirtiéndose que la decisión cuestionada por el recurrente, emanó de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones legales y sometida a la aprobación del tribunal respectivo, contemplando el artículo 169 del Código Procesal Penal un mecanismo para que la víctima pueda lograr que se siga adelante con la investigación, por lo que no se divisa actuar ilegal o arbitrario que amerite la adopción de alguna medida protectora por parte de esta Corte.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Fiscalía Regional de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1274-2024 (Protección).-