nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

nombre reservado, nombre reservado

A.F.P. Provida Recurso de Protección Rol N°127-2021.- La Serena, trece de mayo de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que comparece MARCELO GIOVANAZZI RETAMAL, abogado, en representación de nombre reservado, chileno, factor de comercio, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de AFP PROVIDA S.A., RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en informar a la empresa EQUIFAX una deuda por cotizaciones previsionales de una ex empleada que éste mantendría con la entidad recurrida. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el mes de abril del año 2018 el recurrente celebró contrato de trabajo con doña nombre reservado, culminando la relación laboral el 28 de agosto del mismo año. Agrega que la trabajadora interpuso demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, causa que se tramitó bajo el RIT 677-2018, en la que se dictó sentencia de 03 de diciembre de 2018 que declaró nulo el despido y condenó al empleador al pago de cotizaciones en AFP Provida. Aduce que en la etapa de cumplimiento del fallo, la recurrida informó que el actor adeudaba la suma de $164.440, los que habrían sido pagados en su totalidad, dando cumplimiento a lo resuelto por el tribunal. Afirma que en mayo de 2020 se certificó el giro de cheque por la suma antes dicha a favor de la recurrida, y en mayo del mismo año se ofició a esa entidad a fin de remitirle el cheque. Sostiene que de este modo, nada se adeuda a la recurrida, lo que inclusive consta en certificado de deudas emitido por la propia recurrida que le fuera extendido al actor el 07 de septiembre de 2020. Explica que a pesar de no existir deuda, conforme a un Tribunal de la República y a documento emitido por la propia recurrida, el 24 de marzo de 2021 el recurrente se percata al pedir un informe comercial de Equifax, que la AFP Provida había informado la existencia de obligaciones previsionales pendientes por la suma de $1.282.924, la que no correspondería tampoco a lo que el recurrente adeudó en algún momento en el contexto del juicio laboral tramitado.

Argumenta que la actuación de constituye un acto de discriminación que afecta la garantía de igualdad ante la ley pues deja al actor en una posición desmejorada en el mercado en relación a los demás empleadores que se encuentran en una situación equivalente. Agrega que se afecta igualmente su derecho de propiedad, al intervenirse ilícitamente en su patrimonio al impedirle en la práctica, acceder a financiamiento o renegociar deudas.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, y en definitiva ordenar a la recurrida eliminar de Dicom la deuda informada, con costas.

En apoyo de sus pretensiones acompaña 1) Copia de certificado de fecha 12 de mayo de 2020, causa rol C-194-2019, Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, suscrito por nombre reservado, Funcionario Cuentas Corrientes Jurisdiccionales. 2) Copia de oficio de fecha 27 de mayo de 2020, causa rol C-194-2029, suscrito por el Juez Rodrigo Díaz Figueroa. 3) Copia de certificado de deuda emitido por Provida de fecha 7 de septiembre de 2020. 4) Copia de informe Dicom de fecha 24 de marzo de 2021.

SEGUNDO: Que, informando la recurrida solicita el rechazo de la acción con costas. Al efecto alega, en primer lugar, que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos que motivan la acción por tratarse de una materia propia de un procedimiento declarativo de lato conocimiento. Acto seguido, indica que no existe en este caso un derecho indubitado del actor, que deba ser cautelado en forma urgente. Controvierte, que haya incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria, e indica que revisada la base datos de AFP Provida se pudo constatar que el recurrente registra deuda previsional por cotizaciones obligatorias de doña nombre reservado, correspondientes a los periodos de abril 2018 a marzo de 2020, por la suma de $2.213.361. Explica que la deuda se generó en virtud de sentencia de fecha 03 de diciembre de 2018, dictada en la causa M-677-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, la que no ordenó el pago de cotizaciones de previsionales, no obstante, aquella decisión fue modificada por sentencia dictada con fecha 06 de mayo de 2019, en recurso de nulidad conocido por esta Corte, la que acogiendo el recurso, declaró nulo el despido y consecuentemente ordenó el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas. Afirma que en virtud de lo anterior, AFP Provida inició las acciones de cobro en contra del actor en su calidad de empleador moroso de cotizaciones previsionales, por los periodos de abril a agosto de 2018, además de los periodos que siguen devengando como consecuencia de la nulidad del despido. Hace presente que la causa RIT C-194-2019 a que alude el recurso, solo se refiere a las cotizaciones de los periodos de abril a agosto de 2018, no obstante es obligación de la AFP generar las acciones de cobro originada en la sentencia de reemplazo de esta Corte. Arguye que a la fecha de emisión del certificado “no deuda” acompañado al recurso no había sido cargada a su base de datos la deuda previsional originada en este último fallo, y que una vez ésta fue cargada, se procedió a solicitar a la Dirección del Trabajo, la incorporación del recurrente en los registros de empleadores morosos de cotizaciones previsionales, conforme a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Acompaña a su informe 1. Certificado de cotizaciones previsionales de doña nombre reservado 2. Certificado Dicom del recurrente de autos don nombre reservado 3. Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, Rit M- 677-2018 4. Sentencia de reemplazo dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de la Serena, causa Rol 331-2018.

TERCERO: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, es menester tener presente que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser manifiesta. Resulta además necesario el derecho cuya protección se reclame, ostente el carácter de indubitado, de manera que permita la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que del libelo de la acción intentada, se desprende que el acto ilegal o arbitrario que se alega, consiste en haber informado a Equifax una deuda previsional que ya habría sido pagada en forma íntegra por el actor.

Por su parte, en el informe, se alega que por efecto de la nulidad del despido declarada en sentencia emanada de esta Corte, se habría generado una deuda previsional que la fecha no ha sido solucionada por el recurrente, y que en virtud de tal circunstancia, se procedió a solicitar a la Dirección del Trabajo incorporar al actor en la nómina de empleadores morosos.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes incorporados por las partes, en particular del tenor del informe de la recurrida, estiman estos sentenciadores que no ha sido suficientemente establecida la existencia de una actuación ilegal o arbitraria que amerite cautela en carácter de urgente por parte de esta magistratura.

Así, en el certificado de cotizaciones incorporado por la recurrida, se aprecia únicamente el pago del periodo comprendido entre abril y agosto de 2018, por una remuneración inferior a aquella que en definitiva fue reconocida, tanto en sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena como en el fallo de reemplazo y en la que se fundamentó la nulidad del despido. A su turno, el actor incorporó antecedentes que dan cuenta suficientemente de haber pagado la suma de $164.440 en la etapa de cobranza, mas no acompaña alguna liquidación de deuda, u algún otro antecedente de la causa que permita concluir en forma irredargüible que aquel pago extinguió en forma total la obligación que sobre él pesaba. Al efecto, se advierte del tenor del informe que la contradicción alegada en cuanto a informar a Dicom una deuda previsional en circunstancias de haberse otorgado un certificado por el cual se le reconoce al actor carecer de deuda previsional, se encuentra suficientemente explicado por la demora en cargar la deuda derivada de sentencia dictada en recurso de nulidad, en la base de datos de la AFP, de manera que no se verifica la actuación arbitraria que se alega.

OCTAVO: Que de ese modo, no habiéndose acreditado suficientemente el hecho en que el recurrente basa su alegación de haber incurrido AFP Provida en ilegalidad o arbitrariedad al proceder en la forma descrita, la acción de protección que se ha intentado no podrá prosperar, por no existir un derecho que revista carácter indubitado que pueda, en estas condiciones, ser amparado mediante esta acción cautelar de urgencia.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por MARCELO GIOVANAZZI RETAMAL, en representación de nombre reservado, en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. (AFP PROVIDA)

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad Rol N° 127 - 2021 (Protección).-