GASTRONOMICA FAMILIA BECERRA SPA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Gastronómica Familia Becerra Spa.

I. Municipalidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº1269-2025.- La Serena, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el diecinueve de julio de dos mil veinticinco, don Fernando Ramos Rodríguez, abogado en representación de la sociedad GASTRONOMICA FAMILIA BECERRA Spa., deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, representada por su alcaldesa doña Daniela Norambuena Borgheresi, por el acto arbitrio e ilegal de ordenar clausurar el establecimiento comercial de la recurrente, lo que señala vulnerar sus derechos constitucionales consagrados en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

Expone que, el 19 de junio de 2025, la Ilustre Municipalidad de La Serena procedió a la clausura del negocio de la recurrente, notificando para ello el Decreto Alcaldicio N°1294, el que dispone el cierre inmediato del referido local debido a que, según ellos, allí se ejerce la actividad de “Cabaret”, sin contar con la correspondiente patente municipal, contraviniendo el artículo 23 del Decreto Ley N°3063 sobre Rentas Municipales.

Señala que el fundamento legal de la recurrida para tomar esta medida se basó en: a) artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales, que establece que “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley“; b) artículo 58 inciso segundo del Decreto Ley N°3.063 sobre Rentas Municipales que establece que el Alcalde puede ordenar la clausura de los negocios sin patente; c) citación N°10242, de 18 de mayo de 2025, del Segundo Juzgado de Policía Local, por expender bebidas alcohólicas sin acompañamiento de alimentos. (Ley 19925); y d) citación N°10595, de 18 de mayo de 2025, remitida al Segundo Juzgado de Policía Local, por permitir fumar en espacios cerrados sin habilitar lugar para ello. (Ley 19419).

Se refiere a la ilegalidad del Decreto Alcaldicio, señalando que éste se basa en lo informado por la Sección de Inspección del municipio, lo que alega ser insuficiente para estimar que se encuentra debidamente fundado en los términos que exige la Ley 19.880, ya que no existe constancia de ningún oficio emitido por los fiscalizadores en que se encuentre plasmada las infracciones detalladas en el decreto, y además, no se consigna ninguna otra prueba que certifique la efectividad de los hechos que se describen, como fotografías, videos, declaración de testigos, entre otros, de tal manera que la decisión adoptada por la autoridad municipal no se ajusta a la normativa vigente. Agrega que, la circunstancia de haberse cursado las infracciones indicadas, no significa que se estaba desarrollando una actividad de cabaret, ya que este giro considera y combina la venta de alcohol con espectáculos en vivo, como shows musicales, bailes o presentaciones artísticas, de lo cual no existe ninguna constancia o prueba suficiente que acredite que se realizaban estas diciplinas.

Indica que, el negocio de su representada cuenta con dos tipos de patentes: a) la de alcoholes, Rol N°401041, cuyo giro es restaurante diurno o nocturno con expendio de bebidas alcohólicas, y b) la comercial, Rol N°220258, que implica tener autorización para funcionamiento de restaurante sin venta de alcohol. Añade que de la revisión del acta de clausura consta que se indican una serie de bienes al interior del local, los cuales claramente son usados para funciones de restaurante, y no hay referencia en ésta a la existencia de instalaciones propias de un cabaret, como sería pista de baile, escenario, equipos musicales, micrófonos, entre otros.

Alega que, por lo expuesto el decreto municipal carece de elementos técnicos y jurídicos que validen su implementación, e infringe el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 y artículo 58 del mismo texto legal, los que sólo facultan a los Alcaldes para clausurar los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que se les impusieren; y que en el presente caso, la recurrente cuenta con dos tipos de patentes al día, y no mantiene multas pendientes, por lo que, la clausura del negocio no tiene sustento legal, y por tanto, deviene en ilegal y arbitrario.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, primero se refiere al derecho de propiedad, el cual indica estar gravemente afectado al impedir el funcionamiento habitual del restaurante, lo que implica una pérdida económica cuantiosa, indica que el negocio constituye la única fuente de ingresos de sus socios los cuales le permiten solventar los costos de vida familiares y de todo el personal que trabaja en el establecimiento comercial, agrega que se ha invertido dinero en su implementación, y que una medida como la tomada puede dañar la reputación del negocio y disuadir a los clientes de volver a visitarlo, lo que es una perdida.

Prosigue con la garantía del articulo 19 número 21 del texto constitucional, y señala que la actividad económica desarrollada no debe ser contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y debe respetar las normas legales que la regulen, por lo que al tener efecto lo resuelto por la recurrida se vulneraria esta garantía, pues se privaría a la recurrente de su legítima prerrogativa de desarrollar su trabajo y atender al público que lo visita.

Finaliza con la garantía constitucional de igualdad ante la ley, señalando que se encuentra infringida por el actuar poco prolijo de la Municipalidad al dictar un decreto con información errada y parcial que afecta la propiedad privada de la recurrente, por cuanto se pretende aplicar una medida discriminatoria en relación a otros establecimientos comerciales del lugar, sin tener una norma legal que la respalde.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje se efecto el Decreto Alcaldicio N°1294, de 19 de junio de 2025, o en subsidio se disponga las medidas que se estimen necesarias, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: Decreto Alcaldicio N°1294; Acta de Clausura; Patente de alcoholes, Rol N°401041; Patente comercial, Rol N°220258, y dos certificados de multas pagadas.

SEGUNDO: Que, a folio 12, comparece el abogado Fernando Nazer Castro, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

Expone que, conforme a la exposición de los hechos que realiza la parte recurrente, su parte advierte que no existe discusión sobre la efectividad de los hechos verificados por los inspectores municipales, que a la postre constituyen las infracciones que fundamentan el acto administrativo recurrido, quienes actúan como ministro de los hechos constitutivos de infracciones, existiendo para el “infractor” la posibilidad de controvertirlos ante el juez competente, hecho que no ocurre en el caso sub lite, puesto que derechamente se pagaron las multas cursadas como se acreditó con las ordenes de ingreso municipal acompañadas al recurso.

Por lo expuesto concluye que, en el local comercial utilizado por Gastronómica Familia Becerra SpA. efectivamente se expendía alcohol sin acompañamiento de alimentos, y se permitió fumar en un espacio cerrado sin las debidas habilitaciones para ello. Añade que, la actora no desvirtúa ni contradice el resultado de la fiscalización y su descripción. Hace presente que, la Sección de Inspección además relata un uso del local como si tuviese patente de cabaret, y la ocurrencia de riñas entre clientes bajos los efectos del alcohol al interior del local, que se trasladan a la calle.

En cuanto al Decreto Alcaldicio N°1294, señala que la facultad de la Alcaldesa para clausurar un local comercial emana del Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, pues cada actividad económica específica debe contar con su debida autorización, lo que se desprende del artículo 23, que señala que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa, sea cual fuere su naturaleza, está sujeta a una contribución de patente municipal. Y que, frente a una situación de funcionamiento sin patente, el artículo 58 inciso segundo del Decreto Ley N°3.063, faculta expresamente al alcalde para decretar la clausura de los negocios que funcionen "sin patente". Indica que la Corte Suprema ha establecido que el hecho de que un contribuyente cuente con una patente para un giro determinado no le impide incurrir en la infracción de funcionar sin patente si desarrolla una actividad distinta para la cual no está autorizado, y se aplica el criterio general que el local opera "sin patente", habilitando la clausura, invoca las sentencias Rol 8.897-2.014, Rol 8.186-2.014, Rol 14.759-2.018 y Rol 24.766-2.018. Por lo tanto, indica que la clausura no es un acto ilegal, si se advierte por la autoridad que el contribuyente ejerce una actividad comercial sin autorización.

Indica que, la parte recurrente también ha calificado el acto administrativo derechamente como ilegal, porque se basaría únicamente en lo informado por los inspectores municipales, no existiendo constancia en él de algún oficio de estos funcionarios, lo indica la recurrida ser erróneo, puesto que en el considerando N°3 se hace referencia a los informes de la Sección de Inspección, cuyas comunicaciones con la Dirección de Asesoría Jurídica se encuentran individualizados en los vistos del acto administrativo, a saber: a) El of. int. ord. N°05-317, de 16 de junio de 2025, de la Dirección Asesoría Jurídica a la Sección de Patentes Comerciales; b) el oficio N°30/7220, de 11 de junio de 2025, de la Sección de Inspección a la Dirección Asesoría Jurídica; c) el of. int. ord. N°05-292, de 10 de junio de 2025, de la Dirección Asesoría Jurídica a la Sección de Inspección; d) el oficio N°27/2025, de 3 de junio de 2025, de la Sección de Inspección a la Dirección Asesoría Jurídica. Refiere que, en estos oficios, como en los informes N°4345, y N°4343, ambos de 19 de mayo de 2025, la Sección de Inspección da cuenta del resultado de la fiscalización realizada en el local comercial llamado “Matusalem”, señalando cuáles son las infracciones constatadas, el funcionamiento y desarrollo de una actividad más allá de los autorizados en las patentes comerciales que ostenta la parte recurrente. En relación a que en local no existían elementos de un cabaret señalado por la actora, indica que es erróneo, ya que la diferencia entre una patente y otra es que la patente de restaurante habilita el expendio de alcohol a los clientes que asisten a comer, y la patente de cabaret habilita el expendio de alcohol en locales comerciales donde suelen desarrollarse bailes, shows artísticos u otro espectáculo, no siendo una exigencia de la hipótesis que permanentemente sea así, sino que lo esencial es la venta de alcohol sin acompañar alimentos en un lugar donde se pueden desarrollar por ejemplo, bailes.

Hace presente, que conforme al artículo 3 de la ley N°19.880, los actos administrativos-como el decreto cuestionado- gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad que, en este caso Gastronómica Familia Becerra SpA. no logra desvirtuar, por lo que el acto recurrido no resulta ser ilegal, la municipalidad se ha ajustado al marco legal para decretar la clausura del local comercial denominado “Matusalem”.

Con relación a vulneración de garantías constitucionales, señala que, debe recordarse que el legislador ha establecido que una actividad debe ajustarse al orden público y a las normas legales vigentes, y que en este caso el recurrente no respetó la autorización entregada, al realizar el expendio de bebidas alcohólicas que no acompañaban alimentos preparados y permitiendo actividades de baile, y otras que se ajustan a una patente de cabaret.

Indica que no se ve afectado el derecho de propiedad, porque no altera la clausura el patrimonio de la contraria, tampoco la igualdad, puesto que todo local comercial en la comuna en el que se desarrolla una actividad económica no autorizada es clausurado, y en relación a la garantía económica misma, siempre será posible desarrollarla si esta se realiza conforme al su correspondiente marco legal.

Concluye solicitando, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: Decreto Alcaldicio N°1294, de 19 de junio de 2025; Oficio. int. ord. N°05-317, de 16 de junio de 2025; Ord. N°30/7220, de 11 de junio de 2025; Of, int. ord. N°05-292, de 10 de junio de 2025; Ord. N°27/2025, de 3 de junio de 2025; y correo electrónico de 22 de mayo de 2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado es la dictación del Decreto Alcaldicio N°1294 del 19 de junio de 2025, el cual dispone el cierre del local comercial de la recurrente denominado “Matusalem”, por cuanto se le imputa ejercer actividad de cabaret sin patente municipal según constatan inspectores municipales, lo cual señala no ser efectivo, pues poseen dos patentes autorizadas de alcoholes y comercial, y no ejercen actividad de cabaret; además no posee multas sin pagar.

A su turno la recurrida, señala que el acto impugnado se basa en las infracciones constatadas por los inspectores municipales, quienes cursaron multas por expendio de alcohol sin alimentos y fumar en espacios no dispuestos para ello, además, de presenciar riñas de clientes bajo influencia del alcohol, que llegan hasta la calle, por lo que dan cuenta de ser usado local para actividad de cabaret.

SEXTO: Que, en el presente caso es necesario tener presente en cuanto a la ilegalidad reprochada del acto impugnado, que la decisión adoptada se encuentra inserta dentro del marco de las atribuciones de la que está revestida la recurrida, esto es, el artículo 58 del Decreto Ley N 3.063 sobre Rentas Municipales, el que contempla dentro de las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa la facultad para decretar la clausura de los locales o establecimientos que carecen de patente comercial, de modo que fluye que dichos actos no son antijurídicos.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, consta que el Decreto Alcaldicio se encuentra debidamente fundado, pues indica claramente al administrado la conducta que se le reprocha y la sanción que conforme a nuestro ordenamiento jurídico corresponde, asimismo señala los documentos que le sirven de base para tomar su decisión, existiendo prueba para ello en los documentos emanados de fiscalizaciones del departamento municipal respetivo la recurrente, entre otros negocios de la conurbación, en especial los Ordinarios 27 y del 03 y 11 de junio, ambos del 2025.

OCTAVO: Que, de lo razonado, no se advierte cómo el actuar de la Alcaldesa recurrida sea ilegal o arbitrario, toda vez que ha actuado conforme a las facultades que le confiere la ley, por lo que, tampoco se vislumbra la vulneración de los derechos o garantías de la actora, descartándose la afectación de las garantías consagradas en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de la sociedad GASTRONOMICA FAMILIA BECERRA Spa., en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA.

Se deja sin efecto la orden de no innovar concedida a folio 5 de la presente carpeta digital.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1269-2025 (Protección).-