nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA ¿ SUBSECRETARÍA DE SALUD

nombre reservado, nombre reservado

Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana Recurso de Protección Rol N°1268-2023.- La Serena, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha catorce de junio de dos mil veintitrés comparece don nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social.

Indica que con fecha 20 de marzo del año en curso, reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, a fin de que se reconsiderara lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, la cual mantuvo el rechazo a sus licencias médicas N°s 78344893-9, 79846362-4, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 06 de noviembre de 2022, en razón de un supuesto reposo no justificado.

Estimó la Superintendencia que, conforme al estudio de los antecedentes aportados, no se encontraba justificado el reposo prescrito por más tiempo que el ya autorizado con anterioridad, por lo que rechazó las licencias médicas ya referidas.

Señala que su psiquiatra tratante informó a las recurridas sobre su caso y razones del reposo por trastorno mixto de ansiedad y depresión mayor, lo que justificaba el reposo, afección psiquiátrica que dio origen a las licencias médicas extendidas, cuyo reposo se encontraba acreditado. Dichos antecedentes, los cuales determinaron un período más prolongado de recuperación de su capacidad funcional mínima, no fueron tenidos a la vista por la Superintendencia de Seguridad Social, para la adecuada resolución a la reconsideración planteada, ya referida al inicio.

Añade que el único peritaje que le han efectuado alguna de las recurridas fue anterior a licencias rechazadas.

Refiere que con fecha 16 de mayo de 2022, la Superintendencia de Seguridad Social, le notificó del rechazo de su petición, resolviendo en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-45544-2023: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 78344893-9, 79846362-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que tanto éstos como las licencias reclamadas son emitidos por médico general, sin certificar evaluación por especialista, lo que no es acorde a extensión de reposo. Junto con esto no describe disfuncionalidad ni ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia. No certifica psicoterapia con informe de proceso. Reposo no está tampoco justificado en peritaje.”

Cuestiona dicha resolución en cuanto no señala cuáles serían los referidos antecedentes, ni las razones o motivaciones que la impulsaron a adoptar tal determinación. A su vez, el profesional tratante si tiene certificada su calidad de psiquiatra. Tampoco indica la resolución cuál es el detalle que estima como idóneo faltante para llegar a su conclusión ni cuál es la psicoterapia o informe de proceso faltaría dentro del tratamiento que le fue indicado por el profesional tratante, ni aclara a qué peritaje hace referencia.

Sostiene que tanto el COMPIN como la Superintendencia de Seguridad Social, no han fundamentado por qué aprobaron ciertas licencias médicas y rechazaron otras, más aún, considerando informe médico aportado.

Estima que el ya reseñado rechazo de las licencias médicas es arbitrario, por cuanto se funda en una escueta resolución injustificada, sin ningún detalle de los antecedentes médicos o técnicos que justifiquen la decisión. Arguye además que las resoluciones de las instituciones recurridas, son ilegales, carentes de fundamento y racionalidad Por lo expuesto, considera vulneradas las garantías establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja la acción interpuesta, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-455442023, debiendo la recurrida aprobar las licencias rechazadas, específicamente Nros: 78344893-9, 79846362-4, y por lo tanto, admitirlas a pago, con una expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, abogada, por la recurrida COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, En primer lugar, alega la falta de legitimación pasiva, ya que el recurrente, hace mención expresa a la resolución R-45544-2023, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, y que viene a confirmar los rechazos de sus licencias médicas, debiendo en definitiva, considerarse esta resolución como atentatoria de garantías constitucionales y correspondiendo ejercer la acción cautelar contra dicha entidad. Así, este error o confusión del recurrente basta para proceder al rechazo de la acción ejercida.

En subsidio, y en cuanto al fondo, alega que las licencias N°3-78344893 y N°3-79846362, fueron rechazadas por Resoluciones Exentas N°41-22-028560 del 22 de noviembre de 2022 y N°41-22-032346 del 29 de diciembre de 2022, respectivamente, pronunciamiento confirmado por la SUSESO a través de Resolución Exenta N°R-45544-2023.

En este orden de ideas, respecto de las Resoluciones Exentas N°41-22-028560 y N°41-22032346, cabe rechazar la acción de protección, por existir fundamentos médicos y administrativos que justifican el rechazo efectuado por la COMPIN de Coquimbo. En efecto, cuando los médicos contralores de COMPIN evaluaron los antecedentes clínicos del Sr. nombre reservado, análisis que se efectúa a la vista de los antecedentes presentados por el recurrente, así como los que se disponen en la Cartola Médica del mismo, concluyeron que el reposo asociado a las licencias médicas del recurrente no tenía justificación médica administrativa, porque los antecedentes médicos aportados no justifican el reposo. Además, exponen las mismas resoluciones recurridas en su considerando segundo que la información proporcionada por el cotizante, el médico tratante en la apelación y por antecedentes previos que constan en poder de COMPIN, concluyen que no permiten justificar el período de reposo indicado mediante las licencias médicas reclamadas.

De esta forma, la decisión de la COMPIN de Coquimbo de rechazar las licencias médicas de don nombre reservado, encuentra su fundamento en los hechos y en el derecho.

A mayor abundamiento, los informes del médico tratante de fechas 15 de noviembre de 2022 y 03 de diciembre de 2022, no daban cuenta de los requisitos exigidos por el Decreto N°7, de 2013 y las Guías Clínicas, ambas del Ministerio de Salud, a saber: No indica el porcentaje de Escala de Evaluación de la Actividad Global o Escala de funcionalidad, no indica derivación GES, ni tampoco fecha probable del alta señalándose en definitiva sólo el diagnóstico y el tratamiento farmacológico.

Afirma que el rechazo de las licencias médicas del recurrente encuentra su fundamento en el excesivo periodo de licencia, además los informes médicos acompañados por el Dr. nombre reservado, en el que indica diagnóstico y tratamiento farmacológico, sin dar cuenta de la fecha probable de alta médica de forma clara.

Sostiene que el actuar de la COMPIN se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, sosteniendo, además, que no se ha acreditado por el recurrente vulneración a garantía constitucional alguna.

Por lo expuesto, solicita rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada.

TERCERO: Que comparece evacuando informe por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea. Sostiene que la acción de protección de autos fue interpuesta con fecha 14 de junio de 2023, en subsidio de las reclamaciones y recursos administrativos, resultando extemporánea, pues consta en autos que el recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas desde las fechas indicadas en las cuales ejerció los recursos administrativos ante la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, siendo el último de ellos la reposición de 20 de marzo de 2023, excediendo con creces el plazo de 30 días establecido en el auto acordado respectivo.

Por lo expuesto, solicita se rechace la Acción de Protección interpuesta por don nombre reservado por haber sido ejercida de forma extemporánea, con expresa condena en costas En subsidio, evacúa informe sobre el fondo, solicitando el rechazo de la acción.

Expone que el recurrente con fecha 9 de diciembre de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, toda vez que había confirmado el rechazo de la licencia médica N° 78344893-9, extendida por un total de 30 días de reposo a contar del 6 de noviembre de 2022 emanado de la ISAPRE BANMÉDICA S.A., por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

Agrega que con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, la Superintendencia recabó los antecedentes médicos de la ISAPRE reclamada, a saber, el registro histórico de licencias médicas y PERITAJE efectuado por el Dr. nombre reservado, PSIQUIATRA, con fecha 26 de septiembre de 2022.

Añade que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-UME-20698-2023, de 15 de febrero de 2023, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto: “...el reposo prescrito por la licencia médica N° 78344893-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En el informe médico no se detalla la evolución del cuadro o los síntomas durante el reposo y no especifica los ajustes farmacológicos en función de la evolución, con fechas y resultados, sin síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. No acredita asistencia a psicoterapia...”

Agrega que el actor, con fecha 19 de enero de 2023, recurrió nuevamente ante la Superintendencia de Seguridad Social reclamando en contra de la COMPIN DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, por haber confirmado el rechazo de la licencia médica N° 79846362-4, extendida por un total de 30 días de reposo a contar del 6 de diciembre de 2022, dispuesto por la ISAPRE BANMÉDICA S.A., toda vez que su contraloría médica considero que el reposo prescrito por el médico tratante resultaba injustificado.

Refiere que la Superintendencia, estudiados nuevamente los antecedentes médicos del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME23211-2023, de 21 de febrero del año 2023, confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada. Lo anterior, por cuanto: “...el reposo prescrito por la licencia médica N° 79846362-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos y el peritaje aportados no permiten establecer el compromiso funcional, rol terapéutico ni la incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 60 días por la misma patología...”

Indica que más adelante el actor, con fecha 20 de marzo de 2022, recurrió nuevamente ante la Superintendencia solicitando se reconsidere el Dictamen N° R-01-UME-20698-2023 de fecha 15 de febrero de 2023 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N° 78344893-9 y N° 79846362-4, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 6 de noviembre de 2022 emanado de la ISAPRE BANMÉDICA S.A., por reposo no justificado.

Expone que la Superintendencia, estudiados nuevamente los antecedentes médicos del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01IBS-65020-2023, de 16 de mayo 2023, confirmó sus pronunciamientos anteriores y, por lo tanto, el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento. “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 78344893-9, 79846362-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que tanto éstos como las licencias reclamadas son emitidos por médico general, sin certificar evaluación por especialista, lo que no es acorde a extensión de reposo. Junto con esto no describe disfuncionalidad ni ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia. No certifica psicoterapia con informe de proceso. Reposo no está tampoco justificado en peritaje...”

Afirma que de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la ISAPRE BAMÉDICA S.A. y confirmados por la COMPIN de la Región de Coquimbo y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

Luego de dar cuenta del marco jurídico y de las facultades de la Superintendencia, afirma que la pretensión de la recurrente no tiene fundamento legal y desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, pues su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

A su vez, estima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental., no existiendo tampoco vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.

Por lo anterior, solicita sea desestimada en todas sus partes la acción interpuesta, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, la alegación de falta de legitimación pasiva será desechada, puesto que si bien se alega por la recurrente respecto del acto terminal emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, no es menos cierto que también objeta los actos emanados de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que sirven de antecedente a los actos emanados de la Superintendencia, a los cuales también atribuye el efecto de vulnerar las garantías que estima amagadas.

SÉPTIMO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia de la resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día 20 de abril de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el 19 de mayo pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

OCTAVO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

NOVENO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-65020-2023, de 16 de mayo de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N° 78344893-9 y N° 79846362-4, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 6 de noviembre de 2022, por reposo injustificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “...el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 78344893-9, 79846362-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, puesto que tanto éstos como las licencias reclamadas son emitidos por médico general, sin certificar evaluación por especialista, lo que no es acorde a extensión de reposo. Junto con esto no describe disfuncionalidad ni ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia. No certifica psicoterapia con informe de proceso. Reposo no está tampoco justificado en peritaje...” (sic).

DÉCIMO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, al no contener la resolución recurrida referencia alguna a los antecedentes concretos en virtud de los cuales arriba a la decisión que en ella se contiene, ni un análisis pormenorizado de los mismos, todo lo cual deja al recurrente en un estado de indefensión, al desconocer en base a qué elementos la recurrida ha adoptado la determinación que en esta sede se reprocha.

UNDÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

DUODÉCIMO: Que, de todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente o la insuficiencia de los mismos. Aquello, en el caso particular, se aplica en relación a la exigencia de que las licencias médicas emanen de un médico psiquiatra, en tanto la Superintendencia sostiene que éstas fueron emitidas por un médico general, en circunstancias que de conformidad a los documentos acompañados el médico tratante suscribe los certificados como médico psiquiatra, no siendo razonable que la recurrida coloque sobre el recurrente la carga de cotejar si aquel antecedente es verídico o no. Por lo demás, no se acompaño ningún antecedente por la recurrida que sustente la objeción que señala respecto del referido profesional.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO CUARTO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

DÉCIMO QUINTO: Que, teniendo en consideración que las recurridas han resultado totalmente vencidas en esta sede, es que se les condenará en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de falta de legitimación pasiva, de extemporaneidad y de improcedencia de la acción.

II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-65020-2023, de 16 de mayo de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N° 78344893-9 y N° 79846362-4, disponiéndose que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez deberá autorizar el pago de las mismas, de plano y sin más trámite, dentro del plazo de cinco días corridos contados desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1268-2023 (Protección).-