Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol N°1262-2026 La Serena, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 23 de julio de 2026, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, venezolana, cédula de identidad NUM000, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, y de la Subsecretaría del Interior, representada por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la dictación del acto administrativo terminal que apruebe o rechace la solicitud de regularización extraordinaria, presentada por la recurrente el 11 de noviembre de 2025, transgrediendo con el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresa al país eludiendo el control migratorio, motivada por la difícil situación económica y política que vivía en su país, realizando posteriormente declaración voluntaria de ingreso clandestino, por lo que con el propósito de regularizar su situación migratoria, el 11 de noviembre de 2025, solicita regularización extraordinaria conforme lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 ante la Subsecretaria del Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido ninguna comunicación por parte de extranjería respecto a la solicitud, habiendo transcurrido 8 meses y 5 días.

Prosigue citando jurisprudencia e indicando que el silencio administrativo no resulta procedente, aludiendo a los principios que rigen la administración y los plazos de tramitación.

Concluye, previas citas legales, solicitando se acoja el recurso de protección ordenando a los recurridos que se pronuncien sobre la solicitud de regularización extraordinaria dentro de un plazo no mayor a 30 días, o el que se determine, con costas.

SEGUNDO: Que, el 07 de agosto de 2026, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección por no haber existido acto u omisión que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Refiere que no existe registro que la recurrente haya ingresado por paso habilitado, asimismo, el 11 de noviembre de 2025 remite solicitud de regularización extraordinaria al Ministerio del Interior, por lo que no se registra ingreso de solicitud alguna ante el Servicio.

Prosigue citando lo dispuesto en el artículo 155 N°8 y N°9 de la Ley N°21.325, señalando que corresponde informar el fondo del recurso a la Subsecretaria del Interior.

Concluye solicitando se rechace el recurso.

TERCERO: Que, el 14 de agosto de 2026, don Sebastián González Rubio, abogado, en representación de la Subsecretaria del Interior, evacúa el informe.

Inicia citando normativa aplicable al caso, para continuar señalando que la solicitud de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal de la recurrente, por caso calificado o humanitario, se encuentra en tramitación, no existencia una omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que la acción debe ser rechazada.

Refiere que el hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal por caso calificado o humanitario significa que la persona extranjera ha incurrido, previamente, de manera voluntaria en una o más contravenciones a la normativa migratoria.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización extraordinaria presentada el 11 de noviembre de 2025, lo cual la recurrente califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, respecto del Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad a lo informado por dicho organismo y a las competencias establecidas en la Ley N°21.325, aparece que carece de atribuciones para resolver la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente al amparo del artículo 155 N°9 del citado cuerpo legal, correspondiendo dicha facultad a la Subsecretaría del Interior, razón por la cual no es posible atribuirle la omisión ilegal y arbitraria denunciada en autos, motivo por el cual el recurso será rechazado respecto de dicho recurrido.

OCTAVO: Que, en relación con la recurrida Subsecretaría del Interior, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

NOVENO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización extraordinaria, cuya presentación fue realizada el 11 de noviembre de 2025.

Si bien es necesario considerar que la referida petición requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que la autoridad ha demorado en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante, plazo que, en este caso particular, aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

DÉCIMO: Que, la dilación en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, dado que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de regularización extraordinaria, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y, en consecuencia, se ordena a la recurrida emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, con relación a la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1262-2026 Protección.