Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior y otro Recurso de protección Rol N°1260-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad haitiana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por no dictar el respectivo acto administrativo terminal pronunciándose respecto a la solicitud de carta de nacionalización formulada por el recurrente. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 07 de febrero de 2025 el recurrente solicitó su nacionalización, sin que a la fecha haya obtenido respuesta de las recurridas. Sostiene que la Administración ha excedido largamente los plazos legales máximos para emitir una decisión, vulnerándose así los principios de inexcusabilidad, celeridad y conclusivo, todos recogidos en la Ley N°19.880, y afectando su garantía de igualdad ante la ley.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, y en definitiva ordenar a las recurridas resolver la solicitud planteada por el actor.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo del recurso.

Señala que, en efecto, el recurrente solicitó carta de nacionalización el 07 de febrero de 2025 y detalla que su solicitud se encuentra en etapa de ‘Primer Análisis’ desde la fecha de su presentación. Alega que al gozar el actor de un permiso de residencia definitiva se encuentra en situación migratoria regular, sin que la falta de decisión respecto a su nacionalización le acarree perjuicio alguno.

Hace presente que de conformidad a la legislación vigente, la labor del Servicio Nacional de Migraciones en la tramitación de las solicitudes de carta de nacionalización termina con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

TERCERO: Que, a folio 5 evacuó informe la Subsecretaría del Interior solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega que el tiempo de tramitación de la solicitud del recurrente se encuentra dentro del rango habitual de demora en la resolución de los procedimientos de esta índole y que, por lo tanto, no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario que pueda afectar en forma ilegítima los derechos fundamentales del extranjero por quien se recurre.

Por otra parte, arguye que el actor pretende instrumentalizar la acción de protección con el objeto de acelerar la tramitación de su solicitud en desmedro de la de otros interesados, por lo que no habría litigado con fundamento plausible.

CUARTO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consiste en la vía jurisdiccional cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar así la debida protección para el afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de la presente acción constitucional es necesario que exista un derecho o garantía fundamental objeto de protección y que éste se vea amagado por un acto ilegal o arbitrario.

QUINTO: Que, de los antecedentes que constan en la tramitación de la causa se concluye que es efectivo que el recurrente solicitó se le otorgue carta de nacionalización el 07 de febrero de 2025, sin que a la fecha haya obtenido un pronunciamiento de término de parte de las autoridades con competencia en la materia que deben intervenir en el procedimiento. Concretamente, se puede advertir que la solicitud del actor no ha culminado aún la tramitación que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones y que dicha repartición pública aún no remite los antecedentes emitiendo su calificación favorable o desfavorable para efectos de permitir a la Subsecretaría del Interior emitir el acto administrativo terminal que corresponda.

Dicha constatación, desde ya lleva a desechar el recurso respecto de la recurrida Subsecretaria de Interior, pues ella no ha recibido aún los antecedentes necesarios para sustanciar el procedimiento administrativo en aquella etapa en que le cabe responsabilidad, lo que importa que no es posible sostener que exista a su respecto alguna acción u omisión que pueda ser reprochada como ilegal o arbitraria, limitándose, por tanto, el análisis a la actuación desarrollada por el Servicio Nacional de Migraciones.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 de la misma ley define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechaza el recurso respecto de la recurrida Subsecretaría del Interior.

II.- Que, se acoge sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que el servicio deberá culminar la tramitación que a este corresponde respecto de la solicitud de nacionalización del recurrente, emitiendo el pronunciamiento que en derecho corresponda, y poniendo los antecedentes a disposición de la Subsecretaría del Interior, dentro del plazo de 30 días corridos a contar de la fecha de ejecutoriedad de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1260-2026 Protección. -