nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1260-2024.- La Serena, diecinueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1 comparece el abogado TOMÁS GUILLERMO MATHESON MUJICA, en nombre de don nombre reservado, trabajador, Haitiano(a), pasaporte del mismo origen R11230808, cédula nacional de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección de derechos constitucionales en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, RUT N°RUT reservado, servicio público, representado por su Director Nacional don Luis Thayer Correa, jefe de servicio, ambos domiciliados en domicilio reservado, con motivo de la demora excesiva en la tramitación de su permanencia definitiva, constituyendo una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que ha transcurrido casi dos años desde la presentación de su solicitud de permanencia definitiva, habiéndose resuelto varias solicitudes de personas que, en las mismas circunstancias, postularon con posterioridad a su representado.

Expone que su representado ha tenido previamente visas que le permiten postular a la residencia definitiva y que, en razón de aquello, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, solicitó ante el Servicio Nacional de Migraciones la permanencia definitiva, solicitud ingresada bajo el N°49809555. Refiere que le fue enviado el Comprobante de Envío de Solicitud de Residencia Definitiva el 05 de octubre de 2022.

Menciona que la demora genera las preocupaciones propias de no tener un acto administrativo terminal que le permita tener la seguridad absoluta de su residencia, o le permita conocer el estado para postular nuevamente.

Agrega que esta omisión ha generado que el recurrente no ha podido renovar cédula de identidad, con lo que se complejiza la realización de trámites laborales, médicos, bancarios, entre otros en que normalmente se solicita acreditar identidad y/o situación migratoria.

Por otra parte, refiere que en caso de haber sido rechazada su solicitud, el actor no ha tenido conocimiento de la resolución que le permita recurrir o presentar una nueva solicitud para poder obtener una cédula de identidad.

Sostiene que es de público conocimiento que personas en igualdad de condiciones que las del recurrente han recibido una respuesta en menor tiempo, lo que vulnera la igualdad ante la ley, constitucionalmente consagrada. Por tanto, la demora injustificada y excesiva, mantiene al recurrente en un estado de incertidumbre e intranquilidad, debiendo requerir periódicamente el certificado de ampliación de solicitud de permanencia definitiva en trámite.

Afirma que de lo señalado anteriormente, se advierte que el Servicio Nacional de Migraciones, como órgano perteneciente a la administración pública, está legalmente obligado a cumplir con los principios garantizados por el ordenamiento jurídico para el administrado, especialmente el de celeridad, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, excediéndose los plazos legales, los cuales se han cuadruplicado, constituyendo un abuso y una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley.

Destaca que el Decreto Ley Nº1094 de 1975, Ley de Extranjería, en su Título I, en los artículos 41 y siguientes, se trata la Permanencia Definitiva. Por su parte, el Decreto N°597 de 1984, del Ministerio del Interior, aprueba el nuevo reglamento de extranjería, indicando en sus artículos 80 y siguientes el marco regulatorio de esta situación. Agrega que, actualmente, luego de la entrada en vigor de la Ley 21.325, la Residencia Definitiva se encuentra normada por los artículos 78 y siguientes de la misma.

Sostiene que debido a que en la normativa anteriormente citada no se indican plazos ni formas de tramitación, se debe atender a lo dispuesto en la ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, la cual en su artículo 4° indica los principios que rigen el procedimiento administrativo, definiendo en el artículo 7° el principio de celeridad como: “Artículo 7º. Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. En el despacho de los expedientes originados en una solicitud o en el ejercicio de un derecho se guardará el orden riguroso de ingreso en asuntos de similar naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia”.

A raíz de aquello, afirma que no se ha dado cumplimiento al impulso de oficio por parte de la administración, como tampoco se ha actuado con celeridad, al haber transcurrido más de 6 meses para la emisión de la permanencia definitiva, encontrándonos a la fecha sin acto terminal que dé respuesta a la solicitud.

Añade, que según dispone el artículo 27 de la Ley 19.880, por regla general el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, lo que, en este caso, no se ha cumplido. Menciona que, a su vez, esto pugna con el principio de economía procedimental -al efectuar trámites dilatorios- y el principio de inexcusabilidad -al no haber dictado la resolución expresa a la que se encuentra obligada- regulados en los artículos 9 y 14 de la Ley 19.880, respectivamente.

Por todo lo indicado, menciona que resulta claro y evidente que la tramitación del caso de marras ha excedido totalmente los plazos razonables, afectándose la igualdad ante la ley como consecuencia de no existir un acto terminal.

Finalmente, previene que en caso de existir un acto administrativo terminal dictado en el proceso administrativo de su representado este no ha surtido efecto, toda vez que no ha sido notificado de él a la fecha, pues según dispone el inciso segundo del artículo 51 de la Ley 19.880 “los decretos y resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general”.

Por todo lo indicado y de conformidad a los artículos 13, 19 en su número 2 y el artículo 20 de la Constitución Política de la República; el Decreto Ley Nº1094 de 1975, Ley de Extranjería; la Ley 21.325, 19.880 y 18.834; el Decreto N°597 de 1984, del Ministerio del Interior; el Decreto N°5142 de 1960, del Ministerio del Interior, entre otras normas, solicitan tener por interpuesto recurso de protección, someterlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, ordenando dar curso progresivo a los autos administrativos tan rápido como sea posible, otorgando a la brevedad el acto administrativo terminal del proceso administrativo de residencia definitiva de don nombre reservado, ya individualizado, cesando las vulneraciones a sus garantías constitucionales.

Acompaña a su acción: 1. Copia de Pasaporte de la parte Recurrente. 2. Solicitud de Permanencia Definitiva en Trámite SEGUNDO: Que, a folio 7 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción.

Solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección, arguyendo que conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencias de 20 de marzo de 2023 pronunciadas en las causas Rol N°115.064-2022 y N°115.368-2022, la sola tardanza en la resolución de las solicitudes de permanencia definitiva no es constitutiva de ilegalidad o arbitrariedad que pueda suponer afectación a las garantías constitucionales de los solicitantes, ni aún en grado de mera amenaza, de lo que se seguiría que la materia planteada en el recuso exceda “la tutela cautelar que es propia del recurso de protección”. Agrega que, dado lo resuelto por el máximo tribunal, se concluiría que no existe un derecho indubitado que deba ser cautelado a través de esta acción constitucional.

En subsidio a la declaración de inadmisibilidad, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el recurso de protección se dirige erróneamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. En efecto, refiere que la supuesta omisión, que se estima por el recurrente como vulneratoria de derechos fundamentales, no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respeto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República. Por lo anterior, solicitó que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y, en subsidio, que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva.

En cuanto al fondo, solicitó el rechazo de la acción, por no existir acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos constitucionales resguardados por la acción de protección.

Informa que el 24 de octubre de 2017, el recurrente ingresó por primera vez al país, por motivos de turismo, por el paso fronterizo Aeropuerto Comodoro nombre reservado.

Relata que, mediante resolución exenta N°10938 de fecha 27 de diciembre de 2018, la Gobernación de Elqui, otorga por primera vez visa temporaria, en calidad de titular, por el plazo de 1 año. Dicho beneficio se mantuvo vigente desde 14 de enero de 2019 hasta el 14 de enero de 2020. Agrega que el 02 de julio de 2022, el recurrente solicita al Servicio Nacional de Migraciones el beneficio migratorio de residencia definitiva, mediante solicitud N°49809555. Sin embargo, con fecha 05 de octubre de 2022, se notificó mediante correo electrónico número 29630911 que, su solicitud de permanencia definitiva no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de antecedentes, en atención a que no presentó certificado de antecedentes del país de origen, la copia del contrato actual no se legalizó ante notario y el certificado de vigencia del contrato, no se legalizó ante notario y el que se presentó no era el que se le estaba solicitando.

Menciona que mediante resolución exenta N°24074918 de fecha 17 de febrero de 2024, se aplica una multa equivalente a $32.171 al recurrente, por no haber solicitado cédula de identidad en el plazo establecido en el artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería y el artículo 49 de su Reglamento.

Afirma que el 10 de julio de 2024 se notifica mediante correo electrónico número 61446437 de fecha 10 de julio de 2024, que, habiendo analizado su solicitud de Residencia Definitiva, ID 49809555, el Servicio de Migraciones ha verificado que se encuentra comprendido en la causal de rechazo consistente en no remitir certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, decide rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Además, indica que se procede al rechazo de la solicitud, puesto que el recurrente no paga multa por residencia irregular. Menciona que en dicha oportunidad, se le comunicó que disponía de un plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación, para realizar los descargos respecto de la causal invocada, debiendo acompañar todos los documentos que sirvan de sustento a sus aseveraciones, a través de la plataforma dispuesta para ello.

Puntualiza que encontrándose en tramitación la solicitud de residencia definitiva del recurrente, el recurrente puede acceder a un certificado que acredite tal situación, en los términos del artículo 1 N°25 de la Ley N°21.325, y del artículo 45 del Decreto N°296 de 12 de febrero de 2022, Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

Señala que el Servicio de Migraciones ha remitido oficios a diversas instituciones públicas, con el objeto de que se impartan las instrucciones pertinentes para que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº21.325, en cuanto a reconocer como vigentes aquellas cédulas de identidad que sean exhibidas conjuntamente con el comprobante de residencia en trámite.

Asimismo, indica que en la Ley de Presupuesto para el sector público del año 2023, se considera un presupuesto de $992.089.000.- sólo por concepto de “regularización rezago solicitudes migratorias”, de lo que se demuestra la preocupación que existe para la Administración por la demora en la tramitación de las solicitudes de residencia.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a diversos fallos que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

Agrega a su informe los siguientes documentos: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N° 34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 9.Notificación sanción pecuniaria, de fecha 17-02-2024 del Servicio Nacional de Migraciones, y 10. Notificación pre rechazo de fecha 10 de julio de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que –a lo menos en abstracto– son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por el recurrente corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de aquello, es dable mencionar que con fecha 10 de julio de este año, la recurrida rechazó la solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, refiriendo haber verificado que se encuentra comprendido en la causal de rechazo consistente en no remitir certificado de antecedentes del país de origen debidamente legalizado y/o apostillado, requisito exigido para otorgar el permiso de residencia definitiva, aunado a la circunstancia consistente en que recurrente no pagó la multa por residencia irregular.

Por estas razones, se puede verificar que el fundamento principal sobre el cual se basa el recurso intentado perdió oportunidad, ya que con la dictación del acto administrativo de fecha 10 de julio de 2024, la omisión denunciada ya no concurre.

I.- Que, se rechaza la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1272-2024 (Protección).-