nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N° 121-2021.- La Serena, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiocho de marzo de dos mil veintiuno comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, en favor de don nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Intentos, por la Resolución EXENTA RA N° 246/125/2021 RM REGION METROPOLITANA, de fecha 25 de febrero notificada el día 26 de febrero al correo electrónico institucional del recurrido correo reservado, mediante la cual se dispone la no renovación de la contrata, por ser dicha resolución ilegal y arbitraria Exponen que el recurrente ingresó a desempeñar funciones en el Servicio de Impuestos Internos en la Dirección Regional de la Serena el 25 de abril de 2000, en calidad de contrata. Dicha contratación se extendía hasta el 31 de diciembre de 2000 o hasta que sus servicios fueran necesarios. Destaca que desde esa fecha sus contratas han sido prorrogadas continua y sucesivamente, siendo su última prórroga el año 2020, la cual extendía su contratación hasta el 31 de diciembre de 2020. El funcionario tiene 20 años y 8 meses de antigüedad como contrata en el Servicio de Impuestos Internos.

Hacen presente que el funcionario durante sus 20 años de carrera ha sido bien calificado, periodo 2017-2018, Lista 1 Distinción y periodos calificatorios 2018-2019 y 2019-2020 lista 2 buena.

Añaden que el funcionario es Técnico en informática y ha desempeñado funciones en la Dirección Regional de la Serena, Sede Regional, Dependencia de Cordovéz, Unidad de Illapel, Unidad de Ovalle, Unidad de Coquimbo.

Mencionan que al funcionario le fue previamente no renovada su contrata mediante la resolución recurrida ante esta Corte, N° 246/892/2020 del 25 de noviembre de 2020, que dio origen al recurso Rol 1950-2020 nombre reservado con Servicio de Impuestos Internos.

Hacen presente que el funcionario sufre de Parkinson desde el 2011, que su actividad intelectual se ha mantenido estable, que su enfermedad está controlada pero claramente la padece.

Destacan que su parte se desistió del recurso de la referencia Rol 1950-2020 Ilustrísima Corte de La Serena, al dejar sin efecto la resolución recurrida el servicio, prorrogando la contrata del recurrido, la que nuevamente se la ha puesto término anticipado mediante RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 246/125/2021 RM REGION METROPOLITANA, de fecha 25 de febrero notificada el día 26 de febrero al correo electrónico institucional del recurrido correo reservado

Entienden que la decisión de no renovar la contrata no puede descansar en los fundamentos entregados por la autoridad en la resolución referida por cuanto en ningún caso justifica el ejercicio de una potestad legal sin siquiera señalar como se justifica ni señala la necesidad del servicio público de prescindir de la contrata, que se ha renovado por 20 años.

Profiere que respecto de un funcionario que se ha desempeñado como contrata por 20 años, es imposible sostener que se trate de una función transitoria, por cuanto queda en evidencia que la necesidad pública que se pretende satisfacer a través de aquella prestación de servicios ha devenido en permanente, alejándose con ello de la naturaleza y fines propios de los empleos a contrata. Por tanto, aplicar las reglas inherentes a la precariedad de los empleos a contrata a una relación jurídica que sustancialmente no posee tal calidad, es ilegal, por cuanto su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, es decir 2 veces calificado en lista 3 o calificado afinada lista 4, supuestos fácticos que no concurren en la especie.

Por otra parte, aducen que se ha creado en el funcionario la razonable expectativa de seguir en sus funciones por los siguientes motivos: ha sido renovado anualmente en sus funciones desde el año 2000; ejerció hasta su desvinculación sus funciones; fue calificado en Lista 2 Buena.

Manifiestan que no existe motivación para a la contrata de su representado, sino solo es el resultado del actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad (sic). Por cuanto no existe un programa en el cual se desempeñe y no continúe o tampoco restructuración que importe que las funciones que desempeña la funcionario no se ejecutaran, tampoco un proceso de evaluación que califique a la funcionario en lista de eliminación y tampoco un perfil que el funcionario no cumpla.

Agregan que el proceder adoptado por la recurrida, exige una fundamentación idónea, lo anterior, en base a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 19.880 de Base sobre Procedimiento Administrativo, y por cierto que acorde a lo ordenado por la misma Contraloría General de la República, aplica Dictamen Nº 85700 / 2016, todas cuestiones ignoradas en la especie.

Puntualizan que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho consagrado en Art 19 Nº 24 de la Constitución reconoce a todas las personas, relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar.

Adicionan que la decisión de no renovar la contrata, no puede descansar someramente en que el nombramiento del funcionario se prolongue “mientras sean necesarios sus servicios”. Esta frase, o cláusula, en ningún caso justifica el ejercicio de una potestad legal sin siquiera señalar como se justifica la necesidad del servicio público de prescindir de la contrata. En un Estado de Derecho, no basta escudarse en el ejercicio de una potestad, se debe cumplir con al menos el requisito mínimo de racionalizar los actos de los entes públicos, porque pensar en sentido contrario, nos conduce inevitablemente al abuso y la injusticia contra los ciudadanos.

Sostienen que la arbitrariedad resulta evidente, pues como señalamos anteriormente es posible apreciar por medio de una simple lectura, la ausencia de fundamento racional evidente, pues en la resolución ya individualizada nada se señala respecto a alguna posible causal de mérito para justificar la decisión del ente administrativo.

También estiman vulnerada la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita invalidar la no renovación de la contrata de don nombre reservado, ordenar su reintegro y el pago de sus remuneraciones, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta N°246/125/2021 de 25 de febrero de 2021; 2.- Notificación Resolución Exenta N°246/125/2021 de 25 de febrero de 2021; 3.- Resolución N°246/934/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020; 4.- Certificado pensión en trámite; 5.- Resolución Exenta N°246/892/2020 de 25 de noviembre de 2020; 6.- Calificaciones 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020; 7.- Certificado de antigüedad; 8.- Certificados médicos.

SEGUNDO: Que, evacuó informe MARÍA MARCELA MUÑOZ FOGLIA, abogado, por el director del Servicio de Impuestos Internos.

Expone que mediante Resolución SIIPERS Nº 260, de fecha 25 de abril de 2000, ese Servicio contrató al recurrente, bajo la modalidad de empleo a contrata, como Técnico en Informática, asimilado a grado 18°, de la escala única de sueldos, a contar del 17.04.2000 hasta el 31.07.2000, contrata que se fue renovando anualmente.

Señala que, a partir del año 2018, se detectó una baja en su desempeño, siendo calificado en el periodo 2018-2019, en lista 2, con un puntaje de 72.5 puntos, de un total de 100 puntos. No obstante, en lugar de mejorar su desempeño, este continuó decayendo, tanto así que durante el periodo 2019- 2020, obtuvo una calificación de 62,5 puntos, lo que nuevamente lo situó en lista 2.

Indica que el recurrente estaba en conocimiento de las deficiencias que observaba su jefatura, en las áreas de cumplimiento y calidad de la labor realizada, toda vez que aquellas le fueron comunicadas, en los procesos de evaluación de desempeño, que comprende una etapa de “retroalimentación”, de ambos periodos.

A mayor abundamiento, con el fin de dar apoyo y seguimiento al funcionario, se elaboró un plan de trabajo con el consultor de desarrollo organizacional de la IV Dirección Regional La Serena, el que le fue comunicado, a su correo electrónico institucional, con fecha 28.02.2020.

No obstante, lo anterior, en los meses siguientes no se observó mejora en el desempeño del recurrente, razón por la cual, ante los reiterados incumplimientos de las tareas asignadas, con fecha 03.08.2020, se registró y notificó, por correo electrónico una anotación de demérito en su hoja de vida.

Asimismo, con fecha 15.10.2020, se le notificó personalmente el informe de precalificación correspondiente al periodo 2019-2020, en el cual se le reiteraron las observaciones realizadas anteriormente; proponiéndose una calificación de 62,5 puntos. Respecto de este instrumento, el recurrente no formuló observaciones en los términos establecidos en el inciso final, del artículo 20, del Decreto Nº 1825/98, (Reglamento de calificaciones, del personal afecto al estatuto administrativo).

Destaca que con fecha 30.10.2020, el Director Regional de la IV Dirección Regional de La Serena, solicitó a la Dirección Nacional de ese Servicio la no renovación de la contrata señalada, debido a que la Jefatura directa del funcionario, así como la Asistente Social y el Consultor de Desarrollo Organizacional de la Dirección Regional, pese a haber realizado diversas retroalimentaciones para mejorar el desempeño del recurrente, señalaron que no obtuvieron mejoras en el nivel de cumplimiento de las tareas asignadas.

Posteriormente, con fecha 21.12.2021, se notificó al actor su calificación del periodo 2019-2020, no habiendo sido apelada ésta ante el jefe de Servicio, dentro del plazo de 5 días, establecido en el artículo 33, del Decreto 1825/98, a que se ha hecho referencia.

Añade que mediante Resolución RA N° 246/892/2020, 25.11.2020, se certificó la no renovación de la contrata señalada, acto que fue notificado al recurrente, en forma personal, con fecha 26.11.2020.

Posteriormente, con fecha 30.11.2020, el Jefe Departamento de Gestión de las Personas, de la Subdirección de Desarrollo de las Personas de este Servicio, sostuvo una reunión virtual con el recurrente, en la que el funcionario solicitó que se reconsiderara la medida de no renovación de su contrata, requiriendo se le otorgara un plazo, para en el intertanto, diera inicio a los trámites para su jubilación, por enfermedad.

Refiere que en virtud de la reunión anterior, y como consecuencia del análisis de los nuevos antecedentes, con fecha 28.12.2020, se emitieron las Resoluciones Ex. RA N° 246/934/2020 y RA N° 246/935/2020, en virtud de la cuales se dejó sin efecto la Resolución RA N° 246/892/2020, que había dispuesto la no renovación de la contrata del Sr. nombre reservado; y, se contrató al actor, desde el 01.01.2021 y hasta el 31.03.2021, como Técnico asimilado a grado 14° de la escala de Sueldos del D.L. 3551, de 1980, de la Planta de Técnicos, con jornada de 44 horas semanales.

Destaca que estas resoluciones le fueron notificadas mediante carta certificada, despachada al domicilio del actor, con fecha 29.12.2020.

Paralelamente, con fecha 29.12.2020, el recurrente interpuso un recurso de protección ante esta Iltma. Corte, autos Rol Nº 1950-2020, en contra de la Resolución RA N° 246/892/2020, previamente individualizada; desistiéndose de esta acción con fecha 07.01.2021.

Asimismo, con fecha 24.12.2020, presentó una licencia médica, la que establecía que éste debía mantener reposo a contar del 28.12.2020, reposo que ha sido renovado en forma continua, mediante la presentación de otras licencias médicas.

Posteriormente, con fecha 25.02.2021, se emitió la Resolución Ex SII N° 246/125/2021, mediante la cual se le comunicó que no se renovaría o prorrogaría la contrata efectuada mediante Resolución Ex. RA N° 246/934/2020. Esta resolución le fue notificada por medio de carta certificada, despachada el día 26.02.2021, a su domicilio.

Finalmente, con fecha 12.03.2021, el actor presentó licencia médica por un periodo de 30 días, comprendido entre el 15 de marzo y el 13 de abril de 2021; y con fecha 28.03.2021, interpuso la presente acción de protección.

A continuación, sostiene la improcedencia de la acción deducida. En efecto, en el caso de marras, el recurrente interpone su acción en contra de lo que considera la decisión de esa autoridad de poner término a su contrata, para lo cual singulariza como acto arbitrario y/o ilegal la Resolución Ex. RA N° 246/125/2021, de fecha 25.02.2021, mediante la cual se le comunicó que no se renovaría o prorrogaría la contrata efectuada mediante Resolución Exenta RA N° 246/934/2020, que le fue notificada por correo electrónico de fecha 26.02.2021.

Sin embargo, esta última es una resolución de mera certeza, que se limita a dar cuenta de un hecho que ya era conocido por el recurrente, consistente en que su contrata iba a finalizar definitivamente el día 31.03.2021; de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Ex. RA N° 246/935/2020, de fecha 28.12.2020, que le fue notificada mediante carta certificada, despachada a su domicilio, domicilio reservado.

A mayor abundamiento, el fundamento de su escrito de desistimiento, al primer recurso de protección interpuesto (en autos Rol N° 1950-2020), es precisamente la dictación de esa resolución, respecto de la cual indica: “en esta nueva resolución que le fue notificada el 05 de enero de 2020, … se le contrata desde el 01 de enero y hasta el 31 de marzo de 2021.”

En consecuencia, la presente acción resulta ser extemporánea, debiendo ser declarado así, por cuanto, ha transcurrido con creces el plazo de 30 días corridos contados para su interposición, toda vez que, según los propios dichos del actor, éste tuvo conocimiento cierto, el 5 de enero del presente año, que su contrata era por solo tres meses y que iba a finalizar, indefectiblemente, el 31.03.2021. De esta forma, al haber interpuesto su recurso con fecha 13.04.2021, el término respectivo se encontraba latamente vencido.

A continuación, aduce que EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONOCER DEL ASUNTO SOMETIDO AL CONOCIMIENTO DE VUESTRO TRIBUNAL.

En efecto, la acción de protección es una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria, por lo cual, su ámbito de aplicación se limita a aquellos actos, cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistente e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendida las circunstancias y modalidades concretas de la situación de la que se trata.

Conforme a ello, este recurso no puede emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas, ya que las meras expectativas no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

En efecto, cabe recordar que, por este medio, el actor solicita que se adopten todas las medidas necesarias para dar efectivo resguardo a sus garantías constitucionales; requiriendo, específicamente, “invalidar la no renovación de la contrata de don nombre reservado, ordenar su reintegro y el pago de sus remuneraciones”. Sin embargo, dicha petición conlleva, necesariamente, que esta Corte resuelva previamente temas de fondo relativos a: (1) la existencia de un derecho adquirido del recurrente para continuar desempeñándose en esa repartición pública, más allá del vencimiento del acto administrativo mediante el cual se le contrató; y, (2) Que, los motivos por los cuales la administración adoptó la decisión respecto de la no continuidad de los Servicios del actor, fueron o no procedentes.

El razonamiento expuesto lleva, necesariamente a concluir, que en presente caso no existe un derecho indubitado del recurrente de autos.

A mayor abundamiento, de la lectura del libelo del recurso de protección interpuesto se puede colegir que, mediante esta acción, el actor ésta reclamando de la legalidad de la decisión de esa autoridad administrativa, en orden a poner término al vínculo que los une, lo que implica necesariamente, revisar el mérito de dicha decisión, lo que necesariamente debe hacerse en un procedimiento contradictorio de lato conocimiento.

Luego, sostiene la INEXISTENCIA DE ACTO ILEGAL U ARBITRARIO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS; LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA QUE SE EJERCIÓ.

En este acápite, hace presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 7º, letra J), del DFL N° 7, de 1980, que contiene la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, el director de este organismo tiene la facultad de:

“Nombrar al personal y poner término a sus funciones en cualquier momento; destinarlo y asignarle comisiones de servicios o de estudio, y dictar toda otra disposición sobre administración de personal y las relativas a régimen interno que, a su juicio exclusivo, se requieran para garantizar la marcha eficiente del Servicio”.

El ejercicio de esta facultad se encuentra regulado, desde el punto administrativo, en los Dictámenes de la Contraloría General de la República N°s 85.700 y 6.400, de fecha 28.11.2016 y 02.03-2018, respectivamente; que imparten instrucciones fijando criterios respecto a la no renovación de las contratas, duración menor a un año y término anticipado de las mismas, estableciendo que se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Debe existir un acto formal de la administración que indique la no renovación de la contrata: ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°, de la Ley Nº 19.880, disposición conforme a la cual las decisiones escritas que adopte la administración se expresarán en actos administrativos.

2. Debe existir una “motivación”, en los términos exigidos en los artículos 11° y 41 (inciso cuarto), ambos de la Ley Nº 19.880; por lo cual los actos administrativos que contengan la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que aquello se sustenta.

3. Debe ser dictado dentro de plazo, en estos términos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, inciso primero, de la ley N° 18.834, y artículo 2°, inciso tercero, de la ley N° 18.883, dicha facultad debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación.

4. El acto administrativo debe ser notificado al funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley Nº 19.880, dentro del plazo de cinco días, desde que se encuentre totalmente tramitado el acto.

5. Registro y toma de razón del acto; Los actos administrativos que, respecto de funcionarios en los que se ha generado la confianza legítima, se renueve la contrata por un período igual o inferior a tres meses, el decreto o resolución que contenga tal decisión estará exento del examen de legalidad preventivo, pero deberá ser enviado a esa Entidad de Control, para su registro, dentro del término de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 6°, N° 8, de la Resolución N° 10, de 2017, sobre Trámite de toma de razón.

En el caso de autos, los actos administrativos dictados por el Servicio, relacionados con el término de la contrata del actor, han cumplido todos y cada uno de los requisitos expuestos precedentemente.

Luego, señala que, si bien es cierto, en el caso de autos el recurrente pudo mantener una expectativa legítima, a consecuencia de las múltiples renovaciones de su contrata, ella finalizó debido a un cambio de circunstancias, esto es, su deficiente desempeño, que comenzó en el periodo 2018- 2019 y se mantuvo durante el periodo 2019-2020, en virtud del cual se decidió no prorrogar su contrata. En este contexto fue dictada, la Resolución RA N° 246/892/2020, de 25.11.2020.

Aun mas, el funcionario se mantuvo conforme con las calificaciones de ambos periodos, toda vez que no reclamó de aquellas, ante el Jefe de Servicio, ni formuló observaciones de que debiera conocer la Junta Calificadora.

Sostiene que circunstancias extraordinarias relativas al estado de salud del funcionario, de las cuales no se tenía conocimiento en el momento de dictar la Resolución RA 246/892/2020, hicieron necesario dejar sin efecto ésta, con el único objetivo que el funcionario dispusiera de un plazo mayor, para efectuar sus trámites previsionales, destinados a obtener su pensión de invalidez, permitiendo así que en el tiempo intermedio pudiera recibir su remuneración.

Es en este contexto que se dicta la Resolución Exenta RA N° Resolución Exenta RA N° 246/935/2020, de 29.12.2020, y posteriormente la Resolución Exenta RA N° 246/125/2021, de 25.02.2021, recurrida en estos autos, la que no es más que un acto declarativo de mera certeza, que constata un hecho conocido y aceptado por el actor desde el mes de diciembre de 2020.

En estos términos, no habiéndose afectado el principio de la confianza legítima, y cumpliéndose los requisitos de forma ya descritos, en el caso de autos no puede considerarse que estamos frente a un acto ilegal o arbitrario de la administración.

Refiere la INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Por estas consideraciones solicita rechazar la acción de protección interpuesta, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta RA N° 246/125/2021 de 25.02.2021; 2.- Resolución Exenta RA N° 246/892/2020, de 25.11.2020; 3.- Certificado de Licencias Médicas presentadas por el sr. nombre reservado, desde el 28.12.2020 hasta la fecha; 4.- Resolución Exenta RA N° 246/934/2020, de 28.12.2020; 5.- Resolución Exenta RA N° 246/935/2020, de 29.12.2020; 6.- Copia de anotación de demérito, de fecha 03.08.2020.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que se sindica por la recurrente como acto arbitrario e ilegal que priva, perturba o amenaza las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a la RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 246/125/2021 RM REGION METROPOLITANA, de fecha 25 de febrero de este año, notificada el día 26 de febrero al correo electrónico institucional del recurrido, emanada del Servicio de Impuestos Internos, que dispuso la no renovación de empleo a contrata del recurrente, a partir del 31 de marzo del año en curso.

SEXTO: Que, son hechos establecidos y no discutidos en el presente recurso los siguientes: Que el recurrente fue designado en el Servicio de Impuestos Internos, en la Dirección Regional de la Serena, el día 25 de abril del año 2000, en calidad de contrata, extendiéndose dicha contratación hasta el 31 de diciembre de 2000 o hasta que sus servicios fueran necesarios; que desde esa fecha sus contratas han sido prorrogadas continua y sucesivamente, siendo su última prórroga el año 2020, la cual extendía su contratación hasta el 31 de diciembre de 2020; que el recurrente tiene 20 años y 8 meses de antigüedad como contrata en el Servicio de Impuestos Internos, calidad que mantuvo hasta la dictación de la resolución impugnada que determinó el termino de dicha contrata por encontrarse vencido el plazo por el cual fue designado, hasta el día 31 de marzo del presente año.

SÉPTIMO: Que, para la adecuada resolución del asunto propuesto, es del caso señalar que el empleo a contrata es esencialmente transitorio y de duración limitada en el tiempo.

Que la característica temporal que tienen los empleos a contrata se desprende de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, que define a la planta de personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución y luego al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, con relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, implícita está la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata incluso antes de la fecha recién indicada.

OCTAVO: Que, es dable decir que de las normas legales reseñadas se desprende que la autoridad administrativa detenta la prerrogativa de poner término a una contrata mediante su no renovación o en el momento en que estime conveniente, como es el caso en estudio, sin perjuicio que esta decisión debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos que justifican su decisión y que se tuvieron en cuenta para su adopción, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta, lo anterior como resguardo del principio de “confianza legítima” generada en el empleado, cuando se dan los supuestos para ello, como en el caso sub lite sucede.

NOVENO: Que, sobre el mismo punto Contraloría General de la República ha dicho que “Al respecto, es pertinente anotar que la jurisprudencia administrativa acerca de esta materia, contenida en los dictámenes N 85.700, de 2016, y 6.400, de 2018, entre otros, de esta procedencia, ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la citada fórmula -esto es, “mientras sean necesarios sus servicios”-, la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado. En efecto, esos pronunciamientos exigen que la superioridad emita un acto administrativo en que se detallen los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme con los cuales ha adoptado su decisión, de modo que, de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio para ello, sin que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se adoptó la determinación de que se trate, ni la alusión a expresiones como “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, sean suficiente para satisfacer tal condición”. (Dictamen N° 18.695/2018)

DÉCIMO: Que, siendo lo cuestionado por la reclamante la falta de fundamentación del acto impugnado y no la facultad de la autoridad administrativa para adoptar dicha decisión, es que se procederá a analizar este aspecto de la Resolución Exenta atacada.

UNDÉCIMO: Que, oportuno es tener en consideración que el acto impugnado es un acto administrativo pues es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública, en concreto es un acuerdo. (Artículo 3 Ley 19.880)

DUODÉCMO: Que, en consecuencia, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos” como también lo que dispone el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley en cuanto dice “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

DÉCIMO TERCERO: Que, como se ve, es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo y, además, debe ser pertinente a la decisión que en base a ella se adopta.

Además, fundamentar, según el Diccionario de la Lengua Española, es “Establecer la razón o el fundamento de una cosa” y es aquello precisamente de lo que todo acto administrativo debe estar provisto para no ser tachado de ilegal, por falta de cumplimiento de un mandato legal, como tampoco de arbitrario, al no contener las razones que lo sustentan.

DÉCIMO CUARTO: Que, no obstante lo extenso de la resolución cuestionada no es menos cierto que lo decisivo se encuentra en el párrafo final que reza: “Que, con posterioridad a su nuevo contrato, el Sr. nombre reservado presentó licencia médica, por lo cual su jefatura se vio obligada a redistribuir su carga de trabajo entre los demás funcionarios del equipo del área informática, sin que la ausencia del funcionario hubiese afectado la continuidad y calidad del servicio que esa área brinda a los contribuyentes y funcionarios del SII, que era lo que se buscaba proteger con su nuevo contrato”.

DÉCIMO QUINTO: Que, resulta pertinente señalar que la contrata del recurrente ya no había sido renovada con anterioridad, mediante la RESOLUCIÓN RA N° 246/892/2020 RM REGION METROPOLITANA, de 25 de noviembre de 2020, en la que se consignó como fundamentos:

“Que el funcionario Don nombre reservado, presenta un desempeño laboral deficiente tanto técnica como conductualmente, de forma sistemática.

Que, requiere un alto grado de supervisión y apoyo en las labores que debe realizar, además de no cumplir las instrucciones impartidas por su jefatura, de forma reiterada.

Que, ha sido retroalimentado reiteradamente y se le ha realizado un seguimiento y un plan de trabajo con un equipo conformado por su Jefatura Directa, Asistente Social y Consultor Desarrollo Organizacional, con el fin de apoyar desde diversas áreas, del cual no hubo cumplimiento ni reportabilidad requerida.

Que, observándose en el funcionario un evidente y constante estado de letargo y somnolencia, la jefatura le aconseja hacerse un chequeo médico para obtener un diagnóstico y tratamiento, recomendación de la cual no se obtuvo respuesta sin que se advirtieran cambios en su conducta.

Que, los informes de desempeño y calificaciones de Don nombre reservado dan cuenta de su deficiente desempeño laboral, no presentando algún reclamo u observación.”

Que tal acto administrativo, siendo objeto de un recurso de protección deducido en su contra por el afectado, fue dejado sin efecto, tras lo cual mediante la resolución Exenta Ra N° 935 del 29 de diciembre de 2020, se contrató al Sr. nombre reservado, desde el uno de enero 2021 hasta el 31 de marzo del año en curso, siendo ésta la contrata no renovada en virtud del acto impugnado.

DÉCIMO SEXTO: Que, lo antes expuesto, lleva a estimar que la decisión adoptada por la autoridad administrativa recurrida de no proceder a la renovación de la contrata de la reclamante, por haber vencido el plazo de la misma, disfraza la real razón de aquella y que no es otra que una evaluación deficiente de su desempeño, la que ya había sido considerada para poner término anticipado a la contrata que vencía el 31 de diciembre del año 2020 , decisión que fue dejada sin efecto, procediendo el Servicio a contratar nuevamente al recurrente por el término de tres meses, lo cual aparece como contradictorio e incoherente si es que realmente su desempeño hubiese sido tan deficiente como se le calificó al poner término anticipado a la contrata que había sido renovada por veinte años.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, aun cuando se estimara que un supuesto deficiente desempeño del reclamante pueda servir de base para adoptar una decisión como la que se revisa, lo que resulta cuestionable a priori, no es menos cierto que en este caso particular tampoco aquello ha de servir, por sí solo, de sustento ya que todos los antecedentes tenidos a la vista para tomar la Resolución cuestionada dicen relación con situaciones conocidas por la reclamada al momento de renovar la contrata de la recurrente hasta marzo del año 2021, de manera que ya fueron ponderadas en su momento para disponer la referida renovación y no se estimaron suficientes para no disponerla, por lo que una medida como la en estudio debe, necesariamente, sustentarse en otros antecedentes y, en el caso de marras, nada de eso ocurre.

DÉCIMO OCTAVO: Que, como se dijo previamente todo acto administrativo debe ser fundado y dicha fundamentación debe ser suficiente y, además, pertinente a la decisión que se adopta.

En la especie no es posible estimar que la Resolución Exenta impugnada cumple con ese mandato legal toda vez que los argumentos o antecedentes que le sirven de sustento no son pertinentes a la resolución tomada por lo que son ineficaces para darle base dejándola desprovista de fundamentos lo que lleva estimarla ilegal y, además, arbitraria pues al carecer de fundamentos aparece como un actuar caprichoso de la mentada autoridad administrativa.

DÉCIMO NOVENO: Que, cabe señalar que un proceder como el descrito más se parece a lo que se denomina en doctrina una desviación de poder que es “el vicio que afecta a aquella decisión administrativa, que ha sido dictada por la autoridad competente, teniendo en vista un fin diverso de aquel para el cual el acto podía ser dictado” (Pierry Arrau, Pedro, EL control de la discrecionalidad administrativa) figura plenamente aplicable a la materia (Corte Suprema, rol 14937-2020, 3.404-2019, 16.866-2019, 16.868-2019 y 32.079-2019).

VIGÉSIMO: Que, la conducta de la entidad recurrida afecta y lesiona el derecho de propiedad de la reclamante, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva de parte de su remuneración, de la que se encontraba gozando con anterioridad.

A su vez no se estima vulnerada la garantía de igualdad toda vez que no se aportaron antecedentes para apreciar si a otras personas en idéntica situación que la reclamante se les dio un trato distinto.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, habiéndose acreditado que la institución recurrida cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales de la recurrente, corresponde acoger el recurso de protección intentado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de las conclusiones a que se ha arribado en los motivos precedentes, las alegaciones de la recurrida en cuanto a la extemporaneidad del recurso y a que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto serán desechadas. La primera de ellas debido a que el acto impugnado corresponde a la resolución de fecha 25 de febrero del año en curso, notificada el 26 de febrero, por lo que el arbitrio se dedujo dentro de plazo; y la segunda en atención a que el conflicto planteado se corresponde con la existencia de un acto que vulnera garantías constitucionales, requiriéndose de una resolución urgente para el restablecimiento del imperio del derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE DECLARA que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos, representado por su director, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 246/125/2021, de fecha 25.02.2021 de 2021, debiendo la entidad recurrida reincorporarlo a sus funciones y enterarle las remuneraciones del caso, debidamente reajustadas, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reintegro.

Redactada por el ministro suplente Sr. Corona Albornoz.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 126-2021 (Protección). – Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Iván Corona Albornoz y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.