nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Carabineros de Chile Recurso de Protección Rol N° 126-2020.- La Serena, once de mayo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra del Prefecto don nombre reservado, Coronel de Carabineros, de la Prefectura Coquimbo N° 6, Oficina de Seguridad Privada OS 10, con domicilio en la ciudad de Coquimbo, Ruta 5 Norte Esquina Peñuelas Norte, por denegar a través de carta respuesta de fecha 06 de diciembre del año 2019 y notificada con fecha 23 de diciembre del mismo año, su solicitud de pronunciamiento por no renovar las autorizaciones de Asesor y Capacitador natural, petición ingresada con fecha 04 de diciembre de 2019.

Refiere que desde el año dos mil siete, se dedica profesionalmente como asesor y capacitador natural, en materias inherentes de seguridad privada, contando desde esa fecha con las autorizaciones respectivas de la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, renovándolas en las fechas indicadas en las respectivas resoluciones de autorización.

Sostuvo que el 29 de octubre de 2019, solicitó autorización para la renovación como persona natural en el sistema de seguridad privada, agregando que de acuerdo a lo indicado verbalmente por un funcionario de la Oficina OS 10 debió hacerlo en dos solicitudes distintas, una para capacitador natural y otra para asesor. Precisa que como no obtuvo respuesta, se acercó a la prefectura recurrida a preguntar por las renovaciones, indicándosele nuevamente por un funcionario, en forma verbal, que habían cambiado las instrucciones del procedimiento de renovación, por lo que debía ingresar nuevamente dos solicitudes separadas acompañando todos los antecedentes, como si fuera una petición de autorización nueva, lo que sería solo un trámite, porque ya estaba aprobado.

Agrega que posteriormente le notificaron las Resoluciones N° 03 y 04, ambas de fecha 14 de noviembre de 2019, que contienen la decisión de no autorizar ninguna de las solicitudes de renovación, por no contar con los siguientes requisitos:

Como Asesor:

1.- Acreditar título profesional o grado académico por un establecimiento superior reconocido por el Estado.

Debe acreditar un título profesional o grado académico otorgado por un establecimiento educacional superior reconocido por el Estado.

2.- Antecedentes académicos superiores a 400 horas en materias propias a seguridad privada y otros validados.

Presentó diplomado en administración de la seguridad privada Universidad Marítima de Chile.

Como Capacitador:

Administración Seguridad: Debe acreditar título profesional-Estudios Superiores.

Valores y Etica: Debe acreditar título profesional, no es válido título técnico a nivel superior.

Conocimiento de Sistemas de Alarmas: Debe acreditar título académico o técnico con especialidad en la materia.

Conocimientos de Arma y Tiro: Debe presentar evaluación técnica que realiza la Prefectura de Operaciones Especiales (Gope) en lo teórico y práctico.

Señala que en el N° 2 de dichas resoluciones, se indica que: “Se devuelve la totalidad de esta documentación de renovación de asesor..., con el objetivo de reconsiderar la petición, una vez den cumplimiento a la normativa legal que determina el protocolo de la documentación para esta área de capacitación.

Hace presente que la Resolución N° 218, del 01 de septiembre de 2010, determina la vigencia de la Resolución N° 149, de 21 de agosto de 2009, “Que interpreta norma establecida en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada para acreditar la idoneidad profesional a determinados componentes del sistema”, refiriéndose dicha disposición al procedimiento extraordinario para determinar idoneidad profesional de personas naturales, según lo dispuesto por la Dirección de Seguridad Privada, destacando que en el numeral 2 de la parte resolutiva de la resolución citada N° 149, señala que “los agentes acogidos al procedimiento extraordinario, conservarán su reconocimiento del requisito idoneidad profesional mientras mantengan continuidad y acreditación al día en el sistema de seguridad privada”, norma que aplica directamente a su situación.

Añade que la Resolución N° 218, de 01.09.2010, le fue notificada a través del acta de notificación N° 1695 de 30/09/2010, por lo que hasta su última solicitud de renovación no se le ha exigido ningún requisito adicional a aquéllos que acompañó en esa oportunidad.

Asevera que con fecha 29 de octubre 2019 y de acuerdo al D.L. N° 3.607 y D.S. N° 93, solicitó autorización para renovación en el sistema de seguridad privada, adjuntando los documentos que exige la autoridad fiscalizadora, documentos corroborados incluso conforme a los formularios de la página www.autoridadfiscalizadora.cl, consistentes en: 1.- Solicitud simple del peticionario 2.- Certificado de antecedentes para fines especiales vigente y 3.- Certificado de Antecedentes Comerciales, emitido por una entidad que permita verificación electrónica de la emisión del documento.

Puntualiza que el día que presentó la documentación para renovar sus autorizaciones, se le exigieron todos los documentos que corresponden para una acreditación en vez de una renovación, aun cuando la misma autoridad fiscalizadora tiene conocimiento de que está vigente como asesor y capacitador en el área desde hace muchos años, precisando que se le pidió toda la documentación como si fuera a acreditarse por primera vez, informándole el encargado de la oficina OS 10, que se estaba exigiendo de esa forma para todas las renovaciones, lo que es contrario a lo que se indica en la página de la Autoridad Fiscalizadora que señala requisitos o documentos distintos para renovación y para acreditarse por primera vez.

Sostiene que hace doce años es Asesor y Capacitador y no ha tenido quejas de la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, respecto a su desempeño profesional y que ha capacitado en materias de seguridad privada a muchas personas, dictando relatorías en materia de valores y ética, administración de seguridad, conocimiento en sistemas de alarmas y conocimientos de arma y tiro, clases impartidas en diferentes empresas de capacitación.

Refiere que en el entendido que había un error al rechazar su solicitud de renovación de autorización debido a que desde hace doce años que realiza el mismo trámite y que acompañó todos los antecedentes exigidos hasta esa oportunidad, presentó una solicitud de pronunciamiento por no renovación de las autorizaciones de asesor y capacitador, precisando que el 23 de diciembre de 2019, se le dio respuesta, notificándolo personalmente en su domicilio, a través de carta emitida por el nombre reservado, Coronel de Carabineros, quien indica lo siguiente:

1.- La Resolución N° 149, de fecha 21 de agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Privada Control de Armas, fue dejada sin efecto por medio de la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21 de octubre de 2019, por la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, “por cuanto todas las disposiciones deben adecuarse a los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 867, de fecha 13.06.2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

2.- Hace referencia al documento electrónico N° 94380809 del 16 de abril de 2019, de la Prefectura de Seguridad Privada, supuesto acto administrativo que contendría normas sobre procedimiento relativo a las actividades relacionadas a la seguridad privada transcribiendo aparentemente parte de él; por otra parte déjese sin efecto las instrucciones impartidas a través del documento electrónico N° 400, de fecha 14.03.2011, del entonces Departamento de Seguridad Privada OS 10., en relación con procedimientos administrativos de renovaciones automáticas.., por lo tanto no procede a contar de esta fecha realizar renovaciones automáticas, para lo cual deberá confeccionarse el respectivo informe técnico, conforme a las instrucciones antes señaladas, lo que permitirá fiscalizar y controlar nuevamente los requisitos exigidos.

Por ultimo señala que, “Se adjunta copia de la Resolución de rechazo correspondiente a Asesor y Capacitador por no presentar la documentación para la respectiva acreditación”.

Argumenta que nuestra Carta Política, en su artículo 19, ha reconocido a las personas un conjunto de derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 2°.- La igualdad ante la ley; 3°.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; 16°.- La libertad de trabajo y su protección, y 21°.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

Estima que el acto reprochado como arbitrario e ilegal, consiste en el rechazo de su solicitud de renovación de autorizaciones de asesor y capacitador sin fundamento legal y cita como antecedentes normativo la Ley N° 18.961, que en su artículo 3, inciso final, dispone: “Asimismo, la Institución tendrá a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el control de las personas que desarrollen actividades de vigilancia privada”.

Precisa que el Decreto Supremo 867 publicado con fecha 17-03-2018, del Ministerio Del Interior y Seguridad Pública, en su artículo quinto, dispone: “Requisitos: Sin perjuicio de los requisitos que se señalen para el cumplimiento específico de sus funciones y de lo dispuesto en el artículo 11 del decreto N° 1.773, de 1994, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento del Decreto Ley N° 3.607, de 1981, todas las personas naturales que presten servicios personales en materia de seguridad privada, deberán cumplir siempre con lo siguiente: Haber cursado la educación media o su equivalente”.

Añade que el Decreto Ley 3607 de 1981 del Ministerio del Interior, establece que las personas naturales o jurídicas que desarrollen alguna de las actividades a que se refiere el inciso primero, deberán cumplir con las siguientes exigencias y condiciones, en lo que fueren aplicables: a)Contar con la autorización de la Prefectura de Carabineros respectiva;y b)Acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional, como asimismo la del personal que por su intermedio preste labores de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, manteniendo permanentemente informada a la correspondiente Prefectura de Carabineros acerca de su individualización, antecedentes y demás exigencias que determine el reglamento.

Plantea que no existe ninguna norma legal o reglamentaria que exija un título profesional para obtener las autorizaciones de asesor y capacitador y que existían normas de inferior rango que regulaban dicho procedimiento: Resolución N° 149, de 21 de agosto de 2009 y Resolución N° 218, de 1° de septiembre de 2010, de la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros de Chile, sosteniendo que esta última establecía “determinase que los agentes acogidos al procedimiento extraordinario, conservarán su reconocimiento del requisito de idoneidad profesional mientras mantengan su continuidad en el Sistema de Seguridad Privada, con Acreditación al día”.

Refiere que se encuentra en la situación descrita en la Resolución N° 218, de fecha 01 de septiembre de 2010, acto administrativo que le fue debidamente notificado y que operó en forma continua, hasta que el Prefecto don nombre reservado, decide desechar sus solicitudes de renovación, sin que las normas legales o reglamentarias hayan exigidos los antecedentes que fundamentan dicho rechazo, ni que haya sido dictado el nuevo manual operativo en materia de seguridad privada, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto Supremo N° 867, de fecha 13.06.2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, agregando que sólo a través de una respuesta emitida por el prefecto a la solicitud de pronunciamiento, hace alusión a una resolución y a documentos electrónicos internos de Carabineros, que a pesar de ser internos están produciendo efectos generales, con todos los perjuicios que su falta de publicación y notificación genera.

Estima que dicha acción importa una privación y perturbación del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales reconocidas a toda persona en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N°s. 3, 16 y 21.

Finalmente y previas citas legales, solicitó se acoja el recurso y se tomen de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos fundamentales, por la acción ilegal y arbitraria cometida al rechazar, sin fundamento legal, su solicitud de renovación de las autorizaciones de asesor y capacitador, todo ello con costas.

SEGUNDO: Que en sustento de su acción cautelar el recurrente acompañó los siguientes documentos: a) Solicitud de pronunciamiento por no renovación de autorizaciones de asesor y capacitador; b) Carta de respuesta emitida por el Prefecto don nombre reservado, Coronel de Carabineros de la Prefectura de Coquimbo N° 6, Oficina de Seguridad Privada O.S. 10.

TERCERO: Que, por la recurrida comparece el Prefecto (S) de Carabineros de Coquimbo y Jefe (S) de la Autoridad Fiscalizadora Regional Coquimbo, Teniente Coronel, nombre reservado, quien expone que el 14 de noviembre del año 2019, el recurrente presentó una solicitud de pronunciamiento al Prefecto de Carabineros Coquimbo, a raíz de la no renovación de autorizaciones como “Asesor” y “Capacitador”, esgrimiendo que su autorización se encontraría vigente desde el año dos mil siete y que sólo debe presentar la documentación necesaria para su renovación, representando que dicho rechazo adolece de vicios formales, dado que en el numeral primero de la parte considerativa de las Resoluciones Nros. 02 y 03, de 14 de noviembre de 2019, de esa Prefectura y Autoridad Fiscalizadora, habrían consignado erróneamente que se trataba de acreditación y no de renovación, agregando que sólo debería presentar la documentación alusiva a esta última y no la que se le requirió, que solo sería exigible para su acreditación nuevamente como componente del sistema en su calidad de Asesor y Capacitador.

Señala que el reclamante representa que el año dos mil diez, fue notificado a través del acta N° 1695 de 30.09.2010, de la Resolución N° 218, de 01.09.2010, que determina la vigencia de la resolución N° 149, de 21.08.2009, de la Dirección de Seguridad Privada y Explosivos, que interpreta la norma establecida en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada, para acreditar la idoneidad profesional a determinados componentes del sistema y a su vez señala que los agentes acogidos al procedimiento extraordinario, conservarán su reconocimiento del requisito de idoneidad profesional mientras mantengan continuidad y acreditación al día en el sistema de seguridad privada, norma que se aplicaba a su condición.

Informa el recurrido que la Resolución N° 149, de fecha 21 de agosto de 2009, fue dejada sin efecto por medio de la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21 de octubre de 2019, de la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y explosivos, que en su parte resolutiva señala:

“Déjese sin efecto la Resolución Exenta N° 149, de fecha 21.08.2009, de la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, que interpreta norma establecida en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada, para acreditar “la idoneidad profesional”, a determinados componentes del sistema, por cuanto todas las disposiciones deben adecuarse a los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 867, de fecha 13.06.2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Agrega que el Documento Electrónico N° 94380809, del 16.04.2019, de la Prefectura de Seguridad Privada, señala "conforme a las modificaciones del Decreto N° 867, del año 2017, específicamente el inciso segundo del artículo duodécimo del reglamento sobre nuevos estándares de seguridad para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades de Seguridad Privada, contenidos en el Artículo primero, por el siguiente:

"La Autoridad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada correspondiente, deberá solicitar a la Prefectura de Seguridad Privada OS10, un informe técnico en que se pronuncie sobre la solicitud. El Informe deberá ser remitido a la Autoridad Fiscalizadora en materia de seguridad privada correspondiente, dentro del plazo de diez días hábiles”.

"Por lo expuesto, se comunica a esas autoridades fiscalizadoras, que sólo los que tienen relación con personas naturales o personas jurídicas que deseen constituirse como empresas de seguridad (RR.HH., capacitadoras, Asesorías y capacitadores), deben ser solicitados a esta Prefectura O.S.10. con respecto a los demás informes técnicos, se mantiene de la misma forma, es decir personas naturales que deseen acreditarse como Asesor, Capacitador, Jefe de Seguridad, Supervisor, Técnico y Operador ATM, cada Autoridad Fiscalizadora los confeccionará conforme a las instrucciones que existen al respecto”.

"Por otra parte, dejase sin efecto las instrucciones impartidas a través del documento electrónico N° 400, de fecha 14.03.2011, del entonces Departamento de Seguridad Privada O.S.10., en relación con procedimientos administrativos de renovaciones automáticas de autorizaciones de personas naturales (Asesor, Capacitador, Jefe de Seguridad, Supervisor, Técnico y Operador ATM) v jurídicas (Empresas RR.HH., Capacitadoras, Asesorías y Capacitadoras) componentes del sistema de Seguridad Privada, por lo tanto, no procede a contar de esta fecha realizar renovaciones automáticas, para lo cual deberá confeccionarse el respectivo informe técnico, conforme a las instrucciones antes señaladas, lo que permitirá fiscalizar y controlar nuevamente los requisitos exigidos." Refiere que mediante Resolución N° 02, de fecha 14.11.2019, de la Oficina de Seguridad Privada O.S.10. de la Prefectura Coquimbo, se resolvió no autorizar a nombre reservado, como Capacitador en materias inherentes de seguridad privada denominadas: administración de seguridad, valores y ética, conocimiento de sistemas de alarmas y conocimiento de arma y tiro, por cuanto, no acreditaría título profesional -estudios superiores en materias de administración de seguridad-, (no siendo válido título técnico) en valores y ética; tampoco contaría con título académico o técnico en materia de conocimientos de alarmas, y por último, no contaría con evaluación técnica del GOPE para acreditar conocimientos de armas y tiro, haciendo presente que el recurrente fue notificado en forma personal de la referida resolución N° 02, con fecha 22 de noviembre de 2019.

Precisa que se dictó con la misma fecha, la Resolución N° 03, que resolvió no autorizar a nombre reservado, como Asesor en materias inherentes a Seguridad Privada, toda vez que no acreditó título profesional o grado académico otorgado por establecimiento de educación superior reconocido por el Estado, como tampoco Diplomado de duración superior a las 400 horas, siendo notificado en forma personal de la referida Resolución N° 03, con fecha 22 de noviembre de 2019.

Refiere que la presentación efectuada por el recurrente con fecha 04 de diciembre de 2019, no constituye recurso de reposición, ni menos jerárquico, como lo establece el artículo 59 de la ley 19.880, por cuanto no mantiene esa nomenclatura, como tampoco se presentó dentro del plazo de cinco días hábiles que consagra la norma, razón por la cual no se le debe dar ese trato, sino que se le debe considerar como una solicitud amparada por el derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, precisando que así se tramitó internamente, por cuanto ya existían previamente resoluciones administrativas (Nros. 02 y 03 de fecha 14.11.2019) dictadas formalmente por la autoridad de Carabineros responsable de la fiscalización en materia de seguridad privada, que determinaron el rechazo de las renovaciones de autorizaciones como Capacitador y Asesor de nombre reservado, entendiendo que el o los actos arbitrarios o ilegales supuestamente cometidos por Carabineros y que causaren privación, perturbación o amenaza a los derechos constitucionales invocados por éste -aunque no existieron-, se encontrarían eventualmente plasmados en las Resoluciones Nros. 02 y 03 de fecha 14 de noviembre 2019, que le fueron notificadas personalmente al recurrente con fecha 22 de noviembre 2019, transcurriendo ampliamente el plazo de 30 días corridos para entablar la acción constitucional pretendida, cuyo término se encuentra establecido en el Auto Acordado N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, no siendo válido para el cómputo del plazo en cuestión, la respuesta emitida por la Prefectura Coquimbo, a través de la carta fechada el 06.12.2019, en donde solo se le comunica al recurrente que su situación ya había sido analizada y resuelta formalmente a través de las referidas Resoluciones Nros. 02 y 03, por cuanto la carta no constituye un acto de carácter decisorio o resolutivo, sino meramente informativo.

Puntualiza que nunca existió la vulneración a los derechos fundamentales que alega el recurrente, toda vez que existen disposiciones normativas y protocolos que sustentan la decisión plasmada en las Resoluciones Nros. 02 y 03, de fecha 14 de noviembre de 2019, que incluso se mencionan en la parte considerativa de las mismas, sumado al hecho, que no se interpusieron recursos de impugnación en contra de tales actos administrativos.

Sostiene que previo a revisar el fondo del recurso, estima que este se interpuso fuera de plazo, en atención a que desde que se tomó conocimiento efectivo del rechazo de las renovaciones como Capacitador y Asesor, esto es, desde el 22 de noviembre de 2019, hasta la fecha de ingreso del libelo en la lltma. Corte de Apelaciones, con fecha 22 de enero de 2020, ya habrían transcurrido dos meses (60 días), circunstancia que permite observar lo previsto en el artículo 2, inciso 2o del citado Auto Acordado 94-2015.

Refiere que el Decreto Supremo N° 867, publicado con fecha 17.03.2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dicta el Reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben servicios o realiza actividades de seguridad privada, y modifican decretos que indican, en su artículo 11 N° 8, señala expresamente: “Se faculta a la autoridad fiscalizadora en materia de seguridad privada, para requerir a las empresas de seguridad, cualquier otro antecedente que le permita formarse convicción, acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación, la de sus socios y sus representantes legales”.

Agrega que la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21.10.2019, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, en su parte resolutiva señala: “Déjese sin efecto la resolución Exenta N° 149, de fecha 21.08.2009, de la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, que interpreta normas establecidas en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada, para acreditar “La Idoneidad Profesional”, a determinados componentes del Sistema, por cuanto todas las disposiciones deben adecuarse a los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 867, de fecha 13.06.2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Finalmente solicitó pronunciarse sobre la extemporaneidad del recurso de protección deducido, y en subsidio, rechazar la acción constitucional por no haberse incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno que haya podido producir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos reclamados, con costas.

CUARTO: Que el recurrido acompañó a los autos los siguientes antecedentes: a) Copia de la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21 de octubre de 2019, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros; b) Copia de la Resolución Exenta N° 149, de fecha 21 de agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos; c) Copia de Resolución N° 02, de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo (Oficina de Seguridad Privada) y notificación de la misma practicada el 22 de noviembre de 2019; d) Copia de Informe Técnico N° 109 de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Oficina de Seguridad Privada que recae en Resolución N° 02; e) Copia de Resolución N° 03, de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo (Oficina de Seguridad Privada) y notificación de la misma practicada el 22 de noviembre de 2019; f) Copia de Informe Técnico N° 110 de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Oficina de Seguridad Privada que recae en Resolución N° 03; g) Copia de Resolución N° 46, de fecha 11 de septiembre de 2018, de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, que determina protocolos de trámites de las Autoridades Fiscalizadoras de Seguridad privada a nivel nacional e Instrucciones para informes técnicos de O.S. 10; h) Copia de documento electrónico NCU 107031047, de fecha 17 de diciembre de 2019, del Asesor Jurídico de la Prefectura de Carabineros Coquimbo.

QUINTO: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone: “El recurso de protección o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, según se desprende del mérito de estos antecedentes, la solicitud del recurrente nombre reservado, dirigida al Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo, para efectos de solicitar un pronunciamiento sobre la situación que le afectaba, a raíz de la no renovación de autorizaciones como “Asesor” y “Capacitador”, le fue denegada a través de la carta respuesta emitida por el Coronel de Carabineros, Prefecto don nombre reservado, notificada personalmente al requirente, con fecha 23 de diciembre del año 2019, y el recurso de protección fue deducido ante la Corte de Apelaciones, el 22 de enero de 2010, de tal manera que ha de estimarse que su interposición fue efectuada dentro del término legal establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, por lo que se rechazará la alegación de extemporaneidad reclamada por el recurrido.

SEPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, según se ha expuesto, el recurrente señala que el acto reprochado como arbitrario e ilegal consiste en el rechazo, sin fundamento legal, efectuado por el Prefecto de Carabineros Coquimbo y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora en Materias de Seguridad Privada don nombre reservado, respecto de su solicitud de renovación de autorización de Capacitador y Asesor en el sistema de seguridad privada.

DECIMO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y el recurrido y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a) Que el recurrente con fecha 29 de octubre de 2019, solicitó a la Autoridad Fiscalizadora de Carabineros de Chile, autorización para la renovación como persona natural para desempeñarse como Asesor y Capacitador en el sistema de seguridad privada.

b) Que mediante Resolución N° 02, de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Oficina de Seguridad Privada O.S.10. de la Prefectura Coquimbo, se resolvió no autorizar a nombre reservado, como Capacitador en materias inherentes a seguridad privada, correspondiente a las siguientes áreas: Administración de Seguridad, Valores y Ética, Conocimiento de Sistemas de Alarmas y Conocimiento Arma y Tiro", por no haber acreditado tener un Título Profesional-Estudios Superiores o grado académico y no contar con la evaluación técnica que realiza la Prefectura de Operaciones Especiales (GOPE), en lo teórico y práctico, para acreditar conocimientos de armas y tiro.

c) Que mediante Resolución N° 03, de fecha 14 de noviembre de 2019, de la Oficina de Seguridad Privada O.S.10. de la Prefectura Coquimbo, se resolvió no autorizar a nombre reservado, como Asesor en materias vinculantes con el área de Seguridad Privada, toda vez que no acreditó tener un título profesional o grado académico otorgado por un establecimiento educacional superior reconocido por el Estado, como tampoco un Diplomado de duración superior a las 400 horas.

d) Que el reclamante presentó con fecha 14 de noviembre del año 2019, una solicitud de pronunciamiento al Prefecto de Carabineros Coquimbo, a raíz de la no renovación de autorizaciones como “Asesor” y “Capacitador”, argumentando que su autorización se encontraba vigente desde el año dos mil siete y que sólo debía presentar la documentación necesaria para su renovación.

e) Que, con fecha 23 de diciembre del año 2019, se dio respuesta al reclamante a través de carta emitida por el Prefecto, Coronel de Carabineros, Oficina Seguridad Privada O.S.10, don nombre reservado, indicándole que la Resolución N° 149, de fecha 21 de agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Privada Control de Armas, había sido dejada sin efecto por medio de la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21 de octubre de 2019, por la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, por cuanto todas las disposiciones debían adecuarse a los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 867, de fecha 13.06.2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

UNDECIMO: Que para dilucidar la controversia, asumiendo las limitaciones propias de su extensión probatoria, corresponde determinar si la facultad que se arroga el recurrido de rechazar al recurrente su solicitud de renovación de autorización como Capacitador y Asesor en el sistema de seguridad privada por las razones que ha señalado, tiene sustento de oponibilidad formal, luego determinar si ello se encuadra en los parámetros de legalidad y proscripción de la arbitrariedad con la confrontación de los derechos cuyo amparo se exige por esta vía.

DECIMO SEGUNDO: Que no se advierte de qué manera la facultad que se arroga el recurrido de rechazar al recurrente su solicitud de renovación como Capacitador y Asesor en el sistema de seguridad privada, aduciendo no cumplir con el requisito de idoneidad profesional, por no acreditar tener un título profesional o grado académico otorgado por un establecimiento educacional superior reconocido por el Estado y no contar con la evaluación técnica que realiza la Prefectura de Operaciones Especiales (GOPE), en lo teórico y práctico, para comprobar conocimientos de armas y tiro, podría ser calificada de ilegal, toda vez que la entidad recurrida se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas.

En efecto, con los antecedentes acompañados, se ha establecido que el recurrente, con fecha 14 de noviembre del año 2019, presentó una solicitud de pronunciamiento al Prefecto de Carabineros Coquimbo, a raíz de la no renovación de autorizaciones como “Asesor” y “Capacitador”, esgrimiendo que su autorización se encontraría vigente desde el año dos mil siete y que sólo debía presentar la documentación necesaria para su renovación, argumentando que dicho rechazo adolece de vicios formales, en atención a que las Resoluciones Nros. 02 y 03, de 14 de noviembre de 2019, de esa Prefectura y Autoridad Fiscalizadora, habrían consignado erróneamente que se trataba de acreditación y no de renovación, añadiendo que el año 2010 fue notificado a través del acta N° 1695 de 30.09.2010, de la Resolución N° 218 de 01.09.2010, que determina la vigencia de la resolución N° 149, de 21.08.2009, de la Dirección de Seguridad Privada y Explosivos, que interpreta la norma establecida en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada para acreditar la idoneidad profesional a determinados componentes del sistema y a su vez señala que los agentes acogidos al procedimiento extraordinario, conservarán su reconocimiento del requisito de idoneidad profesional mientras mantengan continuidad y acreditación al día en el sistema de seguridad privada, norma que se aplicaba a su condición.

Sin embargo, se ha acreditado con los antecedentes acompañados por el recurrido, que la Resolución N° 149, de fecha 21de agosto del año 2009, fue dejada sin efecto por medio de la Resolución Exenta N° 92, de fecha 21 de Octubre de 2019, del Jefe de Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, la que en lo pertinente, señala que se han elevado los requisitos de idoneidad para los distintos componentes del Sistema de Seguridad Privada, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 867, de fecha 13 de junio de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dicta el Reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades de seguridad privada, dejando sin efecto la resolución antes referida, por cuanto sus directrices se encuentran alejadas con los estándares exigidos, la que en su parte resolutiva dispone:

“Déjese sin efecto la Resolución Exenta N° 149, de fecha 21 de agosto de 2009, de la Dirección de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, que interpreta norma establecida en el Manual de Organización y Funcionamiento del Sistema de Seguridad Privada, para acreditar “la Idoneidad Profesional”, a determinados componentes del sistema, por cuanto todas las disposiciones deben adecuarse a los criterios establecidos en el Decreto Supremo N° 867, de fecha 13 de junio de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

Por su parte, el Documento Electrónico N° 94380809, de 16 de abril de 2019, de la Prefectura de Seguridad Privada, señala "conforme a las modificaciones del Decreto N° 867, del año 2017, específicamente el inciso segundo del artículo duodécimo del reglamento sobre nuevos estándares de seguridad para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades de Seguridad Privada, contenidos en el Artículo primero: La autoridad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada correspondiente, deberá solicitar a la Prefectura de Seguridad Privada OS10, un Informe Técnico en que se pronuncie sobre la solicitud. El Informe deberá ser remitido a la autoridad fiscalizadora en materia de seguridad privada correspondiente, dentro del plazo de diez días hábiles. Por lo expuesto, se comunica a esas autoridades fiscalizadoras, que sólo los que tienen relación con personas naturales o personas jurídicas que deseen constituirse como empresas de seguridad (RR.HH., capacitadoras, Asesorías y capacitadores), deben ser solicitados a esta Prefectura O.S.10; con respecto a los demás informes técnicos, se mantiene de la misma forma, es decir personas naturales que deseen acreditarse como Asesor, Capacitador, Jefe de Seguridad, Supervisor, Técnico y Operador ATM, cada Autoridad Fiscalizadora los confeccionará conforme a las instrucciones que existen al respecto”.

"Por otra parte, dejase sin efecto las instrucciones impartidas a través del documento electrónico N° 400, de fecha 14.03.2011, del entonces Departamento de Seguridad Privada O.S.10., en relación con procedimientos administrativos de renovaciones automáticas de autorizaciones de personas naturales (Asesor, Capacitador, Jefe de Seguridad, Supervisor, Técnico y Operador ATM) y jurídicas (Empresas RR.HH., Capacitadoras, Asesorías y Capacitadoras) componentes del sistema de Seguridad Privada, por lo tanto, no procede a contar de esta fecha realizar renovaciones automáticas, para lo cual deberá confeccionarse el respectivo informe técnico, conforme a las instrucciones antes señaladas, lo que permitirá fiscalizar y controlar nuevamente los requisitos exigidos." Asimismo, conforme lo prescribe el Decreto Supremo N° 867, publicado con fecha 17.03.2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dicta el Reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben servicios o realiza actividades de seguridad privada, y modifica decretos que indica, en su artículo 11 N° 8, señala expresamente: “Se faculta a la Autoridad Fiscalizadora en materia de seguridad privada, para requerir a las empresas de seguridad, cualquier otro antecedente que le permita formarse convicción, acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación, la de sus socios y sus representantes legales”.

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, debe estimarse que el rechazo de la solicitud de renovación de la autorización como Capacitador y Asesor, efectuada por el Prefecto de Carabineros de Coquimbo y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora en Materias de Seguridad Privada, Coronel de Carabineros, don nombre reservado, contenido en las Resoluciones N°s. 02 y 03, de fecha 14 de noviembre de 2019, fundada en que el recurrente nombre reservado, no cumple con el requisito de idoneidad profesional, al no acreditar tener un título profesional o grado académico otorgado por un establecimiento educacional superior reconocido por el Estado y no contar con la evaluación técnica que realiza la Prefectura de Operaciones Especiales (GOPE), en lo teórico y práctico, para comprobar conocimientos de armas y tiro, se enmarca dentro de las facultades que le han sido otorgadas por las disposiciones normativas y protocolos antes analizados, en orden a asegurar la idoneidad profesional de las personas sometidas a su control que se dediquen a desempeñar actividades de Capacitador y Asesor en materias de seguridad privada, normas que sustentan la decisión concretada en las resoluciones antes mencionadas.

DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado un acto ilegal ni arbitrario por parte del reclamado, supuesto necesario para verificar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como quebrantadas, solo cabe rechazar el presente recurso de protección.

DECIMO QUINTO: Que no obstante las razones dadas para el rechazo de este recurso, a mayor abundamiento, debe considerarse que este procedimiento cautelar constitucional es excepcional y exige derechos indubitados y lo pretendido por el recurrente no es amparar el legítimo ejercicio de un derecho no disputado, sino cuestionar las facultades del Prefecto de Carabineros Coquimbo y Jefe de la Autoridad Fiscalizadora en Materias de Seguridad Privada don nombre reservado, para rechazar su solicitud de renovación de autorización de Capacitador y Asesor en el sistema de seguridad privada, situación que no corresponde conocer en un procedimiento cautelar como el actual.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Prefecto don nombre reservado, Coronel de Carabineros, de la Prefectura Coquimbo N° 6, Oficina de Seguridad Privada O.S.10.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro suplente don Jorge Corrales Sinsay.

Protección Rol N° 126-2020.-