nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Ovalle Recurso de Protección Rol N°1256-2026 La Serena, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, educadora diferencial, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, RUT N°RUT reservado, representada por su alcalde, Sr. Héctor Alberto Vega Campusano, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°7.341 de 03 de junio de 2026, notificado el 10 de julio de 2026, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°5.602 de 23 de abril de 2026 que le declaró salud incompatible con el desempeño del cargo y dispuso su vacancia a contar del 01 de mayo de 2026, actos que vulneran las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que es docente titular de la dotación comunal de Ovalle desde el 01 de diciembre de 2015, con 42 horas semanales, desempeñándose desde el año 2018 como educadora diferencial del Programa Integral Escolar (PIE) del Centro Educacional Integral de Adultos (CEIA) Limarí.

Agrega que entre el año 2023 y 2025 hizo uso de licencias médicas, patología que actualmente se encuentra en alta, terminando la última licencia en mayo de 2025, fecha desde la cual se reintegra a sus funciones.

Prosigue señalando que en octubre de 2025 el Departamento de Educación Municipal remitió a la COMPIN una nomina de funcionarios con mas de 180 días de licencia en el periodo de 01 de agosto de 2023 al 31 de julio de2025, en la cual fue incluida, Comisión que, mediante Resolución N°19791176, resolvió que presenta un estado de salud recuperable, sin embargo, en abril de 2026, después de llevar cerca de 11 meses trabajando sin interrupción, la recurrida dicta el decreto que declara que su salud es incompatible y la vacancia del cargo desde el 01 de mayo de 2026, invocando los artículos 72 letra h) y 72 bis de la Ley N°19.070, sobre la base sola base del computo de 7 licencias por 199 días en el referido periodo y la resolución de la Comisión, decreto que no contiene consideración alguna sobre la forma en que su salud afectaría, a la fecha de su dictación, la continuidad del servicio educativo, así como tampoco respecto de su reintegro y desempeño destacado, decreto este ultimo respecto del cual deduce recurso de reposición, el que fue rechazado mediante el Decreto Alcaldicio N°7.341.

En cuanto a la acción u omisión arbitraria o ilegal, cita el artículo 72 bis de la Ley N°19.070 y el considerando décimo sexto del Decreto Alcaldicio N°7.341, el cual señala que la finalidad de la causal es resguardar la continuidad del servicio frente a la ausencia prolongada y actual de un funcionario, es una potestad gestión, no una sanción retrospectiva. Sin embargo, la recurrida ejerció la facultad cuando se encontraba trabajando normalmente hace casi un año, no existiendo ausencia al momento del acto, sumado a que la COMPIN declaró su salud recuperable.

Prosigue citando el artículo 11 inciso 2° y 41 de la Ley N°19.880 exige que los actos expresen sus fundamentos, sin embargo, el Decreto N°7.341 no refiere hechos relativos a su situación.

En subsidio, invoca la doctrina sostenida por la Excelentísima Corte Suprema conforme la cual el informe evacuado por la COMPIN exigido por las Leyes N°21.050 y N°21.903, es vinculante para la Administración, de modo que declarada la salud como recuperable no resulta procedente aplicar en su contra la causa de salud incompatible.

Continúa señalando que el actuar de la recurrida ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando se acoja el recurso, y se declare que se deja sin efecto los Decretos Alcaldicios N°5.602 de 23 de abril de 2026 y N°7.342 de 03 de junio de 2026, por ser ilegales y arbitrarios, se ordene su reincorporación a sus funciones en las mismas condiciones que detentaba el 30 de abril de 2026, se ordene el pago de todas las remuneraciones y estipendios dejados de percibir desde el 01 de mayo de 2026 hasta su efectiva reincorporación, debidamente reajustados, o, se adopten las demás providencias que esta Corte estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, don Sergio Cortés Beltrán, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, evacúa el informe, señalando que no es efectivo que su representada haya cometido ilegalidad o arbitrariedad, así como tampoco es efectivo que se hayan vulnerado los derechos de la recurrente.

Reitera lo indicado por la recurrente, en lo que respecta a la dictación de los Decretos Alcaldicios, el informe solicitado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, institución que determinó que la recurrente presentaba un estado de salud recuperable, y los recursos entablados por la actora.

Continúa señalando que el proceso de evaluación de salud incompatible fue aplicado de manera uniforme respecto de la totalidad de funcionarios del DAEM Ovalle que se encontraban en la misma situación objetiva, sin que exista trato diferenciado respecto de la recurrente. En efecto, indica que otros funcionarios presentaron reclamación ante la Contraloría General de la República, los que fueron desestimados, confirmando la plena juridicidad del actuar municipal.

Prosigue citando antecedentes de derecho, en cuanto al marco normativo, cita el artículo 72 bis del Estatuto Docente, incorporado por la Ley N°21.093, indicando que la reforma tuvo por objeto abstraer al Alcalde del rol evaluador médico y no imponerle la carga adicional de fundamentar clínicamente la decisión, por lo que exigir que el Alcalde efectúe un juicio medico sobre la compatibilidad de la condición de salud con las tareas específicas del cargo importaría reinstalar el vicio que la reforma legal busco eliminar, por lo que cumplido el requisito de haber requerido previamente la evaluación de la COMPIN, el ejercicio de la facultad conferida al alcalde por el citado artículo 72 bis es plenamente discrecional y no exige como presupuesto adicional un análisis medico de la autoridad.

Añade que la declaración de salud recuperable por la COMPIN no impide, sino que habilita, el ejercicio de la facultad de declarar la incompatibilidad. Al efecto, señala que el artículo 72 bis es explicito en señalar que la facultad de declarar la incompatibilidad opera sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Prosigue señalando que, para efectos de la causal invocada, la naturaleza o justificación médica de las licencias computadas es indiferente, asimismo, refiere que carece de sustento normativo que el reintegro anterior a la dictación del decreto constituya un “perdón tácito”.

Señala el recurrido que la jurisprudencia predominante y actual de la Excelentísima Corte Suprema se ha inclinado por reconocer la plena vigencia de la facultad alcaldicia para declarar la incompatibilidad de salud aun cuando la COMPIN haya calificado la condición del funcionario como recuperable, en la medida que se verifique el presupuesto objetivo legal.

Concluye señalando que, conforme lo expuesto, los Decretos Alcaldicios fueron dictados por autoridad competente, en ejercicio de una facultad expresamente reconocida por el artículo 72 bis del Estatuto Docente, previo cumplimiento del procedimiento técnico reglado ante la COMPIN y sobre la base de antecedentes objetivos, verificables y suficientemente motivados, no existiendo, por tanto, acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales referidas por la recurrente, por lo que solicita se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantía constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Decreto Alcaldicio N°7.341 de 03 de junio de 2026, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°5.602 de 23 de abril de 2026 que le declaró salud incompatible con el desempeño del cargo y dispuso su vacancia a contar del 01 de mayo de 2026, dictado por la Ilustre Municipalidad de Ovalle, quien, a su turno, señala que actuó en ejercicio de una facultad legal, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 72 bis de la Ley N°21.093.

SEXTO: Que, para la acertada resolución del asunto es menester detenerse en el tenor de la norma del artículo 148 de la Ley N 18.883 que aprobó el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, cuyo actual texto, luego de la reforma introducida por la Ley N 21.050, es el que sigue:

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

SÉPTIMO: Que, la forma de conciliar lo indicado en los incisos 1° y 3° de la norma trascrita, consiste en que, para declarar a un funcionario afecto a salud incompatible con el ejercicio de su cargo, el Alcalde debe requerir siempre y de manera previa el pronunciamiento de la COMPIN competente en relación a una eventual irrecuperabilidad, en términos de que si así fuera se habrá de seguir el camino dado para la declaración de salud irrecuperable regulado en el artículo 149 de la misma ley; en tanto que si la salud fuere estimada como recuperable podrá procederse, en su caso, al ejercicio de la prerrogativa establecida en el primer inciso de la norma del artículo 148.

OCTAVO: Que, asentado lo expuesto, cabe revisar los términos del Decreto N°7.341, impugnado por esta acción, que resuelve el recurso de reposición deducido en contra del Decreto N°5.602.

En dichos documentos, se hace referencia a la normativa aplicable y de forma expresa a la resolución Folio N°19791176 dictada el 09 de diciembre de 2025 por la COMPIN, la que resuelve que la funcionaria presenta salud recuperable, además de señalar la cantidad de licencias presentadas por la actora, entre el 01 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2025, para luego, en su parte resolutiva, declarar que la salud de doña nombre reservado resulta incompatible, disponiendo la vacancia del cargo y el término de la designación en calidad de titula de la recurrente, a contar del 01 de mayo de 2026.

NOVENO: Que, resulta fundamental, en consonancia con el mandato legal, el que el acto administrativo se encuentre debida y suficientemente fundado, pues es sólo en dicha virtud que se explicitan cuáles han sido las razones o fundamentos que han conminado a la Administración a decidir en tal o cual sentido.

Ello es exigido por la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplicable en la especie en mérito del inciso 1° de su artículo 2), dado el tenor del artículo 11 inciso 2° y 41 inciso 4°.

DÉCIMO: Que, conforme lo expuesto, se advierte que, en el Decreto Alcaldicio N°5.602, objeto del recurso de reposición que culminó con la dictación del acto impugnado por esta acción, y en el Decreto Alcaldicio N°7.341, queda asentado los fundamentos que motivan la determinación adoptada, al tenor de la facultad concedida en el artículo 148 de la Ley N°18.883, esto es, haciendo expreso señalamiento de lo informado por la COMPIN, tras la evaluación de la funcionaria, y detallando, concretamente, el periodo continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos años previos por el cual la actora se mantuvo con licencia médica.

De lo anterior, se desprende que el acto resulta suficientemente fundado, tanto en su sustento fáctico como normativo, no avizorándose la arbitrariedad e ilegalidad que se le atribuye, motivo por el cual, la acción constitucional presentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1256-2026 Protección.