nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Contraloría General de La República Recurso de Protección Rol N° 1256-2025.- La Serena, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero: Que nombre reservado, enfermera, recurre de protección en contra de la Contraloría General de la República, por la dictación del Oficio E1143O712025, de 8 de julio de 2025, notificado junto a Decreto Alcaldicio 001019, de 9 de julio de 2025, que ordena a la I. Municipalidad de Punitaqui la invalidación de su contrata, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los números 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone desempeñarse como asesora técnica y calidad, categoría B, nivel 3, del Departamento de Salud del municipio recurrido, contando con 27 años como funcionaria pública, destacando su ingreso en 1997 al Hospital de Alta Complejidad “Las Higueras de Talcahuano”, pasando por Castro en 2009 siendo su último cargo el de jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos, con desempeño hasta el 31 de diciembre de 2024, postulando a un concurso de Enfermera de Asesoría Técnica y Encargada de Calidad del Centro de Salud Familiar en Punitaqui, donde se adjudicó el cargo, trasladándose a la región, comenzando su desempeño el 2 de enero del año en curso, dando cuenta de que el CESFAM no está acreditado, asumiendo la responsabilidad de crear manuales de funciones de la Unidad de Urgencia y del Departamento de Salud Municipal, protocolos clínicos de enfermería, médicos y de calidad, de infecciones intrahospitalarias, tecnovigilancia, telemedicina, implementación del laboratorio clínico, entre otros, con el objeto de no perder la calidad de prestador de garantías GES.

Hace presente que, el 24 de enero de 2025, mediante decreto alcaldicio 126, se regularizó su nombramiento a contrata, desempeñando funciones en el Departamento de Salud Municipal de Punitaqui y, después de más de seis meses de estar trabajando, el 9 de julio de 2025, se le comunica vía correo electrónico que su contratación ha resultado ser calificada por la Contraloría como inválida, mediante oficio E114307/2025, por subsistir parentesco por afinidad entre cónyuges, aun después del divorcio, ordenando dejar sin efecto el nombramiento.

Agrega que dicho dictamen motivó que la Municipalidad dictara el decreto que declara la invalidez del nombramiento y termina el contrato el mismo día por medio de decreto alcaldicio, en razón de que su excónyuge, de quien se encontraba separada de hecho hace 10 años y divorciada hace más de 3 años, tiene un cargo directivo en la orgánica municipal.

Alega haber quedado sin trabajo, ni remuneración, en el desamparo, con muchas deudas, a cargo económicamente de tres hijas, la mayor de ellas madre soltera, y una nieta.

Sostiene que el decreto es ilegal, y que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, propiedad y el derecho al trabajo, en cuanto interpreta erróneamente el artículo 83 de la Ley 18.883, en relación con el artículo 54 letra b de la Ley 18.575, con errada aplicación del artículo 31 del Código Civil, considerando que subsiste un parentesco por afinidad entre excónyuges, lo que se aparta de la doctrina y jurisprudencia unánime que establece que los cónyuges no son parientes entre sí y que el vínculo matrimonial se disuelve con el divorcio.

Conforme lo expuesto, previas citas legales y se declare que el acto recurrido es ilegal o arbitrario, y en consecuencia, se deje sin efecto, lo que servirá de base a la solicitud administrativa de reincorporación que oportunamente intentará.

Segundo: Que informa nombre reservado, en representación de Contraloría General de la República, quien alega la pérdida de oportunidad del recurso.

Expone ser efectivos los actos administrativos impugnados, y destaca que, mediante el dictamen E124525, de 24 de julio de 2025, se complementó el dictamen E26919, de 2025, concluyendo que los excónyuges no son parientes entre sí, por lo que éstos no se encuentran dentro de la inhabilidad contemplada en los artículos 54 letra b) de la Ley 18.575 y 83 de la Ley 18.883.

Así, cita el artículo 54, letra b), de la Ley 18.575, en cuanto previene que ‘no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado, “Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive’; mientras que el artículo 83 de la Ley 18.883, consigna que ‘en una misma municipalidad no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellos se produzca relación jerárquica’. Finalmente, el artículo 31 del Código Civil, define parentesco por afinidad como ‘el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer’, para finalmente concluir que ‘la inhabilidad por la cual se consulta se produce con ocasión del parentesco por afinidad a que se refiere el citado artículo 83 de la ley N° 18.883, que abarca, en concordancia con el artículo 31 del Código Civil, a las personas que estuvieron casadas’.

Agrega que, conforme un nuevo estudio de la normativa expuesta, la Unidad de Planificación y Control de Gestión de la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades de la Contraloría General solicitó un pronunciamiento que precisara el alcance del oficio E26919, de 2025, y mediante el oficio E124525, de 24 de julio del año en curso, se complementó el oficio E26919, de 2025, indicándose que el parentesco por afinidad se produce entre quien ha estado casados y los consanguíneos de su excónyuge, por lo que, en sentido contrario, no se genera parentesco por afinidad entre dos personas que estén o hayan estado casadas, de modo tal que, los excónyuges no son parientes entre sí.

En consecuencia, finaliza refiriendo que, conforme dictamen 53.770. de 2014, las normas sobre inhabilidades de ingreso o permanencia constituyen prohibiciones estrictas, en base a la presencia de elementos objetivos, establecidas con el fin de prevenir la ocurrencia de algún conflicto de interés que afecte el principio de probidad que con ellas se resguarda, por lo que no corresponde extender su aplicación a situaciones no previstas en la normativa, como sería el caso de los excónyuges, siendo complementado el oficio E26.919, de 2025.

Da cuenta de que la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante oficio E131306, de 5 de agosto pasado, resolvió dejar sin efecto los oficios E64.626, y E114.307, de este año, y resolvió el recurso de reposición presentado por la recurrente y la municipalidad, respectivamente, siendo el dictamen E26919 de 2025, dejado sin efecto.

Tercero: Que el recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Cuarto: Que, por esta vía se impugna la interpretación efectuada por la recurrida, respecto a la subsistencia de un vínculo de parentesco, quien se desempeña en el mismo municipio que la actora, habiéndose declarado el divorcio, concluyendo que no se verifica un vínculo que motive un pronunciamiento de inhabilidad.

Quinto: Que, si bien los actos impugnados se sustentan en interpretación normativa de la Ley 18.883 y 18.575, existe una declaración de invalidez del vínculo laboral de la recurrente y que sirvió de antecedente para el pronunciamiento de decreto alcaldicio que dejó sin efecto su nombramiento, siendo sólo reincorporada a sus funciones por la orden de no innovar decretada en esta causa.

Sexto: Que, si bien el ente contralor alegó la falta de oportunidad respecto la acción interpuesta, en razón de que un nuevo estudio de los antecedentes de la funcionaria dejó sin efecto el razonamiento impugnado, esto no descarta un actuar arbitrario, toda vez que de una falta de motivación y justificación, desatendiendo a los antecedentes de hecho que desvirtúan la interpretación arribada, se privó a la actora de su cargo y remuneraciones, atentando contra su derecho de propiedad, lo que motiva a que el presente recurso sea acogido.

Séptimo: Que, atendida la naturaleza de los hechos y habiéndose privado a la actora de su remuneración, se impondrá la condena en costas a la recurrida.

Por estas consideraciones, disposiciones legales y constitucionales citadas y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República, sólo en cuanto la recurrida deberá disponer las medidas tendientes al pago de las remuneraciones de la funcionaria durante el tiempo que duró su separación del servicio.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N° 1256-2025 Protección