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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1255-202621 ago 2026

Protección contra Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región

Fecha
21 de agosto de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1255-2026, sentencia de 21 de agosto de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Secretaría Regional Ministerial y la Subsecretaría de Bienes Nacionales por el rechazo de la regularización del inmueble, pues la superficie y el avalúo discutidos no pueden dilucidarse en sede cautelar.

Texto íntegro

nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial y otro Recurso de protección Rol N° 1255-2026.- La Serena, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Comparece don Sebastián Reyes Sotomayor, abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales, por haber rechazado la regularización del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Explica que la recurrente solicitó regularizar este inmueble mediante el procedimiento establecido en el Decreto Ley N°2.695. Sin embargo, Bienes Nacionales rechazó su solicitud porque consideró que el avalúo fiscal superaba el límite máximo de 1.000 UTM exigido por la ley.

Refiere que el problema se produjo porque el certificado del Servicio de Impuestos Internos señala que el inmueble tiene una superficie de 360 m², mientras que la recurrente pidió regularizar 412,50 m². Debido a esta diferencia, Bienes Nacionales calculó cuánto valdrían los 412,50 m² y concluyó que el avalúo ascendía a $70.185.561, cifra superior al límite legal.

Sostiene que este cálculo es ilegal, porque Bienes Nacionales no tendría facultades para fijar o modificar el avalúo fiscal de un inmueble. A su juicio, debía considerarse únicamente el valor indicado en el certificado del Servicio de Impuestos Internos, organismo legalmente competente para determinar ese avalúo. Dicho certificado indicaba un valor de $60.347.635 en diciembre de 2025 y de $61.252.853 en enero de 2026, montos que no superaban las 1.000 UTM.

Añade que el ingreso de su solicitud fue el 31 de diciembre de 2025, cuando remitió por correo electrónico los formularios y documentos digitalizados. Sin embargo, las recurridas consideran como fecha oficial el 09 de enero de 2026, que es la indicada en el formulario.

Agrega que el inmueble fue adquirido por su abuelo materno alrededor del año 1960, quien pagó su precio, pero nunca lo inscribió a su nombre. Posteriormente, permaneció en posesión de su madre y sus tías, quienes en 2005 celebraron una promesa de compraventa con el marido de la recurrente.

Finalmente, afirma que esta actuación vulnera la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad. Por ello, solicita que se acoja el recurso y se ordene dar curso a la regularización del inmueble.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

SEGUNDO: Que, comparecen doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en representación de dicho organismo, y doña nombre reservado, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, en representación de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Refieren que la recurrente ingresó formalmente su solicitud de regularización el 09 de enero de 2026, pretendiendo sanear una superficie de 412,50 m². Sin embargo, el certificado del Servicio de Impuestos Internos registraba una superficie de solamente 360 m², con un avalúo fiscal de $61.252.853.

Explican que, ante esta diferencia, fue necesario determinar el valor correspondiente a la superficie que efectivamente se pretendía regularizar. Para ello, aplicaron a los 412,50 m² el valor proporcional por metro cuadrado obtenido del propio avalúo certificado por el Servicio de Impuestos Internos, operación que arrojó un valor de $70.185.561, superior al límite máximo de 1.000 UTM exigido por el artículo 1° del Decreto Ley N°2.695.

Sostienen que esta operación no constituye una nueva tasación ni una modificación del avalúo fiscal, materias que reconocen como propias del Servicio de Impuestos Internos.

Explican que se trata únicamente de un cálculo matemático necesario para verificar si la totalidad de la superficie solicitada cumple el límite legal. Agregan que considerar el avalúo correspondiente a 360 m² para regularizar 412,50 m² significaría aplicar a una superficie mayor el valor calculado para una cabida menor.

En cuanto a la fecha de presentación, afirman que la solicitud fue ingresada formalmente el 09 de enero de 2026, por medio de los canales institucionales habilitados. El envío de documentos por correo electrónico efectuado el 31 de diciembre de 2025 no habría iniciado el procedimiento administrativo, pues solo correspondía a la remisión de antecedentes destinados a completar la futura postulación.

Además, el propio formulario suscrito por la recurrente indica como fecha de ingreso el 9 de enero de 2026.

Señalan que la recurrente no posee un derecho indiscutido a obtener la regularización, ya que se trata de una solicitud administrativa sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Ley N°2.695. Por ello, sostienen que las resoluciones fueron dictadas dentro de sus atribuciones y se encuentran debidamente fundamentadas.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña antecedentes para acreditar sus alegaciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el recurso se dirige en contra de la decisión de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y de la Subsecretaría de Bienes Nacionales de rechazar la solicitud de regularización del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Por su parte, las recurridas solicitan el rechazo de la acción, señalando que no efectuaron una nueva tasación fiscal, sino únicamente un cálculo proporcional destinado a determinar el valor de la superficie que efectivamente se pretende regularizar, pues el certificado del Servicio de Impuestos Internos solo comprendía 360 m².

SEXTO: Que, el quid del asunto radica en determinar la superficie que se pretende regularizar y el valor de la misma, a fin de dar estricto cumplimiento a las limitaciones que estatuye la normativa aplicable. Aquel extremo, al ser debatido, no resulta posible sea dilucidado en una sede cautelar y de urgencia, acción constitucional que requiere de un derecho indubitado -en el caso de marras el derecho a tramitar una regularización conforme a la ley- declaración que escapa a los márgenes de este tipo de recursos excepcionales, razón por la cual la acción debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección por el abogado Sebastián Reyes Sotomayor, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y de la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº1255-2026 Protección.