nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Recurso de protección Rol N° 1255-2025 La Serena, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Piero Palazzo Hauptli, abogado, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado el día 10 de julio de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en virtud de su calidad de técnico extranjero.

Señala que con fecha 1 de julio de 2025 efectuó la solicitud a través del portal web de la AFP, siendo notificado mediante correo electrónico de fecha 10 de julio de 2025 del rechazo de la misma, fundado en que la acreditación de afiliación al sistema de seguridad social extranjero no se acompañó en la forma exigida, limitándose la recurrida a señalar “Motivo del Rechazo es: Otros: “Según lo establecido en el titulo XI Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten devolución de fondos previsionales, número (1) Letra (B) en su inciso segundo: • La acreditación de estar afiliado a un sistema previsional extranjero se realizará mediante un certificado emitido por una entidad previsional extranjera, por lo que una declaración notarial no cumpliría con este criterio.”.

Hace referencia a lo señalado en el artículo 1 y 7 de la Ley N°18.156 conforme a los cuales, en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que se encuentren afiliados a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile y manifiesten en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Expresa que la Administradora de Fondos de Pensiones yerra al rechazar fundamentando únicamente que la declaración notarial acompañada a la solicitud es insuficiente, puesto que, al momento de efectuar la petición acompañó constancia certificada emitida por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, la cual puede ser verificada a través del código alfanumérico que arroja el señalado certificado, y en su defecto, de una simple búsqueda a través de Google.

Indica que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que no se acompañó el certificado de afiliación, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo.

Esgrime que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Culmina solicitando se ordene reconocer la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos solicitados por el recurrente, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos en relación con el recurrente: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Carta de rechazo de la AFP Uno; 3. Declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada y apostillada; 4. Constancia de afiliación electrónica; 5. Título profesional apostillado; 6. Cédula de identidad venezolana del recurrente.

SEGUNDO: Que, informa doña Romina Dalbosco Cornejo, abogada, en representación de AFP UNO S.A., solicitando el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Sostiene que el recurso de protección de autos debe ser rechazado, por cuanto, además de no cumplir con los requisitos de emergencia o urgencia para asegurar el respeto y vigencia de derechos fundamentales, el recurrente no ha sufrido un acto arbitrario o ilegal que vulnere sus derechos, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden acceder a realizar un acto que la ley no les permite realizar.

Refiere que el 1 de julio de 2025 el recurrente solicitó a AFP UNO S.A. por medio de sucursal, el trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.156, respecto de su empleador Comercial Partner SPA, agregando que acompañó contrato de trabajo, anexo de contrato, título técnico profesional otorgado por el Colegio Universitario Fermín Toro, apostilla del título profesional y declaración jurada notarial.

Relata que el 11 de julio de 2025 se informó al actor que no cumplía con los criterios establecidos por la ley para dar curso a su solicitud, indicando que “La acreditación de estar afiliado a un sistema previsional extranjero se realizará mediante un certificado emitido por una entidad previsional extranjera, por lo que una declaración notarial no cumpliría con este criterio. No obstante, lo anterior, usted podrá presentar nuevamente la solicitud siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.”

Indica que el recurrente no acompañó certificado de cotizaciones al momento de presentar la solicitud, sino que presentó una declaración jurada que indicaba que se encontraba afiliado en el régimen previsional del país de origen. Agrega que, aunque la parte recurrente hubiese presentado el certificado de cotizaciones, se debe tener presente que la normativa exige, que los documentos emitidos fuera del país deben ser debidamente legalizados, entendiéndose por tal, entre otras opciones, el atestamiento de un agente diplomático acreditado en Chile por el Gobierno del país en que se otorgó el instrumento, cuya firma debe ser certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República (art. 345, N° 3).

Explica que, la actuación de su representada se ha ajustado estrictamente a la normativa vigente, exigiendo únicamente aquello que la ley impone. Cosa distinta es que, frente a situaciones excepcionales como la que se expone, pudiera discutirse la necesidad de establecer mecanismos alternativos de validación documental. Sin embargo, dicha determinación corresponde exclusivamente al legislador o a la autoridad competente, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, y escapa completamente a la competencia y responsabilidad de esa parte.

No resulta atendible entonces, sostener que la exigencia del Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado conforme a lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, constituya un requerimiento antojadizo o arbitrario por parte de su representada. Por el contrario, dicho documento cumple la función de acreditar fehacientemente la incorporación del solicitante al sistema previsional del país de origen y la cobertura de las prestaciones respectivas, siendo una exigencia legal cuya finalidad es asegurar la validez, autenticidad y seguridad jurídica en el proceso de retiro de fondos previsionales.

Agrega que, respecto de la afirmación relativa a que el certificado de cotizaciones puede ser verificado y validado mediante un enlace web genérico, la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros.

Señala que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario por parte de su representada y que no se ha causado ningún agravio al recurrente de autos, lo que por sí solo sería suficiente para desestimar el recurso que motiva esta presentación, y que su representada no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Por lo expuesto solicita el rechazo de la acción deducida en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley 18.156 dispone que las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

SEXTO: Que, conforme lo razonado y del mérito de las alegaciones que configuran la pretensión del actor, conviene destacar que, desde el momento en que existe controversia sobre la idoneidad de los antecedentes acompañados en sede administrativa para fundar su petición de retiro, y si se subsume a la hipótesis prevista en la Ley 18.156, no cabe sino concluir que, en la especie, el extranjero carece de un derecho indubitado, debiendo acreditar el mérito de su documentación en la sede prevista en la normativa, como expuso el representante de la AFP, circunstancia que impide dar lugar a la acción pretendida.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, a mayor abundamiento, se estima que el documento acompañado por el actor, consistente en constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es idóneo y suficiente para tener por cumplido el requisito contemplado en la letra a) del artículo 1 de la Ley ya citada, más cuando no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, motivo suficiente para insistir en el rechazo que se indicó.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1255-2025 Protección.