nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

I. Municipalidad De La Serena Recurso De Protección Rol N°1253-2026.- La Serena, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Nicolás Humberto Páez Díaz, abogado, en representación de doña nombre reservado, funcionaria municipal, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena, por estimar ilegales y arbitrarios los Decretos Alcaldicios N°2023, de 29 de abril de 2026, que dispuso su destitución, y N°2576, de 1 de junio de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero y mantuvo la medida disciplinaria.

Expone que ingresó a prestar servicios en la Municipalidad de La Serena el 16 de febrero de 2018 y que desde el 15 de febrero de 2021 posee la calidad de funcionaria de planta, registrando una trayectoria sin sanciones disciplinarias previas y calificaciones sucesivas en Lista N°1 de Distinción.

Señala que el procedimiento disciplinario tuvo su origen en antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que habrían registrado salidas del país durante períodos cubiertos por licencias médicas. La investigación fue inicialmente instruida mediante Decreto Alcaldicio N°2443, de 23 de mayo de 2025, y posteriormente separada respecto de su representada mediante Decreto Alcaldicio N°4211, de 27 de agosto de 2025.

Refiere que se formularon dos cargos. El primero consistió en haber viajado al extranjero entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024 durante la vigencia de una licencia médica que disponía reposo laboral total en domicilio, incluyéndose además la inasistencia a la jornada del 3 de diciembre de ese año. El segundo cargo se relacionó con la percepción íntegra de sus remuneraciones durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, pese a no haber cumplido, según la tesis fiscal, las condiciones del reposo prescrito.

La recurrente no controvierte haber efectuado el viaje, pero sostiene que la decisión sancionatoria habría incurrido en responsabilidad objetiva y desconocido antecedentes decisivos de sus descargos. Afirma que el viaje a México fue planificado y pagado en julio de 2024, varios meses antes del cuadro de salud que motivó la licencia; que ésta obedeció a un cuadro de estrés agudo vinculado a circunstancias familiares; y que, tratándose de una afección de salud mental, un cambio de ambiente no resultaba necesariamente incompatible con su recuperación.

Agrega que, respecto de la ausencia del 3 de diciembre, había gestionado con anterioridad el correspondiente feriado o permiso, contando con autorizaciones de sus jefaturas, pero que el documento físico se habría extraviado en dependencias municipales durante una mudanza. Invoca asimismo su irreprochable conducta anterior, sus calificaciones de excelencia y la inexistencia de perjuicio fiscal como circunstancias que, a su juicio, debieron ponderarse al determinar la sanción.

Sostiene que la Municipalidad habría aplicado retroactivamente criterios posteriores de la Superintendencia de Seguridad Social relativos a las salidas del país durante licencias médicas y que, al momento de los hechos, no existía una prohibición legal expresa de desplazamiento internacional aplicable en la forma entendida por la recurrida. Alega también que la autoridad confundió el control sanitario o previsional de la licencia con la responsabilidad disciplinaria funcionaria, atribuyéndose potestades que corresponderían a otros organismos.

Reprocha especialmente que los decretos hayan considerado la destitución como consecuencia necesaria o automática de la calificación de la conducta como infracción grave a la probidad, desconociendo, según afirma, el artículo 120 de la Ley N°18.883, que obliga a ponderar la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes. Estima que la autoridad no efectuó una ponderación real de sus antecedentes personales, clínicos y funcionarios ni aplicó correctamente el principio de proporcionalidad.

Alega, además, afectación de su vida privada y honra por la utilización de antecedentes médicos y familiares incorporados al procedimiento, así como vulneración del derecho de propiedad respecto de su cargo, remuneraciones y derechos funcionarios.

En cuanto a la oportunidad de la acción, sostiene que ambos decretos integran una secuencia administrativa única y que el agravio quedó definitivamente consolidado con el Decreto N°2576, notificado el 23 de junio de 2026, de modo que la acción ingresada el 21 de julio del mismo año sería oportuna.

Denuncia vulneración de las garantías establecidas en los numerales 2°, 4° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y solicita que se dejen sin efecto los Decretos Alcaldicios N°2023 y N°2576, se ordene su reincorporación al cargo con todos sus derechos y se disponga el pago de las remuneraciones, beneficios y cotizaciones correspondientes al período de separación, con costas.

SEGUNDO: Que, informando la Ilustre Municipalidad de La Serena, solicita el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Como cuestión previa, alega su extemporaneidad. Sostiene que el Decreto Alcaldicio N°2023 fue notificado a la recurrente el 18 de mayo de 2026 y dispuso que la destitución producía efectos desde su notificación, sin que la reposición administrativa tuviera efecto suspensivo. En consecuencia, afirma que el conocimiento cierto del acto lesivo se produjo en esa fecha y que la posterior dictación del Decreto N°2576, que rechazó la reposición, no generó una nueva destitución ni renovó el plazo para recurrir.

En cuanto al fondo, sostiene que la acción de protección no puede transformarse en una nueva instancia destinada a revisar el mérito probatorio de un sumario administrativo, ponderar atenuantes o sustituir el juicio disciplinario de la autoridad competente. Precisa, sin embargo, que ello no excluye el control jurisdiccional respecto de competencia, debido proceso, motivación y razonabilidad, materias en las cuales afirma que el procedimiento se ajustó plenamente a derecho.

Expone que la recurrente prestó declaración, conoció los hechos investigados, fue formalmente notificada de cargos concretos, presentó descargos, acompañó prueba documental, ofreció prueba testimonial, solicitó y obtuvo término probatorio y ejerció los recursos administrativos pertinentes. Añade que el Decreto N°2023 fue debidamente fundado y que la reposición fue también conocida y resuelta mediante el Decreto N°2576.

Destaca que constituye un hecho no controvertido que la recurrente inició y desarrolló un viaje internacional de carácter particular a Cancún, México, mientras se encontraba bajo una licencia médica que prescribía reposo total domiciliario. Aclara que el reproche disciplinario no recayó sobre la existencia o autenticidad de la enfermedad ni sobre la validez formal de la licencia, sino sobre el uso que la funcionaria hizo del período de reposo remunerado.

Sostiene que la recurrente incurre en un error al equiparar las competencias sanitarias de COMPIN o SUSESO con la potestad disciplinaria del empleador público, pues ambas responden a finalidades distintas. La Municipalidad no habría fiscalizado médicamente la licencia, sino examinado una conducta funcionaria a la luz de los deberes estatutarios y del principio de probidad.

Niega que se haya aplicado retroactivamente una prohibición creada con posterioridad. Señala que la sanción se funda en deberes funcionarios y de probidad vigentes al momento de los hechos, así como en la indicación concreta de reposo total domiciliario contenida en la licencia, utilizando los criterios administrativos posteriores únicamente como elementos de interpretación y no como fuente de una nueva infracción.

En cuanto a la proporcionalidad, rechaza que la medida haya sido automática. Afirma que todos los antecedentes personales, funcionarios, médicos y probatorios introducidos por la defensa fueron examinados y ponderados, pero que la autoridad concluyó fundadamente que no modificaban la entidad de la infracción. Añade que, una vez establecida una vulneración grave al principio de probidad, el artículo 123 de la Ley N°18.883 hace procedente la sanción de destitución.

Respecto de la vida privada, señala que los antecedentes clínicos fueron introducidos por la propia funcionaria como parte de su defensa y que el procedimiento tuvo carácter reservado; añade que la separación del sumario colectivo se dispuso precisamente para proteger la información personal y sensible acumulada.

Finalmente, niega vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, por no acreditarse un trato distinto respecto de funcionarios en igual situación y porque la estabilidad en el empleo público no es absoluta, sino que se mantiene mientras no concurra una causal legal de cesación válidamente aplicada.

TERCERO: Que, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías expresamente amparadas por dicha disposición.

En consecuencia, su objeto no consiste en sustituir los procedimientos administrativos legalmente establecidos ni en abrir una nueva instancia de revisión del mérito de decisiones adoptadas por la autoridad competente, sino en controlar si el acto impugnado presenta una infracción manifiesta al ordenamiento jurídico o carece de fundamento racional y, además, si de ello deriva una afectación constitucional susceptible de tutela por esta vía.

CUARTO: Que, los actos impugnados corresponden al Decreto Alcaldicio N°2023, de 29 de abril de 2026, mediante el cual la Ilustre Municipalidad de La Serena aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, y al Decreto Alcaldicio N°2576, de 1 de junio del mismo año, que rechazó la reposición administrativa y mantuvo aquella sanción.

La controversia no recae sobre la existencia material del viaje al extranjero, hecho reconocido por la propia recurrente, sino sobre su significación jurídica en el ámbito disciplinario, la suficiencia de la motivación de los actos, la ponderación de los descargos y circunstancias personales, la proporcionalidad de la sanción y la eventual afectación de las garantías constitucionales invocadas.

QUINTO: Que, en primer término la recurrida alegó la extemporaneidad de la acción, indicando que el Decreto Alcaldicio N°2023 fue notificado a la recurrente el 18 de Mayo de 2026 y produjo efectos desde esa fecha, sin que la reposición administrativa suspendiera su eficacia en lo referente a la destitución. Sin embargo, dicha alegación será desestimada pues la presente acción no se dirige únicamente contra aquel decreto, sino también contra el Decreto Alcaldicio N°2576, de 1 de junio de 2026, que rechazó la reposición deducida por la funcionaria y mantuvo expresamente la medida expulsiva, acto que fue notificado el 23 de junio del mismo año, constituyendo dicha decisión administrativa posterior, dotada de fundamentación propia y que reafirma el agravio denunciado, la que hace oportuna esta acción deducida el 21 de julio de 2026, más aún, considerando la estrecha vinculación existente entre ambos actos y que no resulta reprochable que se agoten las posibilidades de revisión administrativa como paso previo a acudir a la instancia jurisdiccional y que el decreto alcaldicio de junio de 2026 hace propia la fundamentación del decreto previo y confirma la sanción cuya legalidad y racionalidad se impugna, por lo corresponde examinarlos de manera conjunta.

SEXTO: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso se debe hacer presente que la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, indica en su artículo 4 que uno de los principios que debe informar la actuación de la Administración es el de imparcialidad, el cual se desarrolla en el artículo 11 estableciendo el deber de actuar con objetividad, estableciendo los fundamentos de las decisiones que se adopten, lo que es una manifestación de la garantía de igualdad en cuanto el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental establece que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

SÉPTIMO: Que en el presente caso la decisión que se impugna y la que la confirmó se fundamenta en el establecimiento de dos cargos respecto de la recurrente, el primero por “Haber viajado al extranjero desde el 30 de noviembre al 9 diciembre de 2024, durante una licencia médica, la que abarcó un periodo de 15 días, desde el 18 de noviembre de 2024 hasta el lunes 2 de diciembre de ese año, otorgada por concepto de enfermedad o accidente común, con indicación expresa de “reposo laboral total” en el domicilio ubicado en domicilio reservado, según consta en ella, N°RUT reservado. A lo anterior se suma que, luego del término de la licencia médica, solo los días miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y lunes 9 de diciembre se justificaron con días de permiso administrativo, no obstante, el día 3 de diciembre, aparece sin marca y sin justificación, según informa la Dirección de Personas mediante el oficio N°51/2026, de fecha 23 de febrero de 2026, de la Dirección de Personas.” y el segundo por “Percibir íntegramente la remuneración de los meses de noviembre y diciembre de 2024, a pesar de no dar cumplimiento al reposo laboral total en el domicilio indicado en la licencia, según lo prescrito por el médico que la otorgó, N°RUT reservado”.

OCTAVO: Que en relación a los cargos es del caso señalar que no se ha controvertido por la actora la efectividad del viaje indicado en el primero de ellos, sin embargo, adujo que había solicitado días de feriado legal que comprendían el 3 de diciembre de 2024 y que el establecimiento del segundo de los cargos desatiende la normativa que rige a los funcionarios municipales, imputándole una falta que no era tal.

NOVENO: Que cabe señalar que la recurrida ha dejado expresamente asentado en los decretos alcaldicios que los mismos no importan cuestionar la situación de salud que ameritó la emisión de licencia médica, alegación que se reiteró en estrados por el letrado que compareció en representación de la recurrida.

DÉCIMO: Que asentado lo anterior y considerando que la recurrida no cuestiona la situación de salud ni la patología que originó la emisión de la licencia, ni tampoco la procedencia de su emisión, no resulta entonces coherente con aquello la mantención del segundo cargo pues éste se contrapone con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 110 de la Ley 18.883 que establece el Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales, norma que preceptúa que durante la vigencia de una licencia médica el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones, de forma tal que cumpliéndose con el presupuesto de haberse emitido una licencia médica a favor de la actora, la cual amparaba el pago de la remuneración en el período impugnado (pago que por lo demás dependía del Municipio) y en tanto no se establezca que medió fraude en la emisión de dicho documento, no es posible sostener que existiese una percepción ilícita de la remuneración.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia la mantención del segundo de los cargos, en el contexto establecido en los decretos alcaldicios que motivan esta acción de protección, pugna con la norma legal referida precedentemente, lo que tiñe de ilegalidad la decisión de la autoridad en este acápite.

DUODÉCIMO: Que, en relación al primero de los cargos, se debe señalar que el mismo no sólo comprendía el viaje al extranjero durante la vigencia de la licencia médica sino también la inasistencia injustificada atribuida a la recurrente el día 3 de diciembre de 2024, aduciendo la funcionaria haber solicitado con antelación el permiso o feriado correspondiente, desplegando una actividad probatoria destinada a demostrar que la solicitud había sido autorizada por sus jefaturas, pero que el formulario físico se extravió en dependencias municipales. Sin embargo, la decisión sancionatoria no establece de manera inequívoca si aquella ausencia fue finalmente tenida por injustificada o si el descargo fue aceptado, limitándose a señalar, los decretos que en concepto de la sumariante “ello no altera el razonamiento de esta fiscalía, por cuanto el hecho imputado fue haber viajado al extranjero durante una licencia médica, coincidiendo en tal caso 3 días de aquel con ésta” respuesta insuficiente, pues si la inasistencia del día 3 de diciembre integró formalmente los hechos materia de cargo, el dictamen de la fiscal, de conformidad al artículo 137 de la Ley 18883, debía pronunciarse acerca de su acreditación y de su eventual incidencia en la responsabilidad disciplinaria, lo que igualmente debía ser objeto de pronunciamiento del alcalde, de acuerdo al artículo 138 del mismo texto legal, no siendo admisible que se prescinda de resolver los descargos formulados a su respecto por estimarlo irrelevante, más si se considera que se concluyó aprobando la vista fiscal y ratificando dicha decisión en el decreto que desestimó la reposición, lo que da cuenta de una omisión que contraría la normativa legal que rige el establecimiento de la responsabilidad administrativa de los funcionarios municipales DECIMOTERCERO: Que, cabe señalar asimismo que los decretos alcaldicios recurridos reconocen que la sumariada carece de sanciones previas, sin embargo, indica que los hechos establecidos en el sumario configuran una infracción grave al principio de probidad administrativa y que en tal escenario “la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponer la enunciada sanción expulsiva, sin que pueda aplicar otra medida, ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad del inculpado”, de este modo se desestima ponderar la conducta previa de la investigada, su trayectoria laboral, su situación de salud y sus calificaciones previas, indicando que sólo cabía aplicar la sanción de destitución.

DECIMOCUARTO: Que, en relación a este punto cabe precisar que el principio de probidad administrativa se ha entendido que "consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", ello de acuerdo a lo que establece el artículo 52 de la Ley N°18.575, modificado por la Ley N°19.653.

Por su parte, el artículo 62 del DFL 1-19653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado , consagra que “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares; 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo.”

Asimismo, el artículo 123 del Estatuto Administrativo Municipal, indica que “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82; c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82. d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”

DECIMOQUINTO: Que, en la especie no se ha imputado ni acreditado que existiese dolo o fraude de la actora en la obtención de la licencia médica y si bien es posible considerar reprochable el viajar al extranjero sin respetar el reposo, ello justifica de acuerdo a la normativa que rige la materia (artículo 55 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud) que sea privada del subsidio respectivo, pero considerando que se trata de un evento único, por un número de días acotados y que no existían reproches previos a su conducta, la gravedad de la falta cometida se ve morigerada, más aún si se tiene presente que la situación constatada no configura ninguna de las hipótesis que la ley ha estimado que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, cabiendo hacer notar que las mismas se refieren a conductas, que corresponden a delitos funcionarios o situaciones que afectan de manera seria la marcha del servicio, por lo que teniendo presente la entidad y carácter del hecho establecido respecto de la funcionaria era necesario que se fundase de manera adecuada el cómo la “gravedad” de la infracción era equiparable a situaciones que constituyen delitos o configuran un grave entorpecimiento al servicio, observándose de la lectura de los decretos que éstos se limitan a señalar que la conducta es grave por atentar contra la probidad administrativa, realizando un razonamiento circular que se aparta de una fundamentación lógica y racional en este punto, ocurriendo otro tanto con la imputación de haber incumplido la obligación de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, pues dicha imputación de ninguna manera resulta suficiente para justificar la medida expulsiva considerando las situaciones en que se ha establecido su procedencia conforme al artículo 123 de la Ley 18.883.

DECIMOSEXTO: Que en el escenario descrito, no cabe sino concluir que los decretos alcaldicios impugnados, adolecen de defectos en su fundamentación en relación al establecimiento del elemento de “gravedad” de la conducta, pero además dichos decretos de forma explícita han decidido dejar de aplicar lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 18.883 que expresamente dispone que “las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”, por lo que el Municipio debía establecer en su pronunciamiento las eventuales aminorantes de responsabilidad concurrentes lo que al ser desatendido conlleva que los decretos alcaldicios tampoco cumplan con los estándares de imparcialidad y de fundamentación que establecen los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que mandata a la autoridad ponderar objetivamente todos las circunstancias del caso y guardar relación en su fundamentación con los antecedentes reunidos y con los hechos establecidos durante la indagatoria, lo que no se observa cumplido en la especie tornándose así los referidos decretos en ilegales y arbitrarios.

DECIMOSÉPTIMO: Que así las cosas, al resultar arbitrarios e ilegales los Decretos Alcaldicios N°°2015, de 29 de Abril de 2026, y N°2287 de 14 de Mayo de 2026, resulta vulnerada en la especie la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto se ha dejado de aplicar respecto de la recurrente la normativa general que rige los actos de la administración, de la cual el Municipio recurrido forma parte y aquella que rige a los funcionarios municipales en particular y el establecimiento de responsabilidades administrativas, observándose además un trato desigual respecto de otros funcionarios públicos que por conductas de similar naturaleza, en razón de circunstancias atenuantes particulares, han recibido sanciones de menor entidad (casos que han sido ampliamente difundidos por medios de comunicación social y constituyen por tanto un hecho público y notorio), estableciendo que si bien no se detecta una vulneración a la garantía del numeral 4 de la norma señalada, en tanto no se constató una vulneración a su privacidad, pues fue la propia recurrente quien proporcionó los antecedentes relativos a su situación de salud, igualmente se lesionó la garantía del numeral 24 del artículo referido en tanto la recurrente se ve privada en virtud de un acto ilegal y arbitrario del cargo que sirve en propiedad, conforme a la nomenclatura que utiliza el mismo Estatuto Administrativo para referirse a la calidad que detenta un funcionaria de planta.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena y, en consecuencia, se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios N°2023, de 29 de abril de 2026, y N°2576, de 1 de junio de 2026, debiendo la recurrida retrotraer el procedimiento al estado en que se emita un informe fiscal que se pronuncie sobre los cargos en su integridad, emitiendo un nuevo pronunciamiento disciplinario, debidamente fundado, que pondere expresamente la gravedad de los hechos establecidos en el sumario y las circunstancias invocadas por la recurrente en su defensa y en el recurso de reposición.

Mientras no se dicte dicho nuevo pronunciamiento, la Municipalidad deberá retrotraer la situación funcionaria de la recurrente al estado anterior a la dictación de los actos dejados sin efecto, adoptando las medidas administrativas que sean consecuencia de ello, sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente en ejercicio de la potestad disciplinaria, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, devengados entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Se previene que el abogado integrante señor Gallardo fue del parecer de acoger el recurso teniendo presente además las siguientes consideraciones:

1°.- Que, en primer término, se debe destacar que no existe en Chile ninguna norma que le prohíba a las personas que hacen uso de licencia médica, salir al extranjero y en este contexto, resultaba imperioso que la recurrida explicara por qué un viaje que no está prohibido puede vulnerar el principio de probidad lo que implicaría un actuar carente de honradez, de integridad y de rectitud, pues sólo se afirma, como si fuera una verdad incuestionable, que el viaje realizado atenta contra la probidad y no se explican -ni siquiera se esbozan- las razones de dicha afirmación.

2°.- En este punto y pese a que las Resoluciones cuestionadas nada dicen al respecto, para comprender la actuación del municipio recurrido conviene recordar lo que ha ocurrido en el país con el llamado “escándalo de las licencias médicas” surgido a propósito de los listados remitidos a las diversas reparticiones del Estado por la Contraloría General de la República con los nombres de personas que desempeñan labores públicas y que salieron del país estando con licencia médica, ordenando la inmediata instrucción de sumarios disciplinarios; materia en la que anticipadamente se consideró tal situación como una grave irregularidad a entender de la propia Contraloría General de la República, cuya máxima autoridad señaló ante diversos medios de comunicación y también en su comparecencia ante el Senado de la República, que las licencias médicas no permiten salir del país porque se vulneran las disposiciones que obligan a realizar el monitoreo del reposo prescrito.

3°.- En la misma línea de la Contraloría General de la República, la jurisprudencia administrativa emanada de la SUSESO sostiene que los viajes al extranjero vulneran el derecho que tiene la entidad respectiva para ejercer las facultades fiscalizadoras respecto a las licencias médicas. Sin embargo, la mencionada opinión no alcanza para satisfacer el principio de legalidad, ni siquiera mínimamente, no sólo por la jerarquía normativa de la misma, insuficiente para estos fines, sino porque implica el establecimiento de un ilícito administrativo por analogía, lo que está proscrito en nuestro derecho.

En efecto, lo que se afirma es lo siguiente: como las entidades previsionales tienen derecho a fiscalizar el uso de las licencias médicas, si el paciente viaja al extranjero se impide dicha fiscalización, lo que lleva a la conclusión de que existiría una prohibición de salir al extranjero mientras la persona se encuentra con licencia médica.

Como puede fácilmente advertirse, ante la inexistencia de una prohibición legal para salir del país con licencia médica se ha recurrido a esta especie de analogía, vulnerando con ello el principio de tipicidad, entre otros. Esta propuesta, además de quebrantar el principio de legalidad, presenta otros problemas relacionados con la coherencia del planteamiento, partiendo por la distinción entre viajes al extranjero y desplazamientos dentro del territorio nacional. En efecto, si la base de este supuesto ilícito administrativo dice relación con la imposibilidad de fiscalizar al paciente, no se entiende que sólo se haya investigado a las personas que viajaron al extranjero en circunstancias que dicha imposibilidad se aplicaría a todo aquel que no cumple el reposo en su domicilio.

4°.- Por otra parte, para que esta tesis tuviera alguna lógica, los organismos sectoriales tendrían que haber acreditado que concurrieron al domicilio del paciente y no lo encontraron, para poder tener por configurado el impedimento de fiscalización que se alega como justificación al reproche realizado para los viajes al extranjero, pero en este caso estos organismos ni siquiera ejercieron dichas facultades, razón por la cual este disidente no comprende cómo reclaman ahora el supuesto impedimento. Más bien y tal como se adelantó, parece una forma de aprovechamiento de la propia falta de diligencia.

5°.- Que, de acuerdo a lo razonado anteriormente, el único reproche que se le puede efectuar a la persona investigada, y sólo en el evento que se pudiera soslayar la cosa juzgada y los principios de tipicidad y de legalidad, consiste en haber incumplido el lugar de reposo y no el reposo mismo, lo que constituiría una infracción administrativa muy menor, sobre todo teniendo presente que la fijación de un lugar determinado donde cumplir el reposo no dice relación con la salud del paciente ni con su recuperación, sino que sólo tiene por objeto facilitar la labor fiscalizadora de los organismos respectivos, los que, tal como ya se dijo, no ejercieron tales atribuciones y al no ejercerlas, resulta indiferente el lugar físico desde donde un paciente realice el reposo prescrito. Ya sea en Arica, en Valparaíso o en el extranjero, una persona puede cumplir el reposo médico sin que sus desplazamientos puedan ser considerados per se y sin prueba de cargo, una irregularidad que atenta contra la probidad.

6°.- Que, para cerrar estos razonamientos, parece importante reforzar el principio de tipicidad para decir que no basta con que una determinada conducta le parezca al juzgador (y a la opinión pública) poco prudente, irregular, o indebida, para que surja responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria, sino que resulta indispensable la existencia de una infracción a un deber o prohibición debidamente tipificado, y concurriendo los demás requisitos de dicha responsabilidad.

7°.- Que, finalmente, para reforzar lo afirmado en las motivaciones precedentes y concluir que en el caso sub-iudice la conducta asumida por la recurrente no constituye falta de probidad está la circunstancia, conocida por todos, que actualmente se encuentra tramitando un proyecto de ley que establece estos casos como una falta de probidad, lo que nos lleva, necesariamente, a concluir que los hechos que motivaron la destitución de la protegida no constituyen una falta de probidad.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Corona, quien estuvo por rechazar el recurso, por las siguientes razones:

1°.- Que, el recurso de protección constituye un arbitrio cautelar y sumarísimo destinado a constatar la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que afecten alguna de las garantías amparadas por el artículo 20 de la Constitución, pero no una vía destinada a revisar el mérito de un sumario administrativo regularmente tramitado ni a sustituir la apreciación probatoria y disciplinaria de la autoridad competente.

2°.- Que, en la especie, la recurrente conoció los cargos formulados, formuló descargos, acompañó prueba, hizo valer las circunstancias que estimó pertinentes y ejerció los recursos administrativos correspondientes. Las cuestiones relativas a si determinados cargos quedaron suficientemente acreditados, al valor que debía asignarse a la prueba de descargo, a la suficiencia de las razones expresadas para la sanción y a la proporcionalidad de ésta importan, en concepto del disidente, ingresar al examen del mérito de un procedimiento disciplinario, materia que excede el ámbito propio de esta acción cautelar.

3°.- Que, por consiguiente, sin perjuicio de las demás acciones que el ordenamiento pudiere conferir a la recurrente para discutir la legalidad del acto administrativo sancionatorio, no se advierte en esta sede una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que autorice a dejar sin efecto, por vía de protección, la decisión adoptada al término del sumario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro suplente señor Rodrigo Patricio Díaz Figueroa.

Rol N°1253-2026 Protección.-