Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol Nº1251-2026 La Serena, seis de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Ricardo Daniel Alfaro Cornejo, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de doña nombre reservado, enfermera, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, profesión u oficio desconocido, ambos con domicilio en domicilio reservado° Piso, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº NUM000, de 20 de junio de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de noviembre de 2025, por no comprobar enfermedad grave del hijo menor de 1 año.

Expone que la recurrente se desempeña como enfermera y que el NUM002 de 2025 nació su hija, nombre reservado, quien desde los dos meses de vida habría presentado episodios de vómitos explosivos y reflujo gastroesofágico persistente, con riesgo de aspiración y de desarrollar una patología respiratoria secundaria. Según el informe de su médico pediatra tratante, aunque la niña no presentaba deterioro pondoestatural, su condición requería cuidados permanentes, continuos y directos.

Por tal razón, indica que el pediatra extendió a la recurrente nueve licencias médicas por enfermedad grave de hija menor de un año, fundadas en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, correspondientes a períodos comprendidos entre el 9 de octubre de 2025 y el 12 de marzo de 2026. Indica que todas fueron autorizadas por la COMPIN, salvo la licencia folio N° NUM001, otorgada entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, que fue rechazada por estimarse que no existía causa médica que justificara el reposo.

Afirma que contra dicho rechazo interpuso recurso de reposición ante la COMPIN, la que fue desestimada.

Posteriormente se recurrió ante la SUSESO, organismo que, mediante resolución de 18 de febrero de 2026, confirmó el rechazo. Asimismo, señala que acompañando nuevos antecedentes, el 25 de febrero de 2026 se solicitó la reconsideración de lo resuelto. Sin embargo, el 20 de junio de 2026 la Superintendencia volvió a confirmar el rechazo, expresando que los antecedentes médicos evaluados no justificaban la necesidad de cuidado permanente de la madre y que tampoco fundamentaban un reflujo gastroesofágico que requiriera licencia médica, pues no se describían complicaciones, alteraciones del desarrollo pondoestatural ni patologías asociadas que permitieran considerarlo patológico.

Luego, alega que la resolución carece de fundamentación y razonabilidad, pues se limita a afirmar que el reposo no se encontraba justificado, sin explicar por qué el informe del médico tratante sería insuficiente ni por qué otras licencias otorgadas por el mismo diagnóstico, antes y después del período rechazado, sí fueron autorizadas. Agrega que la SUSESO no dispuso exámenes, interconsultas, informes complementarios ni visitas domiciliarias, pese a contar con facultades para recabar mayores antecedentes.

Sostiene que existe una suerte de contradicción en el actuar de la recurrida, ya que las nueve licencias fueron extendidas por el mismo facultativo, fundadas en la misma enfermedad y destinadas al cuidado de la misma niña. Las cinco licencias anteriores al período rechazado y las tres posteriores fueron autorizadas, cuestionándose únicamente la sexta. Por ello, se pregunta cuál fue el criterio utilizado para rechazar esa licencia en particular y si el diagnóstico habría cambiado de un mes a otro, afirmando que no se comprende la actuación de la SUSESO, especialmente porque contó con un informe pediátrico que justificaba la gravedad de la enfermedad y la necesidad del reposo.

Invoca el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que regula las licencias médicas, destacando que su artículo 16 exige dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para aprobar o rechazar una licencia. Asimismo, cita el artículo 21, que faculta a los organismos competentes para solicitar exámenes, interconsultas, antecedentes clínicos complementarios u otras medidas informativas destinadas a resolver adecuadamente. Sobre esa base, afirma que la recurrida disponía de herramientas para verificar la información aportada por el médico tratante, pero no indicó una causa específica y suficientemente fundada para el rechazo. Esta falta de motivación no habría sido subsanada en ninguna de las instancias administrativas, por lo que el acto sería ilegal, al incumplir el deber de fundamentación, y arbitrario, al no expresar los antecedentes idóneos considerados para adoptar la decisión.

Respecto a las garantías constitucionales, denuncia la vulneración a la integridad física y psíquica de la recurrente, del artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto el no pago de la licencia habría afectado indirectamente, provocándole angustia frente a la necesidad de cubrir el período de reposo rechazado. Como también, invoca la vulneración de su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, sosteniendo que el rechazo la priva de la retribución económica contemplada en la ley.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto el rechazo de la licencia médica N°NUM001, se ordene su pago dentro del plazo que determine el tribunal, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, explicando el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, haciendo presente que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez.

Por otra parte, señala que se estudiaron los antecedentes médicos de la recurrente y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada no se encontraba justificado, ya que los informes aportados no permitían acreditar enfermedad grave del hijo menor de 1 año durante el período reclamado. Asimismo, indica que los antecedentes médicos no justificaban la necesidad de cuidado permanente de la madre, padre o tutor legal, por enfermedad grave de niño menor de 1 año, ya que no fundamentan el diagnóstico de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico que requiera licencia médica. No hay descripción de complicaciones producidas por el reflujo, de alteraciones en el desarrollo pondoestatural ni la existencia de patología asociada que lo haga considerar patológico.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar la licencia médica de la parte recurrente, se encuentra médico- administrativamente justificado, en virtud del estudio y ponderación de los antecedentes médicos tenidos a la vista.

Señala que la Superintendencia se limitó a resolver la situación del recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de Protección.

Niega, finalmente, que la parte recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado derechos fundamentales de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, previamente, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar – como ya se ha fallado en reiteradas ocasiones por esta Corte- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la Superintendencia de Seguridad Social.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta Nº NUM000, de 20 de junio de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de noviembre de 2025, por no comprobar enfermedad grave del hijo menor de 1 año.

En cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica N° NUM001, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados, no justifican la necesidad de cuidado permanente de la madre, padre o tutor legal, por enfermedad grave de niño menor de 1 año.

Que, los antecedentes médicos evaluados no fundamentan el diagnóstico de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico que requiera licencia médica. No hay descripción de complicaciones producidas por el reflujo, de alteraciones en el desarrollo pondoestatural ni la existencia de patología asociada que lo haga considerar patológico”.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

OCTAVO: Que, además, conviene tener presente lo previsto en el artículo 16 del cuerpo legal previamente citado y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la persona trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejando además al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dado en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que la precedieron.

Asimismo, abona a la anterior conclusión, la circunstancia que las otras ocho licencias extendidas a la recurrente sí hayan sido autorizadas, en condiciones que fueron expedidas por el mismo facultativo, respecto de un período de tiempo común, fundadas en la misma enfermedad y destinadas al cuidado de la misma niña; lo que sin duda revela una contradicción en el actuar de la recurrida.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la parte recurrente, desde que la persona trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho de la parte recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiendo que se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº NUM000, de 20 de junio de 2026, que confirmó el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de noviembre de 2025 y, en su lugar, se resuelve que se autoriza dicha licencia médica, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente con su respectivo pago, dentro de quinto día desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1251-2026.- (Protección)