nombre reservado con BANCO SANTANDER - CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Banco Santander-Chile Recurso de Protección Rol N° 1248-2019.- La Serena, ocho de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha once de septiembre de dos mil diecinueve comparece Luis Asbay Tabilo Valdivieso, abogado, en representación de nombre reservado, profesora, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Banco Santander Chile S.A., persona jurídica del giro de su denominación, representada por su Presidente, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que su representada es propietaria del inmueble compuesto del sitio y casa N° 45, Tipo C, del Condominio Puesta del Sol, ubicado en domicilio reservado, el que se encuentra inscrito a su nombre a fojas 7.363 N° 3.666 del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Indica que esta propiedad inicialmente fue comprada y adquirida por nombre reservado, mediante escritura pública de 29 de octubre de 2004, a través de un aporte en efectivo de UF 340.- y un mutuo hipotecario equivalente a UF 1.000.- otorgado por el Banco Santander Chile S.A., pagadero en 12 años mediante el pago de 144 cuotas mensuales.

No obstante, al cabo del pago de las 71 primeras cuotas, vale decir, al cabo del sexto año del crédito, el día 19 de noviembre de 2010, el Sr. nombre reservado pre-pagó las restantes cuotas hipotecarias del crédito y éste se tuvo por total e íntegramente pagado y por extinguida la obligación principal que había dado origen a la hipoteca sobre la propiedad.

Destaca que el Sr. nombre reservado pre-pagó el crédito hipotecario con la única intención de vender y transferir dicha propiedad. Para ello, previamente concurrió al Banco y, junto con pagar el crédito mencionado, solicitó a su ejecutivo de cuentas el alzamiento de los gravámenes que pesaban sobre la propiedad, consistentes en una hipoteca de primer grado, otra de segundo grado, y una prohibición de no enajenar.

Efectivamente, al poco tiempo después, don nombre reservado procedió a vender y transferir dicha propiedad a nombre reservado, por escritura pública de 09 de febrero de 2011.

Años más tarde, éste último, a su vez, procedió a vender y transferir la misma propiedad a doña nombre reservado, mediante escritura pública de 18 de mayo de 2016.

Sin embargo, a pesar de haberse pagado totalmente el crédito y extinguirse la obligación principal, el Banco nunca alzó las hipotecas ni la prohibición de no enajenar que pesaban sobre el inmueble. En efecto, hasta el día de hoy la propiedad se encuentra afecta a una hipoteca de primer grado (o de garantía específica) que consta a fojas 698 N° 348 del Registro respectivo del año 2005 y otra del segundo grado (o de garantía general), inscrita a fojas 700 N° 349, ambas del Registro de Hipotecas y Gravámenes, del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Por otro lado, durante los años 2015 y 2017, vale decir, 11 años después de la constitución de las hipotecas, don nombre reservado contrató con el Banco diversos créditos de consumo, los que lamentablemente después de un tiempo dejó de pagar debido a dificultades financieras provocadas en su actividad como comerciante.

Hoy, por estas deudas de consumo e impagas del Sr. nombre reservado, el Banco Santander pretende rematar el inmueble del que es dueña doña nombre reservado a través de una pública subasta, a realizarse a las 10 horas del día 23 de septiembre de 2019, en la causa por desposeimiento caratulada “BANCO SANTANDER - CHILE S.A. con nombre reservado”, rol C-2486-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Coquimbo, a pesar de existir importantes recursos judiciales pendientes ante la Corte Suprema, como es el recurso de casación en el fondo interpuesto en la causa de apelación rol C-722-2019, seguida ante esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones.

Expresa que el actuar del Banco es reprochable moral y jurídicamente, ya que pretende perseguir el pago de la cantidad que asciende a los $23.024.748, más intereses y costas, mediante la subasta de una propiedad, actualmente ya en manos de un tercero ajena a la deuda que se persigue, avaluada fiscalmente en la suma de $48.318.809 y comercialmente en la suma de $120.000.000, vale decir, una total desproporcionalidad entre lo que debería el deudor y el valor del bien a subastar, amparándose en la supuesta vigencia de una cláusula de garantía general, que por lo demás, en este caso, estaría prescrita conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que ha establecido un plazo de prescripción de 10 años para estas cláusulas de garantía general.

Señala como garantía constitucional vulnerada la igualdad ante la ley del número 2º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, debido a que el Banco, al no alzar las hipotecas que pesan sobre la propiedad, está dando un trato desigual ante la ley a la recurrente, es más, contrario a la ley, diferente al trato que se espera debe dar una institución bancaria a sus clientes y usuarios.

De la misma manera, este constituye un acto arbitrario e ilegal que alcanza en sus efectos a la propia garantía del derecho de propiedad, consagrada en el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, debido a que pretende perseguir la deuda del deudor principal en un bien inmueble que ya no le pertenece a éste, cuya deuda principal se encuentra totalmente pagada y extinguida, por un monto desproporcionadamente inferior al del bien que pretende subastar y amparándose en una garantía general que de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico se encuentra prescrita.

Por estas consideraciones solicita se ordene lo siguiente:

1. El Banco Santander Chile S.A. cese en la prosecución de la demanda de desposeimiento en contra de doña nombre reservado.

2. El Banco Santander Chile S.A. suspenda el remate a realizarse a las 10 horas del día 23 de septiembre de 2019, en la causa por desposeimiento caratulada “BANCO SANTANDER - CHILE S.A. con nombre reservado”, rol C-2486-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Coquimbo.

3. El Banco Santander Chile S.A. cese, en general, de perseguir el remate en pública subasta del inmueble compuesto del sitio y casa N° 45, Tipo C, del Condominio Puesta del Sol, ubicado en domicilio reservado, el que se encuentra inscrito a nombre de doña nombre reservado a fojas 7.363 N° 3.666 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Todo lo anterior, mientras no se encuentren terminadas acciones judiciales y ejecutoriadas las resoluciones dictadas en las instancias judiciales pendientes respecto de los derechos, excepciones y alegaciones, tanto procesales como de fondo, que le asisten legal y constitucionalmente a la recurrente.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de certificado de dominio vigente de la propiedad objeto de la vulneración que motiva la presente acción constitucional, emitido por la Conservadora de Bienes Raíces de Coquimbo, de fecha 31 de enero de 2017; 2.- Certificado de avalúo fiscal correspondiente al rol 898-494 de la comuna de Coquimbo, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 09 de septiembre de 2019; 3.- Copia de Certificado de remate de fecha 19 de agosto de 2019, emitido por el Segundo Juzgado Civil de Coquimbo, en la causa de desposeimiento rol C-2486-2017, emitido para los efectos de su publicación en el diario “La Región”, los días 07, 08, 09 y 10 de septiembre de 2019; 4.- Copia de la resolución de fecha 12 de agosto de 2019, emanada del Segundo Juzgado Civil de Coquimbo, en la causa de desposeimiento rol C-2486-2017.

SEGUNDO: Que, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, evacuó informe Jorge Fonseca Dittus, abogado, por el Banco Santander Chile, en los siguientes términos.

Indica que efectivamente doña nombre reservado es propietaria del inmueble compuesto del sitio y casa N° 45, Tipo C, del Condominio Puesta del Sol, ubicado en domicilio reservado, el que se encuentra inscrito a su nombre a fojas 7.363 N° 3.666 del Registro de Propiedad del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Efectivamente la recurrente adquirió la antedicha propiedad en mayo de 2016 a sabiendas que le afectaban sendas hipotecas de primer y segundo grado para garantizar obligaciones presentes y/o futuras de don nombre reservado a favor del Banco Santander Chile. Nada reprochó en ese entonces en contra de su vendedor, simplemente aceptó adquirir un inmueble que garantizaba obligaciones ajenas.

En efecto, la propiedad se encuentra afecta a una hipoteca de primer grado que consta a fojas 698 N° 348 del Registro respectivo del año 2005 y de segundo grado (o de garantía general), inscrita a fojas 700 N° 349, ambas del Registro de Hipotecas y Gravámenes, del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Es efectivo que se sigue un procedimiento ejecutivo de desposeimiento en contra de la recurrente en que se cobran las deudas contraídas por el sr. nombre reservado garantizadas con la garantía general hipotecaria en los autos caratulados “BANCO SANTANDER - CHILE S.A. con nombre reservado”, rol C-2486-2017, seguida ante el Segundo Juzgado Civil de Coquimbo.

Esta causa es la que la contraria pretende paralizar mediante la presente acción de protección, como si este tipo de arbitrio procesal fuera la forma para intervenir en causas judiciales ya iniciadas, razón suficiente para su rechazo de plano. Se da la paradoja que invoca como vulnerada la garantía del debido proceso, en circunstancias que actualmente existe un juicio en donde todos sus derechos han sido respetados y que ha tenido a su disposición todos los recursos procesales.

Pues bien, en la causa en cuestión la recurrente fue notificada personalmente de la gestión de desposeimiento, oportunidad en que tomó cabal conocimiento que se perseguía la propiedad hipotecada para pagar deudas ajenas.

La notificación se practicó el 17 de noviembre de 2017, o sea, han pasado ya casi dos años, y ahora, luego de que fracasara su intento por revertir el curso de dicho juicio, al no ser acogido un incidente de nulidad de lo obrado, resolución que esta misma Corte confirmara, pretende indebidamente utilizar la acción de protección para impedir el remate de la propiedad.

En cuanto a la Ley N° 20.855, de 2015, que Regula el Alzamiento de Hipotecas y Prendas que Caucionen Créditos, es del caso que dicha Ley entró en vigencia el 25 de septiembre de 2015, y a ese entonces, don nombre reservado, garante hipotecario, ya había contratado uno de los créditos que se cobra en los autos rol C-2486-2017, a saber, Pagaré suscrito con fecha 19 de enero de 2015, por la suma, en capital, de $10.614.243, pagadera en 47 cuotas iguales mensuales y sucesivas de $318.701 cada una de ellas, con vencimiento los días 19 de cada mes; la primera cuota vencía el día 19 de febrero de 2015 y la última, el 19 de diciembre de 2018, más una última cuota número 48 por la suma de $318.724, con vencimiento el 21 de enero de 2019.

En las condiciones antes anotadas no cabía proceder al alzamiento de la hipoteca, por ser una garantía general.

En consecuencia, no ha existido acto arbitrario e ilegal por parte del Banco Santander Chile; no ha habido afectación de garantía constitucional alguna vulnerada; además, este arbitrio constitucional tampoco es el medio idóneo para influir en procesos judiciales en actual tramitación.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes, y en particular, de las propias alegaciones vertidas por el recurrente en el libelo de protección, se desprende que lo que se pretende por esta vía, en última instancia, es revertir resoluciones judiciales dictadas en procedimientos que se encuentran en actual tramitación ante Tribunales Ordinarios de Justicia, obteniendo la paralización de los mismos en forma indeterminada, mientras se resuelven arbitrios procesales pendientes.

En este escenario y conforme a lo ya señalado, solo cabe concluir que lo impugnado a través de esta acción constitucional, más allá del supuesto actuar arbitrario de la recurrida, son resoluciones de carácter jurisdiccional, dictadas en procesos legalmente tramitados y por tanto, tutelados por el imperio del derecho, estando sometidos los mismos a los recurso que la ley establece, los cuales, por lo demás, han sido ejercidos por la actora, encontrándose pendientes de resolución, conforme ella misma señala.

La conclusión anterior adquiere mayor fuerza si consideramos el propio tenor del recurso, en el cual la actora solicita, entre otras cosas, se oficie al Juez del Segundo Juzgado Civil de Coquimbo a fin de que éste exponga “lo que en derecho corresponda”.

SEXTO: Que, dicho lo anterior, es dable destacar que la propia naturaleza de la acción de protección, por su carácter cautelar, excepcional y de emergencia, y por el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para revisar la procedencia o improcedencia de lo obrado en juicio.

En efecto, resolver como lo pretende la recurrente importa fallar en única instancia temas que son materia de litis y que requieren debate y prueba.

SÉPTIMO: Que, por todo lo anterior, no se logra vislumbrar acto arbitrario o ilegal alguno susceptible de ser enmendado por esta vía, la cual, como ya se dijo, no resulta idónea para los fines pretendidos, todo lo cual conduce necesariamente al rechazo de la presente acción, en los términos que se indicaran en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Luis Asbay Tabilo Valdivieso, en representación de nombre reservado, en contra de Banco Santander Chile S.A., sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1248-2019 (Protección).-