Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado y otro Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 1234-2026.- La Serena, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el diecisiete de julio de dos mil veintiséis comparece MATÍAS ANDRÉS REINOSO MIRANDA, abogado, en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos de nacionalidad venezolana, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que sus representados conforman un grupo familiar junto a la hija menor de edad de doña nombre reservado, de nombre nombre reservado. Antes de abandonar su país residían en el sector de DIRECCION000, DIRECCION001, Caracas.

Refiere que los actores salieron de Venezuela por motivos políticos el 2 de diciembre de 2024. El trayecto hacia Chile duró aproximadamente doce días e incluyó tránsito por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sin residencia estable ni solicitud de refugio en dichos países. Destaca que la estadía total en terceros Estados fue inferior a sesenta días, por lo que los protegidos satisfacen el criterio legal de llegada directa previsto en el artículo 2° de la Ley N°20.430.

En efecto, ingresaron a Chile por el sector de Colchane el 14 de diciembre de 2024. Don nombre reservado efectuó su declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones, cuya recepción consta el 18 de diciembre de 2024. El 19 de diciembre de 2024 ambos manifestaron ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de solicitar reconocimiento de la condición de refugiado, esto es, dentro del plazo legal contado desde su ingreso.

Añade que el Servicio citó a ambos para el 13 de mayo de 2025. En esa fecha se formalizaron sus solicitudes y se realizaron las entrevistas contempladas en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430.

Indica que mediante Resolución Exenta N°NUM000, el Servicio declaró inadmisible la solicitud de don nombre reservado.

Para hacerlo, sostuvo que no poseía un “perfil político relevante”; que no había sufrido detención, agresión física, sanción formal o despido comunicado; que los hechos posteriores no fueron reiterados; que pudo permanecer cinco meses en Táchira; que obtuvo pasaporte y certificado de antecedentes penales; y que también existían factores económicos y familiares en su decisión migratoria.

Por su parte, mediante Resolución Exenta N°NUM001, la autoridad declaró inadmisible la solicitud de doña nombre reservado utilizando un razonamiento sustancialmente idéntico: participación política puntual, ausencia de militancia o cargo público, inexistencia de agresiones físicas o actos administrativos dirigidos contra ella, permanencia sin incidentes en Táchira, obtención de documentos y concurrencia de motivaciones económicas.

Ambas resoluciones señalan expresamente que la Secretaría Técnica efectuó un “análisis de inclusión y evaluación de credibilidad de los hechos”. Asimismo, concluyen que no existió persecución sistemática, sostenida, actual e individualizada, y que los protegidos podían retornar a Venezuela sin ser perseguidos. Estas conclusiones no se limitan a verificar una falta manifiesta de relación con el artículo 2° de la Ley N°20.430: constituyen una decisión sustantiva sobre la existencia y suficiencia de la persecución alegada.

Puntualiza que para arribar a dichas conclusiones, el Servicio valoró la intensidad del temor, la actualidad del riesgo, la identidad y capacidad del agente persecutor, la suficiencia de prueba indirecta, la alternativa de reubicación interna, las motivaciones concurrentes de salida, la obtención de documentos y la credibilidad de los relatos.

Todas estas cuestiones corresponden al mérito del procedimiento de determinación y exigen las garantías, información de país de origen, actividad probatoria y deliberación institucional previstas para una resolución de fondo.

Aduce que los actos recurridos tampoco efectuaron una evaluación autónoma, individualizada y preventiva del principio de no devolución ni de la protección complementaria. La autoridad se limitó a insertar conclusiones generales sobre la inexistencia de daño grave, sin identificar información objetiva sobre el país de origen, sin explicar el riesgo derivado de una devolución y sin ponderar de forma suficiente la unidad familiar ni la presencia de una niña menor de edad.

Finalmente, ambas resoluciones ordenaron a los protegidos hacer egreso de Chile dentro de quince días desde su notificación. De este modo, una decisión formalmente denominada “inadmisibilidad” produjo inmediatamente consecuencias propias de una denegación definitiva, pese a que la ley distingue ambas categorías, contempla recursos y exige que la resolución se encuentre firme para determinadas consecuencias legales.

Por tanto, los actos recurridos son ilegales y arbitrarios. Son ilegales, porque el Servicio Nacional de Migraciones excedió el ámbito limitado de la etapa de admisibilidad contemplada en el artículo 28 bis de la Ley Nº20.430, sustituyendo el examen destinado únicamente a constatar una falta manifiesta de conexión con las causales de refugio por una valoración de fondo anticipada del mérito, la credibilidad, la suficiencia probatoria y la actualidad del riesgo. Asimismo, omitió efectuar un análisis autónomo y preventivo del principio de no devolución, de la protección complementaria, de la unidad familiar y de la situación de la niña nombre reservado; y dispuso el egreso del país como consecuencia inmediata de resoluciones que aún podían ser impugnadas.

Añade que los actos son, además, arbitrarios, porque su fundamentación carece de razonabilidad, coherencia y proporcionalidad. Las resoluciones transcriben la existencia de participación opositora, amenazas de “cárcel o muerte”, intervención de colectivos, búsqueda del recurrente, abandono de la vivienda y desplazamiento del grupo familiar, pero concluyen, sin una explicación racional suficiente, que tales hechos no guardan relación con una posible persecución por opinión política real o imputada. De este modo, las decisiones descansan en criterios restrictivos, contradictorios y ajenos a la naturaleza preventiva del refugio, afectando injustificadamente los derechos de los recurrentes y de su grupo familiar.

Refiere que los protegidos fueron excluidos del procedimiento regular mediante criterios creados administrativamente y no exigidos a quienes, conforme al texto legal, deben ser admitidos cuando su relato guarda una relación plausible con las causales de refugio. La diferencia de trato carece de base normativa, resulta desproporcionada y vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución.

Por estas consideraciones solicita que se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes, dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas NºNUM000 y NºNUM001 dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, por ser ilegales y arbitrarias, ordenándose al recurrido admitir a tramitación las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado presentadas por los afectados y continuar su conocimiento mediante el procedimiento de fondo establecido en la Ley Nº20.430, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N°NUM000; 2. Resolución Exenta N°NUM001; 3. Contrato de trabajo de nombre reservado; 4. Pasaporte de nombre reservado; 5.

Pasaporte de nombre reservado; 6. Constancia de residencia en Venezuela de nombre reservado; 7. Constancia de residencia en Venezuela de nombre reservado; 8. Certificado de antecedentes penales de nombre reservado; 9. Solicitud de reconocimiento de condición de refugiado de nombre reservado; 10. Solicitud de reconocimiento de condición de refugiado de nombre reservado; 11. Certificado de afiliación de AFP de nombre reservado; 12. Certificado cotizaciones de AFP de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone en lo pertinente, respecto de don nombre reservado, que mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 23 de junio de 2026 se informa que se declara inadmisible su solicitud de refugiado, en los siguientes términos: “Que, evaluados los antecedentes del caso, la presentación no reúne los requisitos para dar curso a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, en virtud de los siguientes aspectos tomados en consideración, así como también lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°20.430:

Porque los antecedentes aportados por la persona extranjera fueron analizados, y a partir del informe técnico la autoridad concluyó que no existe inminente peligro en el país de origen o persecución política que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física, ni tampoco las hipótesis contempladas en el artículo 2 de la Ley N°20.430.

Que, el Informe Técnico de la Secretaría Técnica da cuenta de que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del Sr. nombre reservado no guarda relación con los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ni con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°20.430, por cuanto de los antecedentes no se desprenden elementos que permitan concluir la existencia de fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Asimismo, de los antecedentes aparece que el solicitante podría regresar a su país sin ser víctima de persecución por parte del supuesto agente persecutor atendida la ausencia de un perfil político relevante, la falta de hechos concretos de violencia, agresión, detención o afectación laboral en su contra y la posibilidad de haberse mantenido fuera de su lugar habitual de residencia sin sufrir nuevos incidentes.

Por tanto, según lo dispuesto en el artículo 28 bis de la ley N°20.430, la solicitud analizada aparece como manifiestamente infundada, por no guardar relación con los motivos establecidos en el artículo 2° del mismo cuerpo legal.

Respecto de la recurrente nombre reservado, indica que mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 23 de junio de 2026, se declaró inadmisible su solicitud, la estimarse que no reúne los requisitos para darle curso, en virtud de los siguientes aspectos tomados en consideración, así como también lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N°20.430, porque los antecedentes aportados por la persona extranjera fueron analizados, y a partir del informe técnico la autoridad concluyó que no existe inminente peligro en el país de origen o persecución política que ponga en riesgo su vida, libertad o integridad física, ni tampoco las hipótesis contempladas en el artículo 2 de la Ley N°20.430.

En efecto, el Informe Técnico de la Secretaría Técnica da cuenta de que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la Sra. nombre reservado no guarda relación con los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ni con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N°20.430, por cuanto de los antecedentes no se desprenden elementos que permitan concluir la existencia de fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

Asimismo, de los antecedentes aparece que la solicitante podría regresar a su país sin ser víctima de persecución por parte del supuesto agente persecutor, atendida la ausencia de un perfil político relevante, la falta de hechos concretos de violencia, agresión, detención o afectación laboral en su contra y la posibilidad de haberse mantenido fuera de su lugar habitual de residencia sin sufrir nuevos incidentes.

Destaca que el extranjero recurrente en su declaración señala de manera explícita que, durante todo ese tiempo en Venezuela, no presentaron denuncias adicionales, no solicitaron medidas de protección ante las autoridades competentes y no activaron mecanismos internos disponibles en Venezuela u otros países, para la tutela de personas desplazadas o víctimas de amenazas por grupos armados. De este modo, la ausencia de acciones tendientes a requerir protección interna, unida a la inexistencia de hechos nuevos, evidencia que los solicitantes mantuvieron una permanencia estable y sin afectación relevante, lo que demuestra que no existía un riesgo actual, grave ni inminente que les impidiera permanecer en territorio venezolano.

En relación con las supuestas amenazas y hostigamientos, las mismas carecen de fechas precisas, individualización de emisores, circunstancias verificables o elementos objetivos que permitan dotarlas de credibilidad, lo que desvirtúa su carácter de persecución, carentes de la sistematicidad, actualidad y especificidad requerida por la normativa internacional y nacional sobre refugio.

Asimismo, un aspecto particularmente relevante para efectos de la inadmisibilidad es que en el caso de marras hay ausencia de hechos de persecución/complicaciones laborales.

Estas motivaciones, expresas en sus declaraciones, evidencian que la salida del país no respondió a una necesidad de protección internacional, sino a factores propios de movilidad económica o familiar, los cuales según la propia Ley N°20.430 no constituyen fundamento para acceder al estatuto de refugiado.

Luego, puntualiza que en este caso, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado fue declarada inadmisible según el artículo 28 bis de la Ley 20.430. Esta norma no contiene una orden expresa de abandono del territorio nacional, ya que la inadmisibilidad es una etapa previa a la formalización de la solicitud y no resuelve el fondo del procedimiento. El artículo 28 bis solo ordena notificar la resolución, sin indicar qué ocurre con la permanencia del extranjero en el país.

Al ser declarada inadmisible, la persona no queda formalizada como solicitante de refugio y, por lo mismo, no adquiere el amparo que entrega la Ley 20.430 a quienes sí superan la admisibilidad.

En este escenario, sostiene que corresponde aplicar las reglas generales de permanencia. El artículo 26 de la Ley N°20.430 señala que, en caso de rechazo, el solicitante deberá abandonar el territorio nacional si no tiene una causal legal que lo habilite para permanecer. Aunque la norma menciona el rechazo, su aplicación resulta concordante en casos de inadmisibilidad, ya que en ambos supuestos el extranjero queda sin una solicitud formalizada y sin amparo legal que autorice su permanencia.

Esto se complementa con la regla general del artículo 131 de la Ley N°21.325, que establece que todo extranjero que se encuentre en situación migratoria irregular debe abandonar el país dentro de quince días, salvo que cuente con un permiso vigente o una solicitud en trámite. En este caso, al no quedar formalizada la solicitud de refugio por haber sido declarada inadmisible y no existir otra autorización migratoria, los recurrentes queda en situación irregular y sujeta a la obligación legal de abandonar el territorio.

Por lo tanto, aunque el artículo 28 bis no ordena expresamente el abandono, éste deriva de la aplicación conjunta del artículo 26 de la Ley N°20.430 y del artículo 131 de la Ley N°21.325. La medida no es ilegal ni arbitraria, sino consecuencia directa de la normativa vigente.

En consecuencia, no se distingue un acto u omisión ilegal o arbitraria, emanada de su parte, por el cual se haya privado, vulnerado o amenazado, de alguna manera, las garantías fundamentales incoadas por la parte recurrente.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos protegidos por la presente acción constitucional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el quid del asunto radica en determinar si la decisión de la entidad recurrida excede los márgenes de la etapa en que ella fue dictada. Al respecto, es un hecho cierto que los recurrentes presentaron su solicitud de refugio invocando como causal la eventual disidencia política con el régimen actual imperante, atentado a su apoyo a una de las candidatas a elecciones presidenciales contraria al titular.

Luego, el Servicio recurrido decidió la inadmisibilidad de los requerimientos por considerarlos “manifiestamente infundados”, considerando para ello que “el Informe Técnico de la Secretaría Técnica da cuenta de que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado …. no guarda relación con los criterios establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, ni con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°20.430, por cuanto de los antecedentes no se desprenden elementos que permitan concluir la existencia de fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, agregando que no hay antecedentes que hagan presumir que, de retornar a su país, pudieran ser víctimas de persecución política.

Para obrar de esta forma, la entidad se situó en el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, norma que mandata que el Servicio, en el contexto de la etapa de admisibilidad, debe analizar dos elementos: requisitos formales de la petición, a la luz de los artículos 26 y 27 y, además, analizar si la decisión es “manifiestamente infundada”.

Lo primero que cabe destacar que es la norma del artículo 28 bis exige la satisfacción de dos requisitos copulativos, al unir ambos aspectos a revisar con la conjunción “y”, de manera que deben darse por establecidos ambos elementos para provocar la decisión de inadmisibilidad.

A riesgo de ser reiterativos, si una de ellas no se presenta, la inadmisibilidad no procede.

Luego, resulta inconcuso sostener que la alusión a las normas de los artículos 26 y 27 se refiere únicamente a las exigencias meramente formales contenidas en ella, como la norma reseña. Ello se limita, entonces, a verificar quien puede presentar el requerimiento, dónde debe hacerlo, etc. Y lo segundo, esto es, lo relativo a la manifiesta falta de fundamentos, como el máximo tribunal ya lo ha resuelto, debe tratarse de un requerimiento que carezca de sustento. Dicha carencia debe ser evidente, palmaria.

Dentro de aquel contexto, corresponde decidir a esta Corte si el Servicio actúo dentro de sus facultades o, como sostienen los recurrentes, extralimitó sus competencias. Y creemos que lo que ocurrió fue esto último.

En efecto, aparece del merito de las decisiones de inadmisibilidad que el servicio se basa en una ponderación de los argumentos esgrimidos, por lo que cabe concluir que éstos existieron, pero no fueron compartidos, lo que escapa a la limitación dada por la norma, pues no hubo manifiesta falta de fundamentos, sino discrepancia con los vertidos. Y aquello, entonces, al tratarse de una situación de fondo, solo cabe estimarla improcedente en la etapa en que fue resuelto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N°NUM000 y N°NUM001, ambas del 23 de junio de 2026, que declaran la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los actos y, con ello, las ordenes de abandono decretadas y, en su lugar, se ordena al Servicio que, efectuado un nuevo análisis en los márgenes precisamos previamente, dicte la resolución que en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1234-2026 (Protección).