nombre reservado con AFP MODELO

nombre reservado

A.F.P. Modelo Recurso de Protección Rol N°1233-2025 La Serena, cuatro de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, en contra de AFP MODELO S.A., por haber rechazado su solicitud de fondos para extranjeros, señalando que dicho rechazo vulnera garantías constitucionales contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 20 de mayo de 2025, solicitó el retiro de sus fondos de AFP a través de la plataforma web de la recurrida y que se le comunicó mediante correo electrónico el 30 de junio de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “Te informamos que tu solicitud de Técnico Extranjero ingresada con folio N° 149 y fecha 30/0G/2025, ha sido rechazada, por los siguientes motivos, Otro.", sin entregar fundamento alguno respecto del motivo de dicho rechazo.

Sostiene que la recurrida incurre en un acto ilegal y arbitrario al no acoger a trámite su solicitud de devolución de fondos sin tomar en consideración los documentos acompañados a su petición y conforme al cual se demostraría el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y la Circular N°533 de la Superintendencia de AFP para acceder al dinero de su cuenta de capitalización individual. Aduce, además, que esta omisión vulnera principios básicos del procedimiento administrativo, como la transparencia, la fundamentación y la certeza jurídica, dejando al solicitante en una situación de total incertidumbre respecto de un trámite para el cual cumple cabalmente con los requisitos exigidos.

Sostiene que los hechos descritos conculcan su derecho de propiedad sobre los fondos de su cuenta de capitalización individual al impedírsele disponer de ellos en circunstancias que cumpliría los requisitos legales y reglamentarios para su retiro excepcional. Alega, además, que se afecta su derecho a la igualdad ante la ley al no otorgarle un beneficio al que otros afiliados han podido acceder en situaciones semejantes a la suya.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, ordenar a la recurrida que otorgue validez a los instrumentos presentados junto a su solicitud y, en consecuencia, la acoja, disponiendo devolución de los fondos de fondos de pensión solicitado por la recurrente.

SEGUNDO: Que a folio 4, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Esgrime que el motivo por el que rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero, se debe a que el recurrente no acompañó una constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Afirma que no puede aprobar el retiro de los fondos de pensiones, toda vez que el actor no ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos establecidos en la letra a) del artículo primero de la Ley N°18.156, esto es, acreditar que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, de forma tal que en la especie no se verifica acto ilegal ni arbitrario alguno.

Agrega, que documento presentado por el actor, esto es, el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. La mera inclusión de un código de verificación electrónica en el mencionado documento resulta insuficiente para satisfacer los requisitos formales establecidos en la legislación vigente, especialmente considerando que el ordenamiento jurídico nacional exige expresamente la legalización de instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Finalmente, argumenta que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto planteado en el recurso, el que debiese ser ventilado en un procedimiento de lato conocimiento en que las partes puedan aportar la prueba que estimen conducente, y afirma que no se han vulnerado los derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene considerar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

A su turno, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

QUINTO: Que el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en la respuesta, mediante la cual se informó que no era posible admitir su solicitud de retiro de fondos de capitalización individual, argumentando la imposibilidad de verificar la constancia de afiliación al sistema previsional de Venezuela otorgada por la Embajada de Venezuela en Chile. Este acto vulneraría, a juicio del recurrente, sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En el caso particular, el documento anexado a folio 1.4 no es idóneo para satisfacer la exigencia del articulo 1 letra b de la Ley N.º 18.156, toda vez que fue propio trabajador en su contrato de trabajo manifestó que se sujetará al sistema previsional chileno, sin hacer la reserva que la disposición legal enunciada señala. Por lo que tal circunstancia impide pronunciarse los restantes requisitos.

De esta forma al sujetarse al recurrente al sistema previsional chileno no era procedente como lo requirió la devolución por concepto de capitalización individual al amparo de la ley N º 18.156, por lo que aun cuando la recurrida cuestionara la idoneidad del certificado aparejado lo que esta Corte comparte, en primer término era preciso satisfacer la exigencia del párrafo primero de este considerando lo que en la especie no ocurrió, razones que habilitan entender que no existe acto ilegal o arbitrario ejecutado por la recurrida, lo que lleva a desestimar la acción constitucional impetrada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A.

Se previne que la ministra Marcela Sandoval Duran no comparte el razonamiento expresado en el considerando quinto en la parte que expresa “lo que esta Corte comparte”.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1233-2025 Protección.