nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad De La Serena Recurso De Protección Rol N°1230-2026.- La Serena, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, administrativa, exfuncionaria de planta técnica de la Ilustre Municipalidad de La Serena, deduciendo recurso de protección en contra de dicha entidad edilicia, por estimar que su destitución, dispuesta mediante Decreto Alcaldicio N°2015, de 29 de Abril de 2026, y confirmada al rechazarse el recurso de reposición por Decreto Alcaldicio N°2287, constituye una actuación ilegal y arbitraria que vulnera las garantías reconocidas en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante el primer semestre de 2023 comenzó a presentar problemas de salud mental, en un contexto que atribuye a acoso laboral sufrido en la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de La Serena, siendo derivada a atención médica y posteriormente tratada por un cuadro psiquiátrico. Señala que se le prescribió reposo médico prolongado entre el 28 de junio y el 29 de agosto de 2023, reincorporándose a sus funciones el 30 de agosto del mismo año y siendo posteriormente destinada a la Secretaría Municipal.

Indica que entre los días 11 y 14 de agosto de 2023 realizó un viaje al Perú, el cual, según afirma, había sido planificado y costeado durante mayo de ese año, antes de la enfermedad y de la emisión de la licencia médica. Sostiene que se trató de un viaje familiar de cuatro días corridos, de los cuales sólo dos correspondían a días hábiles, y que al momento de planificarlo estimaba disponer de días de feriado legal por contar con autorización verbal de su entonces jefatura.

Refiere que no existió intención de utilizar la licencia médica como pretexto para ausentarse del trabajo ni ánimo defraudatorio, pues su enfermedad era real y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Afirma que desconocía que el desplazamiento fuera incompatible con el reposo indicado y que el viaje no desnaturalizaba el diagnóstico ni la necesidad de recuperación que dio origen a la licencia.

Señala que en el sumario administrativo se le formularon dos cargos: el primero, por haber viajado al extranjero entre el 11 y el 14 de agosto de 2023 mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica otorgada entre el 8 y el 22 de agosto, con indicación de reposo laboral total en su domicilio; y el segundo, por haber percibido íntegramente la remuneración correspondiente al mes de agosto de 2023 pese a no haber dado cumplimiento al reposo indicado.

Respecto de este último cargo, sostiene que la remuneración fue pagada automáticamente por la entidad empleadora en razón de encontrarse la licencia ingresada y tramitada, sin que existiera de su parte maniobra destinada a obtener indebidamente el pago.

Alega que la Municipalidad calificó los hechos como infracción grave al principio de probidad administrativa y aplicó directamente la sanción de destitución, sin efectuar una ponderación suficiente de las circunstancias particulares del caso. Invoca, entre ellas, la existencia efectiva de su enfermedad, la corta duración del viaje, su planificación anterior al inicio de las licencias, la ausencia de dolo o ánimo defraudatorio, su conducta funcionaria anterior, sus calificaciones y su colaboración durante el procedimiento disciplinario.

Sostiene que la medida expulsiva es desproporcionada y que la autoridad habría efectuado un razonamiento automático al considerar que, una vez calificada la conducta como grave infracción a la probidad, necesariamente debía imponerse la destitución, omitiendo valorar si los hechos concretos alcanzaban efectivamente la gravedad exigida para esa calificación y si concurrían circunstancias que permitieran una respuesta disciplinaria distinta.

Expone que, al recurrir de reposición contra el Decreto Alcaldicio N°2015, reiteró que el viaje había sido planificado con anterioridad, que no existió intención de eludir sus funciones, que se trató de cuatro días dentro de un período prolongado de reposo por salud mental y que debían considerarse circunstancias atenuantes. El recurso fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio N°2287.

Invoca como garantías vulneradas la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1, por estimar que la sanción desconoce el contexto de su enfermedad; la igualdad ante la ley del N°2, por considerar que recibió el mismo tratamiento sancionatorio que conductas de distinta entidad; y el derecho de propiedad del N°24, en cuanto a su cargo de planta y a los derechos derivados de su carrera funcionaria.

Solicita que se dejen sin efecto los Decretos Alcaldicios N°2015 y N°2287; que se ordene su reincorporación como funcionaria municipal de planta, escalafón técnico, grado 16° de la Escala de Sueldos Municipales, en la Secretaría Municipal o en un cargo equivalente; el pago retroactivo de las remuneraciones y beneficios dejados de percibir; la continuidad de su carrera funcionaria y el entero de las cotizaciones correspondientes; la eliminación de los antecedentes relativos a la destitución de su hoja de vida funcionaria; y la condena en costas de la recurrida.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Ilustre Municipalidad de La Serena, representada por el abogado don Fernando Nazer Castro, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la recurrente busca impugnar la destitución dispuesta por el Decreto Alcaldicio N°2015 y confirmada por el Decreto Alcaldicio N°2287, fundando su acción principalmente en la falta de proporcionalidad de la sanción y en la supuesta omisión de circunstancias atenuantes.

Señala que el marco normativo aplicable se encuentra constituido por la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880; la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; y el Manual de Procedimiento sobre Tramitación de Procedimientos Disciplinarios aprobado por Decreto Alcaldicio N°2823, de 22 de noviembre de 2023.

Afirma que el procedimiento disciplinario cumplió sus aspectos formales y sustantivos y que la propia recurrente no denuncia vicios en la tramitación, sino que pretende una nueva ponderación de los antecedentes efectuada por la autoridad administrativa. Agrega que el artículo 110 de la Ley N°18.883 vincula la licencia médica con el restablecimiento de la salud conforme a una prescripción profesional y que los artículos 118 y 123 del mismo estatuto regulan la responsabilidad administrativa y la procedencia de la destitución cuando los hechos vulneran gravemente el principio de probidad.

Hace presente, además, que los decretos impugnados contemplan un régimen recursivo especial y que el artículo 156 de la Ley N°18.883 reconoce a los funcionarios el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se produzcan vicios de legalidad que afecten los derechos conferidos por el Estatuto.

En cuanto al origen del sumario, informa que mediante Oficio N°E82804, de 22 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República comunicó a la Municipalidad antecedentes obtenidos a partir de registros de la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Seguridad Social relativos a funcionarios que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, instruyendo iniciar los procedimientos administrativos destinados a determinar eventuales responsabilidades.

Señala que por Decreto Alcaldicio N°2443, de 23 de Mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo y que posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°4203, de 27 de agosto de 2025, se separó la investigación respecto de la recurrente. Añade que el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones registró salida del país el 11 de agosto de 2023 y reingreso el 14 de agosto del mismo año, con destino o procedencia del Perú.

Expone que esos movimientos migratorios coinciden con una licencia médica iniciada el 8 de agosto de 2023 por quince días. Agrega que la licencia N°3089826530-7 indicaba reposo laboral total en el domicilio ubicado en domicilio reservado.

Refiere que, sobre la base de esos antecedentes y de la declaración de la recurrente en el procedimiento, se formularon los dos cargos ya descritos: viajar al extranjero durante la vigencia de la licencia con reposo total en domicilio y percibir íntegramente la remuneración del mes de agosto pese al incumplimiento del reposo prescrito.

Sostiene que la recurrente tuvo oportunidad de formular descargos y solicitar diligencias, los que fueron analizados en la vista fiscal y en el Decreto Alcaldicio N°2015. Precisa que la Municipalidad no calificó clínicamente la licencia médica, sino que determinó responsabilidad administrativa por actos vinculados al uso de ese derecho y por el incumplimiento de la indicación de reposo total.

Añade que la licencia utilizada durante el período del viaje fue rechazada por el organismo fiscalizador y que la responsabilidad disciplinaria no se encuentra subordinada a la acreditación de dolo específico, sino a la verificación de una conducta incompatible con los deberes funcionarios.

En relación con la proporcionalidad, sostiene que se tuvo por acreditado un uso indebido de la licencia para fines distintos del reposo total, obteniéndose una ventaja incompatible con la función pública, afectándose el funcionamiento de la unidad municipal y la confianza de la jefatura y de los compañeros de trabajo. Afirma que el viaje se realizó sin emplear días de feriado legal, administrativos o permiso sin goce de remuneraciones.

Expone que la autoridad tuvo presente jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente los dictámenes N°24.591 de 2015 y N°16.567 de 2017, conforme a los cuales, una vez establecida una vulneración grave al principio de probidad administrativa, la autoridad se encontraría obligada a disponer la destitución, sin poder aplicar otra medida ni atender a circunstancias que aminoren la responsabilidad.

Concluye que el procedimiento se ajustó a derecho en su inicio, desarrollo, resolución y etapa recursiva; que no existe ilegalidad, arbitrariedad ni desproporción; y que el recurso pretende transformar esta sede constitucional en una instancia de revisión del mérito del sumario.

Finalmente, niega la vulneración de las garantías invocadas. Señala que no se sancionó la enfermedad ni el proceso de recuperación de la recurrente, sino el incumplimiento de las indicaciones de reposo; que no existe desigualdad ante la ley, pues se sancionó una falta grave a la probidad conforme al estatuto aplicable; y que el eventual derecho sobre el cargo presupone el cumplimiento de los deberes funcionarios.

TERCERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que dicha disposición contempla, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, para que esta magistratura pueda intervenir por esta vía, debe constatarse la existencia de una acción u omisión ilegal, por contrariar al ordenamiento jurídico, o arbitraria, por carecer de fundamento racional o responder al mero capricho, y que ella produzca una afectación actual o cierta en el ejercicio de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: La recurrente denuncia como actos ilegales y arbitrarios, el Decreto Alcaldicio N°2015, de 29 de abril de 2026, y el Decreto Alcaldicio N°2287 de 14 de mayo de 2026, a través de las cuales, se le aplicó la sanción de destitución, y se rechazó su recurso de reposición en contra de aquella medida disciplinaria, estimando que se vulneró su integridad psíquica, la igualdad ante la ley, y su derecho de propiedad sobre el cargo que detentaba como funcionaria pública, con una medida que estima desproporcionada.

SEXTO: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso se debe hacer presente que la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, indica en su artículo 4 que uno de los principios que debe informar la actuación de la Administración es el de imparcialidad, el cual se desarrolla en el artículo 11 estableciendo el deber de actuar con objetividad, estableciendo los fundamentos de las decisiones que se adopten, lo que es una manifestación de la garantía de igualdad en cuanto el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental establece que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

SÉPTIMO: Que en el presente caso la decisión que se impugna y la que confirmó se fundamenta en el establecimiento de dos cargos respecto de la recurrente el primero por “haber viajado al extranjero desde el 11 al 14 de agosto de 2023, durante una licencia médica, la que abarcó desde el 8 al 22 de agosto de 2023, otorgada por concepto de enfermedad o accidente común, con indicación expresa de reposo laboral total" en su domicilio” y el segundo por “Percibir íntegramente la remuneración del mes de agosto de 2023, a pesar de no dar cumplimiento al reposo laboral total en su domicilio, según lo prescrito por el médico que le otorgó la licencia N° 3089826530-7”.

OCTAVO: Que en relación a los cargos es del caso señalar que no se ha controvertido por la actora la efectividad del primero de los cargos sin embargo se ha indicado que el establecimiento del segundo resulta ilegal pues desatiende la normativa que rige a los funcionarios municipales, imputándole una falta que no era tal.

NOVENO: Que cabe señalar que la recurrida ha dejado expresamente asentado en los decretos alcaldicios que los mismos no importan cuestionar la situación de salud que ameritó el otorgamiento de licencia médica, de hecho, en ambos decretos se indica que “no se han cuestionado las razones de salud o las situaciones laborales que la condujeron a consultar un médico y con ello, proceder a la presentación de la licencia médica, sino que se ha enfatizado que no se encontraba autorizada para viajar al extranjero, debiendo acatar el reposo instruido por el médico”, esto pues la recurrente argumentó que su salud psíquica se había visto afectada por actos de acoso realizados en su lugar de trabajo, lo que explica la referencia a situaciones laborales que se consignó en ambos decretos.

DÉCIMO: Que asentado lo anterior y considerando que la recurrida no cuestiona la situación de salud ni la patología que originó la emisión de la licencia, ni tampoco la procedencia de su emisión, no resulta entonces coherente con aquello la mantención del segundo cargo pues éste se contrapone con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 110 de la Ley 18.883 que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, norma que preceptúa que durante la vigencia de una licencia médica el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones, de forma tal que cumpliéndose con el presupuesto de haberse emitido una licencia médica a favor de la actora, la cual amparaba el pago de la remuneración en el período impugnado (pago que por lo demás dependía del Municipio) y en tanto no se establezca que medió fraude en la emisión de dicho documento, no es posible sostener que existiese una percepción ilícita de la remuneración, más allá de los efectos que el rechazo de la licencia médica pudiere tener en relación a un eventual reembolso de lo percibido.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia la mantención del segundo de los cargos, en el contexto establecido en los decretos alcaldicios que motivan esta acción de protección, pugna con la norma legal referida precedentemente, lo que tiñe de ilegalidad la decisión de la autoridad en este acápite.

DUODÉCIMO: Que, cabe señalar asimismo que los decretos alcaldicios recurridos reconocen que la sumariada carece de sanciones previas, sin embargo, indica que los hechos establecidos en el sumario configuran una infracción grave al principio de probidad administrativa y que en tal escenario “la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria se encuentra en el imperativo de disponer la enunciada sanción expulsiva, sin que pueda aplicar otra medida, ni analizar las circunstancias que podrían aminorar la responsabilidad del inculpado”, de este modo se desestima ponderar la conducta previa de la investigada, su trayectoria laboral, su situación de salud y el contexto laboral en que se originaron las licencia médicas, indicando que sólo cabía aplicar la sanción de destitución.

DECIMOTERCERO: Que, en relación a este punto cabe precisar que el principio de probidad administrativa se ha entendido que "consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", ello de acuerdo a lo que establece el artículo 52 de la Ley N° 18.575, modificado por la Ley N° 19.653.

Por su parte, el artículo 62 del DFL 1-19653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado , consagra que “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares; 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo.”

Asimismo, el artículo 123 del Estatuto Administrativo Municipal, indica que “La destitución es la decisión del alcalde de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la municipalidad por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 82; c) Infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82. d) Condena por crimen o simple delito, y e) Presentar denuncias falsas de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos, a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar al o a los sujetos denunciados. f) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia. g) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.”

DECIMOCUARTO: Que, en la especie no se ha imputado ni acreditado que existiese dolo o fraude de la actora en la obtención de la licencia médica y si bien es posible considerar reprochable el viajar al extranjero sin respetar el reposo, ello justifica de acuerdo a la normativa que rige la materia (artículo 55 del Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud) que sea privada del subsidio respectivo, pero considerando que se trata de un evento único, por un número de días acotados (un total de cuatro días que incluían dos laborales) y que no existían reproches previos a su conducta, la gravedad de la falta cometida se ve morigerada, más aún si se tiene presente que la situación constatada no configura ninguna de las hipótesis que la ley ha estimado que contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, cabiendo hacer notar que las mismas se refieren a conductas, que corresponden a delitos funcionarios o situaciones que afectan de manera seria la marcha del servicio, por lo que teniendo presente la entidad y carácter del hecho establecido respecto de la funcionaria era necesario que se fundase de manera adecuada el cómo la “gravedad” de la infracción era equiparable a situaciones que constituyen delitos o configuran un grave entorpecimiento al servicio, observándose de la lectura de los decretos que éstos se limitan a señalar que la conducta es grave por atentar contra la probidad administrativa, realizando un razonamiento circular que se aparta de una fundamentación lógica y racional en este punto, ocurriendo otro tanto con la imputación de haber incumplido la obligación de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo, pues dicha imputación de ninguna manera resulta suficiente para justificar la medida expulsiva considerando las situaciones en que se ha establecido su procedencia conforme al artículo 123 de la Ley 18.883.

DECIMOQUINTO: Que en el escenario descrito, no cabe sino concluir que los decretos alcaldicios impugnados, adolecen de defectos en su fundamentación en relación al establecimiento del elemento de “gravedad” de la conducta, pero además dichos decretos de forma explícita han decidido dejar de aplicar lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 18.883 que expresamente dispone que “las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”, por lo que el Municipio debía establecer en su pronunciamiento las eventuales aminorantes de responsabilidad concurrentes lo que al ser desatendido conlleva que los decretos alcaldicios tampoco cumplan con los estándares de imparcialidad y de fundamentación que establecen los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que mandata a la autoridad ponderar objetivamente todos las circunstancias del caso y guardar relación en su fundamentación con los antecedentes reunidos y con los hechos establecidos durante la indagatoria, lo que no se observa cumplido en la especie tornándose así los referidos decretos en ilegales y arbitrarios.

DECIMOSEXTO: Que así las cosas, al resultar arbitrarios e ilegales los Decretos Alcaldicios N°°2015, de 29 de Abril de 2026, y N°2287 de 14 de Mayo de 2026, resulta vulnerada en la especie la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto se ha dejado de aplicar respecto de la recurrente la normativa general que rige los actos de la administración, de la cual el Municipio recurrido forma parte y aquella que rige a los funcionarios municipales en particular y el establecimiento de responsabilidades administrativas, observándose además un trato desigual respecto de otros funcionarios públicos que por conductas de similar naturaleza, en razón de circunstancias atenuantes particulares, han recibido sanciones de menor entidad (casos que han sido ampliamente difundidos por medios de comunicación social y constituyen por tanto un hecho público y notorio), estableciendo que si bien no se detecta una vulneración a la garantía del numeral 1 de la norma señalada, en tanto no se constató una vulneración a su integridad psíquica, igualmente se lesionó la garantía del numeral 24 del artículo referido en tanto la recurrente se ve privada en virtud de un acto ilegal y arbitrario del cargo que sirve en propiedad, conforme a la nomenclatura que utiliza el mismo Estatuto Administrativo para referirse a la calidad que detenta un funcionaria de planta.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, sólo en cuanto se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio N°2015 y el Decreto Alcaldicio N°2287, debiendo la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento disciplinario, debidamente fundado, que pondere expresamente la gravedad de los hechos establecidos en el sumario y las circunstancias invocadas por la recurrente en su defensa y en el recurso de reposición.

Mientras no se dicte dicho nuevo pronunciamiento, la Municipalidad deberá retrotraer la situación funcionaria de la recurrente al estado anterior a la dictación de los actos dejados sin efecto, adoptando las medidas administrativas que sean consecuencia de ello, sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente en ejercicio de la potestad disciplinaria, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, devengados entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Se previene que el abogado integrante señor Gallardo fue del parecer de acoger el recurso teniendo presente además las siguientes consideraciones:

1°.- Que, en primer término, se debe destacar que no existe en Chile ninguna norma que le prohíba a las personas que hacen uso de licencia médica, salir al extranjero y en este contexto, resultaba imperioso que la recurrida explicara por qué un viaje que no está prohibido puede vulnerar el principio de probidad lo que implicaría un actuar carente de honradez, de integridad y de rectitud, pues sólo se afirma, como si fuera una verdad incuestionable, que el viaje realizado atenta contra la probidad y no se explican -ni siquiera se esbozan- las razones de dicha afirmación.

2°.- En este punto y pese a que las Resoluciones cuestionadas nada dicen al respecto, para comprender la actuación del municipio recurrido conviene recordar lo que ha ocurrido en el país con el llamado “escándalo de las licencias médicas” surgido a propósito de los listados remitidos a las diversas reparticiones del Estado por la Contraloría General de la República con los nombres de personas que desempeñan labores públicas y que salieron del país estando con licencia médica, ordenando la inmediata instrucción de sumarios disciplinarios; materia en la que anticipadamente se consideró tal situación como una grave irregularidad a entender de la propia Contraloría General de la República, cuya máxima autoridad señaló ante diversos medios de comunicación y también en su comparecencia ante el Senado de la República, que las licencias médicas no permiten salir del país porque se vulneran las disposiciones que obligan a realizar el monitoreo del reposo prescrito.

3°.- En la misma línea de la Contraloría General de la República, la jurisprudencia administrativa emanada de la SUSESO sostiene que los viajes al extranjero vulneran el derecho que tiene la entidad respectiva para ejercer las facultades fiscalizadoras respecto a las licencias médicas. Sin embargo, la mencionada opinión no alcanza para satisfacer el principio de legalidad, ni siquiera mínimamente, no sólo por la jerarquía normativa de la misma, insuficiente para estos fines, sino porque implica el establecimiento de un ilícito administrativo por analogía, lo que está proscrito en nuestro derecho.

En efecto, lo que se afirma es lo siguiente: como las entidades previsionales tienen derecho a fiscalizar el uso de las licencias médicas, si el paciente viaja al extranjero se impide dicha fiscalización, lo que lleva a la conclusión de que existiría una prohibición de salir al extranjero mientras la persona se encuentra con licencia médica.

Como puede fácilmente advertirse, ante la inexistencia de una prohibición legal para salir del país con licencia médica se ha recurrido a esta especie de analogía, vulnerando con ello el principio de tipicidad, entre otros. Esta propuesta, además de quebrantar el principio de legalidad, presenta otros problemas relacionados con la coherencia del planteamiento, partiendo por la distinción entre viajes al extranjero y desplazamientos dentro del territorio nacional. En efecto, si la base de este supuesto ilícito administrativo dice relación con la imposibilidad de fiscalizar al paciente, no se entiende que sólo se haya investigado a las personas que viajaron al extranjero en circunstancias que dicha imposibilidad se aplicaría a todo aquel que no cumple el reposo en su domicilio.

4°.- Por otra parte, para que esta tesis tuviera alguna lógica, los organismos sectoriales tendrían que haber acreditado que concurrieron al domicilio del paciente y no lo encontraron, para poder tener por configurado el impedimento de fiscalización que se alega como justificación al reproche realizado para los viajes al extranjero, pero en este caso estos organismos ni siquiera ejercieron dichas facultades, razón por la cual este disidente no comprende cómo reclaman ahora el supuesto impedimento. Más bien y tal como se adelantó, parece una forma de aprovechamiento de la propia falta de diligencia.

5°.- Que, de acuerdo a lo razonado anteriormente, el único reproche que se le puede efectuar a la persona investigada, y sólo en el evento que se pudiera soslayar la cosa juzgada y los principios de tipicidad y de legalidad, consiste en haber incumplido el lugar de reposo y no el reposo mismo, lo que constituiría una infracción administrativa muy menor, sobre todo teniendo presente que la fijación de un lugar determinado donde cumplir el reposo no dice relación con la salud del paciente ni con su recuperación, sino que sólo tiene por objeto facilitar la labor fiscalizadora de los organismos respectivos, los que, tal como ya se dijo, no ejercieron tales atribuciones y al no ejercerlas, resulta indiferente el lugar físico desde donde un paciente realice el reposo prescrito. Ya sea en Arica, en Valparaíso o en el extranjero, una persona puede cumplir el reposo médico sin que sus desplazamientos puedan ser considerados per se y sin prueba de cargo, una irregularidad que atenta contra la probidad.

6°.- Que, para cerrar estos razonamientos, parece importante reforzar el principio de tipicidad para decir que no basta con que una determinada conducta le parezca al juzgador (y a la opinión pública) poco prudente, irregular, o indebida, para que surja responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria, sino que resulta indispensable la existencia de una infracción a un deber o prohibición debidamente tipificado, y concurriendo los demás requisitos de dicha responsabilidad.

7°.- Que, finalmente, para reforzar lo afirmado en las motivaciones precedentes y concluir que en el caso sub-iudice la conducta asumida por la recurrente no constituye falta de probidad está la circunstancia, conocida por todos, que actualmente se encuentra tramitando un proyecto de ley que establece estos casos como una falta de probidad, lo que nos lleva, necesariamente, a concluir que los hechos que motivaron la destitución de la protegida no constituyen una falta de probidad.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Espinosa quien estuvo por rechazar el recurso al estimar que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario, en razón de los siguientes fundamentos:

1°.- Que el recurso de protección es una acción constitucional de emergencia, de naturaleza cautelar y de urgencia, para restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarios que vulneren garantías fundamentales, como expresamente lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

2°.- Que, en consecuencia, esta acción constitucional no puede sustituir a la potestad disciplinaria administrativa, como lo han declarado reiteradamente nuestros Tribunales superiores de Justicia, en cuanto han reiterado, de forma uniforme, que la acción de protección no convierte a los tribunales en una instancia de revisión del mérito del ejercicio de la potestad disciplinaria a través de los mecanismos procesales establecidos por la Ley para tal efecto.

3°.- Que, de tal modo, como acción cautelar de emergencia, no tiene cabida, en el conocimiento, tramitación y fallo del recurso de protección, la valoración de la prueba, la determinación de los hechos y la ponderación del grado de responsabilidad administrativa, categorías jurídicas que, de acuerdo a la Ley, corresponden exclusivamente al órgano instructor del respectivo sumario; a la autoridad sancionadora competente y a las instancias de revisión administrativa de segunda instancia a través de los procedimientos y recursos contencioso-administrativos específicos.

4°.- Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, considera el disidente que resulta procedente el conocimiento y resolución de una acción de protección, planteada en un caso como el que se ha sometido al conocimiento de esta Corte, si durante el sumario administrativo o en la aplicación de la sanción se ha producido un vicio formal o sustancial de magnitud constitucional, tal como una vulneración flagrante al debido proceso, como por ejemplo la falta de notificación de los cargos, denegación absoluta del derecho a defensa o falta de acceso a los antecedentes reunidos durante la investigación sumarial.

Que, además sería procedente ante una falta o manifiesta insuficiencia de motivación, cuando la resolución sancionatoria adolezca de fundamentos de hecho y de derecho. También constituiría una vía idónea, si se constata la existencia de incompetencia o vicios graves en el procedimiento, como que la autoridad que sanciona carezca manifiestamente de atribuciones para hacerlo constituyéndose en una comisión especial. Del mismo modo lo sería ante una manifiesta arbitrariedad o desproporción grosera en la sanción impuesta, por tratarse de una medida adoptada en forma caprichosa, irracional o derechamente desproporcionada.

5°.- Que, no verificándose en el presente caso ninguna de las situaciones expuestas en el motivo anterior, estima este disidente que la presente acción de protección debe ser rechazada por no constituir la vía idónea para el conocimiento del contenido del libelo recursivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro suplente señor Rodrigo Patricio Díaz Figueroa.

Rol N°1230-2026 Protección.