nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°123-2024.- La Serena, veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha uno de febrero de dos mil veinticuatro, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad dominicana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones por no dictar el respectivo acto administrativo pronunciándose respecto a su solicitud de permanencia definitiva. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que el actor solicitó la permanencia definitiva el 23 de enero de 2021, sin que a la fecha haya obtenido respuesta de la recurrida, a pesar de haber aportado los antecedentes requeridos por la autoridad migratoria. Sostiene que la Administración ha excedido largamente los plazos legales máximos para emitir una decisión, vulnerándose así los principios de inexcusabilidad, celeridad, y conclusivo, todos recogidos en la Ley N°19.880, y afectando su garantía de igualdad ante la ley.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, y en definitiva ordenar a la recurrida resolver la solicitud de permanencia definitiva.

SEGUNDO: Que, de forma previa a evacuar el informe sobre el recurso, compareció el Servicio Nacional de Migraciones oponiendo excepción de cosa juzgada. Al respecto, expresa que el extranjero recurrió de protección ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago el 01 de marzo de 2023, reclamando de la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia definitiva presentada el 26 de enero de 2021 -misma por la que se deduce la presente acción- siendo su recurso conocido bajo el Rol N°2019-2023 de esa Corte de Apelaciones. Detalla que el recurso de fue rechazado el 05 de mayo de 2023 y que esa decisión no fue objeto de recurso de parte del recurrente.

Por otra parte, señala que en el recurso interpuesto ante esta Corte se reclama igualmente por la falta de un pronunciamiento terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del actor formulada el 26 de enero de 2021, verificándose entre esta causa y aquella conocida por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago los requisitos de la triple identidad previstos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, lo que necesariamente conlleva su rechazo con costas.

TERCERO: Que, el traslado de la excepción de cosa juzgada se tuvo por evacuado a folio 26 de esta carpeta virtual.

Además, se certificó a folio 6 por la Sra. secretaria de esta Corte que nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado recurrió de protección ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago por “la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva” N.º18095232 de fecha 26 de enero de 2021, siendo el recurso rechazado por sentencia de 05 de mayo de 2023.

Finalmente, por resolución de 26 de febrero pasado se dejó la decisión de la referida excepción para sentencia definitiva, por estimarse que se trata de un asunto a ser dilucidado en el fondo.

CUARTO: Que, informando la recurrida solicita el rechazo de la acción interpuesta.

En cuanto al fondo del recurso manifiesta que la solicitud de residencia definitiva N°18095232 presentada el 26 de enero de 2021 se encuentra en etapa ‘Resolutiva’ desde el 09 de junio de 2023.

QUINTO: Que la Acción Constitucional de Protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, consiste en la vía jurisdiccional cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar así la debida protección para el afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de la presente Acción Constitucional es necesario que exista un derecho o garantía fundamental objeto de protección y que éste se vea amagado por un acto ilegal o arbitrario.

SEXTO: Que, en lo referente a la excepción de cosa juzgada opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, cabe constatar que aun cuando sea efectivo que concurre identidad legal de parte y de objeto pedido, lo cierto es que no puede soslayarse que las circunstancias de hecho han variado sustancialmente desde que se interpusiera el recurso de protección conocido bajo el Rol N°2019-2023 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, lo que lleva a desechar esa defensa de la recurrida, pues cabe recordar que las sentencias dictadas en sede de recurso de protección producen cosa juzgada provisional, lo que implica que los efectos de la sentencia subsisten en tanto no se produzca un cambio en la situación de hecho que justifique una nueva revisión de aquella por parte de la jurisdicción.

En este caso concreto, la variación de circunstancias consiste en el dilatado plazo que ha transcurrido desde que se fallara el primer recurso por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago y en que, desde aquel entonces, la solicitud de la recurrente avanzó en su tramitación encontrándose en etapa ‘Resolutiva’ desde el 09 de junio de 2023 según lo ha manifestado la recurrida.

SÉPTIMO: Respecto al fondo de la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que, atendido el mérito de los antecedentes allegados a la causa, si bien se advierte que ha transcurrido ya el plazo de 6 meses que establece la Ley N°19.880 para efectos de finalizar el procedimiento administrativo, en este caso particular, no es posible considerar que se esté en presencia de una dilación excesiva que pueda ser calificada como una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida.

Ello, dado que la solicitud de residencia avanzó en su estado de tramitación a la etapa ‘Resolutiva’ el 09 de junio de 2023, y no es posible soslayar que es un hecho público y notorio que la crisis migratoria que ha afectado al país este último tiempo ha generado un aumento de trabajo de los organismos administrativos vinculados al tema lo que, unido al retraso que generó la contingencia sanitaria relacionada a Covid-19 para toda la ciudadanía y organismos estatales, no permite estimar que la demora hasta ahora experimentada constituya una discriminación en contra de quien recurre en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han presentado solicitudes ante la autoridad migratoria.

OCTAVO: Que, conforme lo razonado en el considerando precedente, el recurso será rechazado por no apreciarse la existencia de una acción u omisión que conculque las garantías constitucionales de la parte recurrente, que amerite la adopción de medidas de resguardo urgentes por parte de esta Corte.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la excepción de cosa juzgada.

II.- Que, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada la decisión de rechazar el recurso con el voto en contra del Ministro Sr. Troncoso quien estuvo por acogerlo y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones emitir un pronunciamiento de término respecto a la solicitud de residencia definitiva presentada ante ella en un plazo perentorio de 30 días corridos a contar del pronunciamiento del fallo en base a las siguientes consideraciones:

1° Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2° Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

3° Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente Asimismo, el retardo inexcusable de la administración provoca indudablemente incertidumbre en la recurrente respecto de su situación migratoria, perjudicando dicha omisión la garantía del numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, misma incertidumbre que afecta a su círculo familiar y social, así como a sus relaciones comerciales.

4° Que, si bien es correcto afirmar que la norma del artículo 43 de la Ley 21.325 mantiene la vigencia de la cédula de identidad otorgada provisoriamente a la persona, en tanto se encuentre en trámite su requerimiento, lo cierto es que no existe un sistema en línea o interconectado que permita a cualquier entidad –pública o privada- consultar, en el momento exacto en que un sujeto en condición de movilidad le exhiba el documento identificatorio, su validez o, en los términos del artículo citado, su prórroga, poniendo de cargo del solicitante el obtener a diario y a cada minuto un certificado digital del Servicio para demostrar esta situación.

Aquella carga resulta una consecuencia de la tardanza del servicio recurrido en resolver la petición que se le ha formulado, lo que se ha intentado corregir a partir de la contratación de más personal, como ha sido indicado en diversos alegatos, pero en lo concreto no ha provocado en el caso de marras una decisión final, cualquiera que ésta sea, que permita al sujeto ejercer sus derechos en nuestro país, ser contratado, poder acudir a recintos público o privados de educación y salud, entre otros.

De esta forma, en los hechos se termina imponiendo la carga de obtención del certificado de solicitud en trámite y, además, ello implica un detrimento en relación con los demás individuos que forman parte de esta sociedad, puesto que personas como la recurrente se ven impedidas de realizar todas las demás actividades laborales, públicas y privadas, que puede llevar a cabo cualquier individuo, lo que implica una infracción al principio de igualdad ante la ley.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°123-2024 Protección.