Protección contra Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones

nombre reservado

Superintendencia de Pensiones Recurso de Protección Rol N° 1226-2019.- La Serena, veintidós de enero de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve comparece doña nombre reservado, Profesora, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones, representada por su Superintendente don Osvaldo Macías Muñoz, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Explica que el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la recurrente presentó su solicitud de Pensión de Invalidez, ante la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, de la Superintendencia de Pensiones. Dicho servicio, mediante Dictamen N° NUM001, Sesión N° NUM002, de veintidós de mayo del presente año, resolvió que doña nombre reservado, tenía un menoscabo de la capacidad de trabajo de 67.0%, debido a que las enfermedades alegadas por ella como invalidantes, provocan una pérdida de la capacidad de trabajo mayor a los dos tercios, el dictamen - debidamente fundado - está firmado por los doctores nombre reservado

Morales y nombre reservado, ambos reconocidos por su gran experiencia profesional.

Agrega que el día once de junio de dos mil diecinueve, las Compañías de Seguros reclaman de dicho dictamen ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, mediante presentación carente de fundamento y respaldo objetivo.

Relata que el veinticuatro de julio de los corrientes, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, emitió la Resolución N° NUM003, mediante la cual considera que no procede otorgar invalidez, por cuanto señala que las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida en su capacidad de trabajo de a lo menos el 50%, por lo que acuerda revocar el dictamen antes mencionado de La Comisión Médica de la Región, y procede a observar que la incapacidad global alcanza el 15%.

Estima que la recurrida resuelve sin ningún antecedente objetivo, sin tener a la vista ni mencionar elementos comparativos que contradigan el contundente informe de la Comisión Médica de la Región, sin ningún informe médico complementario que lo funde, en síntesis, sin fundamentos, limitándose a expresar que no corresponde otorgar pensión de invalidez, ya que no existe menoscabo funcional que lo amerite, por lo que acepta la apelación (reclamo) y revoca el dictamen regional que decretó la invalidez.

A juicio de la recurrente la Resolución N° NUM003, constituye un acto ilegal y arbitrario de la Comisión Médica Central, por cuanto sin ningún nuevo fundamento desconoce el dictamen regional, efectuado por dos reconocidos médicos con grandes conocimientos y experiencia en el tema.

Estima que el actuar de la recurrida, perturba y amenaza directa e indirectamente una serie de garantías constitucionales, entre ellas:

El artículo 19 N° 2, que establece que la Constitución asegura la igualdad ante la ley. En efecto, la resolución de la Comisión Médica Nacional de la Superintendencia de Pensiones configura un tratamiento discriminatorio en perjuicio de la actora, toda vez que su situación de hecho la hacía beneficiara del seguro de invalidez, como lo señaló la Comisión Médica de la Región, cuestión que por la errada decisión de la Comisión Central ha desaparecido.

Estima, que también se ha vulnerado el artículo 19 N° 24, precepto que asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales entre los cuales se encuentra este derecho subjetivo o incorporal a la pensión de invalidez, por haber reunido los requisitos de salud y jurídicos que establece tanto la norma legal, el Decreto Ley 3.500 de 1980, para que proceda el seguro de invalidez, perjudicándose y perturbándose la situación patrimonial de la afectada, por cuanto, no ha podido acceder a una pensión que le permitiría tener una mejor situación económica, en el entendido que no puede desarrollar una actividad laboral.

Asegura que igualmente se afecta el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, reconocido constitucionalmente en el artículo 19 N° 18, derecho que si bien no se encuentra expresamente reconocido como protegido por el recurso de protección, se debe entender incorporado en este caso, en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Finalmente y como consecuencia de todo lo anterior, alega una vulneración al derecho a la integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto, la situación económica de la recurrente se ha ido deteriorando, transformándose en incompatible con las funciones de su cargo como profesora, y el gran esfuerzo que ha realizado al trabajar enferma ha deteriorado aún más, y cada vez más, su salud, además de que por todo ello no puede acceder a medicamentos paliativos que permitan llevar una mejor calidad de vida, debiendo soportar fuerte dolores lumbares, que la inhabilitan.

Termina solicitando que se acoja el arbitrio constitucional, declarando que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria al revocar el Dictamen N° NUM001 de la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, de la Superintendencia de Pensiones, y de esta manera ordenando a la recurrida ajustar la resolución a la ley, en el sentido de expresar que a la recurrente le corresponde acogerse a pensión de invalidez, de manera de procurar la debida protección de las garantías constitucionales de la vulnerada, tomando las medidas conducentes para que se resguarden, con costas.

SEGUNDO: Que el veinticinco de octubre de los corrientes se trajeron los autos en relación, teniendo por evacuado en rebeldía el informe solicitado a la recurrida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que lo cuestionado por la recurrente es la decisión adoptada por la Comisión Médica Central mediante resolución N° NUM003, mediante la cual ésta decide no otorgar la invalidez que en primera instancia había sido decretada por la Comisión de Medicina Preventiva de la Región de Coquimbo según Dictamen N° NUM001, de veintidós de mayo de los corrientes.

SEXTO: Que, como se advierte, el acto que se impugna emana de la Comisión Médica Central y no de la Superintendencia de Pensiones, la recurrida según el arbitrio constitucional, desde que emplazó por éste al señor Superintendente de esta última agencia, don Osvaldo Macías Muñoz.

Que así, dicha acción incoada debe sortear un doble obstáculo a fin de poder establecer si se encuentra dirigida correctamente en cuanto al sujeto pasivo responsable del acto impugnado, sea directamente, por ser su autor, sea de modo indirecto, por ser administrativamente el superior jerárquico del primero, al no haber corregido o enmendado su acción u omisión arbitraria o ilegal a través del recurso administrativo respectivo.

Al efecto, de acuerdo a lo que ya se ha venido precisando por la Jurisprudencia, se ha de tener presente que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1 y 94 del DL N° 3500 de 1980 y 18 del DS N° 57, de 1990, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la Comisión Médica Central es un organismo que goza de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las invalideces sometidas a su consideración, dependiente de la Administración Central del Estado; por su parte, la Superintendencia de Pensiones, de conformidad a lo previsto en los artículos 46 y 47 N° 4 de la Ley 20.255, solo cumple a su respecto un rol fiscalizador, sin que esté facultada para asumir su representación judicial, por lo que carece de la legitimación pasiva que le atribuye el recurrente al emplazar al superintendente de ésta última (Rol N° 47.345-2018 C. Apelaciones de Santiago).

De esta manera, siendo las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Medica Central entidades creadas para evaluar y calificar el grado de invalidez de los postulantes como trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual instituido por el DL N° 3.500 de 1980, correspondiendo la segunda a la entidad superior jerárquica para conocer de lo resuelto por la primera con ocasión de la respectiva reclamación de parte (artículo 11 en relación con el artículo 4° de dicha normativa), y careciendo ambas, sin embargo, de personalidad jurídica y patrimonio propios, se ha de seguir que el actuar de la Comisión Médica Central, dada su autonomía, se verifica bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile, por lo que a no dudar era esta entidad la que debía ser emplazada por el recurrente respecto de un acto emanado de la Comisión Médica Central a que se atribuía ilegalidad y/o arbitrariedad y cuya representación judicial debía ser asumida por el Consejo de Defensa del Estado según el artículo 3° N° 7 inciso 2° de la Ley Orgánica de esta última agencia pública.

Así, forzoso se hace concluir, que la requerida Superintendencia de Pensiones carecía de legitimación pasiva para ser emplazada con la presente acción constitucional, sea por no haber emitido el acto impugnado, sea por carecer además de competencia para proceder a su enmendación por la vía recursiva o actuando oficiosamente, lo que viene a imponer el rechazo del presente arbitrio, desde que no resulta posible imponerle a dicha superintendencia medida alguna de corrección por esta Corte, de estimarse efectivamente ilegal o arbitraria la actuación de la Comisión Médica Central.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, concurre también para el rechazo de la acción constitucional de urgencia incoada, la pretensión perseguida en ella por la recurrente, consistente, según se desprende del petitorio de su libelo, en la revocación de la decisión de la Comisión Médica Central contenida en su Resolución NUM003, en cuanto acogiendo una reclamación de las compañías de seguros, invalidó la decisión de la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, que la hacía merecedora a postular a una pensión de invalidez en razón de tener un menoscabo de 67% de su capacidad de trabajo, y dispuso, en cambio negar esta invalidez por estimar que su incapacidad llegaba al 15%, pidiendo que esta Corte le ordene a dicho órgano ajustar su decisión para que la recurrente pueda acogerse a la pensión de invalidez.

OCTAVO: Que, tal discusión, como se puede avizorar, no persigue el amparo de un derecho indiscutido y preexistente, cuya vulneración afecta algunas de las garantías protegidas con la acción constitucional del artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, sino la declaración de un derecho a una pensión de invalidez que está siendo impugnado por la Administración, cuya declaración involucra además la anulación de actos administrativos previos, sin que se hayan ejercido las respectivas acciones en los procedimiento de lato conocimiento para dichos fines, por lo que se trata, entonces, de una materia que excede el estricto marco de acción cautelar y de urgencia del recurso de protección.

Tales razones, conducen también al rechazo de esta acción.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

I.-Que se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones representada por su superintendente don Osvaldo Macías Muñoz.

II.-Que no se condena en costas a la recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para accionar.

Redacción a cargo del Ministro Suplente, señor Juan Carlos Espinosa Rojas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1.226-2019.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés. No firma el señor nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

En La Serena, a veintidós de enero de dos mil veinte, notifiqué por estado diario la resolución que antecede.