nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1225-2023.- La Serena, veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha diez de junio de dos mil veintitrés comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, RUN RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que la persona en favor de quién recurre fue intervenida quirúrgicamente de sus rodillas en el año 2021, en los meses de abril y noviembre de dicho año, luego de lo cual se le detectó una trombosis en su pierna izquierda, por lo que, luego de permanecer hospitalizada durante 4 días, debió seguir con tratamiento anticoagulante durante cerca de seis meses. Producto de sus complicaciones, no pudo viajar a Santiago a controlarse ni tampoco iniciar su rehabilitación, lo que pudo realizar recién en septiembre del año 2022, manteniéndose con licencia médica por todo el período.

Indica que todas estas vivencias, procedimientos y patologías han afectado a doña nombre reservado, quien siempre había sido una mujer independiente y autovalente; por lo mismo hoy en día además se encuentra sumida en una profunda depresión que la tiene en tratamiento con psiquiatra y psicoterapia, atendido además el rechazo de sus licencias, pese a las evidencias presentadas que acreditan sus patologías que han justificado el otorgamiento de cada una de las licencias emitidas por su médico tratante, incluyendo las que han sido rechazadas por la recurrida.

Refiere que con fecha 12 de mayo del año en curso, doña nombre reservado tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-63405-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, Unidad Médica, confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Coquimbo, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s 75465895-9, 76803058-8, 77569546-3 y 78886903-7, extendidas por un total de 110 días a contar del 29 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Estima que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias sin otorgar una explicación racional que la mueva a confirmar tal rechazo, más aún si se reconoce que las licencias anteriores a las que se rechazan habían sido autorizadas sin mayores reparos por la COMPIN; no contiene un análisis de los antecedentes clínicos de la paciente y, lo que es más grave, tampoco hace referencia ni analiza los documentos acompañados por doña nombre reservado a su reclamación. No quedan claras las razones médicas por las cuales se discrepa de los informes y antecedentes médicos invocados por la Sra. nombre reservado, más aún considerando que las licencias médicas rechazadas fueron emitidas por un profesional especialista en traumatología, y lo que es peor, lo que se indica por la recurrida en un vano intento por esbozar un fundamento para mantener el rechazo de las licencias médicas, se ve desvirtuado por los antecedentes acompañados.

Es decir, pese a la contundente evidencia y antecedentes que avalan la necesidad de doña nombre reservado de contar con reposo médico para continuar su tratamiento para recuperarse plenamente de 2 cirugías a sus rodillas y luego de una trombosis venosa profunda, se resuelve mantener, de manera absolutamente injustificada y arbitraria, el rechazo de sus licencias médicas, sin hacerse cargo ni contener siquiera un mínimo análisis de los certificados médicos y antecedentes presentados; en lugar de ello, y pese a la contundencia de tales documentos e historial médico de la paciente, se opta por rechazar sus licencias, agregando con ello una preocupación más a su ya delicado estado de salud.

Sostiene que si aun así los antecedentes acompañados doña nombre reservado a su reclamación le merecían dudas, perfectamente pudo la recurrida solicitar al profesional que extendió tales licencias, información complementaria respecto de la situación de salud de la Sra. nombre reservado y la necesidad de reposo, lo cual tampoco se verificó en este caso, pese a tener facultades para hacerlo.

Estima que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, pues al rechazar la licencia, priva a la paciente de la posibilidad de costear los viajes para sus controles, como asimismo adquirir los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías, lo que pone en serio riesgo su salud y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral; y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Solicita que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución de fecha 12 de mayo de 2023, y en su lugar acoger la reclamación deducida por doña nombre reservado, dictaminando que se autorizan las licencias médicas individualizadas, adoptando asimismo cualquier otra medida que esta Corte considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la Sra. nombre reservado, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don FRANCISCO ORTEGA BELLO, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, evacúa informe sobre el fondo, solicitando el rechazo de la acción.

Luego de referirse al marco jurídico, indica que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, basando dicha conclusión en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que supera los 500 días por diagnóstico, y que el informe médico aportado no detalla evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-63405-2023, de 12 de mayo de 2023.

Luego de hacer referencia a lo registrado por la Contraloría Médica de la COMPIN y lo informado por los profesionales de la Superintendencia, sostiene que la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo, en cuanto expresa que “…El informe médico aportado, no detalla evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito...”

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado, no interponiendo la recurrente reposición, acompañando antecedentes, contra dicha resolución.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Luego de hacer referencia a las facultades de la recurrida, afirma que la pretensión de la recurrente no tiene fundamento legal y desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, pues su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

A su vez, estima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental., no existiendo tampoco vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.

Por lo anterior, solicita sea desestimada en todas sus partes la acción interpuesta, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-63405-2023, de fecha 12 de mayo de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s 75465895-9, 76803058-8, 77569546-3 y 78886903-7, extendidas por un total de 110 días a contar del 29 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “… esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 75465895-9, 76803058-8, 77569546-3, 78886903-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que supera los 500 días por diagnóstico. En informe médico aportado, no detalla evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito” (sic).

SÉPTIMO: Que, del mérito de lo expuesto, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, al no contener la resolución recurrida referencia alguna a los antecedentes concretos en virtud de los cuales arriba a la decisión que en ella se contiene, ni un análisis pormenorizado de los mismos, todo lo cual deja al recurrente en un estado de indefensión, al desconocer en base a qué elementos la recurrida ha adoptado la determinación que en esta sede se reprocha.

OCTAVO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

NOVENO: Que, de todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente o la insuficiencia de los mismos.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

DUODÉCIMO: Que, teniendo en consideración que la recurrida ha resultado totalmente vencida en esta sede, es que se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por Claudio Fernández Ramírez, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-63405-2023, de fecha 12 de mayo de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s 75465895-9, 76803058-8, 77569546-3 y 78886903-7, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas dentro del plazo de 5 días corridos desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Acordado con la prevención del Abogado Integrante Sr. Fonseca, quien estuvo por acoger la acción interpuesta, solo en cuanto se ordene a la recurrida disponer que la COMPIN respectiva practique los exámenes y peritajes necesarios para determinar la existencia y eventual concurrencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito en las licencias de autos.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1225-2023 (Protección).-