Protección contra Universidad de La Serena

nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de protección Rol N°1222-2026.- La Serena, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Juan Pablo Corral Gallardo, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena, por la dilación que califica de ilegal y arbitraria en la tramitación de un procedimiento disciplinario iniciado mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de junio de 2023, a raíz de una denuncia por acoso sexual, así como por la omisión de resolverlo y la mantención de las medidas preventivas decretadas en su contra.

Señala que la denuncia se refiere a hechos que habrían ocurrido el 17 de marzo de 2023, durante una reunión privada efectuada fuera de las dependencias universitarias y que, durante la investigación, se decretaron medidas consistentes en la prohibición de contacto entre denunciante y denunciado, separación de espacios físicos y cambio de sección académica.

Indica que el 25 de agosto de 2023 se declaró cerrada la etapa indagatoria y se dispuso el sobreseimiento temporal de la investigación, debido a que el recurrente había suspendido sus estudios. Agrega que, al retomarlos, el procedimiento fue reabierto mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 28 de marzo de 2024, manteniéndose las medidas preventivas y formulándose cargos el 22 de abril del mismo año.

Refiere que solicitó la nulidad de lo obrado y el sobreseimiento definitivo, por estimar que la Universidad carecía de competencia para investigar hechos ocurridos en un domicilio particular y en una actividad ajena al ámbito universitario. Añade que dichas solicitudes no fueron resueltas oportunamente y que la reposición interpuesta fue rechazada.

Señala que, luego de evacuados los descargos, la fiscal emitió su vista fiscal el 10 de julio de 2024, proponiendo sancionar al recurrente con permanencia condicionada por dos semestres, intervención psicosocial, prohibición de acercamiento y mantención de las medidas preventivas.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 04 de septiembre de 2024, la Rectoría aplicó las sanciones propuestas.

Expone que, debido a lo anterior, interpuso un anterior recurso de protección, Rol N°1687-2024 de esta Corte, cuya decisión fue revocada por la Corte Suprema en autos Rol N°60.602-2024, acogiéndose la acción y dejándose sin efecto la resolución sancionatoria, por estimarse que la Universidad había actuado como una comisión especial. No obstante, sostiene que la recurrida, mediante Resolución Exenta N°NUM003, de 18 de noviembre de 2025, retrotrajo el procedimiento al estado de haberse evacuado la vista fiscal y encontrarse esta en conocimiento de la autoridad superior, manteniendo abierto el sumario y vigentes las medidas preventivas.

Afirma que el procedimiento se ha prolongado por más de tres años, sin que exista una resolución definitiva, vulnerando las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3, N°4 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso; se declare la nulidad de todo lo obrado en el expediente disciplinario o, subsidiariamente, se ordene resolverlo dentro de quinto día, invalidándolo por falta de competencia; se alcen todas las sanciones y medidas preventivas o cautelares decretadas en contra del recurrente; y se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida Universidad de La Serena, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Reconoce que existió una demora en la tramitación del acto destinado a poner término al procedimiento disciplinario, pero explica que esta se debió a una omisión administrativa involuntaria y no a la intención de mantener abierta la investigación o continuar ejerciendo potestades disciplinarias respecto del recurrente.

Señala que, al día siguiente de la sentencia dictada por la Corte Suprema, emitió la Resolución Exenta N°NUM003, mediante la cual dejó sin efecto la sanción aplicada y retrotrajo el procedimiento al estado de encontrarse evacuada la vista fiscal y pendiente el pronunciamiento de la autoridad superior.

Agrega que ordenó suspender todo seguimiento respecto del recurrente y verificó que la sanción de permanencia condicionada nunca fue registrada ni ejecutada. Asimismo, afirma que no se aplicaron medidas de separación de espacios que le impidieran asistir a clases, inscribir asignaturas, rendir evaluaciones o desarrollar normalmente sus actividades académicas.

Expone que, mediante Oficio N°NUM004, de 20 de noviembre de 2025, la Dirección de Asuntos Jurídicos recomendó rechazar la vista fiscal, absolver al estudiante y poner término al procedimiento, debido a que la Corte Suprema había descartado la competencia de la Universidad para conocer de los hechos investigados.

Indica que, siguiendo dicha recomendación, se dictó la Resolución Exenta N°NUM005, de 23 de diciembre de 2025, que dispuso sobreseer la investigación y archivar los antecedentes. Sin embargo, el acto fue retirado para corregir un error formal en la individualización de la denunciante y, una vez corregido, no fue reingresado oportunamente debido a una omisión administrativa.

Sostiene que dicha irregularidad fue subsanada apenas se tomó conocimiento de ella y que la resolución de sobreseimiento se encuentra actualmente tramitada y pendiente de notificación a las partes.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, por cuanto la omisión fue corregida y actualmente no existiría un acto u omisión ilegal o arbitrario que haga necesaria la adopción de medidas para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el recurrente impugna la omisión y el retardo en que habría incurrido la Universidad de La Serena al no poner término formal y oportuno al procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de junio de 2023, así como la mantención de las medidas preventivas decretadas en su contra, no obstante haberse establecido, por sentencia ejecutoriada del máximo tribunal, que la recurrida carecía de competencia para conocer y sancionar los hechos que motivaron dicho procedimiento.

SEXTO: Que, para lo anterior, cabe tener por establecidos los siguientes hechos, que no han sido controvertidos por las partes: a) Que mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de junio de 2023, la recurrida instruyó un procedimiento disciplinario en contra del recurrente, a raíz de una denuncia formulada en el marco de la Ley N°21.369, por hechos que se habrían verificado el 17 de marzo de 2023, en una reunión de carácter privado y fuera de las dependencias universitarias; b) Que, en el curso de dicho procedimiento, se decretaron medidas preventivas consistentes, entre otras, en la prohibición de contacto entre denunciante y denunciado, la separación de espacios físicos y el cambio de sección académica del recurrente; c) Que, por sentencia de 27 de octubre de 2025, dictada en los autos Rol N°60.602-2024, la Corte Suprema revocó la decisión de esta Corte y, acogiendo el recurso de protección deducido por el recurrente, dejó sin efecto la Resolución Exenta N°NUM002, de 4 de septiembre de 2024, por estimar que los hechos investigados carecían de vinculación objetiva con la Universidad y que ésta excedió sus atribuciones al ejercer respecto de ellos su potestad disciplinaria; d) Que la propia recurrida reconoce, en su informe, haber incurrido en una dilación en la tramitación del acto destinado a poner término al procedimiento; y e) Que, a la fecha de interposición del presente recurso, la Resolución Exenta N°NUM005, de 23 de diciembre de 2025 —mediante la cual se dispuso el sobreseimiento de la investigación—, no se encontraba formalizada ni había sido notificada al recurrente, según lo admite la propia entidad recurrida.

SÉPTIMO: Que, conforme al artículo 76 de la Constitución Política de la República, una sentencia ejecutoriada, como la pronunciada por la Corte Suprema en los autos Rol N°60.602- 2024, obliga a la recurrida no sólo a acatar lo decidido, sino a desplegar, con la diligencia que la situación exige, todas las actuaciones conducentes a su cabal y oportuno cumplimiento, lo que no ocurrió pues a pesar de la claridad de la sentencia dictada por el máximo tribunal insistió en adjudicarse competencia dilatando el término del sumario administrativo y por tanto afectando gravemente las garantías constitucionales del actor al punto de ver restringidos parte de sus derechos en su calidad de estudiante.

OCTAVO: Que, en cuanto a la potestad disciplinaria de las autoridades universitarias, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha sostenido de manera reiterada que su ejercicio sólo puede recaer sobre hechos que presenten una vinculación objetiva con el plantel, sea por la actividad de que se trate o por el lugar en que ella se desarrolle, criterio que fue precisamente el aplicado por la Corte Suprema, respecto de estas mismas partes, en la sentencia en comento, al descartar la competencia de la recurrida sobre los hechos denunciados. Del mismo modo, se ha resuelto que el órgano que se arroga atribuciones de las que carece, o que decide al margen de un debido proceso, incurre en una actuación lesiva de la garantía del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, en cuanto proscribe que persona alguna sea juzgada por comisiones especiales, y no por el tribunal que le señale la ley.

NOVENO: Que, no obstante la claridad de lo resuelto por el máximo tribunal —que descartó de manera categórica la competencia de la Universidad para conocer y sancionar los hechos denunciados—, la recurrida mantuvo abierto el procedimiento disciplinario y dilató por un tiempo prolongado la dictación del acto formal llamado a ponerle término, persistiendo de ese modo, siquiera formalmente, en el ejercicio de una potestad de la que carecía y contraviniendo el deber de cumplimiento íntegro y oportuno de una sentencia ejecutoriada.

DÉCIMO: Que, el prolongado lapso transcurrido entre la sentencia de la Corte Suprema —de 27 de octubre de 2025— y la data de este pronunciamiento, por más de nueve meses, sin que se formalizara ni notificara el acto de término del procedimiento, carece de una justificación razonable y proporcionada. Las explicaciones ofrecidas por la recurrida podrán dar cuenta de la causa material de la demora, mas no la tornan razonable ni excusable, tratándose del cumplimiento de una decisión judicial firme que imponía a la entidad la máxima diligencia.

UNDÉCIMO: Que las alegaciones de descargo formuladas en el informe no alteran la conclusión precedente.

En cuanto a que la dilación obedeció a una omisión involuntaria, y no a una voluntad deliberada de mantener abierto el sumario, cabe señalar que la ilegalidad y la arbitrariedad que habilitan esta acción se aprecian con prescindencia de la intención del agente, atendido el carácter objetivo del efecto lesivo sobre las garantías del afectado.

En lo relativo a que la sanción de permanencia condicionada nunca fue registrada ni ejecutada, y a que no se materializaron medidas de separación de espacios, ha de observarse que las medidas preventivas fueron efectivamente decretadas y no consta que hayan sido formalmente dejadas sin efecto, de modo que su subsistencia nominal, unida a la incertidumbre derivada de un procedimiento prolongado por más de tres años, resulta suficiente para configurar la perturbación y amenaza que la acción persigue conjurar; la circunstancia de que la recurrida no las haya materializado no equivale a haberlas alzado.

Y en lo tocante a que la Resolución Exenta N°NUM005 se encontraría actualmente tramitada, lo cierto es que la propia recurrida reconoce que dicho acto no se halla firme y que aún no ha sido notificado al recurrente, por lo que el recurso conserva su objeto, en tanto el restablecimiento del imperio del derecho reclama una orden cierta y perentoria, y no supeditada al ritmo administrativo de la entidad recurrida.

DUODÉCIMO: Que la petición de nulidad de todo lo obrado en el expediente disciplinario, formulada por el recurrente, excede la naturaleza cautelar y de urgencia propia de esta acción constitucional, conforme a lo señalado en el considerando tercero, sin perjuicio de que la protección perseguida queda suficientemente cautelada con las medidas que a continuación se disponen.

Por estas consideraciones y encontrándose acreditada una omisión ilegal y arbitraria imputable a la recurrida, que ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías del recurrente —singularmente la contemplada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, y conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la Universidad de La Serena y, en consecuencia, se declara:

I. Que la recurrida deberá dictar, dentro del plazo de quince días corridos contado desde la notificación de la presente sentencia, el acto administrativo formal que ponga término al procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 23 de junio de 2023, y proceder a su notificación a las partes.

II. Que se dejan sin efecto las medidas preventivas y cautelares decretadas en contra del recurrente en el referido procedimiento, así como toda otra resolución dictada en él que afecte sus garantías.

III. Que se condena en costas a la recurrida.

IV. Que se dispone oficiar a la Contraloría General de la República, remitiéndole copia de la presente sentencia, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, tome conocimiento de los hechos y del retardo constatado y disponga las medidas pertinentes.

Redactada por el abogado integrante don Jaime Camus del Valle Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1222-2026 Protección.