Protección contra Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum S

Jade Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1222-2020.- La Serena, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 07 de julio de 2020, comparece Jade, profesora de educación general básica, actualmente jubilada, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum S.A., representada legalmente por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que en su calidad de profesora de educación general básica, trabajó bajo subordinación y dependencia y desde el 1 de marzo de 1977 ininterrumpidamente, principalmente como jefe técnico de educación general básica.

Relata que en un inicio cotizó en la Caja de empleados particulares, hasta que en el año 1981 se realizó su traspaso obligatorio al actual sistema de pensiones, lo que se mantuvo hasta que inició la tramitación de su jubilación, la que se concretó en febrero del año en curso, en consecuencia, ha cotizado por casi cuarenta años en el actual sistema de pensiones.

Indica que sus fondos previsionales alcanzan la suma de $99.613.812, no obstante recibir mensualmente como pensión solamente 14,92 unidades de fomento, cantidad que es baja si se toma en consideración la suma total ahorrada en la AFP, y que el sueldo promedio que ha percibido previa a su jubilación ascendía a la suma de $2.000.000 mensuales, lo que genera menoscabo a su nivel de vida y a las necesidades económicas que tiene.

Dice padecer una serie de enfermedades, como artritis reumatoidea y síndrome fibromiálgico secundario, gonoartrosis bilateral y uncoartritis bilateral, además de depresión endógena profunda severa con melancolía, por lo cual lleva años de tratamiento, y por lo que debe comprar una serie de medicamentos.

Además, expone que recientemente se le diagnosticó hepatomegalia y una hipogástrica de probable origen anexial derecho y una gran lesión multilocular anecogénica de 95 x 55 x 80 mm.

Alega necesitar mensualmente una cifra promedio de $700.000 solamente para costear sus remedios y tratamientos por las enfermedades mencionadas, a fin de poder llevar su día a día sin molestias ni complejizar su salud a futuro.

Agrega que debido a sus recientes diagnósticos requiere de una operación, la que fue suspendida momentáneamente por la pandemia de Covid 19 y que le significará un gran costo económico que aun no se ha especificado concretamente.

Afirma que por lo anterior, el 19 de junio de 2020 solicitó a la emplazada la devolución de la totalidad de sus fondos previsionales, a fin de mejorar la situación económica que atraviesa.

Refiere que AFP Cuprum S.A. respondió el 26 de junio de 2020 su solicitud, de forma negativa, señalando resumidamente que no puede realizar devolución de su dinero.

Indica que el actuar arbitrario de la recurrida, no solamente la priva de su derecho a la propiedad, sino que de su derecho a la salud, y principalmente de su integridad física y psíquica, amenazando así su vida, en el sentido en que dicho actuar, aqueja las posibilidades de costear mensualmente sus remedios y tratamientos médicos, y de una adecuada intervención.

Refiere que en el régimen previsional establecido por el Decreto Ley 3.500 los recursos contenidos en las cuentas de capitalización individual son de propiedad de las y los trabajadores que han cotizado.

Aduce que con esta negativa la AFP recurrida actúa ilegítimamente como dueña de sus ahorros previsionales decidiendo cómo administrarlos y aprovechándose de los derechos que esa administración implica.

Previa las citas constitucionales, solicita acoger la acción proteccional, ordenando la entrega, en el más breve plazo, de sus ahorros por concepto de cotizaciones previsionales cuyo monto solicitado asciende a la suma de $99.613.812, mas incrementos legales, a la fecha de la devolución efectiva, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia de carta de solicitud de devolución de dinero de fondos de pensiones remitida a la recurrida con fecha 19 de junio de 2020; 2) Copia de correo electrónico de respuesta a consulta N° 419349 de fecha 26 de junio de 2020, emitido por AFP CUPRUM en respuesta a la carta de devolución; 3) Certificado de antecedentes previsionales emitido por AFP CUPRUM con fecha 6 de julio de 2020, FOLIO N° NUM000 respecto a mi persona; 4) Certificado médico emitido por el psiquiatra nombre reservado

Guzmán de fecha 10 de octubre de 2013 que acredita la depresión mayor con melancolía; 5) Certificado médico emitido por Médico internista y reumatólogo don nombre reservado de fecha 21 de febrero de 2018 que acredita que padece Artritis Reumatoidea, Gonoartrosis bilateral, Uncoartritis bilateral, Depresión y Sindroma fibromiálgico Secundario; 6) Ecografía ginecológica emitida por Hospital San Pablo de Coquimbo, servicio de ginecología y obstetricia, unidad de ecografía, firmado por Dr. Andres Maisto, de fecha 10 de marzo de 2020, que indica como conclusiones Lesión anexial, y se indica que tiene una gran lesión multilocular anecogénica; 7) Certificado médico emitido por Dr. nombre reservado con fecha 13 de febrero de 2020 que acredita que la lesión quística anexial derecha; 8) Ecotomografía emitida por Centro médico Imagen Salud por médico radiólogo don nombre reservado con fecha 18 de octubre de 2019 en que se indica que tiene Hepatomegalia, una lesión quística compleja hipogástrica de probable origen anexial derecho.

SEGUNDO: Que, con fecha 28 de julio pasado evacuó informe LUIS QUINTANA VALDOVINOS, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A, solicitando el rechazo de la acción impetrada, a toda vez que no cumple con ninguno de los requisitos previstos por nuestra legislación: (i) no ha existido un acto u omisión arbitrario o ilegal de AFP Cuprum; (ii) la presentación de la acción de protección por parte de la actora es extemporánea; (iii) no se está solicitando el amparo de un derecho de carácter preexistente e indubitado, sino que, por el contrario, la declaración de un derecho dubitado; (iv) no se han vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 9° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República; (v) la Corte de Apelaciones no se encuentra en la situación jurídica de otorgar la medida solicitada toda vez que constituiría un actuar contrario a nuestra legislación; y, finalmente, (vi) acceder a una medida como la de autos importaría un serio atentado en contra del principio de separación de poderes del Estado.

Expone que dicha entidad no niega la existencia del acto que motiva la acción, esto es, la carta de 26 de junio pasado por la cual se le comunica que no se le pueden entregar los fondos de su cuenta.

Sí discute que dicho acto revista las calidades de arbitrario o ilegal. La situación es completamente inversa: la negativa de AFP Cuprum a la solicitud de retiro de los fondos previsionales elevada por la actora encuentra su fundamento en la normativa previsional contenida esencialmente en el DL N° 3.500, así como en su Reglamento aprobado por el DS N° 57 y en el DFL N° 101, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En consecuencia se ajustó al ordenamiento jurídico y responde, por ende, a un mandato legal y no, como pretende la actora, al arbitrio de su representada.

Recalca que son distintas las disposiciones del DL N° 3.500, tales como los artículos 23, 34 y 51, que determinan que el único fin de los fondos de la cuenta de capitalización individual de los afiliados es pagar sus pensiones. Así, cualquier uso de esos montos para fines distintos del pago de una pensión, establecida y reconocida como tal por el legislador, es contrario al DL N° 3.500, es decir, estrictamente ilegal.

Hace hincapié en que tal como lo han dispuesto diversas Cortes de Apelaciones y la Excma. Corte Suprema, la actuación de su representada, al rechazar la solicitud de retiro de fondos previsionales, es una conducta ajustada al derecho y la razón, toda vez que se somete irrestrictamente al ordenamiento jurídico vigente y no obedece al capricho o sinrazón, careciendo así de la arbitrariedad que se acusa en el recurso.

En segundo lugar, refiere que la acción se habría presentado extemporáneamente puesto que el DL N° 3.500 entró en vigencia en el año 1980, lo mismo que el Reglamento del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, aprobado a través del Decreto Supremo N° 57 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1990. También es sabido que el artículo 8° del Código Civil dispone que "nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que esta haya entrado en vigencia".

La respuesta de AFP Cuprum a la solicitud elevada por la actora le fue comunicada el 26 de junio de 2020, y no creó una situación jurídica nueva en virtud de la cual empezara a correr un nuevo plazo para la interposición de una acción de protección: AFP Cuprum se limitó a recordarle a la actora aquello que el Código Civil presume que conoce y conocía al de afiliarse, en 1981, al sistema de pensiones: la ley.

En tercer lugar, reclama que no se está solicitando el amparo de un derecho de carácter preexistente e indubitado, sino que, por el contrario, la declaración de un derecho dubitado. Insiste en que la sola lectura de la acción de protección permite concluir que la pretensión de la actora excede el ámbito de protección de una acción de protección y que, por tanto, la materia puesta a conocimiento de esta Corte en el caso sub lite no es susceptible de discutirse y resolverse en esta sede cautelar: la actora pretende que se declare su derecho a retirar la totalidad de sus fondos previsionales, en circunstancias en las que la declaración de un derecho no es posible por esta vía.

En cuarto lugar, afirma que no se han vulnerado las garantías que refiere la recurrente, pues como ya se ha dicho la respuesta negativa al resolver el retiro de fondo de pensiones se debe a lo que espesamente establece el legislador.

Finalmente manifiesta que la Corte no se encuentra en la situación jurídica de otorgar la medida solicitada toda vez que constituiría un actuar contrario a nuestra legislación que alteraría el diseño institucional que se ha adoptado en materia de seguridad social y agrega que se atentaría contra el principio de separación de poderes del estado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la recurrida será desestimada, por cuanto del claro tenor del libelo pretensor se advierte que el acto concreto en contra del cual se deduce el presente arbitrio consiste en la respuesta negativa comunicada por la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. al actor, mediante correo electrónico de fecha 26 de junio de los corrientes, desprendiéndose del examen de la carpeta virtual que se ha impetrado el recurso que nos convoca el día 07 de julio del mismo año, apareciendo en consecuencia que el mismo ha sido presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que como se puede apreciar de la síntesis contenida en los motivos que anteceden, el hecho que el actor reputa como ilegal y arbitrario se encuentra libre de controversia, y consiste en la negativa de AFP Cuprum S.A. a restituir a la recurrente los fondos cotizados en su cuenta de capitalización individual, al margen de las modalidades contenidas en el Decreto Ley Nº 3.500.

SÉPTIMO: Que, luego, para analizar la legalidad de la conducta que se reprocha, resulta indispensable recordar ciertas reglas atingentes sobre la materia.

En este sentido, el artículo 19 Nº 18 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, ordenando que "la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias" e imponiéndole al mismo Estado el deber de supervigilar "el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social".

Concretando tal prescripción constitucional, el Decreto Ley Nº 3.500 se erige como el principal cuerpo normativo sobre la materia. Dentro de sus disposiciones, destaca su artículo 17 que impone a "los trabajadores afiliados al sistema, menores de 65 años de edad si son hombres, y menores de 60 años de edad si son mujeres" la obligación de "cotizar en su cuenta de capitalización individual el 10 por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles".

Luego, su artículo 34 indica que "los bienes y derechos que componen el patrimonio de los Fondos de Pensiones serán inembargables salvo en la parte originada por los depósitos a que se refiere el artículo 21 y estarán destinados sólo a generar prestaciones de acuerdo a las disposiciones de la presente ley". Finalmente, el artículo 61 expresa que: "Los afiliados que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3°, los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales, una vez ejecutoriado el segundo dictamen, podrán disponer del saldo de su cuenta de capitalización individual con el objeto de constituir una pensión. La Administradora verificará el cumplimiento de dichos requisitos, reconocerá el beneficio y emitirá el correspondiente certificado. Para hacer efectiva su pensión, cada afiliado podrá optar por una de las siguientes modalidades: a) Renta Vitalicia Inmediata; b) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida; c) Retiro Programado, o d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado".

OCTAVO: Que, como se lee de lo transcrito y tal como lo sostiene la recurrida en su informe, el dinero existente en toda cuenta de capitalización individual posee de manera general, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, un destino único y exclusivo, consistente en otorgamiento de pensiones bajo una de las cuatro modalidades que contempla la ley.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo antedicho, es indispensable precisar que el retiro total o parcial del dinero cotizado en la cuenta individual de un trabajador no es una institución ajena al Decreto Ley Nº 3.500. En efecto, en reiterados pasajes de este cuerpo normativo (artículos 20, 21, 22, 62, 62 bis, 65 bis y 179) se establecen los requisitos y exigencias que permiten al cotizante retirar los excedentes de libre disposición quedados luego de haber optado por alguna de aquellas modalidades de pensión ya mencionadas, debiendo tenerse en cuenta, además, que la renta vitalicia, en tanto clase de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de Seguros de Vida distinta a la Administradora, es, en sí, una forma de retiro que puede llegar al total del importe de la cuenta respectiva.

Desde este mismo prisma, el artículo 68 del Decreto Ley Nº 3.500 relativiza, incluso, los requisitos contenidos en su artículo 3º, en la medida que permite la obtención de una pensión de vejez, bajo cualquiera de las modalidades regladas en el artículo 61, antes de cumplir la edad mínima para ello.

DÉCIMO: Que, de este modo, la actuación de la recurrida aparece como ajustada al derecho y la razón, al someterse al ordenamiento jurídico vigente y no obedecer al simple capricho de la entidad administradora, situación que obsta al éxito del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Jade, en contra de Administradora de Fondo de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1222-2020 (Protección).-