MAQVAL LIMITADA con INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

Maqval Limitada c/ Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Recurso de Protección Rol Nº 1222-2017.- La Serena, ocho de agosto de dos mil diecisiete.-.

VISTO Y CONSIDERANDO:

1ª Que, comparece don Mauricio Andrés Alfaro Cortés, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de MAQVAL LTDA., persona jurídica del giro de su denominación, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su jefe de Inspección comunal doña nombre reservado, funcionario público, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Indica que con fecha 10 de marzo de 2017, la referida Inspección del Trabajo, resolvió multar a su representada, según resolución de multa n° 1213/17/8, solicitando la recurrente, mediante recurso administrativo, sustitución de dicha multa por ingreso a programa de capacitación, según presentación de fecha 27 de abril del presente año, a lo que la recurrida resolvió por Ordinario N° 718, con fecha 31 de mayo de 2017, lo siguiente:“En relación a la presentación de ANT., mediante la cual se solicitó sustitución de multa por asistencia a programa de capacitación, se informa a Ud. Que no se dio cumplimiento a los requisitos que le permiten a este Servicio conocer de tal solicitud, pues esta: NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DÍAS CORIDOS, CONTADOS DESDE SU NOTIFICACIÓN.”, resolución que se notificó a su representada, conforme el artículo 508 del Código del Trabajo, con fecha 6 de junio del presente año 2017.

Agrega que la negativa de la Inspección Provincial del Trabajo ya referida, a resolver la petición de sustitución de multa, por no haberse presentado la solicitud en el plazo de 30 días corridos, basándose en los dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, configuran un trato discriminatorio grave, arbitrario e ilegal y, por lo tanto, una transgresión de la garantía de igualdad de las personas ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile, por cuanto no existe normativa legal que ampare lo resuelto, al contrario, la interpretación legal de los tribunales superiores de justicia estima que el plazo es de días hábiles y no de días corridos como estima el Servicio recurrido, pues, al no haberse dictado norma expresa que establezca lo resuelto, necesariamente debe aplicarse supletoriamente el artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativo, la que dispone que estos plazos son de días hábiles, lo que además, ha sido sostenido por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 23603-2014, la que cita.

Concluye solicitando se acoja el recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, por el acto arbitrario e ilegal en que se ha incurrido, dejándose sin efecto la Resolución Ordinaria N° 718, de 31 de mayo de 2017, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso administrativo de solicitud de sustitución de multa por programa de capacitación, presentado por la recurrente, respecto de la Resolución de Multa N° 1213/17/8 de 10 de marzo del año en curso, con expresa condena en costas.

2ª Que, por la recurrida comparece la abogado doña Karem González Rojo, evacuando el respectivo informe y al efecto señala que el día 10 de marzo de 2017, en el marco de la fiscalización Nº 401.2017.155, la señora nombre reservado, fiscalizadora dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, cursó a la Empresa MAQVAL Ltda., las multas administrativas Nº 1213/17/8 -1 -2 por el monto de 9 y 10 UTM respectivamente, las cuales fueron notificadas personalmente al representante del empleador el día 24 de marzo de 2017. Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2017 la empresa solicitó la sustitución de las multas cursadas por asistencia a programa de capacitación, adjuntando a los formularios respectivos la documentación que estimó pertinente al efecto, y a raíz de lo anterior y habiéndose verificado que la solicitud de sustitución de multa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos; mediante Ordinario Nº 718 de 31.05.2017 de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, se informó a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud, por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada nombre reservado legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Sostiene que la actuación de la recurrida, se ha efectuado de acuerdo a las prerrogativas legales vigentes y en cumplimiento del mandato legal para el cual fue investida, actuando en todo momento dentro de la legalidad prevista en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental, normas de legislación laboral, Ley Orgánica del Servicio y jurisprudencia administrativa aplicable al caso concreto, pues al emitir el ordinario N° 718 de fecha 31.05.2017 respecto del cual se recurre, la Inspección Provincial del Trabajo ha actuado conforme a las facultades que la propia ley le ha entregado en el artículo 506 ter N° 2 del Código del Trabajo, norma que no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza corresponde, en primer término, recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo, sin embargo del análisis de los artículos 312 y 435 del Código del Trabajo, aparece que las mismas no son aplicables al caso por lo que resulta procedente aplicar las normas supletorias del derecho común, establecidas en el Código Civil, en especial lo dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal, de acuerdo al cual, por regla general los plazos comprenden los días feriados, a menos que expresamente se señale que se trata de días útiles. En el caso del plazo establecido en el artículo 506 ter, y dado que la norma no señala que se trata de días hábiles, debe entenderse que se trata de días corridos; interpretación que se encuentra en armonía con la disposición del artículo 503 del Código del Trabajo, pues en esta última norma, establecida fuera del Título I y referida al plazo para interponer la reclamación judicial respecto de la aplicación de una multa por parte de la Inspección, el legislador estableció expresamente que se trata de días hábiles. Similar situación se produce en el artículo 508, norma ubicada en el mismo Título que el artículo 506 ter, referida a la notificación por carta certificada y en la que el legislador señala expresamente que se trata de un plazo de días hábiles. Concluye que de acuerdo a lo anterior y según la interpretación armónica de las disposiciones citadas, es posible entender que cuando el legislador laboral ha querido establecer plazos de días hábiles lo ha señalado expresamente, tal como señaló a propósito de los plazos establecidos en los artículos 503 y 508 del Código del Trabajo y que cuando nada ha dicho debe entenderse que se trata de un plazo de días corridos, cual es precisamente la hipótesis del artículo 506 ter de dicho cuerpo legal. Al efecto, cita jurisprudencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, en particular, fallo de fecha 16.04.2014 de la Primera Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 9115-2014.

Agrega que, por otra parte, existiendo una norma legal expresa y especial que regula la presentación de solicitudes de sustitución de multa, no resulta procedente la aplicación de la norma del artículo 25 de la ley 19.880 que tiene el carácter de supletoria, la que por lo demás resulta ajena a la realidad y principios laborales, en concordancia con ello cita la sentencia de fecha 26.07 2012 de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Reforma Laboral Nº 1733-2011.

Finalmente expresa que, refuerza lo antes señalado, la interpretación que sobre el particular ha efectuado la Contraloría General de la República que se pronunció sobre un caso similar, mediante Dictamen Nº 64.985 de 20.11.2009; teniendo en cuenta que sus pronunciamientos revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración, de modo que su falta de aplicación significa tanto el incumplimiento de lo allí resuelto como la transgresión del artículo 9° de la ley 19.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, actuaciones ambas que pueden hacer incurrir a la autoridad administrativa renuente a su acatamiento en responsabilidad administrativa (Dictamen N° 51534 de 14.11.2007 de la Contraloría General de la República).

Por último indica, que como puede observarse, al señalarse al recurrente que no se daría curso a su solicitud de reconsideración administrativa por haber sido presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, el Servicio ha dado plena aplicación a ley, a las instrucciones que le son impartidas y a lo prescrito por la Contraloría General de la República, así conforme a los argumentos jurídicos expuestos aparece que en caso alguno la decisión de la Inspección del Trabajo obedeció a un acto arbitrario, infundado, carente de razonabilidad o caprichoso sino que su actuación es sólo producto de la facultad que la ley le ha encomendado a la Dirección del Trabajo, tanto en la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional como respecto del ejercicio de la facultad establecida en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los procedimientos, doctrina del Servicio y de la Contraloría General de la República, por lo que solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

3º Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

4º Que, la controversia planteada estriba en determinar si el plazo de treinta días para presentar reconsideración administrativa ante el Director del Trabajo, previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles.

5° Que, la solicitud de reconsideración en cuestión se ha presentado en la etapa administrativa del procedimiento de reclamación por lo que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código de Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley N°19.880 respecto a los procedimientos administrativos, atendido lo dispuesto en el artículo 1° de la misma ley, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil. Este, por lo demás, es el criterio que ha establecido nuestro máximo tribunal en causas rol 12637-2011 y rol 23603-2014.

6° Que, a partir de lo anterior, cabe entender que la reconsideración planteada por la recurrente con fecha 27 de abril recién pasado fue presentada dentro de los treinta días hábiles contados desde la notificación de las multas en cuestión, lo que ocurrió el día 24 de marzo último, punto no controvertido por las partes.

7° Que, así las cosas, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado nombre reservado legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión ha dado un trato discriminatorio, proceder que debe ser enmendado por esta vía.

A su vez, que al interpretar la recurrida el artículo 512 del Código del Trabajo en la forma en que lo hizo, esto es, decidir que se trata de un plazo de días corridos y no de días hábiles, lo que le llevo a estimar extemporánea la reconsideración planteada por la recurrente, no ha respetado el procedimiento previsto por el legislador para resolver las solicitudes de reconsideración de las multas administrativas impuestas por funcionarios del servicio, por lo que la resolución atacada aparece adoptada por una comisión especial, violentando así el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso de protección deducido por abogado don Mauricio Andrés Alfaro Cortés, en representación de MAQVAL LIMITADA, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Ordinaria N° 718 de 31 de mayo de 2017 dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la recurrente el 27 de abril de este año, respecto de la Resolución de multa Nº 1213/17/8-1-2 de 10 de marzo de 2017.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol N°1222-2017.-. Civil Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor nombre reservado Le-Cerf Raby.

En La Serena, a ocho de agosto de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.