Protección contra Tesorería General de la República

nombre reservado General nombre reservado

Tesorería General de la República y otro Recurso de Protección.

Rol Corte N° 1221-2018-Protección La Serena, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece el abogado don Matías Mundaca Campos, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado General nombre reservado, psicólogo, domiciliado en domicilio reservado, en virtud de mandato judicial otorgado por escritura pública, deduciendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorero Provincial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, Edificio de Servicios Públicos de La Serena, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, representada por su Alcalde don Gary Valenzuela Rojas, ambos domiciliados en domicilio reservado, Samo Alto de la comuna de Río Hurtado.

Fundamentando el recurso, sostiene que el recurrido Tesorería General de la República, Provincial de la IV Región de Coquimbo emitió la resolución de fecha 12 de julio de 2018 en el expediente administrativo N°10797-2016 de Coquimbo, en que ordena se decrete la traba embargo sobre las remuneraciones percibidas por nombre reservado General nombre reservado, Rut RUT reservado, en todo aquello que exceda a 5 unidades tributarias mensuales, para pagar el crédito cobrado en dicho proceso, ordenando que dichas sumas deben ser retenidas por el empleador y puestas a disposición de la Tesorería General de La Republica, hasta el pago íntegro de la obligación, hasta por un monto de $8.720.334, más reajustes, intereses y multas, a la que asciende la deuda neta demandada en esos autos, agregando que esta resolución se ordenó que se notificara al empleador del actor, la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, ordenando a dicho empleador que debe hacer el descuento mensual en los sueldos o remuneraciones del trabajador, explicando que la notificación del embargo para la primera retención será suficiente para el pago de cada una de las próximas remuneraciones, hasta la cancelación total del monto adeudado, esto lo ha ordenado en base al artículo 170 N°5 del Código Tributario y bajo el apercibimiento del empleador de efectuar el embargo y retención conforme el artículo 170 N°6 del Código Tributario y esta resolución se notificó el día 31 de agosto de 2018 a la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado en la persona de su Alcalde Gary Valenzuela Rojas, quien cumpliendo con la orden notificada par la Tesorería General de La República con fecha 30 de septiembre de 2018, ha procedido a embargar y retener de la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de septiembre de 2018 la suma de $611.022 pesos de un total liquido de remuneraciones de $904.521, quedando un pago de remuneraciones para el trabajador de $239.600.- Sostiene que el recurrente es trabajador de la Ilustre Municipalidad Río Hurtado, ejerce como psicólogo en el Departamento de Educación, con contrato indefinido, regido par las normas del Código del Trabajo, su remuneración bruta imponible es $1.047.349 que con los descuentos previsionales queda una remuneración liquida de $797.509 pesos mensuales, esta acción ilegal y arbitraria del Tesorero Provincial de Coquimbo afecta gravemente los derechos de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, que conforme el artículo 57 del Código del Trabajo "Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables.", es decir las remuneraciones de su representado son inembargables, no pudiendo ser embargadas por la decisión del Tesorero Provincial recurrido, quien ha actuado en abierta infracción de ley y arbitrariamente, puesto que el mismo artículo 57 del Código del Trabajo en la segunda parte del mismo artículo señala "No obstante podrán ser embargadas las remuneraciones en la parte que excedan de cincuenta y seis unidades de fomento", y como se acredita de las liquidaciones mensuales de remuneraciones del actor, sus remuneraciones no exceden de la suma de autorizada para ser embargadas que serían a la fecha la presentación del recurso la suma de $1.535.159, lo que claramente no percibe como remuneraciones el trabajador, afectándolo en su patrimonio y en su derecho de propiedad, pues el embargo recaería en todo aquellas sumas que exceda de 56 unidades de fomento, lo que no se da en este caso, puesto que su representado sólo percibe una remuneración bruta imponible es $1.047.349, estando muy por debajo de la suma requerida en el artículo 57 del Código del Trabajo que autoriza a practicar embargos sobre las remuneraciones del Trabajador, existiendo una prevalencia de la norma de protección de las remuneraciones del Capítulo IV del Código del Trabajo, normas establecidas como una protección al derecho de propiedad que el trabajador tiene respecto del pago por las prestaciones que realiza para el empleador, siendo este derecho de propiedad sobre estas remuneraciones un derecho que ha sido conculcado por las acciones ilegales y arbitrarias del Tesorero Provincial quien ha impuesto esta carga y obligación al empleador del recurrente, el que ha infringido las normas laborales, a fin de no quedar como solidariamente responsable del pago de la obligación tributaria que presuntamente adeuda el actor, sufriendo éste el descuento en las remuneraciones del mes de septiembre de 2018 y así sucesivamente, dejándolo casi sin remuneraciones que percibir, afectando gravemente su patrimonio.

Sostiene que se ha vulnerado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, los recurridos por los hechos descritos, han vulnerado dicha garantía del actor sobre sus remuneraciones que se encuentran precisamente exentas de poder ser embargadas conforme el artículo 57 del Código del Trabajo, por lo que no pueden los recurridos sobrepasar la legislación vigente y actuar en contra ley, que precisamente ha sido establecida para la protección de las remuneraciones en el Capítulo IV del Código del Trabajo. El derecho de propiedad se encuentra garantizado por el artículo 19 N° 24, derecho que no puede verse obstaculizado por una decisión administrativa ilegal y arbitraria que impone el embargo de remuneraciones, lo que está prohibido por el artículo 57 del Código del Trabajo, actuación del recurrido que es arbitraria e ilegal.

Refiere que con las actuaciones de los recurridos no sólo se está afectando el derecho de propiedad sino también la libertad de trabajo y su protección garantizado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política del Estado, y que en este punto es importante relacionar esta garantía con el artículo 57 del Código del Trabajo que ordena la inembargabilidad de las remuneraciones del trabajador, lo que se ha ordenado y efectuado por los recurridos, sufriendo el embargo y retención de sus remuneraciones el recurrente, por medio de actos ilegales ordenados por el recurrido y que han sido ejercidos por la Ilustre Municipalidad de Rio Hurtado bajo la presión del artículo 170 inciso 6° del Código del Trabajo, y que por consiguiente, el recurrido Servicio de Tesorería General de la República ha obtenido que se embarguen las remuneraciones que son inembargables por su monto y que son la retribución de su trabajo, afectando su derecho de dominio sobre esa retribución en forma ilegal, pues se ha establecido por la ley especial que es el Código del Trabajo que son inembargables, siendo las actuaciones de los recurridos una grave infracción de la ley vigente que rige el contrato de trabajo, por lo que solicita sea reestablecido el derecho de propiedad de del recurrente sobre sus remuneraciones, se restablezca la igualdad ante la ley y el principio de legalidad de los actos de la autoridad que deben actuar conforme a derecho, respetando el derecho de propiedad y derecho del trabajador a su justa retribución, conforme la garantía del artículo 19 N° 16 y artículo 57 del Código del Trabajo, ordenando que deben cesar las actuaciones ilegales y arbitrarias del Servicio de Tesorería General de la República y las correspondientes de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado.

Acompaña al recurso: 1.- Liquidación de remuneraciones del mes de mayo, junio y julio de 2018; 2.- Mandato judicial otorgado por escritura pública; 3.- Acta de notificación de fecha 31 de agosto de 2018 de la resolución del expediente administrativo 10.797-2016 notificada al Sr. nombre reservado de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo; 4.- Modificación de contrato de Trabajo de fecha 01 de marzo de 2016; 5.- Liquidación de remuneraciones del mes de septiembre de 2018 en que se efectuó el descuento por el embargo arbitrario e ilegal.

Por su parte, comparece don nombre reservado, Tesorero Provincial de Coquimbo, en representación de la Tesorería General de la República, domiciliado en domicilio reservado, evacuando el informe solicitado.

Sostiene que con anterioridad a determinar si constituye o no un acto ilegal a arbitrario el embargo recaído sobre las remuneraciones que tiene derecho a percibir don nombre reservado General nombre reservado, por parte de su empleador Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, es pertinente determinar si la acción de protección es la herramienta idónea para dejar sin efecto dicho acto.

Señala que el acto ilegal a arbitrario que ha señalado el recurrente, como causa directa de vulneración de derechos fundamentales, se trata del embargo recaído sobre las remuneraciones que tiene derecho a percibir el actor por parte de su empleador Ilustre Municipalidad de Rio Hurtado.

Agrega que tanto la resolución que ordenó trabar embargo, como el embargo propiamente tal, son actuaciones judiciales que se han desarrollado dentro de un proceso de cobro de obligaciones tributarias, por lo que cabe preguntarse si es pertinente interponer un recurso de protección, con la finalidad de dejar sin efecto una actuación acaecida dentro de un procedimiento judicial especial, o si la acción de protección es el mecanismo idóneo pare dejar sin efecto resoluciones que han sido dictadas dentro de un proceso judicial debidamente tramitado, señalando que la respuesta para ambas interrogantes es no.

Argumenta que el actor mediante una vía extraordinaria y errada, pretende dejar sin efecto resoluciones que han sido dictadas dentro de un debido proceso, obviando el camino regular por vía incidental, que sería hacer valer su pretensión dentro del proceso en el cual se ha generado la vulneración alegada.

Refiere que la acción de protección, es un mecanismo que concede la ley a los titulares de derechos fundamentales, donde existe como requisito base para ejercerla, la necesidad de cautela. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto tanto por el actor como por la informante, el acto que alega como objeto de vulneración de derechos ha sido decretado en un proceso de cobro que ha sido tramitado por un órgano del Estado, legalmente constituido, competente y que actúa en la forma prescrita par la ley, por lo que el Sr. General nombre reservado, desde que ha sido notificado y requerido de pago, se encuentra en conocimiento que su patrimonio está sometido al arbitrio que otorga del Derecho General de Prenda, a objeto de satisfacer el crédito que el Fisco de Chile detenta contra él.

Añade que cabe determinar si efectivamente el embargo recaído sobre las remuneraciones del recurrente constituye un acto arbitrario o ilegal, que pueda haber ocasionado la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N° 24, y 16 de la Constitución Política de la República, sosteniendo que antes es preciso determinar el alcance de las expresiones "Ilegal" y "Arbitrario", y que en tal contexto, la jurisprudencia ha indicado que una acción arbitraria consiste en un acto o proceder caprichoso, contrario a la justicia, o a las leyes, inicuo, antojadizo, o infundado, despótico, en tanto que por otra parte, una acción o proceder ilegal es aquel que no está ajustado a derecho, constituyendo dicha disconformidad una infracción al ordenamiento jurídico que le priva actual o potencialmente de validez.

Señala que es lógico suponer y concluir que un acto fundado, de acuerdo a la ley y justo, no puede ser calificado de arbitrario. Y menos aún, si se encuentra acogido por la potestad coercitiva de ejecución amparada a la luz de lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes de Código Tributario, lo cual constituye ley propiamente tal, añadiendo que el embargo de remuneraciones dentro del Proceso de Cobro de Obligaciones Tributarias, se encuentra regulado en el artículo 170 del Código Tributario, el cual, en sus incisos 3° y 4°, prescribe: “... El embargo podrá recaer en la parte de las remuneraciones que perciba el ejecutado que excedan a cinco unidades tributarlas mensuales. Los recaudadores fiscales, cuando traben el embargo en las remuneraciones de los contribuyentes morosos, procederán a notificarle por cédula a la persona natural o jurídica que por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, debe pagar el contribuyente moroso su sueldo, salario, remuneración o cualquiera otra prestación en dinero, a fin de que retenga y/o entregue la suma embargada directamente a la orden del Tesorero Regional o Provincial que lo decretó, el que las ingresará a una cuenta de depósito mientras quede a firme la ejecución, caso este último en que las cantidades embargadas ingresarán a las cuentas correspondientes a los impuestos adeudados…”

Sostiene que la norma recién transcrita, contempla de modo expreso la posibilidad de embargar las remuneraciones que perciba el ejecutado dentro del proceso de cobro de obligaciones tributarias, con una única limitación, y es que dicho embargo recaerá sobre lo que exceda a 5 unidades tributarias mensuales.

Añade que existe una eventual contradicción entre lo dispuesto en el Código Tributario, y la normativa contenida en el Código del Trabajo, en relación a la limitación del embargo de remuneraciones, y que el actor, ha fundado su acción en la norma contemplada en el artículo 57 del Código del Trabajo, que dispone como regla general "Las remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad social serán inembargables” contemplando como límite a dicha regla, todos los valores por concepto de remuneraciones que excedan 56 unidades de fomento. Cuestión muy distante a lo dispuesto en el artículo 170 del Código Tributario, que dispone corno límite 5 unidades tributarias mensuales.

Añade que el Principio de Especialidad cobra relevancia en este asunto, privilegiando lo regulado en un procedimiento especialísimo, como es el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, regulado en el Título V, artículo 168 y siguiente del Código Tributario, ya que las normas citadas anteriormente no se encuentran en contradicción, debido a que lo dispuesto en el Código Tributario, está circunscrito únicamente al proceso de cobro de obligaciones tributarias, y no puede extenderse su aplicación a otros procesos de cobro.

Sostiene que a mayor abundamiento, es necesario hacer presente que el caso de autos se substancia dentro de un procedimiento especialísimo, de derecho estricto, en el cual la aplicación de sus normas prima por sobre las generales que regulan la misma materia, no pudiendo alterarse el espíritu del procedimiento, intencionalidad que ha querido dejar de manifiesto el legislador a través de los prescrito en el artículo 4° y 13° del Código Civil.

En cuanto a las garantías vulneradas, en relación al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, refiere el informante que el embargo recaído sobre las remuneraciones de propiedad de don nombre reservado General nombre reservado, no ha menoscabado la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la CPR, debido que este contempla excepciones, y una de ella viene dada por el artículo 170 del Código Tributario. Si el embargo hubiese sido trabado sin causa justificada o recaído sobre la totalidad de las remuneraciones, sin dejar libre las 5 UTM, sí se estaría frente a una ilegalidad, pero no es el caso.

Agrega que en cuanto al artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, este asegura a todas las personas "La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución".

Señala que de lo dispuesto en la Carta Fundamental y los hechos ya descritos, existe una clara falta de vinculación entre la garantía constitucional del artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental, y el embargo de remuneraciones, en atención a que no se ha dictado ninguna actuación que tenga por finalidad privar la libertad de trabajo, por lo que no existe ningún vínculo entre el acto que indica el actor como causa de vulneración de derechos fundamentales, y el numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política.

Añade que cabe hacer presente que, de acuerdo a los hechos descritos y normas expuestas, no existe un acto ilegal o arbitrario de parte de la Tesorería General de la República, tampoco existe vulneración de garantía constitucional alguna que haya sido amenazada, perturbada o de la cual haya sido privada el recurrente de autos, pues como se indicó, su representada se limitó a resolver, dentro del ámbito de sus competencias y a la luz de lo establecido en la ley.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección deducida.

Por su parte, por la recurrida Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, comparece doña nombre reservado, Alcaldesa (s), informando al tenor del recurso deducido.

Señala que con fecha 31 de agosto de 2018, en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, fue notificado en forma personal el señor nombre reservado (s) de la resolución de Embargo de Remuneración, en la causa Rol 10.797-2016 Coquimbo, del Tribunal Especial art. 170 Código Tributario, caratulados FISCO CON nombre reservado, adjuntando al efecto copia de la resolución y acta de notificación.

Indica que con fecha 26 de septiembre de 2018, se realiza el acto administrativo, Decreto N° 2420, en el cual se instruye al Departamento de Educación de Río Hurtado realizar los descuentos legales sobre las remuneraciones percibidas por el funcionario, nombre reservado General nombre reservado, en todo aquello que exceda a cinco unidades tributarias mensuales, hasta por un monto de $ 8.720.334, más reajustes, intereses y multas, adjuntando al efecto copia del Decreto.

Añade que con fecha 01 de octubre de 2018, se procede a realizar el descuento por un monto de $ 611.022, por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Educación de Río Hurtado (adjunta asimismo Planilla de Descuento del Departamento de Educación de Río Hurtado).

Agrega que con fecha 11 de octubre de 2018, se realiza la entrega de vale vista por un monto de $ 619.130 a través del Ord N° 421/2018, en la Tesorería General de la República de Coquimbo (adjunta Oficio N° 421 - 2018).

Sostiene que con fecha 01 de noviembre de 2018, se procede a realizar el descuento legal por un monto de $ 611.022, por el Encargado de Remuneraciones del Departamento Educación de Río Hurtado (adjunta Planilla de Descuento del Departamento de Educación de Río Hurtado).

Finalmente manifiesta que con fecha 14 de noviembre de 2018, se procede a realizar la entrega de vale vista por un monto de $ 557.768 a través del Ord N° 486/2018, en la Tesorería General de la República de Coquimbo (adjunta Oficio N° 486 -2018).

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, en lo pertinente, dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19, números”, entre otros, el 16 y el 24, podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte “de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. En lo concerniente al recurso deducido y conforme a lo expuesto por el recurrente, la Carta Fundamental asegura a todas las personas, en su artículo 19 en su N° 16, “La libertad de trabajo y su protección”, añadiendo asimismo que “Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”, en tanto que en su numeral 24, la Carta magna asegura a todos los habitantes “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

SEGUNDO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en la norma precedentemente citada, constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

TERCERO: Que del mérito del recurso y del informe de las recurridas, se puede constatar los siguientes hechos, no discutidos por las partes: a) La recurrente es ejecutada en expediente administrativo de cobranza judicial Rol N° 10797-2016, de la comuna de Coquimbo. b) Con ocasión de dicho procedimiento, consta que el contribuyente fue notificado y requerido de pago con fecha 22 de junio del año 2016 por cédula, en su domicilio tributario ubicado en domicilio reservado, Coquimbo. c) Con fecha 12 de julio del año 2018, se dicta resolución que ordenó trabar embargo sobre las remuneraciones que tiene derecho a percibir don nombre reservado General nombre reservado, por parte de su empleador Ilustre Municipalidad de Rio Hurtado, ello conforme a lo establecido en el artículo 2465 del Código Civil, y el artículo 170 del Código Tributario. d) Con fecha 31 de agosto de 2018, en dependencias de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, fue notificado en forma personal el Señor, nombre reservado(s) de la resolución de Embargo de Remuneración. d) Con fecha 26 de septiembre de 2018, se realiza el acto administrativo, Decreto N' 2420, en el cual se instruye al Departamento de Educación de Río Hurtado realizar les descuentos legales sobre las remuneraciones percibidas por el funcionario, nombre reservado General nombre reservado, R.U.T. RUT reservado, en todo aquello que exceda a cinco unidades tributarias mensuales, hasta por un monto de $ 8.720.334, más reajustes, intereses y multas. e) Con fecha 01 de octubre de 2018, se procede a realizar el descuento por un monto de $611.022, por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Educación de Río Hurtado. f) Con fecha 11 de octubre de 2018, se realiza la entrega de vale vista por un monto de $ 619.130 a través del Ord. N° 421/2018, en la Tesorería General de la Republica de Coquimbo. g) Con fecha 01 de noviembre de 2018, se procede a realizar el descuento legal por un monto de $ 611.022, por el Encargado de Remuneraciones del Departamento Educación de Rio Hurtado. h) Con fecha 14 de noviembre de 2018, se procede a realizar le entrega de vale vista por un monto de $ 557.768 a través del Ord. N° 486/2018, en la Tesorería General de la República, de Coquimbo.

CUARTO: Que el Servicio de Tesorerías, recurrido en autos, admite en síntesis el haber decretado el embargo en los términos expuestos, esto es, sobre la parte de las remuneraciones de la recurrente, que excede de 5 UTM; mas señala que lo hizo ajustándose a derecho, no existiendo ninguna privación, perturbación o amenaza ilegal y arbitraria que se pueda imputar a su actuar, ni menos haberse conculcado alguna garantía constitucional, encontrándose el respectivo procedimiento judicial incoado en su contra en actual tramitación.

QUINTO: Que conforme a lo anterior, de los antecedentes expuestos aparece que efectivamente se ha decretado el embargo sobre parte de las remuneraciones de la recurrente, conforme lo señalado en el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario, todo ello decretado in limine litis, dentro de un procedimiento de cobro de obligaciones tributarias, sustanciado por un Juez Sustanciador y Tesorero Provincial de Coquimbo; esto es, la recurrida ha actuado dentro de sus atribuciones legales y con conocimiento de los antecedentes administrativos del caso, fundamentando debidamente su resolución, por lo que malamente la misma puede ser ilegal o arbitraria.

SEXTO: Que las alegaciones de la recurrente giran en torno a que en la especie la recurrida debió aplicar preferentemente la normativa del artículo 57 del Código del Trabajo, por sobre el artículo 170 inciso tercero del Código Tributario; cuestión que por cierto es una materia jurídica de fondo, que debe debatirse dentro de los márgenes del procedimiento correspondiente, que por lo mismo, no es la presente acción de protección. Asimismo, el actuar de la recurrida lo ha sido en el ejercicio de una actividad jurisdiccional, por lo que en estricto rigor el recurso incoado lo ha sido en contra de una resolución judicial, acto en contra del cual se estima que no procede la acción constitucional en cuestión, en atención a que se estima que existen los respectivos recursos legales para impugnar las resoluciones judiciales; y si bien excepcionalmente se admite la procedencia de la acción de protección, ello lo es en la medida que la resolución judicial afecte o lesione a un tercero que no es parte en el juicio o bien cuando la arbitrariedad sea extremadamente grosera, situaciones éstas que no se configuran en la especie, conforme a lo razonado precedentemente. (Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N° 3588- 2014 y Rol N° 1336-2015)

SÉPTIMO: Que en cuanto al acto ilegal y arbitrario que la recurrente atribuye a la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, esta habría consistido en haber efectuado los descuentos de las sumas señaladas en su informe, descuentos que fueron aplicados directamente a las remuneraciones que a dicho ente edilicio corresponde pagar al actor, funcionario de la misma.

OCTAVO: Que del análisis de los antecedentes, cabe concluir que no existe acto ilegal y arbitrario alguno que pueda atribuirse a la Municipalidad recurrida, desde que la actuación que se le atribuye, consistente en efectuar los descuentos de las remuneraciones que debe pagar al actor, lo ha sido en cumplimiento de una resolución emanada de un órgano jurisdiccional, enmarcándose su actuación dentro de la legalidad, y en estricta observancia al mandato contenido en el artículo 76 inciso final de la Constitución Política de la República, que, en relación a la facultad de imperio de que gozan los tribunales para el cumplimiento de sus resoluciones, dispone: “La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.”

NOVENO: Que, en consecuencia, no existiendo acto arbitrario o ilegal que pueda reprocharse a las recurridas, el recurso intentado en su contra necesariamente ha de ser desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado don Matías Mundaca Campos, en representación de nombre reservado General nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorero Provincial don nombre reservado, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, representada por su Alcalde don Gary Valenzuela Rojas, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramirez.

Rol N° 1221-2018-Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor Fernando Ramírez Infante, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

La Serena, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.