nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

nombre reservado, nombre reservado

AFP Cuprum S.A.

Recurso de protección Rol Nº1220-2025 La Serena, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, de profesión Licenciada en Trabajo Social, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Sin embargo, indica que el 10 de junio de 2025 la actora fue notificada por correo electrónico que su solicitud no sería aprobada.

Expone, que los argumentos esgrimidos por la recurrida para el rechazo, fueron que la constancia electrónica de cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el 09 de mayo de 2025, no indicaría que la recurrente está cubierta por prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad. Sin embargo, alega que tal afirmación es incorrecta y desconoce el propio contenido del documento presentado, el cual se remite expresamente a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana, que incluye protección en casos de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

Por otra parte, expone que la recurrida esgrimió como motivo de rechazo, la circunstancia que la recurrente no habría estado afiliada al IVSS durante el tiempo en que mantuvo vínculo laboral en Chile. No obstante, alega que tal argumento es igualmente infundado, por cuanto la Ley N°18.156 no exige cotizaciones durante todo el período de residencia en Chile, sino simplemente que el trabajador técnico extranjero haya estado afiliado a un régimen previsional extranjero al momento de firmar el contrato laboral y haya manifestado voluntad de mantener dicha afiliación.

Por otra parte, indica que la recurrida exige a la solicitante que el documento se encuentre legalizado o apostillado. Sin embargo, alega que la normativa no exige que la constancia de afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente el solicitante se encuentre afiliado. Por lo tanto, aduce que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos, imponiendo requisitos adicionales a los establecidos en la ley, cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

En otro orden de ideas, afirma que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, de manera que, se trata de un requisito que a todas luces es imposible de cumplir.

En consecuencia, afirma que la recurrida ha rechazado su solicitud de retiro de fondos, sin otorgar una justificación válida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución; como también, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del mismo cuerpo legal, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, el servicio recurrido ha otorgado respuesta favorable.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompañó a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros de la recurrente. 2. Carta que rechaza solicitud de retiro de fondos para profesionales extranjeros. 3. Constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de seguros sociales vigente (IVSS) 4. Título universitario debidamente legalizado y apostillado. 5. Contrato laboral. 6. Anexo laboral con cláusula previsional especial.

SEGUNDO: Que, a folio 11 del expediente, se evacuó informe por AFP CUPRUM S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 10 de julio de 2025 se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156 de la recurrente, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156.

En tal sentido, indica que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no indica que, en caso de enfermedad, la recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. Al respecto, agrega que para acreditar la cobertura previsional en el país de origen, no basta con un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero, criterio que ha sido sostenido de manera uniforme y reiterada por la Superintendencia de Pensiones, como consta en el Oficio Ordinario N° 12.194, de 01 de julio de 2025, Oficio Ordinario N° 9.663, de 02 de mayo de 2017 y Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016.

Por otra parte, señala que el documento acompañado por la solicitante no se encuentra debidamente legalizado ni apostillado, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a país ajeno, criterio que ha sido reafirmado por la referida Superintendencia en Oficio Ordinario N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, Oficio Ordinario N° 24.089, de 11 de noviembre de 2019 y el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023.

De esta manera, afirma que los fundamentos que motivaron el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente se encuentran plenamente contenidos en las exigencias establecidas por la Ley N° 18.156 y en la jurisprudencia administrativa reiterada de la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, dicho rechazo no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que obedece al cumplimiento estricto del marco normativo vigente y de los criterios técnicos establecidos por la autoridad.

Finalmente, sostiene que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia del recurso de protección, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia, puntualizando que cualquier controversia sobre la aplicación de la Ley N°18.156 debió ser canalizado a través de un reclamo ante la misma AFP o, en su caso, ante la Superintendencia de Pensiones, a través de un procedimiento de lato conocimiento.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el recurso, es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, valga recordar que el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado -al momento de presentarse la solicitud de retiro de fondos- los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera que tenga validez en Chile, esto es, debidamente apostillado o legalizado, que además acredite que la solicitante cuenta con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

A lo anterior abona el documento que la propia actora acompañó a folio 1, consistente en una “constancia electrónica de cotizaciones” emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el que no consta su apostilla o legalización, como tampoco deja constancia expresa que la solicitante cuenta con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común; lo que permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que la actora inicie, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Cuprum S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1220-2025.- (Protección)