Protección contra Comisión Médica Central de Carabineros de Chile

nombre reservado

Comisión Médica Central de Carabineros de Chile Recurso de protección Rol N°122-2026.- La Serena, diecisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile, señalando como acto ilegal y arbitrario decisión que declaró no apta la salud del actor, por cuanto presenta enfermedades que no tienen una condición invalidante de carácter permanente, lo que conculca las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 1, 2, y 24 de la Carta Fundamental.

Detalla su historial clínico y profesional en Gendarmería de Chile y, en lo que interesa al arbitrio intentado, refiere que su jefatura elevó la petición de pensión de invalidez a la Comisión Médica Local, la que fue remitida a la Comisión Médica Central, proceso durante el que fue objeto de un trato discriminatorio por parte de los médicos intervinientes.

Señala que el 12 de agosto de 2025 la recurrida dictó la Resolución Exenta NUM000, que declaró no apta su salud como funcionario de la dotación del Centro Penitenciario de La Serena, fundada en diagnósticos de origen común y traumatológico, decisión respecto de la que interpuso recurso de reposición.

Acota que en el mes de agosto de 2025 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitió una certificación de discapacidad, estableciendo un 55% de carácter físico y sensorial auditivo.

Luego, menciona que mediante Resolución Exenta NUM001, de 3 de noviembre de 2025, la Comisión Médica Central resolvió rechazar el recurso de reposición y mantener firme la declaración de salud no apta para el ejercicio de las funciones como gendarme, por cuanto si bien se encuentra enfermo, sus condiciones no alcanzan el umbral de invalidez permanente exigido por la legislación vigente equivalente o superior al 66,6%.

Afirma la arbitrariedad e ilegalidad del acto impugnado, desde que la Comisión desestimó reconocer la invalidez de carácter permanente, sosteniendo que las condiciones no alcanzan el umbral exigido, sin aportar fundamentos técnicos que desvirtúen el diagnóstico especializado ni considerar la naturaleza irreversible de las patologías.

Culmina solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM001 y, en su lugar, se declare que procede la invalidez de segunda clase, con derecho a pensión de retiro u otra medida que estime pertinente.

Acompaña a su recurso documentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la recurrida, solicitando el rechazo del arbitrio incoado, con costas.

Indica, luego de referirse detalladamente al proceso que motivó la decisión cuestionada, que el recurso de reposición incoado fue conocido en sesión de pleno, determinándose por unanimidad desechar el arbitrio y mantener firme la declaración de salud no apta, por cuanto no presenta antecedentes médicos sobre sus patologías que permitan innovar lo resuelto por el organismo técnico colegiado. A lo anterior, añade que, si bien se encuentra enfermo, no mantiene una condición invalidante de carácter permanente, desde que es inferior a la exigida por la legislación vigente, esto es, igual o superior al 66,6%.

Destaca que las patologías que padece el recurrente son de origen común o natural y que la sola presencia de una enfermedad o afección crónica no constituye una condición invalidante per se. Asimismo, agrega que los procesos administrativos de calificación de la salud de un funcionario para proponer una invalidez de segunda clase –beneficio económico que incrementa la pensión de retiro– deben ajustarse a la legalidad y estar dotados de racionalidad.

Así, en el caso de marras cabe destacar que ha adoptado las medidas tendientes a realizar una evaluación presencial y recopilar antecedentes clínicos que permitieron lograr certeza sobre el real estado de salud del actor, considerando especialmente la naturaleza de las patologías que la sustentan y, para finalizar, refiere que el protegido carece de un derecho indubitado, presupuesto necesario para acceder a la acción incoada.

Acompaña al informe antecedentes para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene indicar que la materia propuesta en el libelo no puede ser definida ni resuelta por esta vía constitucional.

En efecto, ya se ha sostenido en casos anteriores -y similares- que la acción de protección constituye una de carácter extraordinaria y excepcional que busca restablecer el imperio del derecho ante actos u omisiones que hayan privado, perturbado o amenazado al titular de la tenencia y goce de los mismos.

De esta manera, es imprescindible que la garantía o derecho cuya ejecución se pide no esté en duda y es justamente lo contrario lo que ocurre en este caso, en tanto se acusa como acto ilegal y arbitrario la decisión que declaró no apta la salud del actor, por cuanto presenta enfermedades que no tienen una condición invalidante de carácter permanente, circunstancia respecto de la que el protegido discrepa.

De esa forma, emitir un pronunciamiento sobre el asunto como lo pretende el recurrente importaría declarar un derecho cuya pertinencia se discute, lo que se aparta de los fines de esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado por nombre reservado, en contra de la Comisión Médica Central de Carabineros de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°122-2026 Protección.