Protección contra Contraloría Regional de Coquimbo

nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de Protección Rol 1217-2019 La Serena, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, representada por su Contralor Regional, don Hugo Segovia Saba, domiciliado en domicilio reservado, en razón del acto administrativo emanado de la Contraloría Regional de Coquimbo Nº 699/2018, de fecha 02 de agosto de 2019 y notificado mediante Correos de Chile con fecha 07 de agosto de 2019, que establece ordenes perentorias hacia la Municipalidad de Combarbalá en la cual se desempeña, respecto de materias que se encuentran en actual conocimiento de la justicia ordinaria, estando aquello en conocimiento de la recurrida, actuando de manera inconstitucional, ilegal y arbitraria al avocarse el conocimiento y resolver respecto de materias judicializadas, aun cuando su propia ley orgánica lo prohíbe, arrogándose, en consecuencia, facultades propias de la justicia ordinaria e invadiendo la competencia y jurisdicción de un Tribunal Ordinario de la República que se encuentra conociendo de los hechos, todo lo cual ha vulnerado los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 Nº 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República.

Afirma que, previo al recurso de autos, con fecha 14 de marzo de 2018 recurrió de protección ante esta Corte por una resolución de la recurrida que vulneraba sus derechos constitucionales, petición que fue acogida y, luego de la apelación de la Contraloría, fue confirmada por la Corte Suprema. De ello, indica, que ha podido desprender que ha habido un cambio en la forma que la recurrida trata al recurrente, ya que ha observado todas sus actuaciones y lo ha investigado constantemente, situaciones que lo hacen mantener reservas en torno a la imparcialidad con que la recurrida revisa sus antecedentes.

Agrega que el mes de noviembre de 2018, la recurrida le notificó un preinforme que daba cuenta de las mismas conclusiones y antecedentes que ya fueron dejados sin efecto por esta Corte con su recurso anterior, respecto del cual, ante la posibilidad de existir animadversión hacia su persona, interpuso un “nombre reservado de nulidad de derecho público” seguido ante el Primer Juzgado Civil de La Serena bajo el Rol C-939-2019, que está en tramitación y que fue comunicada a la recurrida, como demuestra lo expuesto por ese servicio en la foja número 4 del acto administrativo recurrido donde en el acápite “antecedentes” hace expresa mención de esa circunstancia, así como en la foja siguiente alude a la prohibición emanada del artículo 6 de la Ley Nº 10.336 de intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia. Sin embargo, alude que el servicio cuestionado hace una interpretación acomodaticia de la norma aludida, ya que sostiene que ésta solo impone la prohibición de emitir dictámenes respecto de los asuntos sometidos al pronunciamiento judicial, pero no alcanza a sus restantes funciones o atribuciones, por lo que no estaría impedida de realizar acciones referidas a la investigación especial que se le hace, por ser una modalidad de auditoría cuya finalidad es comprobar los hechos investigados.

Afirma que lo actuado por la Contraloría Regional contraviene la prohibición legal y constitucional, sin sustento alguno de aplicarse las normas de interpretación legal, ya que su tenor es claro.

Añade a lo anterior que a fojas 5 del acto recurrido, se hacen afirmaciones que son falsas a su respecto, como aquella en que señala que “el anotado profesional entre el 1 de marzo de 2017 al 30 de abril de 2017 mantuvo una jornada de trabajo de 50 horas semanales”, ya que en la causa de protección rol Nº 226-2018 se acompañó como antecedente una modificación de contrato que corregía el error en la anotación de horas de trabajo a prestar en el programa OPD, ya que según el convenio siempre se trató de 16 horas semanales y no 22, a lo que agrega que es un error calificar como relación laboral lo que era una prestación de servicios a honorarios, o que habría incurrido en ausencias injustificadas por 23 días por haber actuado como notario suplente, ya que, en la misma causa se habrían acompañado los formularios de vacaciones, todo lo cual pretendería, a su juicio, configurar incumplimientos contractuales del recurrente por parte de la recurrida, quien para ello pasa por alto los antecedentes aportados.

Adiciona también que se han cuestionado los pagos efectuados con fondos SEP a las labores prestadas por su parte al ser contratado por el Código del Trabajo, pese a que sus labores incluían materias de convivencia escolar y formación ciudadana relacionadas con los planes de mejoramiento educativo, lo que además no le empece por no estar cuestionada la labor desempeñada, sino que la fuente del financiamiento.

Por lo anterior, afirma que la recurrida, pese a estar en conocimiento de antecedentes que la hacen variar en lo concluido, injustificadamente pretende dar firmeza a su actuación fallida sin hacer una nueva investigación que pondere todos los antecedentes aportados en la protección anterior, lo que atribuye a una actuación obcecada e impermeable a razones, lo que motiva la interposición de la acción civil.

En cuanto a la facultad paralela a la que alude la recurrida, sostiene que ese argumento no corresponde a la realidad, ya que el preinforme fue atacado por la vía de la nulidad de derecho público, por lo que no se sostiene que pueda ejercer “otras facultades” estando cuestionado el fundamento, sin que haya justificado de manera adecuada el uso de esas otras facultades.

Señala que la actuación recurrida ha vulnerado los derechos garantizados por los numerales 2°, igualdad ante la ley; 3°, prohibición de ser sometido a comisiones especiales, y por último, 24°, derecho de propiedad, todos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Culmina solicitando que se acoja el nombre reservado, con costas, disponiendo a la recurrida que respete el deber de abstención que la alcanza.

SEGUNDO: Que el recurrente acompaña, a fin de dar sustento a sus alegaciones, los siguientes documentos: a) Informe 699/2018 emanada de la recurrida; b) Certificado de ingreso de “recurso de Nulidad de Derecho Público”; c) Copia del Recurso mencionado en el número 2; d) Copias de permisos administrativos y vacaciones respecto de los días observados por la recurrida; e) Dictámenes N°. 007333N18 y 02029N19; f) Voucher de Correos del informe enviado en el cual consta el código de seguimiento del informe enviado, y g) Impresión de pantalla en la cual según código de seguimiento el correo contenedor del acto recurrido es recepcionado en la municipalidad de Combarbalá con fecha 07 de agosto de 2019.

TERCERO: Que evacuando el informe de rigor, comparece don Hugo Segovia Saba, Contralor Regional de Coquimbo, en representación de la Contraloría General de la República de la Región de Coquimbo, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando su rechazo.

Indica que la acción se dirige en contra del informe final de fiscalización especial número 699/2018, de 2 de agosto de 2019, por el que se investigaron dos denuncias interpuestas en forma separada y bajo reserva de identidad el año 2017, donde se informaba que el recurrente prestaba servicios para la Municipalidad de Combarbalá bajo múltiples contratos, que habrían generado una incompatibilidad horaria con su desempeño como notario suplente de esa comuna, a las que se dio el tratamiento de “inspección, un procedimiento simplificado de investigación, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 21 de la Resolución N° 20 de 2015, de la CGR, que de acuerdo al artículo 47 de la misma resolución, no requiere la elaboración de un preinforme, el que se reserva para las investigaciones y auditorias propiamente tales, ni terminan con un informe final, sino que con un simple oficio de auditoria, como dispone el artículo 51 de la señalada resolución.

Agrega que la inspección en comento finalizó con el oficio de auditoría número 635 de 14 de febrero de 2018, recurrido de protección ante esta Corte y que fuera acogido y confirmado posteriormente por la Excma. Corte Suprema, el que fue dejado sin efecto para dar cumplimiento a ese fallo y se resolvió iniciar una “investigación”, la que permitiría la emisión de un preinforme de observaciones que otorgara al recurrente la posibilidad de ser oído y exponer lo pertinente, documento que fue emitido el 13 de noviembre de 2018 bajo el número 699, como preinforme de investigación especial, acto que en vez de ser contestado por el recurrente, fue impugnado en sede judicial a través de una acción de nulidad de derecho público tramitada con el Rol C-939-2019 del Primer Juzgado Civil de La Serena, notificada al Consejo de Defensa del Estado el 29 de agosto de 2019. El preinforme indicado tampoco fue respondido por la Municipalidad de Combarbalá.

Continúa indicando que, una vez vencido el plazo para contestar el preinforme, 10 días hábiles según el artículo 49 de la resolución N° 20, se reiteró dos veces el acto de notificación sin que se evacuara respuesta, por lo que con fecha 2 de agosto de 2019, se emitió el informe final, que a su vez fue notificado al alcalde de Combarbalá como al recurrente.

Señala que las conclusiones del informe acreditaban que el recurrente mantuvo desde el 1 de marzo al 30 de abril de 2017 una jornada de trabajo de 50 horas semanales, y luego entre el 1 y 10 de mayo del mismo año una de 66 horas semanales, en ambos casos desempeñando funciones de abogado de proyecto a honorarios de La Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles OPD y de abogado del Departamento de Educación Municipal DAEM, sujeto a las normas del Código del Trabajo, no habiendo sido enrolado en el sistema de control horario del respectivo municipio sino a partir del 7 de junio de 2017; que el recurrente desempeñó funciones de notario suplente de Combarbalá por 23 días y media jornada entre las fechas indicadas previamente, sin contar con documento que justificara la inasistencia al municipio; y por último que el DAEM remuneró su trabajo con fondos provenientes de la SEP, sin que se haya comprobado que ellos estuvieran comprendidos con los objetivos y actividades de los planes de mejoramiento. Así, fueron emplazados a proporcionar dentro del plazo de 30 días hábiles los antecedentes que permitieran tener por cumplidas las jornadas de trabajo del funcionario, adoptar si corresponden las medidas tendientes a obtener los reintegros y acreditar que las labores desempeñadas se relacionaban con los planes de mejoramiento de las escuelas municipales que dan derecho a los fondos SEP, debiendo reintegrar los fondos de no acreditarse tal circunstancia, siendo este el contexto en que el recurrente interpone la presente acción constitucional.

En cuanto al deber de abstención previsto en el artículo 6° de la Ley Nº 10.336, señala que con la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por el recurrente se pretende afectar las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, cuando este deber es solo aplicable al ejercicio de la potestad dictaminante, no pudiendo alcanzar las demás facultades, ya que de otra forma se podría impedir toda la actividad del órgano de control.

Añade que el sentido dado a la norma por el recurrente desvirtúa el sentido y razón de ser de la acción de nulidad de derecho público, que es sancionar con la ineficacia los actos emitidos en contravención al derecho y no servir como instrumento para obstaculizar el ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política de la República reconoce a la Contraloría General de la República en materia de fiscalización de municipios, por lo que no corresponde aplicar la abstención en comento por no emanar el acto de la facultad dictaminante, sino que de la facultad fiscalizadora del ente regional, que le permite realizar auditorías e inspecciones la que está debidamente delegada.

Señala que la conclusión precedente ha sido reiteradamente aceptada por los tribunales superiores de justicia, citando los fallos dictados por la Excelentísima Corte Suprema en las causas Rol 5.984-2012; 2.791-2012, 41.444-2017 y 2.789-2019, así como su propia jurisprudencia.

Concluye así que el acto impugnado es completamente válido, dictado dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo que no es ilegal.

Respecto a las conclusiones del informe final impugnado, afirma que estas no adolecen de errores ni de imprecisiones, como manifiesta el recurrente al señalar que estas serían producto de la forma equivocada en que se llevó a cabo la fiscalización.

Relacionado con ello sostiene que el fallo dictado en la causa de protección Rol Nº 226-2018 dispuso que debía retrotraerse el procedimiento investigativo al estado de poner en conocimiento del recurrente lo investigado, para que tuviera oportunidad de defenderse y acompañar pruebas, que fue lo que se hizo en definitiva, dándose cumplimiento a lo resuelto por la sede judicial y poniéndose en conocimiento del recurrente el preinforme para que tuviera la posibilidad de defenderse dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, lo que en definitiva el recurrente no hizo, de forma tal que no aportó pruebas que desvirtuaran la conclusión ni presentó antecedentes que hicieran presente las imprecisiones alegadas, optando por deducir una acción de nulidad de derecho público contra el acto de mero trámite, ya que este no tiene el carácter de terminal o decisorio.

Afirma que la actuación recurrida no afecta las garantías constitucionales del recurrente, en especial las de los numerales 2°, por habérsele aplicado el mismo trato que a aquellos en situaciones análogas; 3°, por no haberse avocado la recurrida a resolver asuntos litigiosos o arrogarse facultades que no posee, y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por no haberse dispuesto en ninguna parte un descuento de remuneraciones, sino que solo realizar diversas acciones de verificación, luego de las cuales debe efectuarse el reintegro que corresponda, de ser pertinente.

Concluye que teniendo presentes las atribuciones que constitucional y legalmente competen al órgano contralor, se desestime en todas sus partes el nombre reservado deducido por el recurrente.

CUARTO: Que la recurrida, acompaña en sustento de su informe y de las argumentaciones contenidas en el mismo: a) Resolución N° 20, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República; b) Resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General de la República, que establece la organización y atribuciones de las contralorías regionales; c) Oficio de auditoría N° 635, de 14 de febrero de 2018; d) Preinforme de observaciones recaído en la investigación especial N° 699, de 2018, de fecha 13 de noviembre de 2018; e) Antecedentes que dan cuenta de la notificación de dicho preinforme; f) Informe final recaído en la investigación especial N° 699, de 2018, de fecha 2 de agosto de 2019; g) Antecedentes que dan cuenta de la notificación de dicho informe final y h) Sentencia recaída en la causa rol N° 2.789-2019, de la Excelentísima Corte Suprema.

QUINTO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos fundamentales preexistentes o indubitados a los cuales esa misma disposición enumera, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho amagado y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho libre ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que del análisis del libelo pretensor y del informe del recurrido aparece que lo reclamado es el acto administrativo emanado de la Contraloría Regional de Coquimbo Informe Final de Investigación Especial Nº 699/2018 de fecha 02 de agosto de 2019 y notificado al recurrente con fecha 07 de agosto de 2019, que concluye esencialmente que el actor de protección desde el 01 de marzo al 30 de abril de 2017, mantuvo una jornada de trabajo de 50 horas semanales y luego entre el 01 y 10 de mayo de la misma anualidad, de 66 horas semanales, en ambos casos desempeñando funciones de abogado de proyecto a honorarios, de la Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles OPD y de abogado del Departamento de Educación Municipal DAEM, sujeto a las normas del Código del Trabajo, no habiendo sido enrolado en el sistema de control horario del respectivo municipio sino a partir del 7 de junio de 2017; que el recurrente se desempeñó como notario suplente de Combarbalá durante 23 días y media jornada, en entre marzo a mayo de 2017, sin contar con algún documento que justificara su inasistencia a las labores convenidas con el municipio y se constató que la contratación del recurrente para el DAEM fue utilizando fondos de la subvención escolar preferencia SEP, sin que se comprobara que dichos gastos hayan estado directamente relacionados con los objetivos y actividades de planes de mejoramiento educacional de los establecimientos educacionales de la comuna de Combarbalá. En razón de tales conclusiones el recurrido requirió al municipio de Combarbalá que proporcionara los antecedentes que acreditaran el cumplimiento de las jornadas de trabajo del recurrente, que adoptara si correspondiese las medidas tendientes a obtener los respectivos reintegros como además acreditar que las labores desempeñadas por el recurrente obedecieron al cumplimiento de objetivos y actividades de los planes de mejoramiento, de lo contrario restituir los fondos utilizados a la entidad otorgante de los recursos. Siendo todas estas materias, conforme lo afirmado por el recurrente actualmente conocidas por la justicia ordinaria.

OCTAVO: Que, para resolver el asunto objeto de la acción constitucional, es necesario tener en consideración que el artículo 98 de la Constitución Política de la República prescribe que: “Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación, y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”. Coherentemente con la citada disposición constitucional, en relación a la función de control de la legalidad de carácter jurídico, contable y financiero que constituye la misión institucional del órgano contralor, el artículo 1° inciso primero de la Ley Nº 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, establece: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades, de la Beneficencia Pública y de los otros Servicios que determinen las leyes; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de esas instituciones y de los demás Servicios o entidades sometidos por ley a su fiscalización, y la inspección de las oficinas correspondientes; llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos y de las resoluciones de los Jefes de Servicios, que deben tramitarse por la Contraloría General; vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo y desempeñar, finalmente, todas las otras funciones que le encomiende esta ley y los demás preceptos vigentes o que se dicten en el futuro, que le den intervención”. Consecuentemente de las disposiciones legales citadas, el ámbito de control que desarrolla el órgano contralor abarca: i.- el control de la legalidad de los actos de la Administración, función constitucional que desarrolla por vía del trámite de toma de razón; ii.- la fiscalización del ingreso, uso e inversión de los fondos del Fisco, Municipalidades y demás órganos que determine la ley, lo que importa una tarea de control, inspección y examen del gasto que se ejerce principalmente sobre la Administración centralizada, las Municipalidades los otros organismos y servicios determinados por las leyes; iii.- el examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, función constitucional que desarrolla principalmente por vía del examen y eventual juzgamiento de las cuentas; iv.- llevar la contabilidad general de la nación, y v.- ejercer las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Para el desarrollo de tales funciones la Contraloría General de la República cuenta, esencialmente, con dos instrumentos jurídicos, los dictámenes, que corresponden a “informes emitidos a petición de parte o de otros Servicios sobre algún asunto que sea de competencia de la CGR (señalados en el art. 6° LOCGR), los cuales encuentran como límite la circunstancia de que no pueden versar sobre asuntos litigiosos” (Jorge Bermúdez Soto, Derecho Administrativo General, tercera edición, Santiago; editorial Thomson Reuters) y las resoluciones, las que versan sobre los asuntos de competencia de la Contraloría General de la República y que el Contralor dictamina en forma definitiva.

NOVENO: Que, conforme al artículo 6° de la ley N° 10.336, le corresponde al Contralor informar sobre las siguientes materias: i.- derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo; ii.- sobre aspectos relativos al funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen, iii.- sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas. Ahora bien, la misma disposición en su inciso tercero establece: “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”. El deber de abstención establecido en el inciso antes reproducido importa que el órgano contralor no puede emitir informes, es decir, ejercer su facultad interpretativa sobre determinadas materias, en los eventos o materias a los cuales expresamente la disposición se refiere, es decir, cuanto la materia es propiamente litigiosa, cuando existe intervención judicial o se trata de asuntos o materias de competencia del Consejo de Defensa del Estado. Por consiguiente, conforme se desprende, el deber de abstención contenido en el inciso tercero del artículo 6° dice relación con la facultad y deber del órgano contralor de dictaminar sobre las materias o asuntos a que dicha disposición expresamente se refiere y, por tanto, se vincula a la potestad dictaminante o interpretativa de la Contraloría General de la República.

DÉCIMO: Que, además de la potestad dictaminante o interpretativa de la Contraloría General de la República, ésta posee, conforme se ha examinado, otras funciones y atribuciones establecidas constitucionalmente, entre ellas la de fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes y por ello, conforme lo dispone el artículo 7° de su ley orgánica el Contralor General tiene competencia exclusiva en la investigación, examen, revisión y determinación de todos los créditos y deudas del Fisco; en el examen y juzgamiento de todas las cuentas de los empleados que custodien, administren, recauden o inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, municipales y de la Beneficencia Pública, o de toda persona o entidad que deba rendir sus cuentas a la Contraloría o que esté sometida a su fiscalización. Por su parte, el mismo órgano contralo, dada su facultad o potestad de fiscalización, tanto en relación a sujeción de los órganos respectivos a la legalidad jurídica como en relación al correcto y adecuado uso, administración e inversión de los fondos, rentas o bienes fiscales, posee además facultades sancionatorias conforme lo dispone el Título VIII de su ley orgánica, encontrándose facultada para constituir delegados en los Servicios públicos y demás entidades sujetas a su fiscalización, con el fin de practicar las inspecciones e investigaciones que estime necesarias (artículo 131); practicar inspecciones extraordinarias en cualquiera oficina sujeta a su fiscalización, a fin de informarse sobre los métodos empleados en el manejo de los fondos y de dar instrucciones tendientes a perfeccionar dichos métodos para la mejor fiscalización (artículo 132) y disponer, el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos, suspender a los Jefes de Oficina o de Servicios y a los demás funcionarios, y poner a los responsables en casos de desfalcos o irregularidades graves, a disposición de la justicia ordinaria (artículo 133).

UNDÉCIMO: Que efectuados los análisis precedentes, ha de tenerse en cuenta que previamente a la presente acción de protección, el recurrente dedujo igual acción constitucional en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, causa rol Nº 226-2018, de esta Corte de Apelaciones, ello por la falta del preinforme relacionado al oficio emanado por la Contraloría Regional de la República Nº 635, que ordenaba a la Ilustre Municipalidad de Combarbalá el disponer el reintegro de remuneraciones correspondientes referidas a 23 días y medio que percibió el recurrente sin que hubiera efectuado la prestación de servicios a que se obligaba en el Departamento de Educación Municipal (DAEM), siendo acogido la acción con fecha 10 de mayo de 2018, dejándose sin efecto el Oficio N° 635 de fecha 14 de febrero de 2018 del Contralor Regional de Coquimbo y ordenándose retrotraer el procedimiento investigativo en que recayó el oficio en mención al estado de poner en conocimiento del recurrente lo investigado a fin de que tuviera la oportunidad de defenderse y de acompañar las pruebas que juzgue del caso allegar para el establecimiento de los hechos. En cumplimiento de la respectiva resolución judicial, el órgano contralor regional emitió con fecha 13 de noviembre de 2018 el correspondiente preinforme y lo puso en conocimiento del recurrente señor nombre reservado, ello conforme al procedimiento establecido en la Resolución N° 20, de 3 de marzo de 2015 que regula las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República del año, a objeto de que, en ejercicio de su derecho a la defensa, pudiera responder las observaciones y aportar prueba de descargo, quien no efectuó ninguna observación, ni evacuó respuesta alguna, procediendo, en su lugar, a impugnar el referido preinforme por vía de una demanda de nulidad de derecho público actualmente en tramitación ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, bajo el rol N° C-939-2019, procedimiento judicial actualmente en trámite y en base al cual el recurrente sostiene que el órgano contralor, atendiendo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N° 10.336, se encuentra inhibido de conocer y resolver sobre la materia a que se refiere el informe final Nº 699/2018, de fecha 02 de agosto de 2019, de la Contraloría General de La República, notificado al actor de protección mediante Correos de Chile con fecha 07 de agosto de 2019 y que constituye el acto administrativo impugnado calificado de ilegal y arbitrario.

DUODÉCIMO: Que, conforme a las normas constitucionales y legales que regulan a la Contraloría General de la República, las que ya se han examinado, al corresponderle a la misma la misión constitucional de velar por el correcto funcionamiento y utilización de los recursos fiscales de las municipalidades, potestad que atañe al ejercicio del control de la legalidad de los actos de la Administración y al desarrollo y ejercicio de sus funciones y atribuciones referidas a la labor fiscalizadora y contralora de la función pública, necesariamente frente a denuncias reservadas que involucran el uso, manejo, administración y/o utilización de fondos y recursos del Estado o de sus organismos, necesariamente el órgano contralor debe ejercer sus atribuciones de fiscalización e inspección de los hechos denunciados a fin de determinar o no la existencia de algún hecho o circunstancia que importe el inadecuado uso de tales recursos, más aún cuando los hechos denunciados pueden ser constitutivos de una falta a la probidad pública y/o constitutiva de un eventual delito contra el patrimonio del Estado y/o sus organismos. En el caso concreto, el recurrido mediante el acto administrativo impugnado cumplió con la función constitucional de auditoria e inspección en la correcta utilización de fondos públicos en la contratación, jornada de trabajo y pago de remuneraciones del recurrente, solicitando antecedentes e información al municipio, relacionada a las conclusiones arribadas en el informe final y, por lo tanto, dicho acto administrativo no reviste la calidad de dictaminante, de forma tal que no queda comprendido dentro de la esfera del deber de abstención del ente contralor, dado que el acto impugnado como ilegal o arbitrario constituye un acto que plasma las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República conforme a lo que se ha examinado en los considerandos precedentes.

DÉCIMO TERCERO: Que, adicionalmente, no resulta sostenible jurídicamente que la existencia de un proceso judicial pendiente afecte las facultades fiscalizadoras que posee el órgano contralor, conforme lo que se ha examinado, en términos tales de generar el deber de abstención que se ha analizado, ya que, en tal evento, bastaría, para impedir el ejercicio del deber-función de fiscalización que posee la Contraloría General de la República, con intentar cualquier acción judicial que recaiga sobre el asunto, a fin de reclamar, a la luz del artículo 6° inciso 3° de la Ley N° 10.366, la obligación de la misma de abstenerse de todo conocimiento e impedir así, el ejercicio de tales facultades fiscalizadoras. Lo anterior, en el caso concreto, adquiere especial relevancia, toda vez que como se hizo presente el recurrido en su informe, luego de haber sido notificado el actor del correspondiente preinforme, justamente para que éste se pudiera defender y aportar la prueba necesaria para resguardo de sus intereses -cuestión que justamente fue la que motivó su primer nombre reservado-, el señor nombre reservado no dio respuesta alguna, ni se defendió u aportó antecedentes, procediendo, en cambio, a deducir una demanda de nulidad de derecho público ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, rol N° C-939-2019, acción jurisdiccional que justamente ahora reclama como base para configurar el deber de abstención que sostiene infringido para sostener el accionar ilegal o arbitrario del Contralor Regional de Coquimbo al dictar el acto impugnado. Asimismo, ha de tenerse en consideración que el deber de abstención tantas veces referido se justifica sólo en relación a los actos que derivan del ejercicio de la potestad dictaminante ya que ellos importan una labor de fijación del contenido y real sentido de la interpretación de la ley en las materias propias de la Contraloría General de la República, labor de fijación del derecho que indudablemente puede entrar en pugna con el ejercicio de la jurisdicción al existir un asunto propiamente de carácter litigioso, o cuando el mismo asunto este sometido al conocimiento de un Tribunal de Justicia, cuestión que no ocurre con el ejercicio de la potestad fiscalizadora del órgano contralor.

DÉCIMO CUARTO: Que a la luz de lo ya expuesto, se constata que el ente contralor no ha incurrido en un acto arbitrario ni ilegal, dado que el recurrido no ha actuado de modo antojadizo sino basado en una investigación de hechos denunciados y los antecedentes derivados de la misma que le han permitido arribar a determinadas conclusiones y que dicho actuar ha sido en ejercicio de la esfera de sus competencias de carácter fiscalizadoras e inspectivas en aras del cumplimiento de la legalidad por la Administración del Estado, en el caso concreto de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto a las garantías constitucionales que el recurrente estima conculcadas por el acto recurrido, no existe el menor atisbo de que la recurrida haya incurrido en una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley habiendo actuado conforme a la normativa constitucional, legal e interna que regula su marco de atribuciones y por lo demás no consta que la recurrida haya actuado de manera diferente para casos análogos. Respecto de la supuesta infracción a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, se reitera que la recurrida ha actuado en ejercicio legítimo de la atribución de fiscalización que le es propia por mandato constitucional y legal y por último, en cuanto a la amenaza al derecho de propiedad, no se advierte la misma dado que del tenor del acto recurrido no se ha establecido el descuento de sumas percibidas por el recurrente sino que la Ilustre Municipalidad de Combarbalá procediera a la verificación respecto de las tareas que aquel había desempeñado para percibir tales fondos públicos, debiendo, sólo si no era posible acreditar el desarrollo de tales tareas, disponer lo necesario para el reembolso.

DÉCIMO SEXTO: Que conforme a lo razonado precedentemente y analizados los antecedentes que constan en la carpeta virtual de este recurso, resulta forzoso rechazar la acción constitucional, como se dirá en lo resolutivo, pues no se reúnen los presupuestos esenciales de la acción en análisis, al no existir un acto ilegal o arbitrario del recurrido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se RECHAZA el nombre reservado deducido por don nombre reservado, en contra de don Hugo Segovia Saba, Contralor Regional de Coquimbo, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, don Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 1217-2019.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro Titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro Suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés. (No firma la señora nombre reservado no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal).- La Serena, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.