nombre reservado con nombre reservado

Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Punitaqui.

nombre reservado, nombre reservado

Recurso de protección Rol Nº1216-2026 La Serena, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, Presidente de nombre reservado, y doña nombre reservado, cedula de identidad N°RUT reservado, Secretaría de nombre reservado, por sí mismos, y en representación de la ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPALIZADA DE PUNITAQUI (nombre reservado), todos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de todo el que resulte responsable, por los actos arbitrios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales de sus asociados, consagrados en el artículo 19 números 1 y 4 de la Constitución Política de la República.

Expone que nombre reservado es una Asociación Gremial de trabajadores desde 1999, que agrupa entre otros a los funcionarios de la atención primaria de salud municipal del CESFAM de Punitaqui y de los servicios de urgencias locales, y refiere que como agrupación desde mayo de 2026 han realizado movilizaciones por cambios intempestivos de turno de urgencia, lo que ha conllevado un detrimento económico para algunos funcionarios, y por tanto se han reunido con distintas autoridades para solucionar el conflicto.

Indica que desde el 21 de mayo de 2026 en adelante se ha llevado a cabo una campaña sistemática de hostigamiento digital, desprestigio y difamación pública masiva a través de la red social Facebook, en contra de 11 socios, los cuales individualizan. Añade que dichas acciones han sido ejecutadas por la recurrida, en más de una ocasión en contra de la asociación gremial y de los asociados mencionados, las cuales han afectado su honra, intimidad y seguridad. Asimismo, refiere verse afectada la integridad psíquica de los funcionarios, pues el actuar de la recurrida perturba el libre ejercicio de su actividad laboral en un ambiente exento de hostilidades arbitrarias, además de atentar contra su libertad sindical y autonomía gremial.

Señala que la recurrida utiliza su perfil de Facebook https://www.facebook.com/isi.castillo.58 (perfil público, sin restricciones de acceso para su visualización), conocida en la comuna de Punitaqui e identificada como familiar (hija) del Sr. Director o Jefe de Departamento de Salud (DESAM) de la I. Municipalidad de Punitaqui. Indican que utiliza esta red social para publicar, comentar, replicar y amplificar comentarios injuriosos y malintencionados emitidos por otros perfiles de Facebook, en contra de sus asociados y en general del gremio como tal. Agrega que, esta conducta además se ha materializado mediante la publicación de capturas de pantalla, transcripciones y acusaciones falsas compartidas en al menos 22 grupos comunitarios de alta circulación en la comuna de Punitaqui, tales como: "De Punitaqui somos todos", "Feria de las Pulgas Punitaqui (n) Chile 2022", "Feria Persa Punitaqui" y "Somos Punitaqui", exponiendo estos contenidos ante decenas de miles de usuarios locales, con el afán de desprestigiar a los asociados de la organización, entre ellos, los que se individualizaron en este recurso y sus dirigentes, generando los efectos propios de sus intenciones con esta “funa”.

Afirma que, si bien las publicaciones iniciales de datos de funcionarios, así como antecedentes de sus remuneraciones fueron realizadas por terceros; posiblemente por perfiles instrumentales o falsos, como el usuario denominado “nombre reservado”, la responsabilidad de la recurrida es mucho más grave, ya que ella asumió el rol de agente de validación y amplificación de la contravención a los derechos, pues los replicó, compartió y los hizo suyos, lo cual sumado a ser la hija del Jefe del Departamento de Salud de la Comuna le otorgó una presunción de veracidad a los dichos.

Indica que, este actuar no puede ser considerado como el ejercicio de una opinión o de libertad de expresión, sino como un acto deliberado y voluntario, en donde la recurrida usó su posición de privilegio social para dotar de credibilidad una campaña de desprestigio que, sin su intervención como figura local, habría carecido de la repercusión y el carácter dañino que efectivamente alcanzó sobre los derechos de los funcionarios y funcionarias que pertenecen a la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Punitaqui.

Agrega que las publicaciones se mantienen hasta el día de hoy, por lo que los efectos de la “funa” se encuentran plenamente vigentes. Se refiere al caso de las asociadas nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, y otros, quienes fueron acusados de "manipulación de asambleas" del gremio, además de descalificaciones personales bajo apelativos denigrantes como "las pitucas sin lucas", señalando entre otras cosas que buscan "hacer y deshacer con la salud de Punitaqui" y que los dirigentes del gremio nombre reservado, son unos "títeres”, todas las cuales fueron replicadas por la recurrida en su red social, a modo de incitar al cuestionamiento y reproche público contra los que se dirigen.

Señala que en un perfil de Facebook con el nombre nombre reservado, claramente falso, se expusieron los datos de las remuneraciones de los asociados, lo cual fue replicado por la recurrida en su red social facebook.

Refiere que las publicaciones replicadas por la recurrida ha infundido en los afectados un temor fundado y generalizado de sufrir agresiones físicas o verbales, tanto en la vía pública como en el ejercicio de sus funciones de atención directa o en rondas médicas rurales, desnaturalizando el servicio público y exponiéndolos a un potencial linchamiento comunitario, debido a estas severas vulneraciones a sus derechos, especialmente a su honra y propia imagen, a raíz del actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, quien con conocimiento de los hechos y las posibles repercusiones, procedió a nuevamente publicar, comentar y compartir otras publicaciones que llaman a generar odio y reproche injustificado en contra de los asociados, manteniendo sus publicaciones hasta el día de hoy.

En cuanto a la admisibilidad de su recurso, indica que tratándose de publicaciones en redes sociales, precisamente en cuentas que tienen calidad de públicas, los actos ejecutados permanecen y se extienden en el tiempo de forma indeterminada, como lo es el caso de las publicaciones, comentarios, imágenes compartidas y generadas a partir del actuar de la recurrida en contra de funcionarios y funcionarias pertenecientes al gremio de Salud Municipal de Punitaqui, por lo que es una vulneración continua y permanente ha garantías fundamentales.

Sobre las garantías conculcadas con el actuar de la recurrida, indica en primer término la vulneración al derecho a la honra, pues la difusión pública y masiva de imputaciones falsas e injuriosas contra funcionarios de salud municipal, configuran un linchamiento digital que atenta contra su honra y vida privada. Asimismo, se alega la infracción a la integridad psíquica, indicando que la exposición genera un daño concreto a la integridad psíquica de los afectados, provocando temor, alerta constante y desestabilización en su entorno laboral. La conducta excede los límites de la libertad de expresión, sin mediar proceso judicial, y amenaza incluso su integridad física, lo que exige la protección urgente.

Finalmente solicita acoger el recurso, y ordenar a la recurrida: 1. La eliminación inmediata y definitiva de todas las publicaciones, comentarios, imágenes, videos y capturas de pantalla referidas a los nombres, cargos, remuneraciones, planillas o liquidaciones de sueldo, así como cualquier imputación personal contra los asociados afectados y contra los dirigentes de nombre reservado, que hayan sido alojadas, compartidas, comentadas o replicadas por la recurrida, tanto en su perfil de la red social Facebook así como en cualquiera de los 22 grupos públicos y comunitarios de la plataforma donde fueron difundidas (especialmente en "De Punitaqui somos todos", "Feria de las Pulgas Punitaqui (n) Chile 2022", "Feria Persa Punitaqui", "Somos Punitaqui" y cualquier otro grupo local o de compraventa), o en cualquier otra cuenta o página administrada directa, indirecta o simuladamente por la recurrida; y 2. La prohibición a la recurrida de reiterar, por sí o por interpósita persona, conductas de hostigamiento, difamación, filtración de datos económicos, laborales o privados, o la realización y difusión de las vulgarmente denominadas "funas" digitales en contra del gremio nombre reservado, sus dirigentes, o contra cualquiera de sus asociados o asociadas, a través de perfiles personales, páginas, mensajería digital, o mediante publicaciones en grupos abiertos o cerrados de cualquier plataforma o red social.

SEGUNDO: Que, a folio 6 comparece la recurrida doña nombre reservado, informa al tenor de lo ordenado.

Luego de señalar que tiene 20 años, que es madre soltera de una niña de un año y medio, y que su situación económica es vulnerable por no contar con trabajo estable, solicita el rechazo íntegro del recurso por no existir vulneración de garantías fundamentales de su parte.

Indica que, la acción deducida construye una imputación general de supuesto hostigamiento, desprestigio, difamación y violencia digital, pero cuando se examinan concretamente las publicaciones que efectivamente realizó, el contenido de ellas demuestra una realidad sustancialmente diferente, pues fueron realizadas desde su cuenta personal, en el contexto de una controversia pública y comunal relacionada con la movilización de funcionarios de salud municipal, y consistieron en opiniones personales expresadas de manera respetuosa. Indica que en ninguna de ellas existe una amenaza, un llamado a la violencia, o a efectuar agresiones, ni se invita a realizar una "funa”, tampoco hay una instrucción para hostigar a funcionario alguno ni una utilización de perfiles falsos. Por el contrario, señala que en una de las publicaciones expresamente hizo un llamado al diálogo "de manera pacífica y respetuosa”.

Refiere que no basta, con que una persona considere molesta, injusta o inconveniente la opinión expresada por otra, sino que debe existir un acto concreto, ilegal o arbitrario, susceptible de ser atribuido personalmente a la recurrida y que tenga aptitud suficiente para afectar una garantía constitucional, y que, en este caso el recurso desarrolla una narración general respecto de diversas publicaciones realizadas en redes sociales, la gran mayoría realiza por terceros, a quienes no conoce.

Afirma que sus comentarios corresponden a la expresión legitima de su derecho de opinión consagrado en el artículo 19 N°12 de la Carta Magna.

Comenta que, las publicaciones cuestionadas se realizaron durante una controversia pública existente en la comuna de Punitaqui respecto de la movilización de funcionarios de salud municipal, las condiciones de funcionamiento de los servicios y la disminución de horas extraordinarias, lo cual es reconocido por los recurrentes, y es en ese escenario y como integrante de la comunidad y usuaria del sistema de salud, decidió expresar públicamente su opinión respecto de las consecuencias que, desde su perspectiva, la movilización podía producir en los usuarios, aclarando que no actuó como representante de la Municipalidad ni del Departamento de Salud, tampoco pretendió hablar en nombre de autoridad pública alguna, pues sólo se trataron de opiniones personales.

Señala que, de la lectura íntegra de publicación realizada el 21 de mayo de 2026, se demuestra que se trata de una opinión respecto de un asunto de interés comunal, y que se presenta como “usuaria y paciente” y manifiesta su preocupación por los efectos que la movilización podría producir en adultos mayores, niños, familias de sectores rurales, lactantes y usuarios que requieren prestaciones de salud, no existiendo amenaza, convocatoria a la violencia, a perseguir dirigentes, ni a efectuar una “funa”, ni concurrir a domicilios o lugares de trabajo, y que, su publicación termina con una llamado al diálogo. Luego se refiere a la publicación del 22 de mayo, señala luego de transcribirla que puede discutirse si dicha opinión es correcta o incorrecta, o si la organización gremial comparte o no dicha apreciación, pero esa discusión no transforma, por sí misma, la opinión en un acto ilegal o arbitrario. Añade que, la publicación tampoco contiene amenazas ni llamados a la violencia, por el contrario, cuando la recurrida solicita respeto hacia el Jefe del Departamento de Salud, está precisamente rechazando lo que considera ataques personales.

Y sobre el último y tercer comentario que realizó, dirigido directamente a nombre reservado, en el cual señala, en términos sustanciales, que fueran consecuentes con sus planteamientos y que, de no ser así, “la comunidad se va a manifestar con reclamos”, lo cual no es una amenaza de daño físico ni una amenaza contra persona determinada, la expresión se refiere a la posibilidad de que la comunidad manifieste su disconformidad mediante reclamos. Señala que formular reclamos constituye una forma legítima de participación ciudadana, no puede equipararse una advertencia de que la comunidad podría formular reclamos con una amenaza de agresión o violencia.

Agrega que, el recurso pretende atribuirle participación en una supuesta campaña sistemática de hostigamiento digital, desprestigio y difamación, sin embargo, una campaña constituye una imputación de hecho que requiere antecedentes concretos que permitan demostrar su existencia y vincularla personalmente con quien es recurrido, y no basta con presentar una serie de publicaciones realizadas por distintas personas y luego incorporar dentro de ellas los comentarios que ella realizó. Destaca que el propio recurso reconoce que determinadas publicaciones iniciales habrían sido realizadas por terceros y menciona perfiles que identifica como no identificables o falsos, también atribuye a terceros determinadas publicaciones relacionadas con remuneraciones.

Añade que el recurso también formula consideraciones respecto de la difusión de información relativa a remuneraciones de funcionarios, y refiere que la Ley N°20.285, establece como principio la publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y contempla mecanismos de transparencia activa, mediante los cuales determinada información debe mantenerse permanentemente disponible para el público, en el caso de las municipalidades, dicho régimen de transparencia resulta aplicable, por tanto los antecedentes son públicos por la ley de transparencia.

Alega en cuanto a su relación familiar con el Jefe del Departamento de Salud, que aquello no puede privarla de sus derechos constitucionales, su opinión personal no se transforma en la opinión oficial de la Municipalidad, y no actúa como funcionaria del Departamento de Salud, ni habla en nombre del Jefe del Servicio.

Asevera que no puede confundirse el hecho de participar en una discusión pública, con ser autora de todas las expresiones realizadas en dicha discusión. Indica que, el recurso presenta una narración amplia respecto de diversas publicaciones y posteriormente intenta vincularlas con su actuación. Sin embargo, la responsabilidad debe ser personal, no existe una base suficiente para atribuirme las publicaciones realizadas por terceros ni para sostener que ella haya dirigido, coordinado o ejecutado una supuesta campaña general de hostigamiento.

Señala que, desde una perspectiva jurídica, si bien es cierto que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la honra y permite el empleo del recurso de protección para hacerlo efectivo, asimismo en su artículo 19 N°12, se garantiza también la libertad de emitir opiniones y de informar, sin cesura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esa libertad, según lo establezca la ley de quórum calificado dictada al efecto. Además de consagrarse a nivel internacional en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finaliza indicando que la discrepancia de los recurrentes con dichas opiniones no transforma su ejercicio de libertad de expresión en un acto ilegal o arbitrario. La acción de protección no puede ser utilizada para imponer silencio a quien sostiene una opinión contraria a la de una organización gremial.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con declarar ilegal y arbitraria el actuar de la recurrida, en cuanto se indica que ha replicado y hecho suyo publicaciones que afectan la honra e integridad psíquica de los asociados de la nombre reservado, en el contexto de movilizaciones de la misma.

A su turno la recurrida, afirma que no son efectivos los hechos relatados, pues ella sólo ha dado su opinión sobre las movilizaciones del gremio recurrente en su calidad de integrante de la comunidad, y que, se le imputa responsabilidad por publicaciones en redes sociales realizadas por terceros, que ella desconoce, y, por tanto, no ha realizado publicación alguna que llame al odio o violencia en contra de la AFUSAM o sus integrantes.

SEXTO: Que las denominadas coloquialmente "funas" es una expresión que grafica una denuncia destinada a buscar adhesión pública al repudio a una conducta, que se atribuye a una persona, como una suerte de sanción social a su respecto y no como una forma de informar.

La Excelentísima Corte Suprema se ha referido a esta conducta expresando que “no es otra cosa que un llamado a la violencia y al repudio, un acto de auto tutela que es contraria el ordenamiento jurídico” (Rol N°2682-2019).

Asimismo, es relevante considerar en este tipo de materias que, en la actualidad, las redes sociales han permitido una extraordinaria velocidad de propagación de este tipo de publicaciones, las que importan un sometimiento al escarnio público fundado en la visión unilateral que es presentada por el emisor y, por consiguiente, el iniciar una “funa”, no es un acto meramente informativo, sino que pretende el descrédito del sujeto pasivo de la misma.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados por la recurrente, se advierten comentarios de la recurrida realizados por la red social Facebook, ya sea en el sito de “nombre reservado”, y, asimismo, como refiere el acta notarial del 23 de mayo de 2026, las publicaciones del perfil de Facebook de la recurrida se habrían compartido en 22 grupos públicos distintos.

En la página de Facebook de la asociación gremial recurrente, doña nombre reservado realiza un comentario a la publicación de otro usuario de nombre nombre reservado, quien señala los epítetos de “pitucas sin lucas” individualizando a tres socias, y refiriendo que no les importa atender bien, a lo cual la recurrida señala “nombre reservado apoye al pueblo ya que si usted está apoyando esta movilización afecta claramente a nuestra comunidad”. En los pantallazos de publicaciones en grupos y perfiles, se encuentra una publicación de la recurrida que señala “Invito a toda la comunidad a no creer todo lo que se dice y buscar el dialogo de manera pacífica y respetuosa, pensando primero en la salud y bienestar de las personas, especialmente en el servicio de urgencias, donde no se debería jugar con la tranquilidad ni la atención de los pacientes” acompañando la declaración pública de la AFUSAM, un cartel de la manifestación, foto de una socia manifestándose y pantallazo de publicaciones de otros usuarios.

Luego se advierte la publicación del 21 de mayo de 2026, donde la recurrida señala: “Hago un llamado a la comunidad a reflexionar y no apoyar situaciones que finalmente terminan afectando a todos los vecinos y usuarios de la salud pública. Como usuaria y paciente, me preocupa que toda esta movilización se está generando principalmente por la disminución de horas extras, mientras quienes más terminan perjudicados son las personas de nuestra comuna. La suspensión de rondas rurales afecta directamente a los adultos mayores, niños y familias de sectores apartados que muchas veces no tienen otra forma de acceder a controles, atención médica o entrega de medicamentos. También considero preocupante limitar la entrega de leche y alimentos complementarios solo entre las 9 y las 12 horas, ya que muchas familias no pueden asistir en ese horario, y esto puede afectar especialmente a los lactantes y personas que realmente necesitan este apoyo. Me parece injusto que además se esté difamando al jefe del departamento de salud solo por realizar su trabajo y tomar decisiones administrativas que afectaron a distintos funcionarios por igual. Invito a toda la comunidad a no creer todo lo que se dice y a buscar el diálogo de manera pacífica y respetuosa, pensando primero en la salud y bienestar de las personas, especialmente en el servicio de urgencia, donde no se debería jugar con la tranquilidad ni la atención de los pacientes.”

Además, se realizó por doña nombre reservado una publicación del 22 de mayo de 2026, en que señala: “Ustedes en sus carteles hablan de la mala gestión, pero la realidad es que todo esto comenzó por la disminución de horas extras. Sean responsables con lo que escriben y dejen de confundir a la comunidad. La gente merece saber la verdad y no versiones manipuladas. Invito a la comunidad a abrir los ojos y a analizar realmente el motivo de esta movilización, antes de apoyarla. La salud de las personas no debería utilizarse para presionar por beneficios económicos. Y también pido respeto hacia el jefe del Departamento de Salud, porque realizar su trabajo y tomar decisiones administrativas no justifica las difamaciones ni ataques personales. Además, en Chile, las horas extras no son una obligación permanente para el empleador, por lo que disminuirlas no significa vulnerar la ley.”. Y, por último, el 23 de mayo, la recurrida comenta una publicación de la nombre reservado en el contexto de manifestaciones, lo siguiente “nombre reservado sean concurrentes o la comunidad se va a manifestar con reclamos!”

OCTAVO: Que, de lo anteriormente referido, no cabe duda de que la recurrida ha realizado publicaciones en la red social de Facebook de la asociación recurrente, como en su perfil de Facebook, pero asimismo resulta claro que en ninguna de estas tiene el carácter de infringir la honra, o realizar un reproche público en contra de los recurrentes, llamando a la violencia u odio contra la asociación gremial o sus asociados, pues de lo que de estas se desprende es sólo la legitimación expresión de su desacuerdo con la movilización de la nombre reservado, no pudiendo endilgársele responsabilidad por los dichos de terceros en redes sociales.

Cabe destacar que el hecho de haber replicado doña nombre reservado algunos de estos comentarios, como, asimismo, otros de la recurrente sobre su movilización, sin adherirse a ninguno de ellos, ni insultar o denostar a nadie, sin llamado a propagarlos como sería una “funa”, incluso se advierte que la recurrida llama en una de sus publicaciones al dialogo pacífico, aquello no puede en ningún calificarse como vulneratorio a las garantías constitucionales alegadas en el presente libelo.

Es preciso en este punto recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, puesto que admiten limitaciones frente al ejercicio de otros derechos fundamentales, siendo precisamente un ejemplo clásico la colisión que puede darse entre el ejercicio de la libertad de expresión con el derecho a la privacidad o intimidad de las personas y su honra, en especial respecto de sus comunicaciones. En este sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra y vida privada de las personas de manera casi exclusiva a través de la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o la creación de tipos penales específicos-, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa.

NOVENO: Que, cabe destacar, en esta misma línea argumentativa, el artículo 13 de la Convención Americana reconoce a todo individuo el derecho a la libertad de expresión comprendiendo el derecho a difundir informaciones e ideas de toda índole sin censura previa, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, explicitando que este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Como se aprecia, si bien la protección de la reputación es reconocida expresamente en el artículo 13 como un límite a la libertad de expresión, la misma disposición se encarga de señalar que las vías de salvaguarda para la reputación deben ser otras, a saber, el establecimiento de responsabilidades ulteriores, lo que reafirma que no es esta acción cautelar la vía para perseguir dicho resarcimiento.

Además, de los documentos acompañados se advierte que nombre reservado ya denunció los hechos que alega en el presente recurso ante Policía de Investigaciones, a fin de dar inicio a una instancia penal en contra de la recurrida.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la vulneración de la garantía consagrada en el numeral primero del artículo 19 de la Carta Magna, no se ha acreditado por los recurrentes el actuar violento que refiere haber cometido la recurrida en contra del gremio recurrente o sus asociados, que haya dañado su integridad psíquica, pues el sólo indicar en su recurso que se encuentran afectados por el actuar y publicaciones de la recurrida, no configura la vulneración alegada, más cuando las mismas no contienen llamados de doña nombre reservado a la violencia o el odio en contra de nombre reservado, o en contra de cualquiera de sus miembros.

UNDÉCIMO: Que, así las cosas y de acuerdo a lo razonado no cabe más que rechazar el recurso en examen teniendo particularmente presente que las expresiones de doña nombre reservado no logran la vulneración de derechos señalada, toda vez que se encuentran amparadas bajo el derecho a la expresión, sin censura previa, por lo que el recurso deberá ser desestimado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1216-2026 (Protección).