Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y otro Recurso de protección Rol N°1212-2026.- La Serena, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta NUM000, de 15 de junio de 2026, que confirmó el rechazo de seis licencias.

Relata que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicoterapéutico por un cuadro depresivo grave con antecedente de intento suicida, originado a propósito del acoso laboral que padeció durante el año 2024, patología que se ha agravado por la carga psiquiátrica de sus hijos, ambos diagnosticados con trastorno afectivo bipolar tipo I con episodios psicóticos recurrentes.

Refiere que las afirmaciones en las que se sustenta la decisión no se ajustan a la realidad y hace presente que el acto impugnado adolece de falta de fundamentación. Por tales motivos, solicita se deje sin efecto y se ordene el pago íntegro y retroactivo del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las seis licencias rechazadas; se ordene el entero de las cotizaciones previsionales en la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum y de salud correspondientes al período; se instruya a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo que, previo a cualquier resolución posterior sobre licencias médicas por el mismo diagnóstico, disponga una reevaluación pericial por médico especialista en psiquiatría, con motivación reforzada y examen individualizado de los antecedentes clínicos aportados; y, se abstengan de rechazar futuras licencias médicas utilizando fórmulas genéricas o estereotipadas, con costas.

Acompaña al recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Luego, en subsidio, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que emite informe la Superintendencia de Seguridad Social. En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso. En efecto, menciona que fue impetrado en julio, en circunstancias que la actora tenía conocimiento del rechazo efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez desde mucho antes. En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección, en el mismo tenor que la otra recurrida.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. Expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales, haciendo presente que se limitó a resolver la situación al amparo de la normativa que regula la materia.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegación de improcedencia del recurso de protección planteada ambas recurridas, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se ven afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por las recurridas.

SÉPTIMO: Que en relación con la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que, conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas consistente en confirmar el rechazo de las licencias médicas que se singularizan en el libelo cuya emisión se verificó el 15 de junio pasado. De esa manera y considerando que el arbitrio fue incoado el 13 de julio del presente año, es dable concluir que el recurso fue interpuesto dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado que regula la materia, circunstancia por la que se rechazará la alegación planteada, conforme se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, en cuanto al rechazo de las licencias médicas que por esta vía se reprocha, conviene indicar que el fundamento expuesto por la recurrida Comisión Medicina Preventiva e Invalidez en sus resoluciones fue el siguiente: “sin causa médica que justifique el reposo. Reposo prolongado para patología”. Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta de 15 de junio de 2026, concluyó: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 60 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, los informes emitidos por la tratante no evidencian manifestaciones psicopatológicas de intensidad tal que determinen un compromiso severo de la capacidad funcional de la reclamante durante el período de reposo; asimismo el tratante tampoco realizó cambios farmacológicos significativos ni requirió derivar a la paciente a un nivel de atención de mayor complejidad, lo que podría manifestar gravedad clínica o refractariedad al tratamiento. Sumado a lo anterior, el informe psicológico del 03/02/2025 no se refiere a la afectación de la funcionalidad de la paciente ni tampoco al plan terapéutico que se utilizó para lograr su recuperación y reinserción laboral.”

NOVENO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

DÉCIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas a la trabajadora es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste. A lo anterior, cabe adicionar que no puede utilizarse como fundamento para confirmar el rechazo aquello que no es resorte de la protegida, a saber, ajustes en el tratamiento u otra exigencia de ese tipo, por cuanto aquello es propio del acto médico que corresponde al facultativo tratante y no a quien recurre.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por las recurridas, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, que agrava aún más el cuadro médico que padece, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de las recurridas, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los que se acogerá el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZAN, la alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección planteadas por las recurridas.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución que confirmó el rechazo de las licencias médicas NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006 y, en su lugar, se resuelve que se autorizan, debiendo las recurridas dictar las resoluciones pertinentes con su respectivo pago, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1212-2026 Protección.