nombre reservado con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES METROPOLITANA

nombre reservado

Junta Nacional de Jardines Infantiles Recurso de protección Rol Nº121-2024 La Serena, cinco de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, docente, cédula nacional de identidad número RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, representada legalmente por su Vicepresidenta Ejecutiva, doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, del mismo domicilio, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el oficio reservado N°073, del 24 de enero de 2024, por medio del cual, la Vicepresidenta doña nombre reservado, solicitó su renuncia no voluntaria al cargo de Director Regional de JUNJI de la Región de Coquimbo, acto que señala vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2, su derecho al trabajo del N°16, y su derecho de propiedad del N°24, todos de la Constitución Política de la República.

Expone el recurrente que es profesor de educación general básica.

Que, desde el 20 de febrero de 2023 fue nombrado, por concurso público ADP, como Director Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Coquimbo por un período de tres años, hasta el 20 de febrero de 2026.

Luego, relata que en el mes de abril de 2023 comenzó a tener algunos problemas con el subdirector de Gestión de Personas, don nombre reservado, porque se generaban retrasos en los reemplazos de personal en los jardines infantiles, lo que traía problemas con párvulos, apoderados y con el cumplimiento del coeficiente técnico que pide MINEDUC y la SUPEREDUC para cumplir con un mínimo de profesionales y técnicos en aula para la atención y prestación del servicio educación.

Por otra parte, relata que comenzó a tener también roces con el subdirector don nombre reservado, a cargo de Administración y Finanzas, quien está a cargo de los procesos de compras, comencé a exigirle mayor celeridad, puesto que muchas necesidades estaban siendo cubiertas de manera tardía, por lo que se generaron situaciones de tensión.

Agrega, que en el mes de agosto de 2023 fue denunciado por estos dos funcionarios por situaciones de eventual acoso o maltrato laboral.

Destaca que la situación culmine tuvo lugar el 18 de septiembre de 2023, que fue notificado que estaba suspendido preventivamente de funciones, y los motivos eran porque se había grabado una conversación del equipo de subdirectores en la que supuestamente se había referido en términos que atentan en contra de la dignidad de una funcionaria, doña nombre reservado, que es hija de detenida desaparecida y que presuntamente se burlaba de tal condición.

Sostiene que el sumario sigue en estado de tramitación y no se han formulado cargos en su contra, a pesar de haberse designado a un fiscal especial de la Dirección Nacional, habiendo entrevistado a múltiples funcionarios y recopilar antecedentes, superando con creces el plazo de 20 días hábiles establecidos en el Estatuto Administrativo para la etapa investigativa de los procedimientos disciplinarios.

Seguidamente, indica que el 31 de enero de 2024 fue notificado en su domicilio, domicilio reservado, del 24 de enero de 2024, por medio del cual la Vicepresidenta doña nombre reservado, solicita su renuncia no voluntaria al cargo de Director Regional de JUNJI de la Región de Coquimbo.

Alega que dicho acto es ilegal, por cuanto si bien el artículo 148 del Estatuto Administrativo dispone que en los cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efectiva por medio de la petición de renuncia; en el caso de los funcionarios de Alta Dirección Pública debe cumplirse con lo previsto en el artículo 58 de la ley N°19.882, cuyo inciso cuarto señala que deben indicarse cuáles son las razones o motivos en los cuales se funda la decisión, ya sea por razones de desempeño o por razones de confianza.

No obstante, refiere que no existe motivación alguna presentada en la carta, y además, tampoco indica desde qué fecha es que debe entenderse terminado el vínculo contractual.

En tal sentido, expone que la motivación o fundamentación de un acto administrativo, constituye un requisito esencial para su validez. Sin embargo, el acto impugnado no reúne los presupuestos establecidos por la ley para otorgarle la validez que se requiere, infringiendo los artículos 8 de la Constitución Política de la República, y los artículos 11, 16 y 41 de la ley N°19.880.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, invoca el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, ya que no se señalan los motivos de la solicitud de renuncia no voluntaria, estando en la obligación legal de mencionar las razones.

Además, alega que se vulnera su derecho a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16, toda vez que su remoción sólo puede hacerse cuando se cumplan los requisitos fijados en la ley, en específico lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°19.882.

Por último, estima vulnerado su derecho de propiedad del artículo 19 N°24, ya que el acto amenaza su derecho a percibir la retribución contemplada en la ley.

Solicita acoger la acción en todas sus partes y, en definitiva, disponer el cese inmediato de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando dejar sin efecto la solicitud de renuncia no voluntaria, además de disponer de todas las medidas que en concepto del tribunal sean necesarias para el restablecimiento del derecho, con costas.

Acompañó a su recurso: 1. Resolución Exenta RA 110790/238/2023, de fecha 21 de febrero de 2023, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 2. Oficio Reservado N° 073, de 24 de enero de 2024, que dispone la renuncia no voluntaria al cargo de Director Regional de Coquimbo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En síntesis, señala que el recurrente no puede ser asimilado a un funcionario público, toda vez que no cuenta con las mismas prerrogativas, y para todos los efectos, es un funcionario de exclusiva confianza de la Jefa Superior del Servicio.

Asimismo, hace presente que el recurrente fue notificado del acto con fecha 02 de febrero de 2024, contando únicamente con 48 horas hábiles para presentar su renuncia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 148 del Estatuto Administrativo, cuestión que finalmente no realizó.

En consecuencia, señala que con fecha 07 de febrero de 2024 la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dispuso mediante Resolución TRA N°110790/2/2024 la vacancia del cargo de Director Regional de Coquimbo, acto administrativo que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República con fecha 13 de febrero de 2024.

Luego, argumenta que la acción de protección no es la vía idónea para la resolución del conflicto planteado por el recurrente, por cuanto existen otros recursos administrativos y acciones judiciales diversas, que permiten conocer del fondo del asunto, más aún cuando en el caso de autos se trata de un derecho que no tiene la calidad de indubitado.

Por otra parte, sostiene que el acto impugnado no reúne las características de un acto administrativo, ya que se trata de un Oficio, esto es, un acto de mero trámite que en caso alguno contiene una decisión que pueda vulnerar alguna garantía constitucional del recurrente. En dicho sentido, precisa que el acto administrativo terminal que dispuso la vacancia del cargo, corresponde a la Resolución TRA N°110790/2/2024 de fecha 07 de febrero de 2024, el que fue objeto de toma de razón por la Contraloría General de la República el 13 de febrero de 2024. Añade que dicho acto se encuentra debidamente fundado, cumpliendo entonces con la exigencia contenida en el artículo 11 de la ley 19.880.

Manifiesta que es una facultad del Jefe de Servicio, en este caso de la Vicepresidenta Ejecutiva, solicitar la renuncia no voluntaria y disponer la vacancia del cargo, por ser este un cargo de exclusiva confianza, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley N°19.882, que establece el Sistema de Alta Dirección Pública.

Explica, que si bien se trata de un funcionario que se desempeña en la Administración Pública, éste no se rige ni tiene las mismas cualidades que el resto de funcionarios públicos, por cuanto por su calidad de exclusiva confianza, no le es aplicable la legítima expectativa de permanecer en su cargo, denominada confianza legítima.

Añade, que la facultad de la Vicepresidenta Ejecutiva de solicitar la renuncia no voluntaria al recurrente, se encuentra expresamente contemplada en el inciso primero del artículo 148 del Estatuto Administrativo, norma que debe complementarse con lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 19.882, específicamente en sus incisos tercero y cuarto, que establecen la facultad del Jefe Superior del Servicio de pedir la renuncia no voluntaria antes del término de su nombramiento.

Por consiguiente, afirma que no ha existido actuar ilegal o arbitrario por parte de la JUNJI, ni tampoco se ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales que invoca el recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, se cuestiona por el recurrente la ilegalidad de la solicitud de renuncia no voluntaria, la cual se contiene en el Oficio Reservado N° 017 de fecha 24 de enero de 2024, que es del siguiente tenor: “ Junto con saludarle, informo a Usted que de acuerdo a las facultades que me confiere el art.148 del DFL N° 29, de 2005 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y el artículo Quincuagésimo Octavo de la Ley N° 19.882, solicito a Usted la presentación de su renuncia no voluntaria al cargo de Director Regional Región de Coquimbo”.- Que el artículo 18 del Estatuto Administrativo, establece que: “el procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal”.- De acuerdo a los antecedentes el acto administrativo que pone fin al cargo del recurrente, es la Resolución TRA N° 110790/2/2024 RM REGION METROPOLITANA, 07/02/2024, que DECLARA VACANTE CARGO POR NO PRESENTACIÓN DE RENUNCIA, no así el oficio de solicitud de renuncia no voluntaria, que señala el recurrente, y que pretende por este arbitrio invalidar, pues este constituye un acto de mero trámite, y no un acto terminal, respecto del cual procedería el arbitrio de autos.

SEXTO: Que en este escenario, el acto impugnado, al estar referido a la “solicitud de renuncia no voluntaria” y respecto del cual se acusa falta de motivación o fundamentación, sin perjuicio que en este sí se hace mención a las normas en las cuales se funda para adoptar la decisión que se impugna.

Este arbitrio no puede prosperar, toda vez que tratándose de un acto trámite respecto del cual se dictó la Resolución TRA N° 110790/2/2024 RM REGION METROPOLITANA, 07/02/2024, que DECLARA VACANTE CARGO POR NO PRESENTACIÓN DE RENUNCIA, acto que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, entiende esta Corte, se sobrepasan los márgenes del recurso de protección, teniendo en consideración según se señaló que lo alegado es el incumplimiento de una formalidad del acto intermedio, y no es posible por este medio dejar sin efecto el acto recurrido, por cuanto existe un acto terminal posterior, el cual fue tomado de razón, y por lo tanto, declarado legalmente válido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Redactada por la Ministra suplente señora Carme Correa Valenzuela.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 121-2024 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y la Ministra suplente señora Carmen Correa Valenzuela. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a cinco de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.