nombre reservado con SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE TERMINALES DE BUSES LIMITADA

nombre reservado, nombre reservado

Sociedad Inversiones Comercializadora Inmobiliaria ARB S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1208-2023.- La Serena, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha ocho de junio de los corrientes comparece el abogado don Gabriel Rodríguez Ramírez, en representación de don nombre reservado, chofer, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Sociedad Inversiones Comercializadora e Inmobiliaria ATB S.A.

Afirma que es propietario de algunos microbuses, con los que se dedica al traslado de pasajeros desde la localidad de Barrancones de Rapel en la comuna de Monte Patria hasta Coquimbo y viceversa, y que por disposición legal, para tomar pasajeros en La Serena y Coquimbo, su detención se debe llevar a cabo en un Terminal de Buses.

Señala que el recurrente comenzó a recibir por parte de la administración de la sociedad recurrida, operadora del Terminal de Buses de La Serena, un importante número de multas por supuestos incumplimientos al reglamento interno del terminal, respecto de las cuales no tuvo posibilidad alguna de defenderse, pues las sanciones se aplicaron sin siquiera escuchar sus descargos, remitiendo las correspondientes facturas con las respectivas multas. Y posteriormente, se le aplicó por la recurrida la sanción de suspensión de ingreso al referido terminal de buses.

Estima que este es un acto absolutamente arbitrario e ilegal, pues en primer lugar el recurrente ha detentado por más de nueve años el derecho a ingresar a dicho recinto, habiendo pagado para ejercer dicha prerrogativa, y segundo, por cuanto el reglamento de la recurrida ni siquiera contempla entre las posibles sanciones la prohibición de hacer ingreso al terminal de buses de esta ciudad.

Señala que esta medida, totalmente reñida con nuestro ordenamiento jurídico, se ha mantenido por más de quince días, lo que conlleva al recurrente un importante perjuicio económico, pues por las distancias que deben recorrer sus microbuses (longitud de su recorrido), solo puede ingresar una vez al día al referido terminal de buses y posee dos máquinas que hacen el recorrido, las que tienen las placas patentes únicas DRYB-85 y HFTP-84.

Refiere que la medida de suspensión que ha impuesto la recurrida, ha alterado una situación que se ha mantenido por largos años, que conculca el legítimo derecho del recurrente a utilizar el este terminal de máquinas, lo que consecuencialmente le priva de la posibilidad de cumplir con la normativa aplicable, lo que redunda en una ostensible baja de pasajeros que utilizan el servicio, ya que tampoco puede tomar pasajeros en lugares no permitidos, sin exponerse a sanciones por parte de la autoridad de transportes o carabineros, lo que ha sido perjudicial para sus intereses, siendo esta la única fuente de ingresos que tiene en la actualidad y que la recurrida arbitrariamente ha conculcado.

Estima que los hechos expuestos son de tal gravedad que impiden a su mandante ejercer una actividad que le permite procurarse un sustento económico, y que ya se extiende por más de quince días, sin que exista motivo alguno para ello.

Indica que buscando una solución a esta arbitraria medida que impuso la recurrida, se envió una carta instando por una reunión, y en ella la representante de la recurrida señaló que para dejar sin efecto la suspensión, la recurrente debía suscribir un contrato de arriendo de una agencia en el referido terminal, contrato en cuya redacción no tuvo injerencia alguna y respecto del cual solo una vez firmado por la recurrente se podría dejar sin efecto la suspensión del ingreso, lo que considera como una medida de presión ejercida por la demandada, que coarta la libertad de su representada en la elección de suscribir dicho contrato, pues sin esa firma no puede ingresar, cuestión que se mantiene hasta la fecha.

Hace presente, que el reglamento no establece obligación alguna relativa a que cada empresa deba hacer uso o arrendar alguna oficina para agencia.

Arguye que la recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, relativo a la igualdad ante la ley, en cuanto aquella, en uso de su posición dominante, hace una distinción con respecto a otros usuarios del terminal de buses, pues no tiene conocimiento que a otra persona se le haya suspendido el derecho a ingresar a ese establecimiento. A su vez, atenta contra del artículo 19 N° 3 de dicha normativa constitucional, por cuanto se ha vulnerado el debido proceso, al no indicarse a la recurrente los motivos de la señalada sanción, no existir ésta en el reglamento de la recurrida, no darle la posibilidad de ejercer su derecho a defensa y porque la reclamada ha actuado como juez y parte, constituyéndose en una comisión especial, sin estar previamente investida de dicha facultad; agregando, asimismo, que no se le ha señalado a la recurrente algún mecanismo válido que permita la suspensión de dicha medida. También estima vulnerado el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, pues se coarta a la actora la posibilidad de ejercer su actividad económica, en los términos que la ha venido desarrollando por los últimos diez años, siendo esta su fuente de subsistencia. Finalmente, afirma que se conculca el derecho de propiedad de la recurrente, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, pues desde el momento que la recurrida le ha prohibido el derecho de ingreso, se le desconoce una prerrogativa que se incorporó a su patrimonio al momento de hacer pago de dicho derecho por la no despreciable suma de $12.000.000. En esa ocasión este derecho pasó a ser de su dominio, no teniendo por lo tanto la recurrida poder decisorio sobre el mismo.

Solicita que acogiendo el recurso, se disponga: 1.- El cese inmediato de la medida de suspensión del derecho a ingreso al Terminal de Buses de La Serena, por parte de los buses de propiedad de la recurrente, conocidos como “Buses La Pedregalina”. 2.- Que la recurrida, se abstenga de realizar por sí o por medio de terceros, cualquier acto que embarace el legítimo derecho de la recurrente a ingresar sus máquinas al citado Terminal. 3.- Que esta Corte disponga prudencialmente cualquier otra medida de protección para el resguardo de los derechos del recurrente y el restablecimiento del derecho. 4.- Expresa condena en costas a la recurrida.

Acompaña: Copia de Comprobante de pago de fecha 09 de octubre de 2014, por la suma de $12.000.000, emitido por la recurrida, correspondiente a derecho de ingreso. Copia del Reglamento nombre reservado de Terminal de Buses de La Serena. Copia de correo electrónico remitido con fecha 1° de abril de 2023, por la recurrida a la recurrente. Factura de fecha 9 de diciembre de 2022, emitida por la recurrida por cobro de multa. Correo electrónico enviado por la recurrida con fecha 19 de mayo de 2023, informando suspensión del derecho de ingreso a la recurrente. Correo electrónico enviado por la recurrida con fecha 29 de mayo de 2023, informando de la condición de suscripción de contrato para restituir el derecho de ingreso. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros-Servicio de Transporte Público, emitido con fecha 21 de enero de 2020, respecto de la maquina PPU DRYB-85. Certificado de Inscripción en el mismo registro, emitido con fecha 11 de noviembre de 2020, respecto de la maquina PPU HFTP-84. Resolución exenta N° 254/2023 emitida por el Seremi de Transportes con fecha 28 de abril de 2023, que prorroga el plazo de vencimiento para renovar certificado de inscripción de los servicios rurales, inscritos en el registro de transporte de pasajeros de la Región de Coquimbo, donde se señala a la recurrente. Certificado emitido por la recurrida con fecha 24 de octubre de 2022, que acredita que la máquina PPU HFTP-84 de propiedad de la recurrente, tiene autorización para ingresar al Terminal de Buses de La Serena. Certificado emitido por la recurrida con fecha 13 de enero de 2021, que acredita que la máquina PPU DRYB-85 de propiedad de la recurrente, tiene autorización para ingresar al Terminal de Buses de La Serena. Carta remitida con fecha 9 de enero de 2023, por el representante legal de la recurrida. Factura de fecha 16 de septiembre de 2022, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, por parte de la recurrente. Factura de fecha 2 de enero de 2023, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, efectuado por la recurrente. Factura de fecha 1° de febrero de 2023, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, efectuado por la demandante. Factura de fecha 4 de abril de 2023, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, por parte de la recurrente. Factura de fecha 2 de mayo de 2023, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, por parte de la recurrente. Factura de fecha 18 de mayo de 2023, emitida por la recurrida por pago de losa diurna, efectuado por la recurrente.

SEGUNDO: Que, comparece la abogada Claudia González Encina, evacuando informe por la recurrida Sociedad Inversiones Comercializadora e Inmobiliaria ATB S.A. haciendo presente, primeramente, que la relación contractual entre las partes consiste en que el recurrente utiliza con sus buses un retazo de losa, haciendo ingreso al terminal de buses y pudiendo mantenerse en dicha losa por quince minutos para tomar y dejar pasajeros, a cambio de una suma de dinero mensual, la que varía según la magnitud de la empresa, esto es, dependiendo del número de buses que ingresan al Terminal. A cambio de este servicio y pago señalado, el recurrente debe respetar un reglamento, el cual es señalado y reconocido por el recurrente, dentro del cual, existe la prohibición explícita en el apartado “Del uso de las Losas en el Terminal…” artículo 5 letra E) de “vocear” o promocionar salidas de las máquinas, señalando específicamente que dicho acto será sancionado con una multa de 10 UF, que serán cobrados con la factura correspondiente al mes en que se produzca, prohibición que ha sido sistemáticamente incumplida por el recurrente, toda vez que sus empleados de manera muy frecuente vocean los viajes o salidas de sus máquinas.

Añade que a los empleados del actor se les advirtió muchísimas veces que no podían vocear al interior del Terminal, pero insistían en hacerlo; que en varias ocasiones la misma Gerente fue a hablar con ellos y les insistió en cumplir con el Reglamento y si bien en el momento en que ella los observaba dejaban de hacerlo, tan pronto ella volvía a las oficinas, los empleados del recurrido seguían voceando. En otras ocasiones, también, la situación ha ido más allá de simplemente vocear, puesto que como gritan el destino de sus buses, también han interactuado con pasajeros que han estado a punto de subir a buses de otras empresas, con el mismo destino de los buses del recurrente y convencerlos de viajar con ellos y llevarlos hasta sus máquinas, lo que es una clara falta al reglamento. Para evitar esta situación se les sugirió la idea de arrendar una oficina, donde efectuarán la venta de sus pasajes, pero el recurrente lo tomó como una imposición arbitraria e ilegal.

Indica que no obstante no encontrarse escriturado el contrato, éste es de carácter consensual, por lo que en el supuesto de que lo que el actor señala sea completamente cierto, sigue siendo un contrato de adhesión que no ha tenido problema en cumplir los más de nueve años que ha estado prestando su servicio en dicho terminal, y que ha decidido en el último tiempo, desatender, a pesar de haber sido advertido en su conducta por distintos medios.

Afirma que el reglamento en su último apartado señala que “En caso de incurrir por segunda vez, en cualquiera de estas infracciones, la empresa responsable será sometida a consideración del directorio de la Sociedad ATB S.A. para que se tomen las medidas que este estime conveniente”, que para este caso fue la suspensión de la entrada de dichos buses.

En cuanto a las garantías que la recurrente estima vulneradas, primeramente, refiere que el reglamento interno es el mismo para todos los arrendatarios del terminal, por tanto, si no se le ha privado la entrada al resto de los buses o microbuses al terminal, ha sido porque ninguno de aquellos ha incurrido en las faltas simultáneas y prolongadas en el tiempo contrarias al reglamento, por lo que no existe bajo ningún punto de vista falta de igualdad ante la ley.

Respecto de la segunda garantía constitucional a la que hace mención el recurrente (Art.19 N° 3), afirma que no existe fundamento alguno para citarla, puesto que su representada jamás ha privado al recurrente de un debido proceso, o no le ha impedido defenderse, ya que no ha existido ningún proceso ni juicio en el que se haya impedido a esa empresa defenderse, ya que lo que se ha hecho es reservarse por su mandante el derecho de admisión a su recinto particular, toda vez que se han infringido las normas del reglamento interno de la empresa, lo cual en ningún caso ha impedido a aquel ejercer su defensa, pues no ha sido sometido a un juicio, más bien ha sido sometido a una limitación de ingreso que, por derecho propio, corresponde a una empresa privada, en razón de haberse incumplido con el reglamento, según ha sido reconocido en todo momento por la contraria.

En cuanto a la garantía del artículo 19 N°21 de la Constitución, señala que la suspensión no limita su capacidad de trabajo, pues, el servicio prestado por la recurrida es facilitar un espacio a la recurrente para la toma y bajada de pasajeros, lo cual con una autorización municipal podría realizarse en cualquier otro lugar de la ciudad, no existiendo obligación ni para la recurrida ni para el recurrente de tener que aparcar en dicho terminal de buses, por lo que el hecho de limitar el acceso al terminal no los priva de seguir realizando su actividad económica.

Respecto a la esgrimida conculcación de su derecho de propiedad, desde que se le ha prohibido el ingreso al Terminal, señalando que el pago de los $12.000.000 los habilita a seguir ingresando, ese derecho a ingreso trae aparejado para el recurrente el cumplir y respetar todos los preceptos del Reglamento nombre reservado, el que claramente se ha trasgredido, cuando el recurrente insiste, a través de sus empleados en vocear viajes, cuando está prohibido.

Acompaña a su informe: Correo electrónico de fecha 2 de agosto de 2021, enviado por la Administración del Terminal al recurrente. Correo electrónico de fecha 8 de diciembre de 2022, enviado a la administración del Terminal por la empresa Serenar, denunciando al recurrente. Correo electrónico de fecha 13 de abril de 2023, enviado por Administración del Terminal al recurrente. Reglamento nombre reservado actualizado del Terminal de Buses La Serena.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, como puede colegirse de la tramitación de este libelo de urgencia, no se ha planteado discusión entre los litigantes acerca de haber procedido la recurrida, en su calidad de Administradora del Terminal de Buses de La Serena, a suspender el ingreso a las losas del Terminal de Buses de La Serena, con miras a tomar pasajeros, a los dos buses de transporte de pasajeros de propiedad del actor, patentes DRYB-85 y HFTP-84, conocidos como “Buses La Pedregalina” , conforme había obrado con ésta en virtud de una relación contractual que la vinculaba por varios años, siendo la contrapartida de tal servicio el pago del actor de una suma única de doce millones de pesos, medida que se mantendría desde a lo menos quince días antes de la interposición del recurso.

Tal medida, además, ha reconocido la recurrida en su informe, se adoptó en virtud de proceder los dependientes del actor de promocionar a viva voz -vocear --, las salidas de sus máquinas desde el mencionado rodoviario, conducta expresamente prohibida por el reglamento del establecimiento y sancionada con la aplicación de multa (Art. 5° letra e) de dicho compendio normativo).

Asimismo, también ha quedado establecido con el informe de la recurrida, que la medida impugnada por esta vía proteccional la adoptó haciendo uso de una “reserva del derecho de admisión a su recinto particular” que le asistía respecto de quien ha infringido las normas del reglamento interno de la empresa.

Finalmente, ha de dejarse asentado que conforme al reglamento de la Sociedad Inversiones Comercializadora e Inmobiliaria ATB S.A, que se ha venido citando y reproducido lo pertinente en su informe, que ante la reiteración de cualquiera de las infracciones que contiene, la empresa responsable debía ser sometida a consideración de su directorio para que éste tomara las medidas “que estime conveniente”.

SEXTO: Que, a la luz de estos presupuestos fácticos que se han establecido, indudable resulta concluir que el acto de la recurrida que viene siendo atacado por el arbitrio de protección ha de ser visto como una sanción en contra de la conducta que se atribuye a los dependientes del recurrente de vocear su oferta de transporte a los eventuales pasajeros que llegan hasta el recinto del terminal de buses de La Serena, sanción de gran entidad como puede avizorarse, dada la afectación económica que naturalmente iba a producir y la severa limitación que imponía a la afectada para seguir ejerciendo la actividad económica que durante años ha desarrollado en virtud de una convención libremente otorgada con aquella.

Tal sanción, sin embargo, no encuentra amparo en el Reglamento de la entidad recurrida, por el cual debía regirse también el recurrente, pues éste contemplaba para la conducta reprochada, como ya se ha consignara, la aplicación de multas y, ante la reiteración, la medida que el directorio de la sociedad demandada estimara conveniente, una vez sometida la cuestión a su consideración. Y como la medida adoptada, por su gravedad, no puede derivarse como autorizada de adoptarse sin más, por este último ente sancionador, necesario era que su imposición emanara de un proceso previo y legalmente establecido, dirigido en contra del recurrente, con pleno respeto de la bilateralidad de la audiencia, permitiéndole hacer sus descargos y acompañar los medios de comprobación pertinentes, así como ejercer el derecho a la revisión de lo que se decidiera en su contra, elementos todos que no pueden encontrarse ínsitos en el actuar de la recurrida, quien ha reconocido que la medida de suspensión la impuso en virtud de una supuesta “reserva del derecho de admisión” que detentaba, por lo que ha actuado ilegalmente erigiéndose como una verdadera comisión especial en el juzgamiento que ha hecho de los hechos atribuidos al actor.

Así el obrar de la entidad demandada ha venido a violentar la garantía que tiene toda persona de no ser juzgada por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, del artículo 19 N° 3°, inciso 5° de la Constitución Política de la República, lo que debe conducir a acoger la acción en la forma que se dirá en la parte resolutiva, a fin de restablecer el imperio del Derecho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado, en contra de Sociedad Inversiones Comercializadora e Inmobiliaria ATB S.A, disponiéndose que esta última al margen de las acciones legales que válidamente decida emprender ante la jurisdicción correspondiente, deberá abstenerse de impedir el acceso de las máquinas del actor a la losa del Terminal de Buses de esta ciudad, para dejar y recoger pasajeros, así como de tomar otras medidas que de forma oblicua conduzcan al mismo efecto.

Redacción a cargo del ministro suplente Juan Carlos Espinosa Rojas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1208-2023.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Iván Corona Albornoz, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Gabriel Gallardo Verdugo.

En La Serena, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.