Protección contra Prefecto de Carabineros de la Prefectura del Limarí

revalo nombre reservado, nombre reservado

Prefectura de Carabineros de Limarí Recurso de protección Rol Nº1207-2025 La Serena, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Juan Pablo Cortés Cortés, abogado en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Prefecto de Carabineros de la Prefectura del Limarí, coronel nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal de emitir la Resolución Exenta N°01 de 11 de junio de 2025, la que dispone su baja por conducta mala con efectos inmediatos, señalando vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 3 inciso quinto, 4 y 24 de la Constitución Policita de la República.

Expone, que el 11 de junio de 2025 fue notificado de la resolución que recurre, la que lo ha privado de su empleo, remuneraciones, cotizaciones previsionales y del acceso a la salud. Indica que para dictar la resolución que dispuso su baja se tomaron en consideración tres supuestos hechos, que la denuncia que dio inicio al sumario fue anónima, y se le acusa de tener relación con narcotraficantes, y además que, encontrándose con licencia médica habría salido del país. Así indica que, el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15, en su artículo 22 dispone que “Los sumarios pueden tener como origen, el parte del hecho que se investiga u otros antecedentes, como cartas, denuncios, copias de informaciones verbales, etc., debidamente apreciados por el jefe que ordena su instrucción. Por ningún motivo se dispondrá un sumario cuando éste haya de tener un anónimo como fundamento de su iniciación. Las denuncias o reclamos irresponsables deben ser desechados de plano.", por lo que alega que la recurrida actuó ilegalmente, por obrar fuera de su competencia, desatendiendo la normativa que rige la materia.

En cuanto a la acusación de mantener relación con narcotraficantes, alega que no hubo indagación previa, pero igual fue tomado en consideración para disponer su baja, sin antecedente que lo acreditara, privándolo de su trabajo y fuentes de ingresos, afectando su derecho a la honra y propiedad sobre su empleo, remuneraciones y derechos previsionales.

Prosigue con el hecho de encontrarse con licencia médica y haber salido del país, alega que Carabineros realizó diligencias intrusivas sin orden judicial que lo justifique y le otorgue validez, pues señala que la Sección de Asuntos Internos del Limarí, obtuvo sin previa autorización judicial el registro de entradas y salidas del país, tenida a la vista para dictar la resolución que se recurre, pese a su origen ilegal, lo que infringe su derecho a la protección de la vida privada y datos personales del artículo 19 N°4 de la Carta Magna. Invoca, asimismo, la Ley 19.628 artículos 4 y 7, sobre protección de los datos personales, en el mismo sentido la Ley 21.323 artículo 144 inciso final, disponiendo la confidencialidad de datos personales. Alega que el registro de entradas y salidas del país es un documento personal reservado, no disponible a terceros. Se refiere a la teoría del fruto del árbol envenenado, por el cual frente a pruebas obtenidas de forma ilícita y cualquier elemento derivado de ella carece de valor y su sanción es la nulidad, por infringir los principios de supremacía constitucional de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Indica que por medio de presentación del 13 de junio de 2025 se hizo parte del proceso administrativo, solicitando copia de todos los antecedentes que tuvo a la vista el recurrido, pero alega que a la fecha de interposición del presente arbitrio aún no le son entregados, vulnerando el debido proceso y su derecho de defensa, y consecuencialmente su derecho de igualdad ante la ley.

Se refiere a las garantías conculcadas con el acto arbitrio e ilegal, indicando la del artículo 19 N°1, pues con lo resuelto le ha generado al recurrente y su familia un tremendo pesar emocional, privándoles de tranquilidad, siendo despojado de un día para otro de su trabajo. Luego se refiere a la garantía del artículo 19 N°2, igualdad ante la ley, pues refiere que el actuar del recurrido importa una discriminación arbitraria en su contra en relación con el trato dispensado a otros funcionarios en que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente un sumario administrativo obteniendo en consecuencia las pruebas o antecedentes que sustentan una determinada decisión de un acto administrativo de conformidad a lo previsto en la constitución y la ley. Añade como vulnerada la garantía del artículo 19 N°3 inciso 5°, no ser Juzgado por comisiones especiales, pues el recurrido se ha constituido en una comisión especial de aquellas prohibidas por la Constitución al actuar vulnerando abiertamente los principios de supremacía constitucional y de legalidad de los artículos 6 y 7. Luego se refiere a la garantía del artículo 19 N°4, señalando que el recurrido la vulnera al obtener los registros o fundar su resolución en actuaciones de la misma Institución para la obtención del registro migratorio de su representado de manera ilícita, y en cuanto a su honra, el prefecto consideró para dictar su baja con efectos inmediatos su relación con narcotraficantes, sin contar con antecedente alguno que justifique someramente siquiera tal aseveración. Por último, indica vulnerada la garantía del artículo 19 N°24, pues fue privado de su empleo, remuneraciones, de sus derechos previsionales y a la salud y demás derechos funcionarios, sin un proceso previo legalmente tramitado y por el contrario fundado en una resolución que solo mantiene una aparente legalidad puesto que los antecedentes fundantes fueron obtenidos de manera ilícita.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N°1 de 11 de junio de 2025, ordenando la reincorporación inmediata del recurrente, con condena en costas.

Acompaña a su recurso y a folio 11: Presentación del 13/06/2025, mediante la cual se hace parte, solicita copia de todo lo obrado, solicita tramitación urgente y acredita personería acompañando documento; Acta de notificación de 11/06/2025 de la Resolución Exenta N°01; copia de la Resolución Exenta N°01 de 11/06/2025, emitida por el Coronel de la Prefectura de Carabineros Limarí; y copia calificaciones del recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 17, comparece la abogada Natividad Pereira Carrasco, en representación del recurrido Prefecto de la Prefectura de Carabineros del Limarí, acompañando el informe requerido.

Expone la circunstancia que motivó la imposición de medida administrativa de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, del recurrente, la cual dice relación con que personal de la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura Limarí, el 4 de junio de 2025, recepcionó la planilla de fono denuncia N°154, de fecha 3 de junio de 2025, que señalaba de manera anó​nima que el ex Cabo 1ro. nombre reservado, de dotación de la Tenencia Punita​qui, mantiene relación con narcotraficantes, asegurando además que el citado funcionario encontrándose con licencia médica entre los días 08.10.2024 y 18.10.2024, habría salido del país con destino a Perú, por lo cual verificaron en la Plataforma de Programación de Servicios Policiales, constatando que el recurrente se encontraba con licencia médica entre los días 7 al 20 de octubre del 2024, por enfermedad común. Luego personal de la Sección de Asun​tos Internos concurrió hasta la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones Ovalle, solicitando por medio del Oficio N°25 de 04.06.2025, las entradas y salidas del país, efectuadas por el citado funcionario durante el periodo indicado en el reclamo, obteniendo como respuesta mediante el Oficio N°110, de 06.06.2025, que el entonces Cabo 1ro registraba una salida a Perú el 08.10.2024, retomando al país el día 18.10.2024, periodo en el que se encontraba haciendo uso de licencia médica.

En razón de lo anterior, y tal como se consignó en la resolución recurrida, conforme a la evaluación de los antecedentes, el Mando de Repartición de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institucional, se formó la convicción de que los hechos, y, en consecuencia, las inconductas en las que incurrió el ahora ex Cabo 1ro. nombre reservado, son de tal gravedad y trascendencia que hacen meritoria la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como lo es la “Baja de las Filas de la Institución por conducta mala, con efectos inmediatos”. Por lo que indica que la circunstancia fáctica que motivó la aplicación de la medida dice relación exclusivamente con su salida del país mientras hacía uso de licencia médica por enfermedad común, sin el consentimiento y autorización de su mando directo, lo que nada tiene que ver con los otros hechos expuestos en la denuncia anónima.

Señala, que la resolución que se recurre, encuentra sustento normativo en el artículo 127, N°4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N°8, que precisa que la sanción tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta al resultado final del Sumario Administrativo que sobre el particular se haya ordenado instruir, asis​tiéndole al recurrente el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15. Indica que la resolución exenta, no solo señala en su letra d.1) que si se le aplica en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la Institución, percibiendo las remuneraciones deven​gadas durante el tiempo que duró, sino también, se consigna en la letra d.2) que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el ex Cabo 1ro. nombre reservado, será desvinculado de las Filas de la Institución, por lo que desde esa data no tienen derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N°53.449 y 60.053, ambos de 2019, y 31.214 de 2011, entre otros.

Indica que se dispuso la instrucción de un sumario administrativo mediante Orden N°21843 de 11 de junio de 2025, a cargo de la Fiscalía Administrativa de aquella dependencia, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Refiere que, en cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 84° ter de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N°21.427 que “Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y Transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, se dictó la Resolución Exenta N°509, de 11.06.2025 de aquella Repartición, suspendiendo la tramitación del men​cionado proceso sumarial hasta el término de la causa seguida en razón del Parte de Denuncia N°4 de 11.06.2025, de la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura Limarí direccionado a la Fiscalía Local de Ovalle. Indica que una vez concluida la citada causa, se reanudará el proceso administrativo incoado, de lo cual será for​malmente notificado el recurrente, con la finalidad que aporte los antecedentes pertinentes, y así, una vez concluido dicho proceso, sea notificado del contenido íntegro de la Vista Fiscal, oportunidad en la que podrá ejercer las alegaciones y defensas, así como interponer los recursos administrativos que establece el Reglamento de Sumarios Admi​nistrativos de Carabineros de Chile, N°15.

Alega que, lo perseguido por el actor es dejar sin efecto la Resolución Exenta N°1, por cuyo medio se dispuso su baja, cuando aquello es un asunto de lato conocimiento, por lo que la acción de protección resulta improcedente, pues no existe un derecho indubitado, toda vez que los hechos en virtud de los cuales se funda la resolución por esta vía impugnada, así como la defensa del actor, aún se encuentran en investigación, y no han sido asentados por la judicatura penal, o la autoridad administrativa que conoce de ellos.

Se refiere a la normativa que fundamenta los efectos del acto administrativo recurrido, indicando que Carabineros de Chile posee un sistema disciplinario especial, según se establece en el artículo 84 bis de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros; y el procedimiento que debe seguir un proceso disciplinario se encuentra normado en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15. Luego se refiere al Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, el cual establece en el artículo 23 las sanciones que pueden ser aplicadas a los funcionarios, y en su numeral segundo, letra E) dispone la “Baja por conducta Mala, con efectos inmediatos”, seguidamente, el artículo 25 N°9, del citado cuerpo reglamen​tario, dispone que la “Baja por Conducta mala, con efectos inmediatos”, se aplicará de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8. Por su parte, el artículo 127 N°4 inciso quinto de aquel Reglamento, dispone que en los casos en que la comisión de una falta que dé origen a la instrucción de un Sumario Admi​nistrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del fun​cionario, y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta sea evidente, el Jefe que ordene la ins​trucción del Sumario Administrativo podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la culminación de la pieza sumarial o investigación, oportunidad en la cual se deberá fijar la nota que en definitiva corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Advierte que, la normativa referida permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave, por tanto están imposibilitados de cumplir con sus servicios, y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración, por cuanto sos​tener lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa, al no detentar la calidad jurídica que lo habilite a percibirlo.

Expone sobre la Orden General N°2741, de 24.02.2020, que aprueba el Manual para prevención, detección y control de conductas indebidas en Carabi​neros de Chile, establece en su acápite IV. “Alcance”, lo que se entiende por conducta indebida, y que el modelo de prevención de​tección y control de conductas indebidas de Carabineros de Chile, contempla expresamente la po​sibilidad que la ciudadanía entregue información en forma anónima acerca de malas prácticas funcionarias. Se establece un procedimiento para el tratamiento de dicha información, indicando que será remitida a personal operativo del Departamento Asuntos Internos de Carabineros, quienes, sobre la base de averiguaciones preliminares, determinarán la procedencia de dar cuenta a la auto​ridad correspondiente en caso de la comisión de faltas o delitos; en caso de detectar la comisión de faltas administrativas por parte del personal de Carabineros, los antecedentes, en virtud de un ofi​cio cuenta, serán elevados a las Jefaturas correspondientes.

Refiere que se debe considerar, que la normativa institucional en la actualidad contempla expresamente la posibilidad que la ciudadanía entregue información referida al actuar policial de forma anónima, es viable que los mandos con potestades para ordenar una instrucción de procesos administrativos, dispongan la sustanciación de aquellos, como asi​mismo, adopten cualquier otra determinación en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y facul​tades, por cuanto el artículo 22 del Reglamento N°15, al que alude el recurrente de protección, debe necesariamente ser interpretado a la luz de dicha normativa, a fin de establecer el actual sentido y alcance de sus disposiciones. Por consiguiente, arguye que, en el presente caso, con el examen de veracidad de la denuncia y la posterior instrucción de un expediente indagatorio se ha dado cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria que preside la materia, y se han ejercido las facultades que la misma reglamentación confiere a los mandos encargados de mantener la dis​ciplina Institucional.

Consigna que, mediante la Orden General N°2677 de 01.08.2019 se dictó la Directiva de Organización y funcionamiento de la Subdirección de Asuntos Internos, la que contempla en su Capítulo IV la creación a nivel nacional de las denominadas Secciones de Asuntos Internos de Carabineros (SAICAR); en este contexto la Subdirección de Asuntos Internos y sus oficinas re​gionales les corresponde por misión principal la prevención, detección e investigación de conduc​tas reñidas con la probidad administrativa y/o régimen disciplinario que pueda incurrir cualquier integrante de la Institución, en este contexto, personal de la Sección de Asun​tos Internos de esta dependencia tomó conocimiento del reclamo formulado mediante el Fono De​nuncia N°154 de 03.06.2025, estableciendo que el involucrado corresponde al ex Cabo 1ro. nombre reservado, resolviendo en base a los hechos expuestos requerir for​malmente de la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones Ovalle, la verificación de la información relativa a las salidas e ingresos del país del Sr. nombre reservado, y que, la diligencia desplegada por el personal de la mencionada Sección de Asuntos Internos se circunscribe al deber de coordinación que el legis​lador le impone a los entes públicos, para que estos los ejecuten en el estricto marco de la compe​tencia que a cada uno le corresponde y que, en consecuencia, se traduce en propender a la unidad de acción, debiendo cada órgano ajustar sus acciones a este principio de coordinación establecido en los artículos 3 y siguientes de la Ley N°18.575.

A propósito del trata​miento de los datos personales del recurrente de protección, que el mismo sostiene fueron propor​cionados a personal de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros con infracción al Principio de Legalidad, señala que el artículo 20 de la Ley N°19.628 sobre Protección a la vida privada, previene que el tratamiento de estos antecedentes sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencias y con sujeción a las reglas que indica y que, en esas condiciones, no necesitará consentimiento del titular; por lo que indica que no cabe sino que colegir que la información proporcionada por la Sección de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones Ovalle, se circunscribió a un formal requerimiento formulado por la Sección de Asuntos Internos de esta dependencia, que en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y con la única finalidad de corroborar un hecho comunicado a través de un canal institucional establecido para aquello, requirió la corroboración y verificación de la información como trámite previo a la que la Autoridad Administrativa adoptara una determinación conforme al mérito de los antecedentes.

Respecto a la vulneración de garantías constitucionales alegada, señala que en cuanto a la contenida en el numeral 1° del artículo 19 de la Carta Magna, no se aprecia que acción concreta y es​pecífica ha significado la afectación del derecho que se reclama como amagado; pues, como se expresó su “Baja de las Filas de la Institución” se circunscribió al legítimo ejercicio de las atri​buciones y facultades que la propia reglamentación institucional le reconoce al Mando de Re​partición, el que previa ponderación de los antecedentes, determinó que los hechos que involucra​ban al recurrente de autos eran de tal gravedad que hacían inconveniente su permanencia en la Institución, por lo que señala que la alegación es genérica e infundada. En relación a la igualdad ante la ley, señala que el artículo 127 N°4 del Reglamento de Ascensos del personal N°8 permite cuando concurren los supuestos que la baja sea dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre afinado, en cuyo caso la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado de la investigación, lo que ha sido precisado por la Contraloría General de la República mediante dictámenes N°2.361, de 2009; 13.215, de 2010, 16.639, de 2012, y 393403 de 2023, entre otros. Sobre haberse erigido como una comisión especial, señala no ser efectivo, en tanto el artículo 127°, Nro. 4, inciso quinto, del citado Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8, dispone que en los casos en que la comisión de una falta que dé origen a la instrucción de un Sumario Admi​nistrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del fun​cionario, y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta sea evidente, el Jefe que ordene la ins​trucción del Sumario Administrativo podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expre​sar nota de conducta hasta la culminación de la pieza sumarial o investigación, oportunidad en la cual se deberá fijar la nota que en definitiva corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Señala que, la garantía del derecho de propiedad del recurrente, que indica como vulnerado por estar actualmente privado de su única fuente y/o actividad laboral, y consecuencialmente de las remuneraciones y demás derechos previsionales como resultado de su separación de las Filas de la Institución aplicada mediante Resolución Exenta N°01 de 11.06.2025, precisa que conforme lo establece la Ley Nro. 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, específicamente en su artículo 33° dispone que, “El per​sonal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratifica​ciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”, por lo que difícilmente podría percibir tal estipendio si a contar de su baja dejó de realizar labores propias del cargo en actividad, y como consecuencia lógica se le debe cesar el pago de los emolumentos mensuales.

Finaliza indicando, que el actuar institucional se ha apegado a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, no presentándose por tanto un actuar ilegal o arbitrario, por lo que solicitan el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: Resolución Exenta N°01 de 11.06.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; Resolución Exenta N°509 de 11.06.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; acta de notificación; y Orden de Sumario N°21843, de 11.06.2025, de la Prefectura de Carabineros Limarí.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado por el recurrente es la dictación de la Resolución Exenta N°01 de 11 de junio de 2025, la cual dispuso su baja de Carabineros, por conducta mala, de forma inmediata, en atención a una denuncia anónima que lo acusaba de relaciones con narcotraficantes, y su salida del país haciendo uso de licencia médica, alegando que aquella vulnera sus derechos constitucionales por ser ilegal y arbitraria, como carente de fundamento, pues sin investigación previa y con medidas intrusivas no autorizadas, lo ha privado de su trabajo y remuneraciones.

A su turno, la recurrida señala que la medida impuesta fue ordenada según las facultades que irroga al mando directo de la Prefectura de Limarí la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, como los respectivos reglamentos, y que ésta es de carácter condicional supeditada al resultado del sumario administrativo, el cual aún no inicia, y en el cual el recurrente podrá realizar sus descargos, y en caso de resultar absuelto se le reintegrar las remuneraciones que debió percibir de forma retroactiva.

SEXTO: Que, corresponde tener presente que el Capítulo VIII, del Reglamento de selección y ascensos del Personal de Carabineros N°8, trata sobre Eliminaciones, dispone en el inciso quinto del número 4° del artículo 127, que cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes se constata que, en el presente caso, los hechos fueron de tal gravedad que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ovalle, el 11 de junio último, ello sin perjuicio de haberse dispuesto la instrucción interna del sumario administrativo tendiente a establecer fehacientemente la forma y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos sindicados, cuya tramitación se encuentra suspendida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley N 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en el que el recurrente puede hacer uso de su derecho a defensa presentando prueba y los recursos que estime pertinentes.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la autoridad que dictó el acto administrativo se encuentra jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva la acción constitucional impetrada, la que, según se lee de su texto, aparece fundamentada, y tal como se expresa su parte resolutiva, el reproche al funcionario es el haber salido del país encontrándose con licencia médica por enfermedad común. En suma, se trata de una facultad especial, en la que la separación del Servicio no tiene el carácter de irreversible, pues queda supeditada al resultado final del sumario administrativo que se tramite como expresamente se menciona en la reseñada regla del artículo 127 no existiendo, en consecuencia, aún, un acto administrativo terminal.

NOVENO: Que de lo que se viene razonando, la desvinculación dispuesta antes de ordenar la instrucción del sumario administrativo, actualmente suspendido, no constituye una separación ilegal, toda vez que se encuentra amparada en las normas antes citadas, y tampoco es arbitraria desde que encuentra su fundamento en hechos objetivos que no han sido controvertidos por el recurrente.

Cabe precisar que la violación alegada por el recurrente en la esfera de su privacidad, indicando que se llevaron a cabo medidas intrusivas sin autorización para obtener sus registros personales de entradas y salidas del país, deberá ser desestimada en cuanto como señaló la recurrida se han creado políticas de prevención de delitos y conductas no adecuadas por parte del personal, a través de la habilitación de vías que permitan la denuncia de ciudadanos, que de esa forma se recibe la denuncia anónima en contra del recurrente, y que previa corroboración de la Unidad receptora en relación a la efectividad de encontrarse con licencia médica entre el 7 y 20 de octubre de 2024, es que se solicita la información pertinente a la Policía de Investigaciones, corroborándose las fechas referidas en la denuncia, por lo que el actuar de la recurrida se encuentra ajustada a derecho y dentro de sus facultades otorgadas para perseguir las faltas de las conductas de los funcionarios, diligencia que por lo demás fue solicita en el contexto de la una investigación formalmente iniciada.

DÉCIMO: Que finalmente, cabe señalar, que no corresponde analizar ahora la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada, desde que ello, en definitiva, se revisará, en otra instancia, previas las correspondientes defensas que los recurrentes hagan en dicha sede administrativa.

A mayor abundamiento, lo pretendido por el actor sobrepasa los fines de la presente acción cautelar, por cuanto no posee un derecho indubitado, por lo que su arbitrio no podrá prosperar, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Prefecto de la Prefectura de Carabineros de Limarí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1207-2025 (Protección)