nombre reservado con MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION DE SERVICIOS SOCIALES

nombre reservado

Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otro Recurso de Protección Rol N°1206-2023.- La Serena, treinta de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha siete de junio de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en su favor y en favor de sus hijos nombre reservado y nombre reservado, en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.

Expone que desde el año 2021 está en el registro social de hogares, en el tramo del 40% más vulnerable; al estar su familia en esta categoría sus hijos menores de edad han obtenido la beca indígena en el año 2021 y 2022, pero lamentablemente, por un acto arbitrario e ilegal su ficha fue modificada por el recurrido el mes de abril del presente año con información falsa. Señalando que su renta es sobre el $1.600.000 pesos, situación que no es real.

Señala que ese actuar del recurrido ha vulnerado sus derechos y los de sus hijos gravemente de la siguiente manera:

a) Sus hijos perdieron este año la beca indígena que por tercera vez recibirían. Este actuar de la recurrida ha dañado psicológicamente a sus hijos. Ellos sienten una gran pena y aflicción por perder su beca al entender que no fue su culpa, que fue del recurrido.

Añade que ellos cumplieron con todo los requisitos. Como la nota que se les exige, estar en una asociación indígena y tener una ficha de protección baja al momento de la postulación, pero que lamentablemente esta ficha en el mes de abril del presente año fue modificada por el recurrido ingresando información falsa no real de la situación económica de su familia.

Reitera que sus hijos sienten una gran aflicción. En atención a esta injusticia. Ellos están muy tristes porque estaban ilusionados con la beca para poder cubrir sus necesidades básicas.

b) Que es actuar de la recurrida la ha afectado psicológicamente al ver que sus hijos están dañados psicológicamente y físicamente. Sintiendo una gran aflicción al no poder ayudarlos por esta injusticia.

c) Su postulación al capital fue rechazada. Por estar con la ficha de protección con un porcentaje del 80%.

Adiciona que el día 08 de mayo se enteraron que la beca indígena que postularon sus hijos fue rechazada por tener la ficha de protección alta; concurrieron a JUNAEB y explicaron que fue un error del recurrido, que no tiene una renta sobre $ 1.600.000 pesos y que su ficha fue cambiada por el recurrido con información falsa o por un error que ellos cometieron. Esta institución le señalo que la única forma de obtener la beca es con un documento emitido por el recurrido que señale que ellos cometieron un error en el cambio del tramo de la ficha en el mes de abril del presente año. También le señalaron que no sirve el cambio que solicitó en el mes de mayo de la ficha de protección que la deja nuevamente en el 40%. Tiene que ser el porcentaje de la ficha del mes de abril del presente año. En atención que en ese mes JUNAEB revisa la documentación para otorgar las becas indígenas.

Refiere que en el mes de mayo del presente año concurrieron a la sucursal de Coquimbo de la recurrida y los atendió, la asistente social, y negó todo lo sucedido y no entregó el documento solicitado. Por esa razón ingresaron un reclamo en el libro de atención pero no hay respuestas.

Añade que en el mismo mes concurrieron a la sucursal de La Serena, recibiendo la misma respuesta y por esta razón dejaron otro reclamo en el libro y no han tenido respuesta.

Asimismo, interpusieron un reclamo en la página web del Ministerio y recibieron una respuesta que no tiene nada que ver con lo solicitado.

Si bien entiende la recurrida puede modificar la información pero siempre con información real, que se ajuste a la realidad. En este caso no corresponde a la realidad no percibe esa cantidad de dinero. Informó a la recurrida que estaba sin trabajo en el año 2021 y por esa razón bajo al 40%.

Para explicar mejor su situación señala lo siguiente:

1.- Con fecha 26 de octubre del 2021, informó que estaba sin trabajo y el cambio de s situación económica, por esa razón su ficha de protección bajo al 40%.

2.- El 27 de noviembre del año 2022, obtuvo una nueva cartola que demuestra que está en el 40% del tramo de la ficha de protección.

3.- En el mes de abril del presente año el recurrido modifico su ficha de protección, señalando que su renta es sobre los $1.600.000. Insiste que informó el cambio de su situación económica, por esa razón ellos bajaron la ficha en el año 2021 con el 40% en la ficha de protección.

4.- En el mes de mayo con su clave única ingresó al sistema a la plataforma de registro de hogares he informó nuevamente su situación económica. A los días siguientes le entregaron la ficha de protección, quedando nuevamente en el tramo del 40% de vulnerabilidad.

Eso demuestra que ellos se equivocaron en cambiar el tramo de la ficha de protección en el mes de abril del presente año. Por esa razón el recurrido debe enmendar el daño causado corrigiendo la ficha del mes de abril del presente año y entregar un documento que señal que por un error se subió la ficha de protección al 80%, para que sus hijos puedan recibir nuevamente la beca indígena.

Sostiene que el cambio del porcentaje de la ficha de protección en el mes de abril del presente año por la recurrida la recurrida es ilegal, arbitraria, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene además en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida emitir documento que señale que el tramo de registro de hogares del mes de abril del presenta año es del 40%, que por error se modificó al 80%, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: a).- Ficha de protección del año 2021; b).- Ficha de protección del año 2022; c).- Ficha de protección del año 2023; d).- Pantallazo de modificación de la ficha el mes de abril del año 2023; e).- Respuesta del recurrido 29 de mayo del presente año; f).- Cotizaciones de A.F.P. Provida.

SEGUNDO: Que, evacuó informe LUIS BRITO ROSALES, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Expone, en lo pertinente, que es la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, quien administra y concede la denominada beca indígena, cuya concesión y/o denegación es la materia debatida en estos autos.

Añade que la metodología y procedimiento de cálculo de la CSE señalan a ésta como un indicador sintético de actualización mensual, basado preferentemente en registros administrativos con que cuenta el Estado, utilizando un enfoque centrado en la inferencia de ingresos y necesidades para identificar los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares que forman parte del RSH. Su metodología de cálculo consta de cinco etapas, las cuales contemplan de manera transversal protocolos de Actualización, Rectificación y Complemento de información relevante (ARC), acciones que tienen por objetivo reducir el error en la calificación y generar una instancia ciudadana de verificación de la información usada en el cálculo de la CSE. Se describirán a continuación brevemente las etapas de la metodología:

En primer lugar, se calculan los ingresos totales del hogar (o ingreso equivalente del hogar), considerando los ingresos por concepto de trabajo (dependiente y/o independiente, descontando las cotizaciones obligatorias), de pensiones (jubilación, invalidez y otro tipo, contributivas y no contributivas) y de rentas de capital, de cada una de las personas de 18 años o más del hogar declarado en el RSH. No se consideran para este fin otros beneficios monetarios que reciben las personas del hogar, tales como subsidios o transferencias directas. Para calcular esto, se combinan diversas bases de datos de ingresos administrativos y auto reportados, de modo de aprovechar de la mejor manera la actualidad, cobertura y calidad de cada una. Además, para aproximar la situación de mediano plazo del hogar, se considera el promedio de los últimos 12 meses con información disponible. Por ejemplo, en el caso de los ingresos del trabajo del individuo, la variable incorpora información proveniente de la Superintendencia de Pensiones, la Administradora de Fondos de Cesantía, la Superintendencia de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, y la información de ingresos del trabajo reportada en el formulario del RSH,: Dado que se prioriza el uso de datos administrativos por su calidad, es en el caso de que no exista información administrativa de ingresos del trabajo, que se considera el ingreso del trabajo reportado en el formulario del RSH.

En segundo lugar, para una correcta comparación de hogares con composiciones diversas, se construye un índice de necesidades que considera el número de Integrantes del hogar, la capacidad de generar economías de escala al Interior de este y la mayor necesidad de gasto generada por sus integrantes de acuerdo con su edad y/o con situaciones de discapacidad, dependencia o Necesidades Educativas Especiales (NEE).

En tercer lugar, el ingreso equivalente se divide por el índice de necesidades, dando lugar a lo que se denomina el ingreso equivalente corregido del hogar. Con base en este, se ubica a los hogares que forman parte del RSH en siete tramos. El primer tramo agrupa a los hogares que se ubican dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país y los otros seis tramos corresponden al 60% superior, dividido en grupos de 10 puntos porcentuales cada uno. Los umbrales de cada tramo se definen con base en los percentiles de la distribución a nivel nacional del ingreso equivalente corregido de cada hogar, obtenida a partir de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) donde se puedan construir los ingresos de las personas de forma comparable.

En cuarto lugar, debido a que hay hogares en los que los ingresos de sus integrantes provienen de fuentes informales (que no se observan en los registros administrativos) y/o en los que existe una omisión en la declaración de integrantes del hogar, se complementa la calificación con una evaluación de medios que identifica bienes y/o servicios a los que accede o posee el hogar. Estos son el pago de cotizaciones de salud, el pago de la mensualidad en establecimientos educacionales, la propiedad de vehículos terrestres y/o embarcaciones marítimas, la propiedad de bienes raíces y la existencia de padres o madres de altos ingresos no presentes en el hogar. De no existir un mecanismo de ajuste con base en variables distintas a los ingresos observados, un grupo de hogares quedaría en tramos bajos de la CSE, pese a tener patrimonios observables en los percentiles de mayores Ingresos del país. Es por esta razón que los bienes y servicios considerados han sido seleccionados por ser indicativos de un alto estándar de vida.

Destaca las siguientes consideraciones generales que se tienen en cuenta en el proceso de evaluación de medios:

• No se consideran en la evaluación de medios los hogares compuestos íntegramente por niños, niñas y/o adolescentes, es decir, solo con personas de 17 años o menos.

• No se consideran las cotizaciones de salud de alto o muy alto valor si durante los últimos tres meses, con los últimos datos disponibles, en promedio se hayan pagado cotizaciones por un monto igual o menor al percentil 20 del valor de los montos pactados de planes de ISAPRE.

• No se considera el vehículo de mayor tasación a hogares con al menos un (a) integrante con un factor individual de discapacidad, dependencia o necesidades educativas especiales asociado a un coeficiente moderado o severo/profundo.

• No se consideran vehículos de uso comercial, excepto para aquellos hogares que posean tres o más de estos vehículos.

• No se considera el avalúo del bien raíz de destino habitacional de mayor valor que sea propiedad de una persona de 60 años o más dentro del hogar.

• No se considera el avalúo de bienes raíces de destino habitacional exentos del pago del impuesto territorial al estar categorizadas bajo el artículo 12° de la Ley N°19.253 (Tierras Indígenas) o bien de aquellos descritos en el artículo 2o de la Ley N°1 7.729.

En quinto lugar, para evitar cambios abruptos en la CSE de las personas mes a mes, existe un mecanismo que modera los cambios, actuando según la persistencia y cuantía del cambio de ingresos totales de los hogares, para representar de mejor forma la situación socioeconómica de mediano plazo de los hogares. Específicamente, cuando existen cambios pequeños (un tramo) se pondera más la persistencia de este para justificar el cambio de tramo. Por otro lado, cuando los cambios son de una cuantía mayor (dos o más tramos), y por tanto son un indicativo más fuerte de un cambio estructural, entonces la ponderación relativa de la persistencia es menor. Lo anterior se traduce en la verificación de la cantidad de períodos que un hogar sale del tramo inicial en que se encontraba y de cuántos tramos se mueve desde el tramo inicial:

a.

Persistencia: Si un hogar se mueve un tramo (en cualquiera de las direcciones) y se mantiene durante tres períodos fuera del tramo de procedencia, su tramo final será el calculado en el tercer período desde el cambio.

b.

Magnitud: Si un hogar se mueve dos o más tramos (en cualquiera de las direcciones) y se mantiene durante dos períodos fuera del tramo de procedencia, su tramo final será el calculado en el segundo período desde el cambio.

Estas condiciones solo son consideradas cuando los hogares mantienen sus características estructurales constantes, siendo las fluctuaciones de ingreso de registros administrativos su única fuente de movimiento entre tramos.

Refiere que acorde a la información contenida en el RSH y expuesta, nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, es la jefatura del hogar Folio N°41253779, el cual está compuesto por cuatro integrantes con fecha de incorporación al RSH en enero del 2016.

Puntualiza que hoy tres solicitudes a la fecha asociadas al folio del hogar, todas registradas en la comuna de Coquimbo, siendo dos de éstas relativas al auto reporte de ingresos (módulo ocupación e ingresos del formulario del RSH), y una tercera solicitud de desvinculación de integrante.

a. Solicitudes de Actualización Ocupación e Ingresos:

Corresponden a la solicitud N°12473701 con fecha del 22 de julio del 2020, y la solicitud N°31038604 del 08 de mayo del 2023. Solicitudes que de conformidad a los registros del RSH ambas fueron realizadas por la jefatura de hogar folio N°41253779, doña nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado.

Pues bien, al revisar lo reportado en julio del 2020, se verifica el registro de ingresos mensuales provistos por la jefatura de hogar (auto reporte), los cuales no tuvieron solicitud de actualización hasta el 08 de mayo del 2023.

En este contexto, hace presente que la metodología de cálculo del tramo de la CSE prioriza el uso de la fuente de información disponible según actualización, calidad y cobertura del dato, se procedió a revisar el historial de ingresos del hogar para los años 2020, 2021 y 2022.

Así las cosas, en diciembre del 2020 se observa que la fuente de información utilizada para el cálculo de ingresos del trabajo fue la Superintendencia de Pensiones, lo que refiere a que hubo registro de ingresos como independiente por uno de los integrantes del hogar -siendo priorizado el uso de esta fuente de información por sobre lo auto reportado en julio del mismo año-. Para diciembre, el hogar se ubicó en el tramo 50% del RSH.

Para noviembre del 2021 y noviembre del 2022, se constata que para fuente de información de ingresos del trabajo el hogar se reporta “Sin ingresos", lo cual significa que no hubo información proveniente de registros administrativos.

En este orden de ideas, dada la priorización de fuentes de información ya descrita, acorde a la Resolución Exenta N°47 de 2022 y considerando el promedio de 12 meses, a diciembre 2022 la fuente de información utilizada para el cálculo del tramo CSE fue la información auto reportada por el hogar, correspondiéndose el promedio de ingresos del trabajo de diciembre 2022 con el promedio de los 12 meses provenientes de la última actualización del módulo, que es de julio 2020 En consecuencia, la razón por la que este promedio no fue considerado previamente para el cálculo, es porque hubo información proveniente de registros administrativos (Superintendencia de Pensiones que recibe a su vez de las Administradora de Fondos de Pensiones) dentro de los 12 meses anteriores. Sin embargo, a diciembre del 2022 la ausencia de ingresos obtenidos mediante registros administrativos en los últimos 12 meses significó el uso del dato auto reportado por la persona a través del formulario del RSH.

Señalar que, mediante procedimientos de actualización de la información, la recurrente siempre pudo realizar una solicitud de actualización del módulo ocupación e ingresos en algún punto entre julio del 2020 y noviembre del 2022 y esta información se hubiese tenido a la vista para el cálculo del tramo RSH de diciembre 2022. Así por lo demás lo evidencia la tabla que sigue a continuación con el tramo CSE vigente respecto a cada mes.

b. Solicitud de Desvinculación de Integrante La solicitud N°17627684, efectuada el 11 de marzo de 2021 por doña nombre reservado, RUN RUT reservado, desvinculó del hogar a doña nombre reservado, RUN RUT reservado que, acorde a la información contenida en el RSH provista por el Servicio del Registro Civil e Identificación, es hermana de la jefatura de hogar y madre de la actual cuarta integrante del hogar folio N°41253779, doña nombre reservado, RUN RUT reservado, edad 14 años y cuyo parentesco con la jefatura de hogar está clasificado como “12. Otro familiar” en el RSH.

Ahora bien, del contexto de la solicitud realizada, se advierte que doña nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitó Ingreso al RSH en abril del 2021, con fecha de encuesta al 25 de abril 2021, la solicitud fue aprobada, conformándose el hogar folio N°53748476 (Figura N°4).

Concluye que, siendo revisados los antecedentes provistos por doña nombre reservado mediante recurso de protección, el tramo de la Calificación Socioeconómica de su hogar en el RSH se ajusta a la normativa vigente según la antes citada Resolución Exenta N°47 de 2022 y de igual forma, según los protocolos vigentes, que tuvo como fuente de información la información auto reportada por el hogar (recurrente de autos) provenientes de la última actualización del módulo, en julio 2020.

En este orden de consideraciones, hace presente que la recurrente de autos siempre pudo actualizar su módulo de Ocupación e Ingresos del hogar según Resolución Exenta N° 0414 de 2021, de la Subsecretaría de Evaluación Social, actualización que realizó y fue aprobada en mayo del presente año.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción intentada por la recurrente en todas sus partes, en contra de esa Cartera de Estado, por las razones de hecho y de derecho expuestas que en definitiva acreditan el actuar conforme a derecho que permiten descartar cualquier error actuar arbitrario por parte de esa Secretaría de Estado.

TERCERO: Que, evacuó informe Rodrigo Henríquez Figueroa, abogado, en representación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

Expone, en lo pertinente, que la renovación de la Beca Indígena, al igual que el resto de los programas de becas y residencias, se realiza una vez al año. Respecto del calendario previsto para la renovación de becas JUNAEB en el año 2023, se dispuso un plazo desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 27 de enero de 2023.

Destaca que para proceder a la renovación de la Beca Indígena se deben verificar de los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la Resolución Exenta Nº 3986, de fecha 27 de diciembre de 2022, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Pues bien, al momento de verificación de los requisitos para la renovación de la Beca Indígena, realizada en el mes de abril, consta que tanto nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, como nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, cumplieron con todos los requisitos correspondientes, a excepción del Tramo del Registro Social de Hogar, ya que contaban de un Tramo en el RSH de 71%-80%, en circunstancias que para la renovación se exige que los estudiantes cuenten con un Tramo en el RSH hasta el 70%.

Por último, señala que el no cumplimiento del requisito referido al Tramo en el RSH no es apelable. Sin perjuicio de aquello, de acuerdo al Decreto Nº 126, del Ministerio de Educación, de 13 de junio del año 2005, existe la posibilidad de recurrir de reposición, conforme al artículo 15.

Acompaña resolución Exenta Nº 3986, de fecha 27 de diciembre de 2022, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que aprueba el Manual de Asignación de Beneficios, para los procesos de postulación y renovación, y ordena su publicación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, es posible concluir que la requirente concurre en su favor y en el de sus hijos, a raíz de haber sido privados –éstos- de la beca indígena que detentaban, lo que les trajo perjuicios evidentes en diversas aristas que refiere.

Por su parte, las entidades recurridas informaron el tenor del libelo, explicando el mecanismo conforme al cual se otorga y renueva dicho beneficio estatal.

SEPTIMO: Que, de la documental acompañada por la actora, es posible tener por acreditado que al mes de mayo del año en curso la requirente y sus hijos figuran incorporados en el Registro Social de Hogares dentro del 40% de las familias de menores ingresos o de más alta vulnerabilidad lo que, conforme a lo indicado por las entidades recurridas, es suficiente para que detenten el beneficio indicado. El no haberlo estado a la fecha en que se estudiaban las solicitudes para aquel otorgamiento no es óbice para que aquello pueda ser resuelto ahora, sobre todo porque ninguna de las entidades explica los motivos de dicho cambio abrupto y sin fundamentos.

Es justamente aquello lo que torna en arbitraria esta conducta, por no mediar argumentación alguna para haber perdido esta prerrogativa y, por ende, ilegal, al no adecuarse –la negativa a renovación- al estatuto legal vigente.

OCTAVO: Que, la conducta descrita importa una vulneración a la garantía constitucional del articulo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, atendidos los perjuicios psicológicos que se describen en el libelo y que evidentemente importa la pérdida de un beneficio económico para una familia que se encuentra calificada dentro de los grupos más vulnerables del país, circunstancia que amerita acoger el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en su favor y en favor de sus hijos, en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA y la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, sólo en cuanto se ordena a las recurridas renovar la beca indígena en favor de los niños nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellido nombre reservado, durante este año 2023, como si nunca la hubieran perdido.

Rol N° 1206-2023 (Protección).-