nombre reservado con SERVICIO DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1203-2025.- La Serena, treinta de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:

Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de residencia definitiva, señalando que dicha omisión vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó el beneficio de residencia definitiva el 28 de mayo de 2024, se le requiere el pago de los aranceles respectivos a la solicitud, y que a la fecha no ha recibido alguna respuesta terminal por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Indica que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha 28 de mayo de 2014, hasta la presente fecha han transcurrido 1 año, un mes y 8 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente.

En este sentido, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio.

En cuanto a la procedencia de la institución del silencio administrativo, señala que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho mediante el ejercicio de la acción de protección.

Finalmente, señala que en la especie debe darse aplicación al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, pues si bien la Ley de Migraciones no establece un plazo para la sustanciación del procedimiento, el artículo 1 inciso 3º de la Ley N°19.880 señala que, en caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, la presente ley se aplicará con carácter supletorio. Asimismo, sostiene que dicho plazo es compatible con los principios de celeridad y conclusión que establece la ley, todas normas indispensables para garantizar un proceso migratorio racional y justo.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de residencia definitiva dentro de un plazo no mayor a 60 días, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su recurso: 1. Comprobante solicitud residencia definitiva; 2. Cedula de identidad para extranjeros; 3. Comprobante pago derechos.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción.

Informa que, el 28 de mayo de 2024, el recurrente solicita ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio migratorio de residencia definitiva, el 22 de julio de 2025 se notifica solicitud de documentos adicionales, lo que se mantiene pendiente encontrándose la solicitud del recurrente actualmente en trámite a la espera de que adjunte lo solicitado.

Arguye que, en diversas ocasiones ha insistido en la postura respecto a que el plazo de 6 meses establecido en la ley 19.880 tiene el carácter de no fatal, así señala lo ha sostenido la Contraloría General de la República como también la jurisprudencia en general, inclusive, la actual jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Agrega que, hoy en día este Servicio cuenta con una alta cantidad de solicitudes de residencia que actualmente se encuentran en tramitación, hecho de público conocimiento que esta sede también ha logrado reconocer en causas de similares características.

Indica que, no se ha vulnerado el derecho de igualdad del recurrente pues todos los trámites solicitados por los extranjeros se llevan a cabo en igual tiempo y forma, en consecuencia, en la presentación efectuada por la recurrente no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Carta Magna.

En cuanto al beneficio de residencia definitiva, indica que el artículo 78 de la Ley de Migración y Extranjería la define, y a su turno el artículo 37 señala que es competencia del Servicio otorgar, prorrogar y revocar éstas.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual a la persona recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a la jurisprudencia que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Puntualiza que encontrándose en tramitación la solicitud de residencia definitiva de la parte recurrente, este mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva presentada, lo cual califica el recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre su solicitud dentro de un plazo de 60 días o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEXTO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia que no ha habido incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva se encuentra a la espera de la remisión de documentos adicionales por parte del recurrente.

En efecto, a folio 4 se acompañó por la recurrida un documento en que se le solicita al recurrente que adjunte o acompañe ante dicha autoridad migratoria los siguientes documentos: Certificado de Inicio de actividades emitido por el Servicio de Impuestos Internos; Informe Anual de Boletas de Honorarios, emitido por el Servicio de Impuestos Internos (periodos 2020-2021-2022-2023-2024); Boleta de Honorarios emitida por el Servicio de Impuestos Internos; Carpeta tributaria del contribuyente, emitida por el Servicio de Impuestos Internos; Cartola de cotizaciones emitida por la pertinente Administradora de Fondos de Pensiones. En el mismo instrumento se precisa la forma en que la documentación requerida se puede adjuntar.

SÉPTIMO: Que, por tanto, en este caso particular, no puede calificarse de ilegal y arbitraria la conducta del Servicio y en consecuencia no vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que no existe acción u omisión ilegal en la emisión de la resolución por parte del recurrido.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1203-2025 (Protección)