Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional De Migraciones Recurso de Protección Rol N° 1194-2026 La Serena, cuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don Junior Armando Daza Vargas, abogado, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar ilegales y arbitrarios, por una parte, la dictación de la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de septiembre de 2024, que dispuso el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado por abandono del procedimiento y, por otra, la omisión de pronunciarse sobre la solicitud de desarchivo que afirma haber presentado el 6 de febrero de 2025.

Expone que ingresó a Chile el 1 de septiembre de 2021 y que el 4 de enero de 2022 formuló la Solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiado N°NUM001, proporcionando sus antecedentes personales y de contacto. Señala que, durante la tramitación, obtuvo sucesivas residencias temporarias como solicitante de refugio, la última de ellas vigente hasta el 6 de octubre de 2024, lo que, a su juicio, demuestra que mantuvo interés permanente en la prosecución del procedimiento.

Sostiene que el Servicio utilizó regularmente el correo electrónico informado por el recurrente para comunicar actuaciones relativas a su situación migratoria. Sin embargo, mediante Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2024, lo citó a entrevista de elegibilidad para el mes de junio de 2024 exclusivamente por carta certificada dirigida al domicilio registrado, sin emplear el correo electrónico que mantenía en sus antecedentes. Afirma que dicha carta nunca fue recibida y que fue devuelta al propio Servicio, razón por la cual no tuvo conocimiento efectivo de la entrevista ni posibilidad real de comparecer o justificar oportunamente su inasistencia.

Agrega que, pese a conocer la ineficacia de la comunicación, la autoridad dictó la Resolución Exenta N°NUM000, archivando el procedimiento por abandono, declarando caducado el permiso temporal vinculado a la solicitud de refugio y sujetándolo a las reglas generales de extranjería. Reprocha que la propia resolución de archivo y otras actuaciones posteriores sí fueran comunicadas por correo electrónico, lo que demostraría que la autoridad disponía de un medio idóneo y operativo que decidió no utilizar respecto de la diligencia esencial cuya incomparecencia sirvió de fundamento al archivo.

Refiere que, al tomar conocimiento de su situación, concurrió presencialmente a la Dirección Regional de Coquimbo y que, siguiendo instrucciones de funcionarios del Servicio, presentó una carta solicitando el desarchivo, explicando que no asistió a la entrevista por no haber recibido la citación. Afirma que esa petición no ha sido resuelta, manteniéndose una omisión permanente contraria al deber de decisión y al principio de conclusividad de la Ley N°19.880.

Alega que el archivo se sustenta en un presupuesto fáctico inexistente, pues no puede imputársele abandono cuando no tuvo conocimiento efectivo de la diligencia. Invoca los principios de contradictoriedad, impugnabilidad, inexcusabilidad y conclusividad del procedimiento administrativo; las reglas especiales de protección de refugiados; el principio de no devolución; y los deberes de respeto y garantía derivados de los tratados internacionales vigentes.

Denuncia vulneración de las garantías contempladas en el artículo 19 N°1, N°2, N°3 y N°7 de la Constitución Política de la República, por cuanto se le privó de acceder a una decisión de fondo sobre su solicitud de protección internacional y quedó expuesto a eventuales medidas migratorias y a un posible retorno a Venezuela sin evaluación previa de los riesgos alegados.

Invoca como precedentes las sentencias de esta Corte dictadas en los Roles N°917-2026, N°154-2026 y N°570-2026, que, según sostiene, se refieren a situaciones análogas de archivo por falta de comparecencia a entrevistas cuya notificación no habría producido conocimiento efectivo.

Solicita que se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N°NUM000 y la omisión de resolver el desarchivo; se deje sin efecto el archivo; se reabra el procedimiento y se retrotraiga al estado anterior a la entrevista de elegibilidad; se fije una nueva fecha y se practique una notificación que asegure su conocimiento efectivo, preferentemente al correo electrónico registrado; y se continúe la tramitación hasta dictar la resolución que en derecho corresponda.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo íntegro de la acción, por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución.

Informa que el recurrente presentó solicitud de refugio el 4 de enero de 2022 y que, por Resolución Exenta N°NUM003, se le otorgó residencia temporaria por ocho meses, beneficio que fue sucesivamente prorrogado mediante las Resoluciones Exentas N°NUM004, N°NUM005 y N°NUM006, manteniéndose vigente hasta el 6 de octubre de 2024.

Señala que mediante Oficio Ordinario N°NUM007, de 7 de diciembre de 2022, se le citó inicialmente a entrevista, comunicándose además por vía telefónica el 19 de enero de 2023.

Indica que la cita no fue confirmada y debió reagendarse.

Posteriormente, por Oficio Ordinario N°NUM002, de 11 de abril de 2024, se fijó una nueva entrevista para el 18 de junio de 2024 a las 11:30 horas, notificada mediante carta certificada. Añade que el 16 de mayo de 2024 se intentó contactar telefónicamente al solicitante, pero el número registrado no se encontraba disponible.

Explica que el oficio advertía que, en caso de no poder concurrir, el interesado debía informar los motivos dentro de los treinta días siguientes y que, transcurridos siete días adicionales sin realizar diligencia alguna para reactivar la solicitud, se declararía el abandono y archivo conforme al artículo 43 de la Ley N°19.880, al artículo 33 de la Ley N°20.430 y al artículo 52 de su Reglamento.

Afirma que el Oficio N°NUM002 fue enviado al domicilio de domicilio reservado, que correspondía al último domicilio registrado por el propio solicitante desde el 4 de enero de 2022.

Precisa que el recurrente solo comunicó una actualización de domicilio el 31 de agosto de 2024 y recuerda que el artículo 33 N°6 de la Ley N°20.430 impone al solicitante el deber de fijar domicilio y correo electrónico u otro medio de contacto remoto e informar sus cambios dentro del plazo de quince días.

Sostiene que, al no comparecer a la entrevista ni efectuar presentación alguna dentro de los plazos indicados, se dictó la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de septiembre de 2024, que declaró el abandono y dispuso el archivo. Agrega que la resolución fue comunicada mediante el Oficio Ordinario N°NUM008, de la misma fecha.

En cuanto a la petición posterior, informa que el recurrente solicitó el desarchivo mediante carta N°NUM009, de 25 de febrero de 2025, reconociendo en ella que había cambiado de domicilio en diversas oportunidades y que le resultó difícil mantener actualizada su información de contacto. Niega, por tanto, la existencia de la omisión denunciada y sostiene que la solicitud fue resuelta el 14 de abril de 2025 mediante Oficio Ordinario N°NUM010. Precisa que dicho oficio fue enviado por carta certificada al domicilio domicilio reservado, actualizado el 13 de febrero de 2025, y por correo electrónico a la dirección DIRECCION002, que figuraba en los registros del Servicio, sin que conste que el interesado hubiera informado otro correo.

En lo jurídico, invoca el artículo 46 de la Ley N°19.880, conforme al cual las notificaciones se practican por carta certificada enviada al domicilio designado por el interesado, y el artículo 52 del Reglamento de la Ley N°20.430, que permite archivar la solicitud por abandono cuando la inactividad del solicitante por más de treinta días paraliza el procedimiento, previa notificación para que realice las diligencias de su cargo dentro de siete días.

Añade consideraciones generales sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, las modificaciones introducidas por la Ley N°21.655, los requisitos de presentación, formalización y admisibilidad de las solicitudes y la competencia técnica de la autoridad migratoria. Concluye que la acción constitucional no puede utilizarse para obtener judicialmente el reconocimiento de la condición de refugiado ni para sustituir el procedimiento administrativo especial.

Finalmente, solicita que se rechace el recurso en todas sus partes y que no se condene en costas al Servicio.

TERCERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha disposición enumera, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que causen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

CUARTO: Que, por consiguiente, para la procedencia de esta acción debe acreditarse la existencia de un acto u omisión contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento racional y, además, que dicho comportamiento produzca una afectación actual en alguna de las garantías constitucionales susceptibles de tutela por esta vía.

La protección no reemplaza los procedimientos administrativos ni permite a esta Corte reconocer directamente la condición de refugiado, pero sí autoriza el control cautelar de la juridicidad y razonabilidad de las actuaciones que impidan al interesado acceder o continuar en el procedimiento legalmente previsto.

QUINTO: Que, la controversia sometida a decisión presenta dos aspectos relacionados, pero jurídicamente diferenciables: primero, la legalidad y razonabilidad del archivo dispuesto por la Resolución Exenta N°NUM000, fundado en la incomparecencia del solicitante a la entrevista de elegibilidad; y, segundo, la existencia o inexistencia de una omisión actual del Servicio respecto de la petición posterior de desarchivo.

Para resolver, corresponde establecer el alcance de la notificación practicada mediante carta certificada al domicilio registrado, la incidencia del deber del solicitante de mantener actualizados sus datos de contacto, los intentos de comunicación informados por la recurrida, la alegación de que la carta no produjo conocimiento efectivo y fue devuelta, el uso de correos electrónicos distintos que aparece en los antecedentes y la respuesta que el Servicio afirma haber emitido mediante Oficio Ordinario N°NUM010, de 14 de abril de 2025.

SEXTO: Que, en primer término, la Resolución Exenta N°NUM000 fue dictada el 9 de septiembre de 2024, mientras la presente acción ingresó el 11 de julio de 2026. Por ello, considerada aisladamente como acto terminal, su impugnación fue deducida una vez transcurrido con exceso el plazo previsto en el Auto Acordado sobre la materia.

La mantención de los efectos propios de una resolución administrativa no transforma el acto en uno de ejecución permanente ni renueva indefinidamente el plazo para recurrir. La alegación de una omisión posterior solo permite examinar si el Servicio dejó efectivamente sin resolver la petición de desarchivo, pero no reabre por sí sola el plazo para impugnar el acto de archivo dictado y comunicado con anterioridad.

SÉPTIMO: Que, aun prescindiendo de la extemporaneidad y examinando el fondo, el artículo 46 de la Ley N°19.880 dispone que las notificaciones se practican por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado haya designado.

Conforme al informe y a los antecedentes administrativos, el Oficio Ordinario N°NUM002 fue enviado al domicilio de domicilio reservado, que correspondía al registrado por el recurrente desde el inicio del procedimiento.

El recurrente no controvierte que ese fuese el domicilio incorporado al sistema al momento del envío, sino que sostiene que no recibió la carta. Sin embargo, la normativa no condiciona la eficacia de la notificación por carta certificada a la acreditación de una recepción personal, y no consta que, antes de la citación, hubiese informado oportunamente un domicilio distinto.

OCTAVO: Que, el artículo 33 N°6 de la Ley N°20.430 obliga al solicitante a fijar domicilio y correo electrónico u otro medio de contacto remoto e informar a la autoridad cualquier cambio dentro de quince días. El propio recurrente reconoció en su carta posterior que había cambiado de domicilio en varias ocasiones y que no mantuvo actualizados sus datos por sus responsabilidades personales y laborales.

Tal circunstancia puede explicar la falta de recepción material, pero no permite atribuirla a un comportamiento ilegal de la Administración, que utilizó el domicilio vigente en sus registros. La actualización informada el 31 de agosto de 2024 fue posterior al envío de la citación y próxima a la dictación del archivo, por lo que no demuestra una deficiencia originaria imputable al Servicio.

NOVENO: Que, la recurrida tampoco se limitó a la expedición de la carta. Informa que el 16 de mayo de 2024 intentó contactar telefónicamente al solicitante para confirmar la entrevista, sin éxito porque el número registrado no se encontraba disponible.

Asimismo, consta que ya había existido una citación anterior y una comunicación telefónica en enero de 2023, oportunidad en que la entrevista debió reagendarse por falta de confirmación.

Si bien tales actuaciones no acreditan conocimiento efectivo de la nueva fecha, sí descartan que la Administración haya actuado de manera indiferente o caprichosa y muestran que la imposibilidad de contacto se encontraba vinculada a datos que el propio interesado debía mantener actualizados.

DÉCIMO: Que, el Oficio Ordinario N°NUM002 informó la fecha de entrevista y advirtió las consecuencias de la incomparecencia, otorgando treinta días para explicar los motivos de la ausencia y siete días adicionales para realizar diligencias destinadas a reactivar el procedimiento. Transcurridos dichos períodos sin comparecencia ni presentación, el Servicio aplicó el artículo 52 del Reglamento de la Ley N°20.430, que autoriza el archivo por abandono cuando la inactividad del solicitante paraliza el procedimiento.

Así, la Resolución Exenta N°NUM000 se apoyó en una regla expresa, fue dictada por la autoridad competente y se fundó en la ausencia de actividad dentro de los plazos advertidos, sin que esta sede cautelar permita sustituir la apreciación administrativa por el solo hecho de que el interesado afirme no haber recibido materialmente la comunicación enviada al domicilio que él mismo mantenía registrado.

UNDÉCIMO: Que, el uso de correo electrónico para otras actuaciones no imponía al Servicio la obligación de duplicar la notificación de la citación por esa vía. El artículo 46 de la Ley N°19.880 contempla la carta certificada como modalidad ordinaria y el recurrente no acredita haber solicitado que todas las notificaciones se practicaran exclusivamente a una casilla electrónica determinada.

Además, los antecedentes revelan una divergencia entre la dirección de correo invocada en el recurso y aquella que el Servicio afirma mantener registrada y haber utilizado para responder la solicitud posterior. Esa discordancia impide concluir, con el grado de certeza propio de esta acción, que la autoridad haya omitido deliberadamente un canal electrónico único, vigente e inequívocamente designado.

DUODÉCIMO: Que, los precedentes Roles N°917-2026, N°154-2026 y N°570-2026, invocados por el recurrente, no vinculan automáticamente la decisión de este asunto. Según la descripción efectuada en el recurso, aquellos casos se fundaron en la falta de notificación efectiva y en la disponibilidad de un correo electrónico utilizado regularmente por la autoridad.

En esta causa concurren elementos adicionales: el envío al domicilio registrado, el deber legal de actualización incumplido, el intento telefónico de confirmación, una citación anterior que debió reagendarse y la existencia de datos electrónicos no enteramente coincidentes. Estas circunstancias impiden tener por establecida una identidad fáctica suficiente para trasladar sin más la solución de esos pronunciamientos.

DÉCIMO TERCERO: Que tampoco se configura la omisión permanente denunciada. El Servicio acompañó el Oficio Ordinario N°NUM010, de 14 de abril de 2025, mediante el cual afirma haber resuelto la solicitud de desarchivo, documento que habría sido enviado por carta certificada al domicilio actualizado y por correo electrónico a la dirección que constaba en sus registros.

La circunstancia de que el recurrente sostenga no haber recibido o conocido la respuesta no equivale a inexistencia de pronunciamiento. La emisión del oficio desvirtúa el presupuesto principal de la omisión, sin perjuicio de las acciones administrativas o jurisdiccionales que pudieran corresponder para impugnar su contenido o discutir la eficacia de su notificación.

DÉCIMO CUARTO: Que, la acción de protección no constituye una instancia general para revisar todas las decisiones adoptadas dentro del procedimiento de refugio ni para ordenar el reconocimiento de esa calidad. En todo caso, la petición concreta del recurrente persigue la reapertura y no el reconocimiento directo; sin embargo, para disponerla sería necesario tener por manifiestamente ilegal la notificación o por inexistente la respuesta al desarchivo, circunstancias que no aparecen acreditadas de manera indubitada.

DÉCIMO QUINTO: Que, no se ha demostrado una vulneración de la igualdad ante la ley, pues no se individualizan solicitantes que, encontrándose en la misma situación y sin mantener actualizados sus datos, hayan recibido un trato distinto. Tampoco se advierte infracción al debido proceso, desde que el procedimiento contempló citación, apercibimiento y vías posteriores de presentación, y la consecuencia aplicada se encuentra prevista en la normativa especial.

En cuanto a la libertad personal, integridad física y psíquica y principio de no devolución, no consta la existencia de una orden actual de expulsión, abandono o retorno forzado dictada en contra del recurrente. El archivo lo sujeta al régimen migratorio general, pero esa consecuencia no permite presumir una medida futura ni autoriza a dejar sin efecto un acto que aparece dictado dentro de las atribuciones legales de la recurrida.

DÉCIMO SEXTO: Que, por lo razonado, no se encuentra acreditado un acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer por las vías administrativas o jurisdiccionales correspondientes respecto del Oficio Ordinario N°NUM010 o de otras decisiones migratorias que se dicten en el futuro.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley N°19.880; en la Ley N°20.430 y su Reglamento; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1194-2026 Protección.