REC. DE PROTECCION INT. POR INVERSIONES R2 LIMIITADA con INSPECCION PROVINCIAL DE LA SERENA

Soc. Inversiones R2 Ltda.

Inspección Provincial del Trabajo.

Recurso de Protección.

Rol N° 1194-2018.

La Serena, trece de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don Felipe López Montenegro, abogado, en representación de SOCIEDAD INVERSIONES R2 LIMITADA, rut N° RUT reservado, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ordinaria N° 1338, de fecha 13 de septiembre del presente año, por el cual se rechaza su recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N° 6189/18/32, por extemporánea, con lo cual se vulneraría la garantía constitucional establecida en el numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que el 30 de julio de 2018 la recurrida impuso y notificó a su parte la multa N° 6189/18/32. En contra de dicha sanción presentó ante la Inspección Comunal del Trabajo de La Serena un recurso de reconsideración administrativa, recurso al cual no se dio curso mediante el ordinario N° 1338, por entender la recurrida que no se presentó en el plazo de 30 días corridos contados desde su notificación.

Reclama que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, no es de días corridos, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos; ello por cuanto al no existir una norma expresa que regule la materia en el referido código, debe aplicarse el artículo 25 de la Ley N°19.880, que se refiere al cómputo de plazos en procedimientos administrativos.

Alega que el acto que se impugna afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues desconociendo la Autoridad un plazo legal en toda su extensión, no ha dado un trato igualitario a su parte, violentando su derecho de acceder a una instancia de reclamación; y por su parte señala que conculca el derecho de propiedad, toda vez que al negarse la tramitación al recurso de reconsideración impetrado, se deja a su representada en la obligación de pagar el monto de la multa impugnada.

Pide en definitiva que se ordene a la recurrida que conozca y resuelva el recurso de reconsideración administrativa presentada por su representada con fecha 07 de septiembre de 2018, toda vez que el ordinario N° 1338 perturba la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y de propiedad, consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, evacuando el informe requerido en autos doña nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitó el rechazo de la presente acción constitucional con costas, en razón de los siguientes argumentos.

Expone que día 15 de mayo de 2018, en el marco de la fiscalización Nº0401.2018.689, doña nombre reservado, fiscalizadora de esta Inspección cursó a la empresa sanción administrativa Nº6198/2018/32 por el monto de 40 U.T.M., por la siguiente infracción constatada: “No informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales”. La resolución que contiene la multa fue notificada por carta certificada, depositada en la oficina de Correos de Chile el 31 de julio de 2018. Posteriormente, con fecha 07 septiembre de 2018 la empresa presentó solicitud de reconsideración administrativa, adjuntando al formulario respectivo una nota con los descargos en relación a la multa cursada y la documentación que estimó pertinente al efecto. A raíz de lo anterior y habiéndose verificado que la solicitud administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, mediante Ordinario Nº1338 de 13 de septiembre de 2018 de esta Inspección se informó a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud, por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Agrega que no concurren en la especie los requisitos necesarios para deducir este arbitrio constitucional, toda vez que no existe una acción u omisión arbitraria e ilegal, que perturbe, conculque o amenace alguna de las garantías protegidas constitucionalmente.

En cuanto a la ilegalidad imputada, señala que a la hora de emitir el ordinario Nº1338 de 13 de septiembre de 2018 la Inspección del Trabajo ha actuado conforme a las facultades que la propia ley le ha entregado en el artículo 512 del Código del Trabajo y especialmente a los criterios vinculantes de la Contraloría General de la República. En efecto, el artículo 512 no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término, recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo. Interpretando esta disposición, la Contraloría General de la República mantuvo hasta el 15 de octubre de este año la doctrina contenida en los dictámenes Nº64.985, de 2009; 85.946, de 2013 y 17.344, de 2014, que disponían expresamente que el plazo contemplado en el artículo 512 era de días corridos.

Expone que, aun cuando la Contraloría General de la República cambió el criterio en cuanto a computar el plazo del artículo 512, el Ord. Nº1338 de 13 de septiembre, que por este acto se recurre, se dictó a la luz de la otrora interpretación. Por lo tanto, para el Servicio y específicamente para la Inspectora Provincial no fue posible desatender el anterior criterio, dado que los pronunciamientos que emite la Contraloría General de la República revisten fuerza obligatoria para los órganos de la Administración, de modo que su falta de aplicación significa tanto el incumplimiento de lo allí resuelto como la transgresión del artículo 9º de la ley 19.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, actuaciones ambas que pueden hacer incurrir a la autoridad administrativa renuente a su acatamiento en responsabilidad administrativa (Dictamen Nº 51534 de 14.11.2007 de la Contraloría General de la República), argumento que descarta la ilegalidad de la decisión.

En cuanto a la arbitrariedad del actuar de la Inspección del Trabajo, expone que ello no es efectivo, y que por el contrario su actuación es sólo producto de la facultad que la ley le ha encomendado tanto en el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, como respecto del ejercicio de la facultad establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los procedimientos, doctrina de su mandante y de la Contraloría General de la República.

Reclama en consecuencia que en la especie no se ven afectadas las garantías o derechos constitucionales invocados por el recurrente.

Que con fecha 08 de noviembre de 2018, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena adoptada mediante el Ordinario número 1338 de 13 de septiembre de 2018, que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa de multa aplicada mediante resolución 6189/18/32, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, lo que a su entender resulta erróneo, toda vez que el plazo para presentar reconsideración administrativa de multa es de treinta días hábiles administrativos.

Por esta decisión, la recurrida vulneraría la garantía de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al resolver la reconsideración la Inspección del Trabajo ha infringido la garantía de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida al informar expuso que el día 15 de mayo de 2018, se cursó a la recurrente la multa Nº6198/2018/32, resolución que le fue notificada por carta certificada depositada en la oficina de Correos de Chile el 31 de julio de 2018, debiendo considerarse notificadas de conformidad con el artículo 508 del Código del Trabajo el día 8 de agosto de 2017, añadiendo que con fecha 7 de septiembre pasado, la empresa solicitó la reconsideración administrativa de la multa cursada, por lo que habiéndose verificado la presentación de dicha solicitud fuera del plazo legal de 30 días corridos, la Inspección Provincial de La Serena, mediante Ordinario N° 1338 de 13 de septiembre de 2018, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud por incumplimiento de requisitos legales; además, el informante señala que el artículo 512 del Código del Trabajo no especificó la naturaleza del plazo para la interposición de la solicitud de reconsideración administrativa, de manera que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos, más aún si se tiene presente que la ley laboral cuando ha querido que un plazo sea de días hábiles lo ha señalado expresamente.

QUINTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880 indica que dicho texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará supletoriamente. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que la solicitud de reconsideración de multa intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo constituye un recurso entablado en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada ley 19.880 y, en el caso de autos - por consiguiente - efectivamente resulta aplicable su artículo 25 en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida reconsideración. En consecuencia, solo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SÉPTIMO: Que, al respecto, conveniente es consignar que no es posible interpretar que a falta de norma expresa en el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo en relación a la forma de computar el plazo de 30 días allí contemplado, deba aplicarse supletoriamente el artículo 50 del Código Civil -norma referida al cómputo del plazo de días corridos- por cuanto, según se ha dicho, el artículo 25 de la ley 19.880 dispone que en los procedimientos administrativos los plazos de días que se establecen son de días hábiles, quedando excluidos los días que la misma disposición indica.

OCTAVO: Que del mérito de los antecedentes allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la resolución de multa número 6189/18/32 debe entenderse notificada a la accionante el 30 de julio de 2018 y que la reconsideración fue presentada el día 07 de septiembre de 2018; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada resolución de multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 512 del Estatuto Laboral, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la ley 19.880.

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente, resulta en todo caso palmario que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y, asimismo, arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, esto es, el Ordinario N° 1338 de 13 de septiembre de 2018, vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al negarse la tramitación de una reconsideración administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impidiendo de esta forma al recurrente el ejercicio de sus derechos, además, de consolidar el pago de la multa respecto de la cual se pretendía recurrir en virtud de la reconsideración deducida, circunstancia que, asimismo, afecta su derecho de propiedad.

DÉCIMO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por don Felipe López Montenegro, en representación de SOCIEDAD INVERSIONES R2 LIMITADA y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario número 1338, fechado al 13 de septiembre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración formulado por la accionante en relación a la resolución de multa número 6189/18/32 de 30 de julio de 2018.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 1194-2018 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

La Serena, a trece de noviembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.