Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Los Vilos Recurso de protección Rol N°1192-2026 La Serena, trece de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Francisco Ignacio Álvarez Arce, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de doña nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, Región de Valparaíso, dirigido en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, RUT RUT reservado, representada legalmente por su alcalde Sr.

Christian Gross Hidalgo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la negativa a restituirle un vehículo de su propiedad mientras no pague los derechos de almacenaje o bodegaje que afirma adeudados, actuar que vulneraría su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Expone que el 5 de abril de 2025 se inició una investigación penal por la Fiscalía Local de Los Vilos, que dio origen a la causa RIT N°312-2025 del Juzgado de Garantía de esa comuna, en la cual fue formalizada una persona distinta de la recurrente por un ilícito del artículo 3 de la Ley N°20.000. Señala que a raíz de dicho procedimiento, el vehículo Citroën C-Elysée HDI 1.6, año 2018, patente NUM000, de propiedad de la actora, pero en el cual se desplazaba el imputado, fue puesto a disposición del aparcadero municipal de Los Vilos.

Señala que el 5 de agosto de 2025 se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, sin declararse el comiso del vehículo. Por ello se solicitó al Ministerio Público la resolución administrativa que dispusiera su entrega, la que fue autorizada el 2 de abril de 2026, comunicación en que se dejó constancia de que el automóvil había sido puesto a disposición del Corral Municipal de Los Vilos sin remisión al Ministerio Público de sus antecedentes ni acta de incautación, por lo que no figuraba como especie de la causa.

Afirma que, con tales antecedentes, requirió la devolución a la Municipalidad, pero esta ha condicionado la entrega del vehículo al pago de una suma cercana a $2.000.000 por concepto de derechos de almacenaje y bodegaje, aun cuando el Ministerio Público ordenó su restitución a su legítima propietaria.

En cuanto a las garantías conculcadas, denuncia vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues estima que la Municipalidad, al adoptar una medida destinada a garantizar un crédito que afirma asistirle, habría cautelado sus propios intereses mediante una acción de autotutela que pertenece al ámbito jurisdiccional. Tal proceder constituiría, a su juicio, un acto ilegal y arbitrario que afecta el dominio de la recurrente sobre el vehículo.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección, ordenando a la Municipalidad de Los Vilos proceder a la entrega material del vehículo Citroën C-Elysée, patente NUM000.

SEGUNDO: Que, a folio 7 del expediente virtual, compareció la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, sostiene que la acción es improcedente por no existir un derecho indubitado ni un acto administrativo terminal susceptible de ser impugnado por esta vía. Expone que, según lo informado por la Dirección de Tránsito y Transporte Público, no existe antecedente de que la recurrente haya efectuado una presentación formal ante la Municipalidad solicitando la restitución del vehículo, reclamando el cobro de bodegaje o requiriendo un pronunciamiento sobre una eventual exención. Añade que tampoco habrían acompañado antecedentes suficientes para acreditar inequívocamente el dominio del vehículo, el supuesto error en su incautación ni las circunstancias que justificarían una exención. Por ello, sostiene que no existe un derecho indubitado vulnerado, pues la recurrente no ha hecho valer formalmente sus pretensiones ante la autoridad municipal.

Luego, afirma que el verdadero cuestionamiento del recurso parece recaer sobre el cobro por concepto de derechos de almacenaje y retención del vehículo, pero precisa que la suma indicada en el recurso ($2.000.000) no ha sido calculada por la unidad municipal competente ni comunicada a la parte recurrente. Asimismo, afirma que la procedencia del cobro tiene su fundamento en la Ordenanza Local de Derechos Municipales, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 1741, cuya legalidad o aplicabilidad debería impugnarse mediante las acciones ordinarias pertinentes, y no por recurso de protección. En ambos casos, concluye que el derecho invocado dista de ser indubitado.

Por otra parte, sostiene la improcedencia de la acción por tratarse de actos administrativos de trámite o intermedios. Señala que al no haber una solicitud formal de restitución ni una impugnación administrativa del cobro, tampoco existe decreto alcaldicio u otro pronunciamiento definitivo que haya restringido o prohibido la devolución del vehículo. En consecuencia, estima que la recurrente pretende la revisión de un pronunciamiento que la autoridad municipal simplemente no ha emitido porque no ha sido formalmente requerida para ello.

En cuanto al fondo, desarrolla la naturaleza de los derechos municipales y la potestad reglamentaria de las municipalidades. Sostiene que conforme al artículo 13 de la Ley N° 18.695 y de los artículos 40 y 42 del Decreto Ley N° 3.063 los derechos municipales constituyen una expresión de la autonomía financiera municipal y pueden ser establecidos mediante ordenanzas locales respecto de los servicios prestados por la administración comunal. En ejercicio de esas atribuciones, la Municipalidad de Los Vilos dictó el Decreto Alcaldicio N° 1741, de 30 de octubre de 2025, que aprobó la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales. Explica que el artículo 8 de dicha ordenanza regula los derechos de bodegaje y establece tarifas diarias para vehículos y otros bienes mantenidos en custodia municipal. Por ello, sostiene que el cobro no constituye una exacción carente de sustento legal ni un gravamen arbitrariamente creado, sino el ejercicio de una potestad reconocida por el legislador y materializada en una ordenanza vigente. Añade que la misma disposición contempla, respecto de vehículos retenidos por orden de Fiscalía, una rebaja de hasta un 90%, analizable caso a caso, y que, cuando se acredite que el decomiso fue producto de un error, no procede el cobro por el período anterior a la autorización de retiro, devengándose únicamente desde esa fecha. Afirma que estas reglas incorporan criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad, en concordancia con dictámenes de la Contraloría General de la República.

Por lo anterior, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario. Afirma que los derechos de bodegaje se fundan expresamente en la Ley de Rentas Municipales, en la potestad reglamentaria de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en una ordenanza vigente; y que esta última contempla mecanismos de rebaja y exención que permiten atender las circunstancias particulares de cada caso. En consecuencia, estima que se trata de la aplicación de una regulación general, objetiva y previamente establecida.

Por último, señala que el cobro de bodegaje no importa privación, perturbación o limitación ilegítima del dominio, sino la exigencia de una prestación pecuniaria legalmente establecida como contraprestación por la custodia y conservación del vehículo. Añade que su permanencia en el corral municipal no derivó de una decisión arbitraria de la Municipalidad, sino del cumplimiento de una orden del Ministerio Público, actuando aquella únicamente como depositaria y custodio.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Municipalidad de Los Vilos, por la presunta negativa en orden a restituir a la recurrente un vehículo de su propiedad, mientras no pague los derechos de almacenaje o bodegaje que -según sostiene la actora- la recurrida habría exigido en forma previa a la devolución.

Por su parte, la recurrida ha señalado que, sin perjuicio que los derechos de bodegaje se fundan expresamente en la Ley de Rentas Municipales, en la potestad reglamentaria de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y en una ordenanza vigente, no existe antecedente que la recurrente haya efectuado una presentación formal ante la Municipalidad solicitando la restitución del vehículo, reclamando el cobro de bodegaje o requiriendo un pronunciamiento sobre una eventual exención.

El referido escenario, impone a la parte recurrente el deber de acreditar sus asertos, a objeto de estar ante hechos que se encuentren fuera de discusión, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción de urgencia, la que supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego.

SEXTO: Que, sin embargo, respecto a esta última exigencia, sólo cabe decir que no ha sido posible entenderla cumplida, pues la recurrente no acompañó elementos de juicio suficientes para tener por establecida la presunta negativa de la recurrida -circunstancia que además ha sido controvertida por la Municipalidad- pues únicamente aparejó una comunicación de la Fiscalía Local de Los Vilos y un certificado de anotaciones vigentes, antecedentes que no resultan aptos para acreditar la supuesta conducta que se reprocha como arbitraria o ilegal.

SÉPTIMO: Que, en ese entendido, al no encontrarse establecido el hecho que se denuncia como vulnerador, sólo cabe desestimar la acción, pues la presente acción supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual se verifica en la especie, sin perjuicio de las acciones ordinarias que pudieren corresponder.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Los Vilos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1192-2026 (Protección).