Protección contra Hospital San Juan de Dios de La Serena

nombre reservado

Hospital San Juan de Dios de La Serena Recurso de Protección Rol N°1191-2026 La Serena, veintiséis de agosto de dos mil veintiséis VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don David Salomón Castro Cortés, abogado, en representación de don nombre reservado, psicólogo, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena, por la sanción disciplinaria de censura que le fue impuesta mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de febrero de 2026, y confirmada por Resolución Exenta N° NUM001, de 05 de junio de 2026, notificada el 10 de junio siguiente, actuaciones que considera ilegales y arbitrarias, por vulnerar las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 24 de septiembre de 2024 se instruyó un sumario administrativo para investigar hechos denunciados por otra funcionaria del hospital, conocidos en una causa seguida ante el Juzgado de Familia de La Serena. Precisa que dicha funcionaria sostuvo que el recurrente la habría seguido y abordado en la vía pública, circunstancias que motivaron un procedimiento de violencia intrafamiliar en el que se acordó la suspensión condicional de la dictación de la sentencia y que posteriormente fue archivado tras el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Indica que, dentro del sumario, se formularon cargos el 20 de diciembre de 2024, frente a los cuales presentó descargos y rindió prueba documental y testimonial. Agrega que el 01 de abril de 2025 la fiscal inicialmente designada emitió una vista fiscal que proponía su absolución; sin embargo, mediante resolución de 23 de octubre de 2025, el director del hospital ordenó reabrir la investigación y designó una nueva fiscal, quien formuló nuevos cargos el 05 de diciembre de 2025, respecto de los cuales presentó descargos el 22 del mismo mes.

Sostiene que la reapertura del procedimiento y la reformulación de cargos fueron improcedentes, porque la investigación ya había concluido con una propuesta favorable y no existían antecedentes nuevos que justificaran retrotraer el sumario, infringiendo los artículos 139 y 140 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Añade que se incorporó un segundo cargo desvinculado de los hechos originalmente investigados y que la nueva fiscal volvió a interrogar a la denunciante y a los mismos testigos, lo que, a su juicio, evidenciaría falta de objetividad.

Explica que, finalmente, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de febrero de 2026, se le aplicó la medida disciplinaria de censura, decisión contra la cual interpuso reposición el 02 de marzo de 2026, que fue rechazada mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 05 de junio del mismo año.

Afirma que la sanción carece de fundamentación suficiente, puesto que se sustentó en una denuncia y en un mensaje de WhatsApp sin considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, su prueba de descargo, que estos acontecieron fuera del horario y lugar de trabajo, ni su conducta funcionaria anterior y buenas calificaciones.

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la reformulación de cargos y la sanción de censura, se remitan los antecedentes a la autoridad administrativa y, en definitiva, se aplique la primera propuesta fiscal que disponía su absolución, con costas.

Acompaña antecedentes para acreditar sus aseveraciones.

SEGUNDO: Que evacuó informe el Hospital San Juan de Dios de La Serena, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas, al estimar que las resoluciones cuestionadas fueron dictadas por la autoridad competente, dentro de un procedimiento administrativo regularmente tramitado y con pleno respeto del derecho a defensa del funcionario.

Refiere que el sumario fue iniciado el 24 de septiembre de 2024 para investigar posibles responsabilidades administrativas derivadas de hechos denunciados en una causa del Juzgado de Familia de La Serena y que su reapertura, dispuesta el 23 de octubre de 2025, obedeció a defectos formales detectados en la tramitación y a la necesidad de desarrollar una investigación completa.

Señala que la nueva fiscal formuló cargos el 05 de diciembre de 2025, que el recurrente presentó descargos el 22 de diciembre siguiente y que, mediante vista fiscal de 05 de febrero de 2026, se descartó uno de los cargos y se tuvo por acreditado aquel consistente en seguimientos y acercamientos no consentidos hacia una funcionaria del establecimiento.

Precisa que dicha conclusión no se sustentó únicamente en la denuncia de la afectada, sino también en antecedentes documentales incorporados al expediente, especialmente un mensaje enviado por el propio recurrente, que corroboraría los hechos investigados.

Añade que, sobre esa base, mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de febrero de 2026, se aplicó la sanción de censura por infracción del deber funcionario previsto en el artículo 61 letra c) del Estatuto Administrativo, decisión confirmada por Resolución Exenta N° NUM001, de 05 de junio de 2026, que rechazó fundadamente la reposición.

Sostiene que el hecho de que los acontecimientos hubiesen ocurrido fuera del hospital o del horario de trabajo no excluye necesariamente la responsabilidad administrativa, puesto que tanto el recurrente como la afectada eran funcionarios del mismo establecimiento y la conducta investigada mantenía vinculación con sus deberes y relaciones funcionarias. Agrega que las buenas calificaciones y la conducta anterior del recurrente sí fueron consideradas, precisamente para imponerle la censura, correspondiente a la medida disciplinaria menos gravosa.

Afirma que no existió indefensión, porque el funcionario conoció los cargos, accedió al expediente, presentó descargos, aportó antecedentes e interpuso reposición.

Finalmente, hace presente que el mismo funcionario dedujo anteriormente un recurso de protección, Rol N° 11- 2026, cuestionando la reapertura del sumario y la formulación de cargos, acción que fue rechazada por esta Corte mediante sentencia de 12 de febrero de 2026, al estimarse que dichas actuaciones se encontraban autorizadas por el artículo 140 del Estatuto Administrativo.

Acompaña antecedentes para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que el recurso se dirige en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena, por la Resolución Exenta N° NUM000, de 17 de febrero de 2026, que aplicó al recurrente la sanción de censura, confirmada por Resolución Exenta N° NUM001, de 5 de junio de 2026, en un sumario administrativo cuya reapertura y formulación de cargos estima ilegales y arbitrarias.

Por su parte, la recurrida sostiene que el procedimiento respetó el derecho a defensa y que la sanción se fundó en el seguimiento y acercamiento no consentido hacia su expareja, también funcionaria del hospital, descartándose el segundo cargo relativo a una irregularidad en un concurso público.

Añade que la reapertura del sumario ya fue declarada ajustada a derecho en un recurso anterior, solicitando el rechazo de la acción.

QUINTO: Que, del examen de los antecedentes incorporados a estos autos y, especialmente, de la fundamentación contenida en las resoluciones impugnadas, se advierte que existe una falta de congruencia entre los hechos y la formulación de cargos. En efecto, la autoridad recurrida invoca como fundamento jurídico de la sanción el artículo 61, letra c), del Estatuto Administrativo, disposición que no guarda correspondencia con la conducta específica que fue materia de los cargos formulados al recurrente.

En efecto, conforme se desprende de la disposición aludida, constituye una obligación funcionaria realizar las labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo de esta forma a materializar los objetivos de la institución. Empero, los hechos sobre los cuales descansa la imputación administrativa se desarrollaron fuera de la jornada de trabajo, en la vía pública y, de acuerdo con la información aparejada, en el ámbito de un vínculo sentimental existente entre ambos, lo que evidencia que catalogar aquella conducta dentro de la hipótesis normativa descrita atenta contra el principio de congruencia, cuya finalidad es proteger el derecho a defensa. En el ámbito administrativo en que nos encontramos, la formulación de cargos determina tanto los hechos como el derecho aplicable respecto del cual el investigado debe defenderse.

Abona a la conclusión anterior la circunstancia de que, en los fundamentos de la resolución recurrida, se invoquen dictámenes de la Contraloría General de la República referidos al comportamiento de los funcionarios públicos en su vida privada.

Tal discordancia no constituye una cuestión meramente formal, pues en todo procedimiento disciplinario debe existir necesaria correspondencia entre los hechos imputados, los cargos formulados, la prueba rendida y la norma jurídica cuya infracción se atribuye al funcionario. Solo de ese modo es posible asegurar que el afectado conozca de manera precisa la conducta que se le reprocha y pueda ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

En el caso de autos, la autoridad administrativa, al apartarse de dicha necesaria congruencia entre los hechos investigados y el fundamento jurídico de la sanción, terminó otorgando a la conducta una calificación jurídica distinta de aquella que razonablemente podía desprenderse de los cargos formulados, alterando durante la tramitación del procedimiento los presupuestos sobre los cuales debía ejercerse la defensa del funcionario.

Lo anterior permite concluir que el acto sancionatorio impugnado carece de la debida fundamentación y razonabilidad, transformándose la autoridad administrativa en una comisión especial y configurándose una actuación ilegal y arbitraria que afecta las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, en especial la del inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la Republica. En consecuencia, la acción cautelar deberá ser acogida en los términos que se señalarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena, dejándose sin efecto las Resoluciones Exentas N° NUM000, de 17 de febrero de 2026 y N° NUM001, de 05 de junio de 2026.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1191-2026 (Protección).