nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°119-2024 La Serena, veinte de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad colombiana, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento que ponga fin al procedimiento administrativo, aprobando o rechazando solicitud de residencia definitiva de 12 de octubre de 2022, lo cual vulneraría el derecho de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 296 de 2022.

Expone que, la recurrente ingresa al país en calidad de turista, y estando dentro del país cambia su condición migratoria a residente por visa otorgada, sometiéndose a un proceso de cálculo de multa para extranjeros por los días de residencia irregular, pagando la sanción aplicada el 01 de diciembre de 2020. Luego de ello, el 12 de octubre de 2022 solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, acreditando además vínculo matrimonial y realizando el pago de derechos correspondientes al beneficio solicitado.

Hace presente que muchas entidades y organismos, ya sean públicos o privados, no toman en cuenta el comprobante de residencia en trámite para acreditar una situación migratoria regular, lo que acarrea una serie de perjuicios, al no poder realizar diversos trámites cotidianos, y que, al no tener resuelta su solicitud no puede renovar su cédula de identidad.

Afirma que, a la fecha de interposición de su recurso, no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Sostiene que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva realizada, esto es, desde la solicitud realizada con fecha 12 de octubre de 2022, hasta la presente fecha ha transcurrido 1 año, 3 meses, y 19 días, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por los recurrentes.

Destaca los artículos 4°, 7°, 9° y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7° y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Previas citas legales, solicita se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada dentro de un plazo razonable, con expresa condena en costas.

Acompaña al recurso: 1. Comprobante de solicitud de residencia definitiva. 2. Estampado de visa. 3. Cédula de identidad para extranjeros. 4. Comprobante de pago de multa. 5. Certificado de matrimonio. 6. Certificado de residencia.

A folio 9 acompaña: 1. Solicitud de antecedentes. 2. Comprobante de pago de multa.

SEGUNDO: Que, a folio 4 evacuó informe Roberto Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones.

En primer lugar, solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección, arguyendo que conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencias de 20 de marzo de 2023 pronunciadas en las causas Rol N°115064-2022 y N°115368-2022, la sola tardanza en la resolución de las solicitudes de permanencia definitiva no es constitutiva de ilegalidad o arbitrariedad que pueda suponer afectación a las garantías constitucionales de los solicitantes, ni aún en grado de mera amenaza, de lo que se seguiría que la materia planteada en el recuso exceda “la tutela cautelar que es propia del recurso de protección”. Agrega que, dado lo resuelto por el máximo tribunal, se concluiría que no existe un derecho indubitado que deba ser cautelado a través de esta acción constitucional.

En subsidio a la declaración de inadmisibilidad, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el recurso de protección se dirige erróneamente en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados. En efecto, refiere que la supuesta omisión, que se estima por el recurrente como vulneratoria de derechos fundamentales, no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respeto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

Por lo anterior, solicitó que se declare la inadmisibilidad del recurso de protección y, en subsidio, que se acoja la excepción de falta de legitimación pasiva.

En cuanto al fondo, solicitó el rechazo de la acción, por no existir acto ilegal o arbitrario que afecte alguno de los derechos constitucionales resguardados por la acción de protección.

Expone el historial de antecedentes migratorios que registra la recurrente y señala que el 12 de octubre de 2022 se solicitó el beneficio de la residencia definitiva, siéndole notificada, el 06 de febrero de 2024, que el trámite no se encuentra en condiciones de avanzar a la siguiente etapa de análisis y procesamiento de documentos, señalándole:

“Con Respecto a su condición al momento de postular RESIDENCIA IRREGULAR: Usted postuló encontrándose vencido su permiso de residencia, por lo que debe enviar copia de la resolución que acredite que regularizó su situación migratoria en el país, mediante la sanción migratoria respectiva (Sanción PAGADA por el artículo 107 de la Ley 21235). Dicho trámite se realiza en la página web www.extranjeria.gob.cl, en CALCULO DE MULTA.”

Indica que, se le ha otorgado a la recurrente un plazo de 60 días contados desde dicha comunicación para presentar la documentación requerida, bajo apercibimiento de rechazo de su solicitud, por lo que, desde entonces, el procedimiento se encuentra en etapa de “completa antecedentes”.

Agrega que encontrándose en tramitación la solicitud de residencia definitiva del recurrente, este mantiene una situación migratoria regular en el territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 38 y 45 de la Ley de Migración y Extranjería, como también en su artículo 43, conforme a los cuales la residencia regular se acredita con el Certificado de Residencia en trámite.

Añade, que conforme al artículo 45 de la Ley de Migración y Extranjería, los extranjeros pueden acreditar su situación regular con su cédula de identidad vigente, la que conforme al artículo 43 de la Ley mantiene su vigencia con el mérito del Certificado de permanencia definitiva en trámite.

Señala que el Servicio de Migraciones ha remitido oficios a diversas instituciones públicas, con el objeto de que se impartan las instrucciones pertinentes para que se dé cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley Nº21.325, en cuanto a reconocer como vigentes aquellas cédulas de identidad que sean exhibidas conjuntamente con el comprobante de residencia en trámite.

Asimismo, indica que, en la Ley de Presupuesto para el sector público del año 2023, se considera un presupuesto de $992.089.000.- sólo por concepto de “regularización rezago solicitudes migratorias”, de lo que se demuestra la preocupación que existe para la Administración por la demora en la tramitación de las solicitudes de residencia.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a diversos fallos que cita, no es de carácter fatal, y que al solicitante se le ha otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, así como el rechazo de una condena en costas.

Acompaña al informe: 1. Oficio Ordinario N°67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N°80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N°80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N°843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N°34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 9. Notificación solicita documentos adicionales de fecha 06 de enero de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que planteara la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente como se ha dicho en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria formulada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que, en mérito de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, es posible advertir que, sin perjuicio de la demora que se ha verificado en la tramitación de la permanencia definitiva de la actora, ésta ha avanzado recientemente de etapa, al habérsele requerido que acompañara antecedentes bajo apercibimiento de rechazo de su solicitud, otorgándosele un plazo de 60 días, no existiendo, por tanto, actualmente una medida de urgencia que pueda ser adoptada por esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

NOVENO: Que, no obsta lo anteriormente indicado el hecho que la recurrente haya acompañado, en esta sede, el comprobante de pago de multa solicitado por el servicio recurrido, toda vez que, del examen de los documentos adjuntados escrito de folio 9, se desprende que ello fue efectuado el 17 de febrero de 2024, siendo carga de la solicitante incorporar dichos antecedentes al proceso administrativo correspondiente, para que éste siga su curso regular.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones deberá dar una respuesta a la solicitud efectuada, dentro de un plazo razonable, una vez que la recurrente acompañe al proceso administrativo los antecedentes requeridos.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°119-2024 (Protección).