Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Subsecretaría del Interior Recurso de protección Rol N°1189-2026 La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don Pablo Peñaloza Parra, abogado, a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, pasaporte N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado

nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, y de la Subsecretaría del Interior, representada por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la dictación del acto administrativo terminal que apruebe o rechace la solicitud de regularización extraordinaria, presentada por la recurrente el 12 de junio de 2025, transgrediendo con el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente ingresa al país eludiendo el control migratorio, motivado por la difícil situación económica y política que vivía en su país, realizando posteriormente declaración voluntaria de ingreso clandestino, por lo que con el propósito de regularizar su situación migratoria, el 12 de junio de 2025, solicita regularización extraordinaria conforme lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 ante la Subsecretaria del Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido ninguna comunicación por parte de extranjería respecto a la solicitud, habiendo transcurrido 1 año y 26 días.

Prosigue citando jurisprudencia e indicando que el silencio administrativo no resulta procedente, aludiendo a los principios que rigen la administración y los plazos de tramitación.

Concluye, previas citas legales, solicitando se acoja el recurso de protección ordenando a los recurridos que se pronuncien sobre la solicitud de regularización extraordinaria dentro de un plazo no mayor a 30 días, o el que se determine, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 5, comparece don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones.

En primer lugar, opone la excepción de cosa juzgada, indicando que el recurrente presentó, el 19 de diciembre de 2025, recurso de protección Rol 2147-2025, en el cual se rechazó la acción fundada en la omisión en la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento de regularización extraordinaria. Añade que la referida acción y la de autos son idénticas, tanto en causa de pedir como en el objeto, ambas persiguen la tutela del mismo derecho fundamental y solicitan el mismo remedio para poner fin al supuesto acto ilegal y arbitrario.

En segundo lugar, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección por no haber existido acto u omisión que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Refiere que el 12 de junio de 2025, el recurrente presenta solicitud de regularización extraordinaria bajo el amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, dirigida a la Subsecretaría del Interior, la cual, el 02 de septiembre de 2025, fue remitida mediante ordinario N°NUM001 a la Subsecretaría, por lo que la labor del Servicio a terminado.

Prosigue citando antecedentes de derecho y solicitando se rechace el recurso.

TERCERO: Que, a folios 9 y 12, don Pedro Vidal Matus, abogado, en representación de la Subsecretaria del Interior, evacúa el informe.

Inicia citando normativa aplicable al caso, indicando que la solicitud de regularización excepcional de permiso de residencia temporal del recurrente se encuentra en tramitación, habiéndose recepcionado los antecedentes, remitidos por el Servicio Nacional de Migraciones, el 04 de septiembre de 2025, no existiendo una omisión ilegal o arbitraria, ya que la solicitud requiere un análisis exhaustivo dada la importancia que implica otorgar un permiso de residencia temporal a una persona que, en principio, ha contravenido voluntariamente la normativa vigente en materia de migración.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, a folio 6, el recurrente evacúa el traslado a la excepción de cosa juzgada deducida por el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo, toda vez que, atendida la naturaleza cautelar de la acción de protección, se prescinde de ciertas garantías que se observan en un juicio de lato conocimiento, por lo que el efecto de la sentencia es el de cosa juzgada formal y no material. Añade que la arbitrariedad e ilegalidad en la omisión de respuesta permanece en el tiempo, por lo que la vulneración al derecho fundamental sigue vigente, por lo que mal podría alegarse cosa juzgada.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, primeramente corresponde pronunciarse respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por el Servicio recurrido, la cual será desestimada, toda vez que si bien, entre la causa Rol 2147-2025 (Protección) de esta Corte – la cual se tuvo a la vista a través del sistema informático - y los presentes autos existe identidad de personas y de cosa pedida, el transcurso del tiempo que ha mediado entre el pronunciamiento primitivo de este tribunal y la fecha de interposición del segundo arbitrio constituye un nuevo antecedente fundante del recurso, no verificándose en consecuencia el presupuesto de identidad de causa de pedir.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, conviene recordar que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el recurrente, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numerales 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que, respecto del Servicio Nacional de Migraciones, de conformidad a lo informado por dicho organismo y a las competencias establecidas en la Ley N°21.325, aparece que carece de atribuciones para resolver la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente al amparo del artículo 155 N°9 del citado cuerpo legal, correspondiendo dicha facultad a la Subsecretaría del Interior, razón por la cual no es posible atribuirle la omisión ilegal y arbitraria denunciada en autos, motivo por el cual el recurso será rechazado respecto de dicho recurrido.

DÉCIMO: Que, en relación con la recurrida Subsecretaría del Interior, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880.

En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos.

UNDÉCIMO: Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización extraordinaria, cuya presentación fue realizada el 12 de junio de 2025.

Si bien es necesario considerar que la referida petición requiere de un tiempo de tramitación que es superior al del resto de solicitudes corrientes de residencia, no resulta menos cierto que la autoridad ha demorado en entregar alguna especie de respuesta a la parte solicitante, plazo que, en este caso particular, aparece alejado de justificación racional, además de exceder lo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

DUODÉCIMO: Que, la dilación en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, dado que vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de regularización extraordinaria, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, sin costas la excepción de cosa juzgada deducida por el Servicio Nacional de Migraciones.

II. Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior y, en consecuencia, se ordena a la recurrida emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, con relación a la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1189-2026 Protección.