Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de La Serena

Odontología e Inversiones Daed Ltda.

Inspección Provincial del Trabajo Recurso de protección Rol N° 1188-2014.- La Serena, tres de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 16 comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de «Odontología e Inversiones Daed Limitada», sociedad del giro de su denominación, e interpone a favor de esta recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, representada por la Inspectora Provincial doña nombre reservado.

La recurrente dice impugnar como ilegal y arbitrario el requerimiento de que fuera objeto por parte de la recurrida y de una presunta amenaza de sanción administrativa que se contendría o derivaría del mencionado requerimiento. Así, afirma que con fecha 22 de octubre de 2014 fue citado —en su calidad de representante legal de la sociedad afectada— por la funcionaria nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, para concurrir el día 27 de octubre de 2014 a las 9:00 horas a su oficina con el propósito de reincorporar a la trabajadora doña nombre reservado a su puesto laboral, atendido a su estado de embarazo. Sostiene que con ocasión de la notificación, la propia funcionaria le habría informado del fuero maternal que protegía a la trabajadora y del deber que tenía como empleador de reintegrarla a sus funciones o que de lo contrario se le iba a imponer una multa administrativa de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos).

Conjuntamente con lo anterior el recurrente sostiene que la trabajadora, doña nombre reservado, fue despedida por necesidades de la empresa con fecha 12 de septiembre del año en curso y que suscribió finiquito total ratificado ante la Inspección del Trabajo. Afirma entonces que este finiquito tiene pleno efecto liberatorio, tiene valor de transacción y que él aparece revestido de eficacia de cosa juzgada, dando incluso excepción de cosa juzgada.

Tocante a la lesión de determinados derechos fundamentales, se considera que habrían resultado infringidos los numerales 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución, puesto que la autoridad por medio del acto recurrido se habría arrogado facultades jurisdiccionales «al pretender establecer la vigencia de un contrato de trabajo que se encuentra fenecido y clausurado por un finiquito otorgado con todas las formalidades legales, materia que solamente pueden decidir los tribunales de justicia en un procedimiento de lato conocimiento». Añade seguidamente que la lesión del derecho de propiedad derivaría por su parte de la «amenaza de multa que conculca el derecho de propiedad que la Sociedad detenta sobre sus fondos, al verse expuesta a la necesidad de distraer dinero para el pago de una multa espuria, transfiriendo el dominio de ese dinero al Fisco y, además, porque impondría un gravamen económico que no corresponde, consistente en contratar forzadamente a una trabajadora que no pertenece a la empresa, generando prestaciones que la Sociedad no quiere asumir».

Un poco más adelante la recurrente insiste en que el acto de la Inspección del trabajo recurrida supuso una infracción al artículo 19 N° 3 porque habría negado o desconocido el poder liberatorio al finiquito suscrito por el empleador y la trabajadora, cuestión que supone un acto de juzgamiento, lo que en opinión de aquella debe realizarse únicamente en el marco de un proceso jurisdiccional en donde las partes tengan las oportunidades de alegar y aportar medios de prueba en un juicio de lato conocimiento. Afirma que si bien los inspectores del trabajo tienen facultades fiscalizadoras de conformidad al artículo 23 del DFL N° 2 de 1967 y tienen calidad de ministros de fe respecto de los hechos que constatan, ello no les habilitaría para hacer calificaciones jurídicas respecto de hechos o situaciones jurídicas dudosas o discutibles, como sería justamente el caso respecto a si la relación laboral puede renacer y si aquello puede conseguirse con la sola instrucción que así lo disponga de la autoridad administrativa.

La recurrente afirma que a la autoridad administrativa le estaría vedado realizar una interpretación de un acto contractual, como en este caso ha sucedido con el finiquito, cuestión que correspondía única y privativamente a los tribunales de justicia.

Con respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, la recurrente reitera más adelante la afirmación en orden a que la presunta amenaza de imposición de multa a beneficio fiscal constituye un acto ilegal y arbitrario.

Conforme a las razones y alegaciones referidas solicita que se declare que la citación para el reintegro de la trabajadora a su puesto de trabajadora y el apercibimiento de multa administrativa son ilegales y arbitrarias, y pide en consecuencia que se les deje sin efecto, y se disponga que la recurrida deba abstenerse de instar por la reincorporación de doña nombre reservado, con costas.

Junto al recurso se acompañan los siguientes documentos: a) copia de la citación a la Inspección del Trabajo bajo apercibimiento legal del artículo 29 con relación al artículo 30, ambos del DFL N° 2 de 1967, rolante a fojas 1; b) copia del finiquito suscrito por el empleador y la trabajadora, ratificado ante la Inspección Provincial del Trabajo, rolante a fojas 2; c) copia del contrato de trabajo suscrito por la empleadora y la trabajadora, que corre desde fojas 3 a fojas 5, y los anexos de contrato de trabajo, rolantes a fojas 6 y fojas 7, pactándose en el último el carácter de indefinido del contrato; d) las liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses comprendidos entre febrero y septiembre, ambos inclusive, del año 2014.

A fojas 24 se dicta resolución que tuvo por acompañados los documentos singularizados.

A fojas 73 la recurrente acompañó diversas sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema y distintas Cortes de Apelaciones, las cuales se tuvieron por acompañadas con resolución que rola a fojas 74.

A fojas 46 comparece doña Paula Ortega Solís, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo, representada legalmente por doña nombre reservado.

La letrada sostiene que la acciones que se le reprochan a la recurrida consisten en la citación que la fiscalizadora doña nombre reservado realiza a la recurrente para que acuda a las dependencias de la Inspección del Trabajo, con el propósito de conseguir el reintegro de la trabajadora doña nombre reservado, y para que al mismo tiempo exhiba su documentación laboral respectiva, contratos y liquidaciones de remuneraciones bajo apercibimiento de multa por no comparecencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sancionando su incumplimiento por el artículo 30 del propio cuerpo legal, todo lo cual se habría dado en el marco de un proceso de fiscalización iniciado por la denuncia correspondiente de la trabajadora. La recurrida sostiene en términos generales que el reproche de arbitrariedad e ilegalidad de los actos descritos no tienen asidero, puesto que la Inspección tiene la facultad para fiscalizar y proceder en los términos indicados en tanto así lo dispone un conjunto consistente de normas legales. Cita en primer lugar los artículos 6° y 7° de la Constitución, que establece que la autoridad actúa legítimamente si somete su acción a la Constitución y las leyes y en la órbita de su competencia. Vincula esto con el artículo 505 del Código del Trabajo, precepto que le concede facultades de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral a la Inspección del Trabajo, tanto como al artículo 5° del DFL N° 2 de 1967 que le otorga a su vez la función de velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República, la que además se desarrolla de conformidad con los artículos 20, 23, 29, 30 y 31 del mismo cuerpo legal.

Por otra parte esgrime la recurrida que el artículo 201 inciso 4° del Código del Trabajo señala «si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida quedará sin efecto, y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico o de matrona o bien una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido».

Asimismo cita específicamente el artículo 29 del DFL N° 2 de 1967 que en lo pertinente dispone: «La Dirección del trabajo y los funcionarios de su dependencia podrán citar a empleadores, trabajadores y directores de sindicatos o a los representantes de unos y otros, o cualquiera persona en relación con los problemas de su dependencia para los efectos de procurar solución a los asuntos que se le sometan en el ejercicio de sus respectivas funciones, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como así mismo, para prevenir conflictos».

«No obstante lo anterior, cuando se estimare indispensable, la comparecencia deberá ser exclusivamente personal, circunstancia que deberá hacerse constar en la citación respectiva.»

Según la recurrida, es en este contexto normativo que la inspectora de la Inspección del Trabajo procedió en el procedimiento de fiscalización a informar a la empleadora de la denuncia y de las eventuales consecuencias que de ella podrían derivar conforme la propia legislación del trabajo relativa al fuero maternal, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 208 del Código del Trabajo.

Apunta por otra parte que el procedimiento de fiscalización quedó incompleto por la falta de comparecencia del empleador, y que únicamente se le ha aplicado la multa por dicha incomparecencia a la que se refería el correspondiente apercibimiento, pero no se le ha aplicado ninguna multa administrativa respecto a la denuncia que se ha formulado en su contra. De este modo, con respecto a la amenaza de multa que se le habría hecho dice que aquello no es tal, en cuanto es eso lo que corresponde como sanción ante el hecho de la incomparecencia.

Conforme a estas alegaciones la recurrida señal que por una parte no se ha verificado la infracción del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del artículo 19 N° 3 inciso 5°, puesto que conforme a los argumentos indicados la Inspección del Trabajo no se ha arrogado facultades jurisdiccionales sino que ha ejercido las atribuciones que le corresponden y le están conferidas por la ley. Por otra parte, con relación al derecho de propiedad del numeral 24 del artículo 19, entiende que no resulta lesionado, en tanto se ha sancionado el incumplimiento del deber de comparecer que la ley impone al empleador citado, con lo cual no puede entenderse que la sanción pecuniaria a beneficio fiscal sea una lesión antijurídica al derecho de propiedad cuando viene originada en la previa infracción de una norma legal como es el caso.

Por los argumentos expuestos previamente la recurrida solicita que se rechace el recurso interpuesto en todas sus partes, con costas.

El informe antes relacionado además acompaña los siguientes documentos: a) Informe (F 17) evacuado por la funcionaria doña nombre reservado, referido al procedimiento N° 0401.2014.1542, que rola a fojas 33; b) copia de informe de fiscalización N° 0401.2014.1542, incluyendo anexos, que corren desde fojas 34 a fojas 37; c) copia de anexo N° 4, informe de inicio de fiscalización de fecha 22 de octubre de 2014, que rola a fojas 38; d) copia de citación de fecha 22 de octubre de 2014, que rola a fojas 39; e) copia de ingreso de activación de fiscalización de fecha 14 de octubre de 2014, que rola a fojas 40; f) acta de fiscalización por separación ilegal de trabajadoras (F 24-1), que rola a fojas 44; g) copia de multa N° 4173.RUT reservado, cursada a Sociedad Profesional Odontología e Inversiones Daed y Cía. Limitada, que rola a fojas 42 y 43.

A fojas 53 se dicta resolución que tuvo por acompañados estos documentos, y al mismo tiempo se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de tutela urgente destinada a amparar el goce o libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho goce o ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, contrario a Derecho, en el sentido de vulnerar un precepto legal aplicable al caso concreto, o bien, que dicha conducta no ofrezca razones que la justifiquen; y que en cualquiera de estos casos provoque alguna de las lesiones mencionadas a las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, al efecto, se impugna como ilegal y arbitrario el requerimiento de que fuera objeto la recurrente por parte de la recurrida y de una presunta amenaza de sanción administrativa que se contendría o derivaría del mencionado requerimiento. Así, afirma que con fecha 22 de octubre de 2014 fue citada —en su calidad de representante legal de la sociedad afectada— por la funcionaria nombre reservado, fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, para concurrir el día 27 de octubre de 2014 a las 9:00 horas a su oficina con el propósito de reincorporar a la trabajadora doña nombre reservado a su puesto laboral, atendido a su estado de embarazo. Sostiene que con ocasión de la notificación, la propia funcionaria le habría informado del fuero maternal que protegía a la trabajadora y del deber que tenía como empleador de reintegrarla a sus funciones, o que de lo contrario se le iba a imponer una multa administrativa de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos).

Conjuntamente con lo anterior sostiene que la trabajadora, doña nombre reservado, fue despedida por necesidades de la empresa con fecha 12 de septiembre del año en curso y que suscribió finiquito total ratificado ante la Inspección del Trabajo. Afirma entonces que este finiquito tiene pleno efecto liberatorio, tiene valor de transacción y que él aparece revestido de eficacia de cosa juzgada, dando incluso excepción de cosa juzgada.

CUARTO: Que tocante a la lesión de determinados derechos fundamentales, considera que habrían resultado infringidos los numerales 3° y 24 del artículo 19 de la Constitución, puesto que la autoridad por medio del acto recurrido se habría arrogado facultades jurisdiccionales «al pretender establecer la vigencia de un contrato de trabajo que se encuentra fenecido y clausurado por un finiquito otorgado con todas las formalidades legales, materia que solamente pueden decidir los tribunales de justicia en un procedimiento de lato conocimiento». Añade seguidamente que la lesión del derecho de propiedad derivaría por su parte de la «amenaza de multa que conculca el derecho de propiedad que la Sociedad detenta sobre sus fondos, al verse expuesta a la necesidad de distraer dinero para el pago de una multa espuria, transfiriendo el dominio de ese dinero al Fisco y, además, porque impondría un gravamen económico que no corresponde, consistente en contratar forzadamente a una trabajadora que no pertenece a la empresa, generando prestaciones que la Sociedad no quiere asumir».

Como se ha dicho, la recurrente insiste en que el acto de la Inspección del trabajo recurrida supuso una infracción al artículo 19 N° 3 porque habría negado o desconocido el poder liberatorio al finiquito suscrito por el empleador y la trabajadora, cuestión que supone un acto de juzgamiento, lo que en opinión de aquella debe realizarse únicamente en el marco de un proceso jurisdiccional en donde las partes tengan las oportunidades de alegar y aportar medios de prueba en un juicio de lato conocimiento. Afirma que si bien los inspectores del trabajo tienen facultades fiscalizadoras de conformidad al artículo 23 del DFL N° 2 de 1967 y tienen calidad de ministros de fe respecto de los hechos que constatan ello no les habilitaría para hacer calificaciones jurídicas respecto de hechos o situaciones jurídicas dudosas o discutibles, como sería justamente el caso respecto a si la relación laboral puede renacer y si aquello puede conseguirse con la sola instrucción que así lo disponga de la autoridad administrativa.

Conforme a lo anterior se afirma que a la autoridad administrativa le estaría vedado realizar una interpretación de un acto contractual, como en este caso ha sucedido con el finiquito, cuestión que correspondía única y privativamente a los tribunales de justicia.

Con respecto al derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, la recurrente reitera más adelante la afirmación en orden a que la presunta amenaza de imposición de multa a beneficio fiscal constituye un acto ilegal y arbitrario.

QUINTO: Que la recurrida sostiene que el reproche de arbitrariedad e ilegalidad de los actos descritos no tienen asidero, puesto que la Inspección detenta la facultad de fiscalizar y proceder en los términos indicados en tanto así lo dispone un conjunto consistente de normas legales. Cita en primer lugar los artículos 6° y 7° de la Constitución, que establece que la autoridad actúa legítimamente si somete su acción a la Constitución y las leyes y en la órbita de su competencia. Vincula esto con el artículo 505 del Código del Trabajo, precepto que le concede facultades de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral a la Inspección del Trabajo, tanto como al artículo 5 del DFL N° 2 de 1967 que le otorga a su vez la función de velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo en todo el territorio de la República, la que además se desarrolla de conformidad con los artículos 20, 23, 29, 30 y 31 del mismo cuerpo legal.

Por otra parte, como se ha expuesto, esgrime la recurrida que el artículo 201 inciso 4° del Código del Trabajo señala «si por ignorancia del estado de embarazo o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo se hubiere dispuesto el término del contrato en contravención a lo dispuesto en el artículo 174, la medida que quedará sin efecto y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del correspondiente certificado médico de matrona o bien una copia autorizada de la resolución del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, en los términos del inciso segundo, según sea el caso, sin perjuicio del derecho a remuneración por el tiempo en que haya permanecido indebidamente fuera del trabajo, si durante ese tiempo no tuviere derecho a subsidio. La afectada deberá hacer efectivo este derecho dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el despido».

Asimismo cita específicamente el artículo 29 del DFL N° 2 de 1967 que en lo pertinente dispone: «La Dirección del trabajo y los funcionarios de su dependencia podrán citar a empleadores, trabajadores y directores de sindicatos o a los representantes de unos y otros, o cualquiera persona en relación con los problemas de su dependencia para los efectos de procurar solución a los asuntos que se le sometan en el ejercicio de sus respectivas funciones, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como así mismo, para prevenir conflictos».

«No obstante lo anterior, cuando se estimare indispensable, la comparecencia deberá ser exclusivamente personal, circunstancia que deberá hacerse constar en la citación respectiva.»

Según la recurrida, es en este contexto normativo que la inspectora de la Inspección del Trabajo procedió en el procedimiento de fiscalización a informar a la empleadora de la denuncia y de las eventuales consecuencias que de ella podrían derivar conforme la propia ley del trabajo relativas al fuero maternal, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 208 del Código del Trabajo.

Apunta por otra parte que el procedimiento de fiscalización quedó incompleto por la falta de comparecencia del empleador, y que únicamente se le ha aplicado la multa por dicha incomparecencia a la que se refería el correspondiente apercibimiento, pero no se le ha aplicado ninguna multa administrativa respecto a la denuncia que se ha formulado en su contra. De este modo, con respecto a la amenaza de multa que se le habría hecho dice que aquello no es tal, en cuanto es eso lo que corresponde como sanción ante el hecho de la incomparecencia.

SEXTO: Que para el cabal entendimiento y acertada decisión del asunto planteado, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que frente a una situación de terminación del contrato (de despido) por parte del empleador respecto de una trabajadora embarazada, el artículo 201 inciso 4° del Código del Trabajo contempla expresamente la situación de que la gravidez de la mujer trabajadora sea desconocida por el empleador al momento del despido, disponiendo en ese caso que dicho acto queda sin efecto, y la trabajadora volverá a su trabajo, para lo cual bastará la sola presentación del certificado médico o de matrona, debiendo hacer efectivo este derecho —la trabajadora— dentro de los 60 días hábiles contados desde el despido.

SÉPTIMO: Que en segundo término debe considerarse que la Dirección del Trabajo y, por lo tanto, la Inspección del Trabajo tienen unos cometidos institucionales consagrados por la ley, como son la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de previsión social y la vigilancia de su fiel acatamiento en todo el territorio de la República, como consagran el artículo 505 del Código del Trabajo y los artículos 1° y 5° letra c) del DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

OCTAVO: Que en seguida el legislador ha previsto para el recto cumplimiento de estas funciones institucionales la concesión de una serie de poderes, destinados a dotar a la Dirección del Trabajo y a las correspondientes Inspecciones del Trabajo de las atribuciones necesarias para aquel propósito.

NOVENO: Que de este modo entonces el artículo 29 del DFL N° 2 de 1967 dispone que «(l)a Dirección del trabajo y los funcionarios de su dependencia podrán citar a empleadores, trabajadores y directores de sindicatos o a los representantes de unos y otros, o cualquiera persona en relación con los problemas de su dependencia para los efectos de procurar solución a los asuntos que se le sometan en el ejercicio de sus respectivas funciones, o que deriven del cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias, como así mismo, para prevenir conflictos».

décimo: Que conforme a los antecedentes normativos indicados cabe concluir que la Inspección sí tiene la atribución de citar a los empleadores precisamente frente a un caso en que pueda eventualmente estarse verificando un hecho contrario a la legislación laboral, como parecía ser el asunto que nos ocupa, el cual llega a conocimiento de la Inspección Provincial del Trabajo mediante denuncia realizada por la propia interesada con fecha 14 de octubre del año en curso, circunstancia que por lo demás aparece expresamente consignada en el Informe de Exposición de la fiscalizadora doña nombre reservado, que rola a fojas 36.

UNDÉCIMO: Que ha de repararse que en el Formulario 24-1 de la Inspección del Trabajo contenido en el Acta de Fiscalización por Separación Ilegal de Trabajadores con Fuero Laboral, que rola a fojas 44 y 45, se expresa que en la actuación inspectiva junto con constatar la separación ilegal —de la trabajadora aforada de su puesto de trabajo— se debe informar al empleador de la prohibición de realizar dicha separación, de su carácter ilegal e infraccional, la cual será sancionada si no se allanare a poner término a la mencionada separación ilegal.

DUODÉCIMO: Que consistentemente con lo expuesto en el Considerando precedente, la citación que rola a fojas 1, efectuada a la recurrente tuvo por propósito justamente propiciar el allanamiento a dicha reincorporación ante el caso de una mujer que teniendo un contrato a plazo indefinido con la recurrente, tal como se desprende del anexo de contrato de trabajo, que rola a fojas 7, no obstante fue despedida estando —a esa época— encinta, según el Informe de Exposición 0401.2014.1542, que rola a fojas 36.

DECIMOTERCERO: Que esta forma de proceder de la Inspección del Trabajo y de la fiscalizadora en particular está ajustada a Derecho, y resulta perfectamente armónico además con lo expresamente dispuesto en el artículo 29 del DFL N° 2 precitado, en cuanto estas autoridades en el conocimiento de las materias de su competencia deben procurar solución a los asuntos que se le sometan, como naturalmente son las infracciones a la legislación del trabajo.

DECIMOCUARTO: Que a mayor abundamiento la concesión de una oportunidad al empleador infractor del fuero maternal de allanarse a la reincorporación antes de la aplicación lisa y llana de una multa (sin el agotamiento de una posibilidad como la que se indica) parece más acorde con lo expresamente preceptuado en el artículo 201 inciso cuarto del Código del Trabajo, cuando el estado de gravidez fuere desconocido por la empleadora al momento de proceder al despido. De esta manera se le confiere una oportunidad adecuada al empleador de eliminar voluntariamente el acto del despido que desconoce y lesiona la protección legal del fuero maternal, y de ese modo evitar la imposición de una multa que podría proceder por aquella conducta infractora de la legislación laboral, tal como se desprende expresamente del Formulario Tipo N° 24-1, utilizado por la Inspección del Trabajo para la fiscalización por separación ilegal de trabajadores con fuero laboral.

DECIMOQUINTO: Que en cuanto a la oportunidad que la Inspección del Trabajo franquea a la empleadora para allanarse a la reincorporación de la trabajadora con fuero, cabe apuntar que ello no constituye sino un legítimo ejercicio de sus atribuciones por todas las razones apuntadas. Y aun con más precisión no puede entenderse que el llamamiento que haga la autoridad con el fin de ofrecerle la oportunidad de reincorporación al empleador infractor (armónica por lo demás con el inciso 4° del 201 del Código del Trabajo y con el artículo 29 del DFL N° 2) sea una orden o decisión imperativa de reincorporación imposible de resistir, en tanto el empleador puede no allanarse y soportar en su lugar la correspondiente multa por la infracción referida. Cosa bien distinta acontece con las decisiones jurisdiccionales que han de cumplirse por el sujeto condenado, el cual no puede sino acatar exactamente lo resuelto en los términos dispuestos.

DECIMOSEXTO: Que así mismo ha de consignarse que la infracción del fuero maternal que se ha denunciado, en caso de ser verificada su real existencia en sede administrativa debe ser efectivamente reprimido y sancionado, en los términos previstos en el artículo 208 del Código del Trabajo. Con todo, en la especie la única multa impuesta es aquella con la cual fue apercibida la empleadora, tal como se desprende del Formulario 20 de citación a la empleadora, que no es sino la multa por falta de comparecencia prevista en el artículo 29 en relación al artículo 30, ambos del DFL N° 2, y que en definitiva fuera fijada en el importe de un (1) ingreso mínimo mensual, lo cual resulta legal y conforme con los antecedentes del caso.

En consecuencia no se ha impuesto a la fecha una multa destinada a sancionar la eventual infracción a las normas que consagran el fuero materno a favor de las trabajadoras embarazadas por la empleadora recurrente, en tanto la propia incomparecencia ha impedido el normal desarrollo del procedimiento administrativo incoado en los términos ya expuestos.

Por otra parte, cabe concluir que la probable imposición de multas administrativas que resultan de eventuales infracciones a la legislación del trabajo no pueden considerarse jamás una amenaza antijurídica al patrimonio de la infractora en tanto es el propio Derecho el que contempla estas consecuencias jurídicas derivadas del comportamiento o conducta ilícita de aquella.

DECIMOSÉPTIMO: Que en último término todos los fundamentos dados con anterioridad excluyen la alegación de la recurrente de que en el caso nos encontramos frente a un acto de la administración por medio del cual esta se arroga facultades jurisdiccionales, al haber interpretado un acto jurídico como es el finiquito, cuyo significado y efectos serían dudosos o discutidos.

Con todo, todavía se podrían apuntar para mayor claridad dos consideraciones añadidas que descartan la tesis de la recurrente. Primero, es completamente errado que la autoridad administrativa no pueda interpretar los actos o hechos jurídicos y calificarlos conforme a Derecho, puesto que toda aplicación del Derecho requiere de estas actividades: otra cosa es que esa actividad no quede sometida a control jurisdiccional. Segundo, en el caso sublite tampoco hace falta entrar a discutir en sentido estricto el significado del finiquito y los efectos liberatorios que derivan del mismo, puesto que hay una norma que resuelve el problema del despido de una mujer aforada, estableciendo la expresa prohibición si no es con la autorización de la autoridad jurisdiccional. El asunto entonces se resuelve en la constatación de la infracción de una norma prohibitiva antes que en un problema en donde se discuta acerca del significado e interpretación de un acto jurídico, lo que tampoco —como se ha dicho— es necesariamente privativo de los tribunales, como se ha querido insistir.

DECIMOCTAVO: Que, en fin, los otros antecedentes documentales aportados por la recurrente y recurrida en nada alteran las consideraciones precedentes, en tanto se refieren a circunstancias y hechos que no están controvertidos, como son la relación laboral, su conclusión mediante finiquito y el pago de remuneraciones con anterioridad al despido.

DECIMONOVENO: Que de acuerdo a todos los razonamientos expuestos no se vislumbra indicio alguno de ilegalidad o arbitrariedad en la acciones impugnadas por la recurrente, de modo que no cabe sino la completa desestimación de la pretensión deducida en estos autos, tal como se dispondrá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que se RECHAZA, con costas, la presente acción de protección interpuesta por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de «Odontología e Inversiones Daed Limitada», Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Carlos del Río Ferretti.

ROL N° 1188-2014 (Protección).

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros señor Humberto Mondaca Díaz, señor Jaime Meza Saez (S) y el abogado integrante señor Carlos del Río Ferretti. No firma el abogado Sr. nombre reservado por encontrarse ausente no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.

nombre reservado

Secretaria (S)

La Serena, tres de diciembre de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.