Protección contra Registro Nacional de Conductores de la Subsecretaría de Transportes

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Registro Civil e Identificación y otra Recurso de protección Rol Nº1180-2025 La Serena, veintinueve de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el siete de julio de dos mil veinticinco don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, Ingeniero en Maquinaria Pesada y nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en su favor, en contra del Registro Nacional de Conductores de la Subsecretaría de Transportes, y en contra del Juzgado de Policía Local de Antofagasta, por actos arbitrarios e ilegales que amenazan, perturban y privan sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Expone que, en los años 2007 y 2011 fue condenado por los Juzgados de Garantía de La Serena y Coquimbo por el delito de conducción en estado de ebriedad, lo que derivó en la suspensión y posterior cancelación de su licencia de conducir, así como su anotación en el certificado de antecedentes penales y en la hoja de vida del conductor. Posteriormente el Juzgado de Policía Local de Antofagasta le denegó el otorgamiento de la licencia de conducir, fundado en el artículo 15 de la Ley N°18.290, por carecer de idoneidad moral. Refiere que años más tarde, en cumplimiento del régimen de rehabilitación establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°409 de 1932, se sometió voluntariamente a medidas de firma mensual y observancia de buena conducta, al cabo de cinco años, logró eliminar legalmente ambas condenas de su certificado de antecedentes penales. Sin embargo, las denegaciones de licencia vinculadas exclusivamente a dichas causas eliminadas aún permanecen anotadas en su hoja de vida del conductor, produciendo efectos negativos reales en su vida laboral y profesional, al impedir su acceso a trabajos que exigen conducir vehículos motorizados.

Indica ser vulneradas las siguientes garantías, consagradas en el artículo 19 N°16: Se vulnera el derecho al trabajo, al impedir acceder a empleos que requieren conducción profesional; N°21: Se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, sin que medie causa legal vigente que lo restrinja; y N°1°: Se vulnera su honra, al conservar registros administrativos fundados en antecedentes penales legalmente eliminados.

Alega ilegalidad en el actuar de las recurridas, por cuanto no existe fundamento normativo actual que justifique mantener tales registros, lo cual transgrede el principio de legalidad en materia sancionatoria. Añade que la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema señalan que la rehabilitación legal implica la extinción de toda consecuencia jurídica asociada a una condena. La mantención de estos antecedentes administrativos viola el sentido y finalidad del DFL N°409.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar que se eliminen de su hoja de vida del conductor las anotaciones relativas a las denegaciones de licencia fundadas en causas penales ya eliminadas; y disponer todas las demás medidas necesarias para restituir el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos fundamentales, con costas.

Acompaña a su presentación: Hoja de vida del conductor; Memorándum N°1239 Denegación de eliminación de hoja de vida de conductor Registro Civil; Certificado de antecedentes penales; y Resolución de eliminación de antecedentes conforme al DFL N°409.

SEGUNDO: Que, a folio 9 comparece Rafael Luna Miranda, abogado, evacuando informe en representación de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, lo cual se verifica por la hoja de vida del conductor acompañada por el recurrente, en donde se indica que se ha negado la licencia de conducir por su representada en dos oportunidades, siendo la última ocasión el 22 de agosto de 2014, quedando en evidencia que la acción de protección interpuesta en autos resulta por completo extemporánea, toda vez que la última negación de la licencia de conducir del recurrente ocurrió el 22 de agosto de 2014, interponiendo la acción de protección el 7 de julio del presente, habiendo transcurrido casi 10 años desde la mencionada denegación.

Agrega que, a la fecha de esta presentación el recurrente goza de licencia de conducir, lo cual consta asimismo de la hoja de vida referida, la que indica que la Ilustre Municipalidad de Iquique le otorgó licencia de conducir el 18 de agosto de 2016, imponiendo únicamente la restricción de ocupar lentes para poder conducir. Por tanto, no existe la afectación planteada por el recurrente.

Luego se refiere al fondo de la acción deducida, indicando que el artículo 5 de la Ley del Tránsito dispone que "ninguna persona podrá conducir un vehículo motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia expedida por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal de una Municipalidad autorizada al efecto"; y a su vez, el artículo 13 de la misma norma señala los requisitos que los postulantes a licencia de conducir debe reunir, siendo el primero de ellos el de "acreditar idoneidad moral, física y psíquica". Señala que en cuanto a las disposiciones sobre conducción en estado de ebriedad, el artículo 110 inciso primero de la Ley de Tránsito indica que "se prohíbe, al conductor y a los pasajeros, el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de vehículos motorizados"; luego, en el artículo 111, indica que una persona se entenderá estar en estado de ebriedad cuando "el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo", lo cual constituye un delito.

Expone los hechos por los cuales fue formalizado el recurrente en las causas en que fue condenado por conducir en estado de ebriedad, en la primera debió pagar 1/5 de UTM como multa y suspensión de su licencia de conducir por un mes; y en la segunda, fue condenado a la pena de reclusión nocturna por 41 días, una multa de 1 UTM, y suspensión de su licencia de conducir por 6 meses, por lo que indica que es claro que el recurrente quebrantó la prohibición del artículo 110 de la Ley de Tránsito, configurando el delito del artículo 193 de la misma ley.

En cuanto a la idoneidad moral del artículo 13 letra a) de la Ley del Tránsito, indica que la entrega de licencias de conducir está encargada al Departamento de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad, la que debe verificar el cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la misma norma. Añade que la idoneidad moral debe ser calificada por el Director del Departamento de Tránsito, teniendo a la vista el informe de antecedentes expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y el informe del Registro Nacional de Conductores, y que, en el caso del recurrente, la falta de idoneidad moral se ve reflejada en las condenas por conducción en estado de ebriedad, lo que configura la causal del artículo 16 N°1 "Artículo 16.- Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N- 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas..” Informa que cuando existen impedimentos de este tipo, el requirente puede volver a presentar su solicitud pasados 5 años después de terminada la condena, y en el caso del recurrente, señala que la causa del Juzgado de Garantía de Coquimbo recién el 3 de julio de 2018 se ha emitido certificado de cumplimiento, donde indica cumplida la pena aflictiva a que fue condenado, y que fue purgada el 23 de marzo de 2012. Indica que la última solicitud de licencia de conducir que el recurrente presentó ante la Ilustre Municipalidad de Antofagasta fue el 22 de agosto de 2014, siendo rechazada por falta de idoneidad moral, por lo que refiere que el recurrente tendría que haber solicitado su licencia de conducir recién desde el 24 de marzo de 2017.

Por lo que señala haber actuado dentro de los márgenes de la ley.

Concluye indicando que no existe ninguna conducta ilegal o arbitraria que amenace o prive las garantías constitucionales del recurrente, de manera tal que se debe rechazar íntegramente la presente acción de protección, condenando en costas.

TERCERO: Que, a folio 10, el Servicio de Registro Civil e Identificación, indica que según lo informado por Subdepartamento de Registros Especiales y el Subdepartamento de Filiación Penal, consta en las anotaciones en la hoja de vida del recurrente, las siguientes: “denegación de licencia de Conductor: “Con fecha 06 de junio de 2014, han sido denegadas licencia de conducir tipo: todas, al titular del RUN RUT reservado, por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, por falta de idoneidad moral. Fecha de anotación: 05 de julio de 2014; “licencia de duración restringida: “Otorgada al titular del RUN RUT reservado, por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, válida desde el día 26 de agosto de 2014, hasta el día 26 de agosto de 2015. Fecha de anotación 03 de septiembre de 2014”; “Denegación de Licencias de Conductor: Con fecha 22 de agosto de 2014, han sido denegadas a licencias de conductor tipo: todas, al titular del RUN RUT reservado, por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, por falta de idoneidad moral. Fecha de anotación: 11 de octubre de 2014”; “Licencia de Duración Restringida: Otorgada al titular del RUN RUT reservado, por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta, válida desde el día 27 de agosto de 2015, hasta el día 27 de agosto de 2016. Fecha de anotación 13 de noviembre de 2015”; “Restricción de Licencia: La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Iquique, con fecha 17 de febrero de 2016, otorgó licencia de conducir al titular del RUN, con conducción con lentes (Art 4° DS N°170/85). Fecha de anotación 22 de febrero de 2016”; “Restricción de Licencia: La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Iquique, con fecha 18 de agosto de 2016, otorgó licencia de conducir al titular del RUN, con conducción con lentes (Art 4o DS N°170/85). Fecha de anotación 25 de agosto de 2016”; y sin antecedentes penales.

Luego se refiere al marco legal que regula la materia del presente recurso, indicando el artículo 13, 14 letra a) N°1, 15 y 16 de la Ley del Tránsito, el primero indica los requisitos que deben cumplir los que postulen a obtención de licencia de conducir; y los restantes, se refieren a la calificación de la idoneidad moral por parte de las Direcciones de Tránsito Municipales.

Expone que, para la eliminación de anotaciones en el Registro Nacional de Conductores de vehículos motorizados debe estarse a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Tránsito; y que, en el caso particular del recurrente consta que no registra anotaciones de tipo penal en la Hoja de Vida del Conductor, sino que solo las licencias de conducir registradas y las anotaciones ya referidas, indica que la denegación de otorgamiento de licencias de conducir por falta de idoneidad moral es de exclusiva competencia de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad; y refiere que la eliminación de las anotaciones que constan en la Hoja de Vida del Conductor del recurrente de esta naturaleza, y de conformidad a lo dispuesto en el ya referido inciso cuarto del artículo 217 del D.F.L. N°1 de 2009, Ley de Tránsito, el recurrente podrá obtener el beneficio de eliminación de las anotaciones que constan en su Hoja de Vida del Conductor relativas a denegaciones de licencias de conducir, cuando una resolución judicial o bien un oficio del respectivo juzgado así lo ordene expresamente.

Alega que según lo expuesto el Servicio no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la omisión o eliminación de los antecedentes de la hoja de vida del conductor se fundamenta en los preceptos e instituciones legales, y que, el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, por lo que, no resultaría procedente para el Servicio hacer distinciones de ninguna especie, pues las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

Solicita rechazar el recurso, con condena en costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad alegada, se deberá tener especialmente presente que lo recurrido no es el rechazo de la Municipalidad a otorgar licencia de conducir en el año 2014, y su posterior anotación en su hoja de vida, sino que lo alegado como arbitrario e ilegal es que aquellas anotaciones se mantengan vigentes en su hoja de vida, siendo que se le concedió beneficio del Decreto Ley 409 de 1932, esto es, la eliminación de sus antecedentes penales, el 21 de septiembre de 2018 por medio de Resolución Exenta N°474, la que acompaña.

Así las cosas, resulta importante determinar cuando el recurrente tomó conocimiento de lo que alega ser arbitrario e ilegal, y de los documentos acompañados a su libelo se refiere al Memorándum N°1239 emitido por el Subdepartamento de Registros Especiales del Registro Civil, el cual fue notificado el 16 de junio pasado al recurrente, y que en lo medular deniega la eliminación de las anotaciones de su hoja de vida de conductor, refiriéndose a la normativa aplicable, por lo que, teniendo en consideración que el recurso fue presentado el siete de julio pasado, la alegación de extemporaneidad deberá ser rechazada.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y del Registro Civil, por no eliminar de la hoja de vida de conductor del recurrente las anotaciones que dicen relación con la denegación de otorgar licencia de conducir por falta de idoneidad moral, en atención al haber sido condenado en dos oportunidades por manejo en estado de ebriedad, siendo que han sido eliminados sus antecedentes penales, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1, 16 y 21 de la Carta Magna.

Por su parte, las recurridas señalan haber actuado conforme lo dispone la Ley del Tránsito, y dentro de la esfera de sus competencias, por lo que su actuar no ha vulnerado garantía constitucional alguna.

OCTAVO: Que, es dable tener presente para la resolución de la controversia en cuestión, que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados encuentra su regulación en los artículos 210 a 217 de la Ley de Tránsito, D.F.L. 1 de 2009.

Así, en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, deben registrarse las sentencias ejecutoriadas por delitos, cuasidelitos y faltas, así como la cancelación o suspensión de la licencia de conducir, según dispone el artículo 210 del citado DFL 1 de 2009. El Registro, además, comunicará a los Juzgados de Policía Local los antecedentes que sirvan para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor en caso de reincidencia y trasmitirá a los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y los Departamentos de Tránsito municipales la información que les sea requerida.

En cuanto a las anotaciones registrales y las comunicaciones que deban enviarse a las autoridades competentes sobre su contenido, ellas no podrán eliminarse del registro pertinente, sino en los casos establecidos por la propia Ley del Tránsito en su artículo 217, que para el caso de las que provienen de sentencias ejecutoriadas dictadas por tribunales competentes en materia penal, establece en su inciso segundo que, en la medida que “también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuáriales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”, agregando en su inciso tercero que dicha eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago del derecho correspondiente.

En esta materia, la jurisprudencia ha dicho que para la eliminación de una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, por haber sido el conductor condenado por sentencia firme y ejecutoriada por un tribunal competente en materia penal, es necesario que la anotación correspondiente en el Registro Nacional de Condenas haya sido eliminada, de conformidad con lo establecido al efecto por el Decreto Ley N°409, sobre eliminación de antecedentes penales, y demás disposiciones legales aplicables.

Por su parte el inciso 1° del artículo 217 de la Ley de Tránsito dispone que; “Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.”

NOVENO: Que, de la normativa transcrita, y conforme a la controversia planteada, es necesario asentar, en primer lugar, que, las anotaciones registrales y las comunicaciones que deban enviarse a las autoridades competentes sobre su contenido, no podrán eliminarse del registro pertinente sino en los casos establecidos por la propia Ley del Tránsito en su artículo 217 que, según se transcribió, es admisible para el caso de las sentencias penales ejecutoriadas, en la medida que: “también figuren en el Registro General de Condenas, […], cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”, agregando en su inciso tercero que, dicha eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago del derecho correspondiente.

Luego debe tenerse en cuenta que el recurrente acompañó a su recurso Resolución Exenta N°474 de 21 de septiembre de 2018, por medio de la cual se le concedió el beneficio del Decreto Ley 409, esto es la eliminación de sus antecedentes penales, los que decían relación directa con las dos causas por manejo en estado de ebriedad de los Juzgados de Garantía de La Serena y Coquimbo.

DÉCIMO: Que, habiéndose concedido al actor el beneficio del Decreto Ley N°409 de 1932, son aplicables los incisos 2° y 3° del artículo 217 de la Ley de Tránsito, desde que las anotaciones de 05 de julio y 11 de octubre ambas del año 2014 de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta tienen justamente relación con las sentencias condenatorias penales eliminadas de su extracto, trámite para el cual es competente el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En lo que respecta a la recurrida Ilustre Municipalidad de Antofagasta, teniendo en consideración que la decisión de la petición incoada por el actor -eliminación de las anotaciones referidas- corresponde al Servicio de Registro Civil, no aparece que esta recurrida haya incurrido en un acto u omisión arbitrario o ilegal, motivo por el que se rechazará el arbitrio intentado en relación con la entidad edilicia.

UNDÉCIMO: Que, en atención a lo precedentemente razonado, no cabe sino acoger el arbitrio impetrado, por cuanto el actuar del servicio no se halla ajustado a la normativa sobre la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en cuanto, el Servicio recurrido deberá eliminar de la hoja de vida del conductor las anotaciones de cinco de julio y once de octubre, ambas del año dos mil catorce de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad de Antofagasta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol 1180-2025 Protección