nombre reservado CONTRA nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1175-2018.- La Serena, dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 09 de octubre de 2018 comparece doña nombre reservado, labores de hogar, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone nombre reservado en contra de doña nombre reservado, comerciante, domiciliada domicilio reservado, y en domicilio reservado, esquina Arauco, Tierras Blancas, Coquimbo, en razón de que la recurrida la expulsó personalmente del sindicato, sin pasar por un proceso previo y sin darle la oportunidad de defenderse antes de que se adoptara la decisión, lo que violenta las normas estatutarias que rigen los destinos del Sindicato, tornándose la misma en ilegal, al infringir los artículos 37° y 41° de los estatutos, vulnerando con ello los artículo 19 N°2, 3 y 4 de la Constitución Política del Estado.

Funda su recurso en que fue socia fundadora de la Feria de las Pulgas de Tierras Blancas de la comuna de Coquimbo, y con fecha 18 de abril de 2017 se constituyeron como parte de un Sindicato de Trabajadores Independientes Arauco, con 27 socios, siendo reconocidos legalmente con fecha 17 de abril del año en curso, y como parte de los acuerdos adoptados en la Asamblea, se estableció que cada socio debía pagar una cuota de inscripción de $5.000, más $2.000 mensuales, cuotas que señala haber pagado oportunamente.

Expone que con fecha 07 de septiembre del año en curso, se citó a una reunión en el domicilio de uno de los socios, ubicado en domicilio reservado, a objeto de tratar sobre una actividad de “Plato Único Bailable” que se organizaba para recaudar fondos para el sindicato, y en tal contexto surgió una discrepancia entre ella y la recurrida, por el color de un toldo que sería comprado para los socios con la recaudación de dicha actividad, pues supuestamente la Municipalidad y la Inspección del Trabajo lo exigían, con lo que ella no estaba de acuerdo, pues ya había comprado el suyo con anterioridad, de color rojo, como se había acordado en una reunión anterior, manifestándole a la Sra. nombre reservado que por tal motivo no participaría en la actividad, lo cual pareció disgustarle mucho a la recurrida quien, dicho sea de paso, en ese momento sólo desempeñaba el cargo de Tesorera del sindicato, aunque hoy ha asumido como Presidenta del mismo.

Indica que al día siguiente, estando en la feria, la recurrida concurrió a su puesto y le señaló nuevamente lo del toldo, agregando textualmente: “Si te gusta bien, si no te vas”, ante lo cual acudió a la Delegación Municipal de Tierras Blancas a consultar por la supuesta obligatoriedad del toldo, conversando con la Asistente Social. Luego, el día 11 de septiembre, estando en el puesto asignado en la feria, se le acercó la recurrida, ordenándole que desarmara su puesto y se retirara, reprochándole el haber acudido a la Delegación Municipal de Tierras Blancas, entregándole sus documentos y dinero cancelado, ordenándole no volver al lugar y que estaba fuera del Sindicato, y ese mismo día pasó puesto por puesto pidiendo a los demás socios que firmaran su desvinculación, transfiriendo su puesto a otra persona por la suma de $15.000.

Agrega que una socia del sindicato le comentó que el día 14 de septiembre se realizó una asamblea en el sindicato para tratar su situación, a la que yo habría sido citada por carta certificada despachada por la recurrida el 12 de septiembre, carta que nunca recibió en su domicilio, y que tuvo que pasar personalmente a retirar a las oficinas de Chilexpress el día 02 de octubre del año en curso, enterándose en ese momento de su contenido, en la que se le citaba a la reunión fijada para el viernes 14 de septiembre a las 18,00 horas, en carácter urgente, “para debatir su actual situación con el sindicato de trabajadores independientes Arauco y hacer cumplir el artículo 41 del estatuto del sindicato”, agregando que se le imputaba una “falta al artículo 6° del estatuto, infringiendo sus deberes como socio estipulado en el artículo 25° letra a), en cuanto a conocer este estatuto, respetar sus disposiciones y cumplirlas, y además al artículo 39 letra b) y c), por no mantener una conducta adecuada durante las reuniones del sindicato, sea en asambleas, en sesiones del directorio o en el trabajo de las comisiones y por haber incidido en conductas que alteren el normal desarrollo de actividades sociales de la organización sindical, carta que firma supuestamente la Directiva del sindicato, pero sólo cuenta con la firma de doña nombre reservado, quien en esa fecha era la tesorera de la institución, y además, la carta no indica la fecha en que fue confeccionada.

Manifiesta que el día 04 de octubre, acudió al Sindicato para solicitar los antecedentes de su expulsión y logró que se le entregara copia de una Carta Informativa, sin fecha de expedición y firmada nuevamente por doña nombre reservado, como Presidenta de la Directiva del Sindicato, en que se oficializaba su expulsión de dicha organización, carta en la que se indica que tal decisión era por decisión unánime de la asamblea, y que ella no habría asistido a la reunión del día 14 de septiembre a la que habría sido citada por carta certificada, todo lo cual, es falso.

Sostiene que se vulnera el artículo 37° de los estatutos, pues señala que, en primer lugar, son el directorio o la asamblea los órganos que pueden decidir la aplicación de una medida disciplinaria, quedando la medida de expulsión reservada exclusivamente a la asamblea, según reza el artículo 41°, y en su caso la expulsión fue ordenada el día 11 de septiembre únicamente por la recurrida, por lo que nunca se le dio la posibilidad de defenderse, y además, la carta en que se le citaba a dicha reunión nunca llegó a su domicilio, sino que debió retirarla desde Chilexpress sólo con fecha 02 de octubre, la que por lo demás era vaga en cuanto a las imputaciones que se le realizan por lo que se vulneró su derecho a defensa.

Asimismo, arguye infringido el artículo 41° del estatuto, que exige, para adoptar la medida de expulsión del socio, que ella sea aprobada por la mayoría absoluta de los socios, lo que en su caso no se ha cumplido.

Indica que con el proceder de la recurrida se ha violentado la garantía de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, desde el momento en que todos los afiliados tienen el derecho a ser oídos en forma previa, antes de la aplicación de alguna sanción, según lo establecen las normas internas ya señaladas, lo que en su caso no fue respetado, pues no se le dio aquella posibilidad y fue sancionada sin ser oída y sin poder defenderse.

Asimismo, refiere que se ha violentado la garantía del artículo 19 N° 3 inciso 5°, en cuanto a que nadie puede juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se encuentre establecido con anterioridad por ella; en la especie, al ser expulsada por la decisión unilateral, personal y arbitraria de la recurrida doña nombre reservado, ella se ha erigido como una verdadera comisión especial que ha optado por atribuirse facultades que se encuentran reservadas estatutariamente a la asamblea.

Además, indica que la recurrida vulnera también su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, sobre los derechos y prerrogativas que emanan de su calidad de socia del sindicato aludido, toda vez que tales bienes de carácter incorporal se han incorporado a su patrimonio, y no puede ser privada de ellos o de alguna parte esencial de sus facultades, sino en conformidad a lo señalado estatutariamente, por lo que al habérsele privado ilegal y arbitrariamente de su condición de socia del sindicato, se afectó esta garantía.

Por lo anterior, solicita acoger el presente arbitrio en todas sus partes, y dejar sin efecto la medida de expulsión que le afecta, disponiendo que la recurrida deberá restituirle su calidad de socia con todos los derechos inherentes a tal calidad, como asimismo se deberá adoptar cualquiera otra medida que se considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos, todo ello con costas.

Acompañó en apoyo de sus planteamientos los documentos consistentes en: 1.- Sobre Chilexpress, en que se le enviaba la carta citación a reunión del 14 de septiembre de 2018; 2.- Citación a reunión para el día 14 de septiembre de 2018, contenida en el sobre señalado; 3.- Copia consulta de Órdenes de Transporte de la página internet de Chilexpress; 4.- Carta Informativa firmada por la recurrida, en que se le comunica la medida de expulsión que le afecta; 5.- Nómina con los integrantes del Directorio del Sindicato, vigente a la fecha de su expulsión; 6.- Copia Credencial del Registro Nacional de la Discapacidad, a su nombre; 7.- Copia de los Estatutos del Sindicato señalado.

SEGUNDO: Que con fecha 01 de noviembre de 2018 Arturo Cortés Ormeño, abogado, en representación de la recurrida, evacua el informe de rigor, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Sostiene que el día 07 de septiembre del año en curso, efectivamente se suscitó una discusión en asamblea del sindicato, con ocasión de una decisión que había sido adoptada en la asamblea anterior, relativa a la compra de un toldo para una actividad sindical. Pese a haber votado a favor de tal decisión en la asamblea anterior, la recurrente manifestó no estar de acuerdo con acatar dicha medida adoptada, señalando que no participaría, pues ya había comprado su toldo, oportunidad en que su representada, en su calidad de tesorera de la directiva, le hizo presente a la recurrente que debía obedecer las decisiones tomadas por la mayoría de los miembros del sindicato, bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el estatuto, a lo que ella respondió de manera amenazante y grosera: “Te vas a acordar de mí conchetumadre, cabra culiada.”

Indica que dicha conducta, se enmarca dentro de las faltas establecidas en el artículo 39° letras b y c del estatuto del sindicato, que acarrean la sanción de multa. Sin embargo, el artículo 41° de dicho estatuto contempla la expulsión del socio cuando la gravedad de la falta o la reincidencia en ella, lo hiciere necesario, en virtud de lo cual y en conformidad al procedimiento dispuesto en el Art. 6° del estatuto, el día 12 de septiembre se le envió, vía Chilexpress, una carta timbrada por el Sindicato de Trabajadores Independientes Arauco a su domicilio ubicado en domicilio reservado, que figuraba en su ficha de registro social de hogares, que había entregado a la directiva del sindicato, y correspondía entonces, al domicilio de ella conocido por dicha organización, donde se le cita a asamblea extraordinaria para el día 14 de septiembre, a objeto de debatir la posible aplicación de la sanción más extrema, salvaguardando su derecho estatutario y fundamental a ser oída; habiéndose constituido su representada como presidente del sindicato, el mismo día del envío de la carta.

Refiere que en la asamblea extraordinaria del día 14 de septiembre, como consta en el acta la unanimidad de los miembros, decidió expulsar del sindicato a la recurrente, cumpliendo con creces el quórum del artículo 41 inciso 2° del estatuto.

En consecuencia, concluye que no existiendo por parte de su representada, actos u omisiones ilegales o arbitraros, que impliquen la privación, perturbación, o amenaza de derechos y garantías fundamentales, la acción constitucional de protección impetrada, debe ser rechazada en todas sus partes.

Acompañó en apoyo a su defensa los siguientes instrumentos: 1.- Carta de citación a asamblea; 2.- Certificado de envío de la carta de citación a asamblea; 3.- Lista de asistencia asamblea; 4.- Acta de asamblea; 5.- Captura de pantalla de domicilio de la recurrente; 6.- Comunicación a Inspección del Trabajo de reestructuración de directiva del sindicato; 7.- Certificado de vigencia del sindicato.

Con fecha 07 de noviembre de 2018, se trajeron estos autos en relación.

TERCERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por parte de la magistratura, de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, de lo expresado se desprende que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio en los términos del artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, el agente se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en el presente arbitrio la recurrente reprocha el actuar ilegal y arbitrario que habría ejercido en su contra doña nombre reservado, al proceder a expulsarla del Sindicato de Trabajadores Independientes Arauco, del que ella formaba parte, con fecha 11 de septiembre de 2018. Refiere que esta decisión la adoptó personalmente la recurrida, actuando de modo arbitrario, careciendo de la representación para obrar por el sindicato, dado que en ese momento era solo su tesorera, no siendo efectivo que tal decisión se adoptara en la Asamblea del sindicato del día 14 de septiembre, a la que se le habría citado mediante carta despachada el día 12 de septiembre a través de Chilexpress, pero que nunca llegó a su casa y solo pudo retirarla de las oficinas de esta agencia de correos recién el 2 de octubre, enterándose en ese momento de su contenido, según se ha dado cuenta precedentemente. Así, tal medida en su contra se tomó sin que existiera un proceso previo, en que se le permitiera defenderse, y con infracción de las disposiciones estatutarias que cita en el arbitrio.

Sin embargo, refiriéndose ahora a la Asamblea del 14 de septiembre de 2018, en que se formalizó dicha actuación viciada, afirmó que en la carta en que se la citaba a dicha reunión, se le imputaron una serie de infracciones a los estatutos, pero que por su amplitud, imprecisión y ambigüedad, sin referencia a hechos concretos, también le impedían ejercer su derecho a defensa, sin perjuicio de no haberse acreditado que la decisión de la recurrida en la asamblea, ahora como presidenta del sindicato, se haya adoptado por la mayoría absoluta de los socios, como lo exigen los estatutos, siendo así que se violentaron sus garantías de igualdad ante la ley, de no ser juzgada por comisiones especiales y su derecho de propiedad sobre los derechos y prerrogativas que emanan de su calidad de socia.

SEXTO: Que, en cuanto a la actuación arbitraria e ilegal de la recurrida del día 11 de septiembre pasado, la que se habría verificado, según el recurso, en la Feria de las Pulgas de Tierras Blancas, mientras la recurrente se encontraba en su puesto de trabajo, debe decirse que, ante la negación de tales hechos por la recurrida, correspondía a aquélla acreditar de algún modo la efectividad de los hechos y el actuar de esta última, constitutivo sino de expulsión de la organización sindical, de tal modo de justificar que esta Corte pudiera referirse a dicha supuesta actuación y juzgar la arbitrariedad e ilegalidad que se le atribuía, con violación de determinadas garantías constitucionales.

Tal exigencia procesal que se imponía a la actora del recurso, sin embargo, en manera alguna se ha cumplido en estos antecedentes, toda vez que la documental que aparejó al libelo la actora carece de idoneidad para tal fin procesal, por lo que forzoso se hace concluir que el recurso, en esta parte, debe ser rechazado, sin más.

SÉPTIMO: Que en lo tocante a la actuación ilegal y arbitraria que se atribuye nuevamente a la persona de la recurrida, pero ahora con ocasión de su actuación en la Asamblea del Sindicato de Trabajadores Independientes Arauco —donde actuaba como presidenta de su Directorio—, del día 14 de septiembre de 2018, analizada de conformidad a las normas estatutarias que la regían, y a los fundamentos que motivaron la decisión de expulsión de la actora, es preciso dejar consignado, desde ya, que se trató de una decisión tomada ese día en la Asamblea Extraordinaria del Directorio del nombrado sindicato y por la mayoría absoluta de los socios de la organización sindical, por considerarse graves las faltas de la actora, de acuerdo a la exigencia de quórum exigida para dichas infracciones por el artículo 41 de los estatutos, que en una copia la misma recurrente acompañó, desprendiéndose dicha mayoría exigida de la documental acompañada, no objetada, consistente en la lista de asistencia a la mencionada asamblea (37 socios), y lo informado por el mandatario de la recurrida, a solicitud de esta Corte, en cuanto al número de socios del sindicato al momento de la expulsión de la recurrida (40 socios).

OCTAVO: Que, enseguida, en cuanto a que la recurrente fue privada de su derecho a defensa con ocasión de la medida de expulsión que la afectó, sea por no haber sido debidamente citada a la asamblea del día 14 de septiembre, sea por la amplitud y ambigüedad de los cargos que se formularon, sin referencia a hechos concretos imputados, cabe consignar ahora que, dado que la misma recurrente ha afirmado que su expulsión ya se había dispuesto con anterioridad a la asamblea del día 14 de septiembre, mediante una actuación personal ejercida en su contra por la recurrida doña nombre reservado, el día 11 de septiembre, cuando se encontraba en su puesto de feriante, aparece inverosímil la ignorancia que alega de los motivos de su expulsión decidida en asamblea solo tres días después, cuando arguye que la carta-citación a la mentada asamblea del 14 de septiembre, despachada a su domicilio registrado en dicha organización gremial el día 12 de septiembre, nunca le llegó, sin perjuicio de tenerse presente, además, que no habiendo negado la recurrente que dicha carta efectivamente se le remitió a ese domicilio por la agencia de correos respectiva, su no entrega, en definitiva, por la circunstancia de “destinatario desconocido”, como reza el estampado del sobre en que se contenía la misiva, acompañado por la actora, no puede viciar la celebración de la Asamblea del 14 de septiembre, por la no asistencia de la recurrente.

Finalmente, en lo relativo a la falta de comprensión de los cargos que se le formularon por la carta-citación, en razón de su “amplitud, imprecisión y ambigüedad”, al citarse solo las normas estatutarias supuestamente infringidas, sin referencia a hechos concretos, lo que le habría impedido a la actora ejercer su derecho a defensa, es de opinión esta Corte que de la lectura de estos cargos que aparecen formulados en la citada misiva, de cuyo contenido el recurrente dio cuenta en su recurso y además se acreditó con la copia de la misma acompañada por ambas partes, unido a la circunstancia ya consignada acerca de que la misma demandante ha narrado una situación fáctica previa, ocurrida el día 11 de septiembre, que interpretó como un acto arbitrario de expulsión del sindicato, no se puede sino colegir que tenía perfecto conocimiento de los hechos que fundamentaban las infracciones estatutarias citadas en la carta del día 12 de septiembre, y que iba a ser una de las materias a tratar en la asamblea del 14 de septiembre, algunas de las cuales, por lo demás, aparecen suficientemente descriptivas por sí mismas, aun cuando se trate de un contenido normativo, como la imputación de “no mantener una conducta adecuada durante las reuniones del sindicato”, y la de “haber incidido en conductas que alteran el normal desarrollo de actividades sociales de la organización sindical”, de las letras b) y c) del artículo 39 del compendio estatutario sindical, por todo lo que se debe concluir que no ha sido afectado su derecho a defensa.

NOVENO: Que habiéndose acreditado que la medida de expulsión de la actora se tomó por la Asamblea Extraordinaria del día 14 de septiembre de 2018, según se ha venido señalando y no por la recurrida, como persona natural, como señala la demandante de protección en su arbitrio, siendo, además, dicho órgano el competente para aprobar la misma, según se dispone expresamente en el inciso 2° del artículo 41 del estatuto social, tampoco puede estimarse que tal medida se haya tomado por una comisión especial.

Así, ninguna de las garantías invocadas en el presente recurso pueden estimarse amagadas con el acto de la mencionada asamblea del día 14 de septiembre de 2018 que importó la expulsión de le recurrente, atento que éste emanó del órgano competente para adoptarlo y se hizo cumpliendo con las exigencias estatutarias para provocar los efectos inherentes al mismo, de lo que se sigue que esta acción constitucional indefectiblemente ha de ser rechazada.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto en estos antecedentes por doña nombre reservado, sin costas.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Suplente, señor Espinosa.

Rol Nº 1175-2018.- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete. No firman los Ministros señores Ramírez y Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de feriado legal y haber cesado en sus funciones, respectivamente.

La Serena, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.